Por ELNUEVODIA.COM

Según el secretario de la agencia, Domingo Emanuelli, una investigación reveló que el exfuncionario, supuestamente, violentó la ley al nombrar a Carmen Rivera Torres al puesto de directora interina de Finanzas del municipio de Santa Isabel, en incumplimiento con los requisitos establecidos y obstaculizando los procesos de auditoría llevados a cabo por la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).

Además, el exalcalde pudo haber violado las disposiciones de los artículos 262 y 264 del Código Penal de Puerto Rico, sobre la omisión en el cumplimiento del deber y malversación de fondos públicos, respectivamente. También pudo haber incumplido con las exigencias de la entonces vigente Ley de Municipios Autónomos y la Ley para Tipificar como Delito Grave la Obstrucción a una Auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, según Justicia.

“Las acciones del exalcalde podrían constituir: (1) violación a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Núm. 37-2004, Ley para Tipificar como Delito Grave la Obstrucción a una Auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, y (2) al artículo 11.027 (a) de la entonces vigente Ley de Municipios Autónomos”, lee el informe emitido por Dipac.

“(El informe) contiene recomendaciones para investigar un hallazgo relacionado con el nombramiento y la remuneración de la exdirectora de Finanzas del municipio de Santa Isabel Carmen Rivera Torres, realizado por el exalcalde de dicho municipio Enrique Questell Alvarado en contravención a las leyes aplicables”, explicó Emanuelli.

El informe de auditoría de la OCPR señala, además, que el nombramiento de la exdirectora Rivera Torres fue ilegal debido a que no tuvo el aval de la Legislatura Municipal de Santa Isabel y la funcionaria no contaba con un bachillerato en un área relacionada con el puesto que ocupaba.

El nombramiento de Rivera Torres, según la OCPR, tampoco cumplía con los elementos exigidos para que a la exfuncionaria se le concediese un interinato ni el pago de un diferencial, que constituye una compensación especial, adicional y separada al sueldo regular.

El informe de auditoría detalla, además, que algunas de las circunstancias en las que el exalcalde obstaculizó la labor de la OCPR fueron cuando cancelaba entrevistas y reuniones.

Emanuelli señaló que no emitirá más declaraciones mientras la Opfei mantenga una investigación abierta por estos hechos.