Washington— El equipo de agentes del FBI llegó a Irak con el fin de investigar un tiroteo donde participó una compañía particular que proporcionaba servicios de seguridad a los estadounidenses en la zona de guerra. Era octubre del 2007, y el nombre de la empresa –Blackwater Worldwide– no significaba nada para los agentes. Pero lo que descubrieron los impactó.
Varios testigos describieron un convoy de contratistas de Blackwater disparando indiscriminadamente el mes anterior en dirección a una congestionada glorieta de Bagdad, matando a 17 personas. Una mujer iraquí vio morir a su madre cuando las dos viajaban en un autobús. Otra falleció sosteniendo la cabeza de un hijo herido de muerte.
Junto con los 24 civiles iraquíes masacrados por soldados de infantería de la Marina en Haditah y los abusos perpetrados en la prisión de Abu Ghraib, la balacera registrada en la Plaza Nisour se ha vuelto un momento distintivo sobre la guerra de Irak. Se levantaron cargos penales contra cinco guardias de seguridad adscritos a Blackwater, mientras que un sexto aceptó su culpabilidad negociando los cargos a cambio de atestiguar contra sus ex compañeros.
Pero, con el transcurso de los años, un caso que alguna vez parecía tan claro se ha visto repetidamente minado por los errores del propio Gobierno.
Los fiscales están intentando rescatar lo que queda de él. Pero el año pasado se retiraron los cargos contra un contratista debido a falta de evidencia. Y el Gobierno sufrió otro revés que él mismo se propinó en abril, cuando un tribunal federal de apelaciones determinó que a la Fiscalía se le había pasado un plazo y permitió que prescribiera el delito de un segundo contratista, Nicholas A. Slatten, un ex francotirador del Ejército oriundo de Tennessee quien los agentes ministeriales creen hizo los primeros disparos en la Plaza Nisour. Posteriormente un juez invalidó el caso contra Slatten.
El tribunal de apelaciones rechazó por unanimidad el argumento de que permitir que Slatten quedara en libertad constituiría un fracaso de la justicia. De ocurrir dicha injusticia, determinó la Corte, se debería a las demoras gubernamentales, las cuales el tribunal calificó de ‘inexplicables’.
El Departamento de Justicia respondió el viernes acusando a Slatten de homicidio en primer grado, delito que no prescribe pero requiere pruebas mucho más sólidas.
