Screen Shot 2014-01-05 at 9.20.20 AMBy Arturo Varela
Jaan Williams, un ciudadano estadounidense transgénero, no podía patrocinar la residencia de su esposa Priyanka Oberoi —quien vino de la India a EE.UU. con una visa de estudiante—porque algunos documentos aun lo identificaban como mujer.
Pero a raíz de la decisión de la Corte Suprema respecto a DOMA en junio pasado, cualquier ciudadano estadounidense puede patrocinar la residencia de su pareja, independientemente de su género. Sin duda esta fue una gran noticia para un estimado de 267.000 inmigrantes indocumentados LGBT, y para 28.500 parejas LGBT binacionales legalmente casadas en EE.UU., según cifras del Williams Institute, de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA).

También para un estimado de entre 15.000 y 50.000 inmigrantes transgénero, entre ellos personas cuyas parejas son ciudadanos estadounidenses.
Entre otros avances, destaca la inclusión en el 2011 de los inmigrantes indocumentados que tienen una pareja estadounidense del mismo sexo entre las consideraciones de baja prioridad para deportación de acuerdo a las guías de recomendaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). También el establecimiento de guías para adjudicar asilo y refugio a personas LGBT. Y desde el 2012, una serie de guías que facilitan a inmigrantes transgénero con estatus legal actualizar su identidad de género en documentos de inmigración.
Sin embargo, muchos otros aspectos relacionados a la inmigración y la comunidad LGBT siguen pendientes.

Una encuesta del National Center for Transgender Equality (NCTE) y del National Gay and Lesbian Task Force (NLGTF) del 2011 (National Transgender Discrimination Survey), evidenció que los inmigrantes indocumentados transgénero están en mayor riesgo de sufrir discriminación y violencia cuando se trata de trabajo, vivienda y cuidado de salud.

El 39 por ciento de trabajadores indocumentados transgénero reportó haber perdido su trabajo por prejuicios, en comparación con el 26 por ciento de los estadounidenses transgénero.
Además, el 25 por ciento dijo haber sufrido abuso físico en su lugar de trabajo, y el 19 por ciento abuso sexual —tres veces más que el promedio de participantes transgénero.
A la falta de seguridad laboral, se suman los bajos ingresos. El 15 por ciento de los trabajadores transgénero ganan menos de $10.000 al año, y los que además son indocumentados son más propensos a ganar esta cantidad (18 por ciento), según el National Transgender Discrimination Survey.

Los trabajadores transgénero indocumentados también son más propensos a ganar menos de $20.000 por año (39 por ciento) en comparación con el 27 por ciento entre el promedio de transgénero.
A la falta de autorización para trabajar se suma la discriminación, por lo que al encontrar un empleo, los trabajadores indocumentados transgénero son más susceptibles a abusos que temen reportar por miedo a los prejuicios y la deportación.

Ante las limitadas opciones, algunos llegan a ejercer trabajos ilegales, como la prostitución, para subsistir.
Por otra parte, la falta de vivienda es otro problema que actualmente afecta al 4 por ciento de inmigrantes indocumentados transgénero —a causa de la discriminación, violencia, rechazo familiar, y pobreza— en comparación con el 1,7 por ciento entre el promedio de transgénero, según el National Transgender Discrimination Survey.

En cuanto a servicios de salud se refiere, el 36 por ciento de los inmigrantes indocumentados transgénero no cuenta con seguro médico, según el National Transgender Discrimination Survey. La cifra es sorprendentemente menor que el 59 por ciento de la población indocumentada general, de acuerdo a un reporte del 2013 del Center for American Progress (Living in Dual Shadows: LGBT Undocumented Immigrants), particularmente tomando en cuenta que a los indocumentados se les niega el acceso a programas de salud como Medicare, Medicaid, CHIP, así como a los nuevos mercados de seguros médicos de la reforma de salud.

Y pese a que Estados Unidos ofrece la posibilidad de solicitar asilo a personas que sufren persecución en su país de origen por su orientación sexual o identidad de género, a algunos se les niega mientras que a otros se pasa el periodo de un año para solicitar esta protección y quedan atrapados en un limbo migratorio.