Distrito Federal— Diputados federales del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PT y Nueva Alianza, impulsan expedir la Ley General que regula el Sistema de Alerta Amber, ya que al ser un programa operativo sin reglamentación dificulta la búsqueda y localización de los menores sustraídos o desaparecidos en los estados del país.
Los legisladores federales advirtieron en la propuesta que el desigual ritmo de la implantación de la Alerta Amber provoca descoordinación y mayor vulnerabilidad para la población infantil de algunas entidades.
De acuerdo con los diputados, al ser un programa operativo no regulado, se corre el riesgo de que los estados tomen rumbos diferentes en cuanto a la definición de criterios o mecanismos de coordinación para la activación, actualización y desactivación de las alertas.
“Además, al no estar obligados formalmente a llevarlo a cabo, los estados aún pendientes de formalizar o incluso de implantar el programa, pueden demorarse o eludir una acción que es de carácter urgente”, resaltaron.
Por ello, los legisladores elaboraron una iniciativa para crear dicha ley con la que se pretende garantizar su instalación pronta y de manera homóloga en todas las entidades federativas, ya que si bien la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública regula la alerta de personas desaparecidas, resulta insuficiente para la localización de los menores.
En el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria se recordó que la Alerta Amber se activa mediante el número telefónico 01 800 00 854 00, ó por un reporte de desaparición y es pública por 72 horas.
Según la Procuraduría General de la República (PGR), en el periodo de mayo del 2012 al 31 de octubre de 2013, se activaron 161 alertas de niñas, niños y de adolescentes, de los que 91 fueron encontrados de inmediato.
Los diputados resaltaron que esta iniciativa de Ley busca establecer los mecanismos para la búsqueda y pronta recuperación de menores de edad que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad, no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional.
Refieren que el robo, secuestro y sustracción ilegal de éstos se ha convertido en un grave problema que se incrementa día a día, pues no hay estadísticas oficiales del robo de infantes, ni existen las instancias necesarias para que los familiares de los menores que han sido robados denuncien y sean apoyados con agilidad para su localización.
