CIUDAD DE GUATEMALA — De acuerdo a la Prensa Asociada, La gestión de Jimmy Morales entorpece la lucha anticorrupción en Guatemala.
Según Juan Francisco Sandoval, fiscal contra la impunidad que contribuyó a llevar a prisión a tres expresidentes acusados de corrupción, el gobierno de Jimmy Morales ha sido el peor para combatir estos abusos.
“Este gobierno ha sido nefasto, desastroso y una burla para la población en la lucha contra la corrupción”, dijo Sandoval a The Associated Press.
Según el fiscal, esta situación es irónica porque Morales llegó a la presidencia bajo el lema “ni corrupto, ni ladrón”.
Este abogado de 36 años ha dirigido la fiscalía contra la impunidad desde hace diez años y hasta mayo de 2018 trabajó bajo el mando de Thelma Aldana, exfiscal general que ha sido mundialmente reconocida por su lucha anticorrupción y que hoy pelea por hacerse de una candidatura para las elecciones presidenciales de junio.
La actual fiscal general de Guatemala es María Consuelo Porras, quien fue elegida por Morales.
Sandoval asegura que el gobierno ha intentado bloquear a investigadores tanto de la fiscalía como de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y por tanto su labor se ha visto debilitada, pero a pesar de ello dice que trabaja en al menos cinco casos de alto impacto –cuyos detalles no reveló– que verían la luz antes de septiembre.
Tanto la fiscalía como la CICIG han señalado a Morales y a dos de sus familiares por corrupción, lo que ha tensado la relación.
Como otros que han encarado los problemas de corrupción en este país, el fiscal –un hombre menudo de lentes y que tiene una voz suave– siente la presión de quien rechaza su trabajo: dice que teme por su integridad y por la de su familia, suele estar rodeado de guardaespaldas y enfrenta 18 denuncias penales que buscan encarcelarlo o separarlo del cargo, todas presentadas por allegados a organizaciones integradas por amigos y familiares de personas vinculadas, acusadas y apresadas por corrupción o por acusaciones al respecto.
La más reciente es la que inició la ex primera dama y actual candidata presidencial Sandra Torres, que acusa a Sandoval de perseguirla políticamente y de violencia de género.
Sandoval la investigó y pidió que se le retirara la inmunidad de la que goza por ser postulante por el delito de financiamiento electoral ilícito, que habría cometido en 2015 cuando intentó llegar a la presidencia. Sin embargo, Torres fue protegida por la Corte Suprema y demandó a Sandoval.
Para el fiscal, que suele ser de bajo perfil y hoy optó por romper el silencio en medio de estas acusaciones, el panorama no pareciera ser alentador a corto plazo y dice que podría empeorar debido a que Morales anunció que no renovaría el mandato de la CICIG, que finaliza el 3 de septiembre.
En cierto sentido, parecería que está un tanto solo en la lucha anticorrupción si se considera que Aldana está actualmente preocupada por la carrera presidencial mientras que Iván Velásquez –comisionado de la CICIG– ya no reside en el país. Sin embargo, dice que continuará trabajando hasta que no se necesite sus servicios.
“Yo sigo teniendo esperanza de que las cosas van a cambiar”, asegura.
Sandoval lideró investigaciones contra los expresidentes Alfonso Portillo (2000-2004), Álvaro Colom (2008-2012), el general Otto Pérez Molina (2012-2015), todos acusados de actos de corrupción.