Rechazo a la reforma educativa de Bhatia

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Un grupo de organizaciones criticó el contenido del proyecto que crea las llamadas Escuela Líder.

El proyecto de reforma educativa del senador Eduardo Bhatia enfrentó hoy un bombardeo de críticas de diversos sectores que condenan su supuesto fin de privatizar parte del sistema de educación pública al establecer las llamadas Escuelas Líder.

El planteamiento de los objetores fue que el Gobierno ya tiene a su disposición el plan a seguir si hace cumplir la propia ley orgánica del Departamento de Educación que data de 1999, según se plantearon hoy durante las vistas públicas de la Comisión de Educación y Para el Fomento de las Artes y la Cultura.

Los integrantes de la Mesa de Trabajo del Plan Decenal de Educación, en voz de dos de sus integrantes, María de Lourdes Guzmán y el exlegislador Bernardo Márquez, plantearon que el proyecto de Bhatia crea dos organismos paralelos.

“La educación es una y debe ser derecho igual para cada estudiante”, sostuvo Lara al indicar que la Ley Orgánica de Educación no se ha podido implantar “por la burocratización, partidización y centralización del sistema”.

A juicio de los integrantes de la Mesa de Trabajo, el doble sistema de educación crea doble burocratización al implantar un sistema administrado por organizaciones sin fines de lucro y otro por el Departamento de Educación (DE).

De hecho, Márquez planteó que el proyecto de Bhatia contradice el texto del Plan de Gobierno de su Partido Popular Democrático, donde se recalca en la importancia de mejorar la experiencia de aprendizaje de los niños y transformar la experiencia en el salón de clases y se critica el énfasis en los asuntos administrativos y la repartición de dinero “a diestra y siniestra”.

La ponencia del grupo señala que el proyecto se fundamenta en resultados de pruebas estandarizadas para medir el desempeño de escuelas, estudiantes, maestros y directores.

El Plan Decenal de Educación es un plan de trabajo confeccionado mediante una consulta ciudadana en el que se delinean aspectos de la educación del país basado en tres fundamentos principales: descentralizar, desburocratizar y despolitizar el sistema de educación pública.

El Plan Decenal sería ejecutado por un espacio de 10 años por una Comisión Transectorial compuesta por 47 miembros de diversos trasfondos, incluyendo la academia, la docencia, la empresa privada y la política.

Cuando la presidenta de la Comisión, Brenda López de Arrarás, preguntó a los deponentes sobre si son armonizables el proyecto de Bhatia y el Plan Decenal de Educación, Adalexis Ríos, de la Mesa de Trabajo, indicó que el contenido de las medidas es “contrario” al señalar que lo que propone el Plan Decenal es que surjan las soluciones de “abajo hacia arriba” y el proyecto del Senado busca implosionar el DE, según su opinión.

Ríos, exsubsecretaria del Departamento de Educación, dijo que la burocratización y la centralización del sistema educativo, aspecto que combate el Plan Decenal, es un asunto de “cultura”, problema que no atiende el proyecto de Bhatia.

El proyecto que viabiliza el Plan Decenal, enmendado para que el Gobierno retuviera plenas facultades para formular y ejecutar el plan, fue aprobado en mayo de 2014 en la Cámara de Representantes y no ha sido atendido en el Senado.

Por su parte, Rosa Bell Bayrón, copresidenta del Movimiento de Unión Soberanista, criticó que el texto del proyecto de Bhatia tiene el efecto de alejar las llamadas Escuelas Líder -una criatura de la medida- del alcance administrativo del secretario de Educación, lo que tiene el efecto de crear dos sistemas de educación paralelos.

En el caso de la Escuela Líder, Bayrón dijo que podrían llegar al 15% del total del sistema educativo, cobijarían los planteles de bajo rendimiento académico –aunque advirtió que otras tantas escuelas podrían también ser clasificadas de esa manera mediante voto de la matrícula y los maestros-, y serían administradas por una Junta de Alianzas e Innovación Educativa, ente integrado por figuras del sector privado y de organizaciones sin fines de lucro.

“Crea un nuevo sistema que se convertirá en lo mismo. La responsabilidad de esa Junta… nombrarían personal y, según está redactado el proyecto, habría un choque continuo de a quién pertenece una autoridad u otra. La solución sería crear dos sistema que aumentarían la burocracia, la lentitud y la ineficacia”, dijo.

Esas características de la Junta privatizarían el sistema, dijo Bayrón, lo que convertiría la medida en inconstitucional al asignar fondos públicos para sostener un sistema de educación privado.

El proyecto de ley también exime a las Escuelas Líder del cumplimiento de varias leyes como la Ley de Contabilidad del Gobierno, la Ley de Administración de Servicios Generales y la Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

“Esto es una negación a la fe en nosotros mismos”, dijo a preguntas de la representante Luisa Gándara.

Según Bayrón, la clave para mejorar el sistema de educación pública yace en el texto de la Ley Orgánica del DE.

“No hay supervisión, no se fijan tareas y no se evalúa el desempeño. Se toleró el incumplimiento (de la ley), pero ahora viene el doble castigo: como no sirve el Departamento vamos a privatizar. Juramos defender un sistema, no desmantelarlo”, expresó.

La Central Puertorriqueña de Trabajadores, entidad que agrupa la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (Unete), también se expresó en contra de la medida y Andrés Miranda Rosado, quien fue presidente de la Federación de Maestros, habló en contra del proyecto que supuestamente ignora factores que influyen en el rendimiento de la educación pública en el país como los niveles de pobreza y del medio ambiente familiar y social que rodea a los estudiantes.

Miranda Rosado, como hizo Bayrón, señaló que la creación de las Juntas da paso a una estructura paralela al DE. Igualmente se hizo eco en la denuncia sobre la inconstitucionalidad de la medida y destacó también que se abren las puertas a que no haya una fiscalización adecuada al eximir a las Juntas de cumplir con varias leyes que rigen la administración pública, incluso con el resultado de sacar de las escuelas a los gremios que agrupan a los educadores.

“Se abre la puerta a la privatización”, sostuvo. “Por un lado privatiza escuelas y por otro politiza”, dijo Miranda Rosado en alusión a ciertas escuelas que serían entregadas a los municipios, lo que describió como una “injerencia indebida”.

“Poner esto en manos de los municipios… los alcaldes influyen a veces en quién es el director de la escuela. Debe sacarse la politización del sistema”, dijo a una pregunta de López de Arrarás.

“Se está tratando de resolver un problema presupuestario, no educativo”, dijo Miranda Rosado al aludir a la exposición de motivos de la medida en que se destaca que Educación cuenta con un presupuesto de $17,700 millones en los últimos cinco años y ha visto una reducción de una cuarta parte de su población estudiantil.

Para la profesora Doris S. Pizarro, del Instituto de Política Social del Programa Doctoral de la Universidad de Puerto Rico, el proyecto refrendado en el Senado, lejos de convertirse en una reforma educativa, se limita a atender aspectos administrativos y gerenciales de Educación.

“Deja un poco fuera de consideración importantes aspectos curriculares y de filosofía”, dijo al cuestionar qué filosofía educativa implantarían las organizaciones sin fines de lucro que administren Escuelas Líder.

Al igual que Bayrón y Molina, Pizarro también cuestionó la asignación de fondos “de manera privilegiada” al sector privado.

“Podría llevar a desmantelar el sistema educativo público”, dijo. “La calentura no está en la sabana. No es cambiando la ley 149 (Ley Orgánica del DE) por el proyecto 1456”.

Pizarro presentó una serie de recomendaciones como hacer ajustes en la burocracia del DE, mejorar la tecnología educativa, reconocer la necesidad de la participación de padres y toda la comunidad escolar, brindarle mayores poderes a los consejos escolares en áreas como presupuesto, selección de personal y organización escolar y un proceso de rendimiento de cuentas.

Al concluir la vista y ante todas las críticas, la presidenta de la Comisión, Brenda López de Arrarás, indicó que “esto es parte del proceso de vistas públicas y estamos abiertos a recibir muchos deponentes. Incluso tendremos un sábado reservado para la clase magisterial”.

Las vistas finalizan el 2 de marzo.

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