CIUDAD DE MÉXICO  — Según la AP, en medio de una de las mayores crisis migratorias y diversas presiones de Estados Unidos, el gobierno de México destinó parte de los recursos de un fondo de cooperación y desarrollo para Centroamérica a medidas para contener la migración.

Información oficial obtenida por The Associated Press señala que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador asignó en 2019 más de cuatro millones de dólares del conocido como Fondo México para rehabilitar centros de detención migratoria y trasladar hacia el sur del país a migrantes o solicitantes de asilo devueltos por Estados Unidos que acabaron repatriados o, en algunos casos, abandonados a su suerte en distintos puntos del país.

Creado por el gobierno mexicano en 2011 con el propósito de contribuir con el desarrollo económico y social de Centroamérica y el Caribe, el fondo ha financiado más de una docena de proyectos, sobre todo de infraestructura, en esas regiones. Sin embargo, a mediados de 2019 se rediseñó para atender la crisis migratoria en México, justo unas semanas después de que el gobierno de Donald Trump amenazara con imponer aranceles a las importaciones mexicanas a menos que México contuviera el flujo migratorio.

Después de tensas negociaciones, ambos países llegaron a un acuerdo mediante el cual México esquivó los aranceles y se comprometió a desplegar a miles de efectivos de la recién creada Guardia Nacional y permitir a solicitantes de asilo en Estados Unidos permanecer en territorio mexicano mientras sus casos eran procesados.

Lo que no se supo entonces es que los objetivos del Fondo México también fueron modificados para dedicar recursos al tema migratorio, lo que para analistas y expertos es una clara distorsión de sus objetivos para cumplir con las exigencias del gobierno de Donald Trump.

El martes por la tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló en una carta a The Associated Press que el monto reasignado es “muy pequeño”, de apenas 4% del total de recursos del Fondo México. Además, afirmó que la decisión fue tomada “exclusivamente” por el gobierno mexicano y que obedeciendo “a la protección y defensa de los intereses de México y no de Estados Unidos ni de ningún otro país”.

Previamente la cancillería se había limitado a enumerar las mejoras realizadas en albergues y centros de detención.

Tonatiuh Guillén, el primer responsable de migración del gobierno de López Obrador y quien dimitió durante la mencionada crisis de la primavera de 2019, consideró que el rediseño del fondo fue “un giro dramático” en su concepto y su misión y retrata lo que pasó el año pasado: “una recomposición de la visión migratoria completamente dirigida a la contención que nos deja sin herramientas y sin materia para diseñar estrategias del desarrollo, que era el objetivo inicial del gobierno”.