La Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Autoridad de Puertos apoyaron hoy, miércoles, una nueva política pública para controlar los gastos y la remuneración de horas extras en las corporaciones públicas, según lo propone el Proyecto del Senado 1232.

La medida, de la autoría del presidente del Senado, Eduardo Bhatia, así como de los senadores Luis Rivera Filomeno y Aníbal José Torres, surgió como resultado de una investigación realizada durante la pasada sesión legislativa que reveló el desembolso de millones de dólares en pagos por horas extras trabajadas por empleados de varias corporaciones del gobierno.

En algunos casos, el pago por tiempo adicional trabajado superó el del salario anual de los empleados.

El Proyecto 1232 busca establecer que las horas trabajadas en exceso a la jornada regular se acumulen en tiempo compensatorio, hasta un máximo de 240 horas por año natural. Propone también que los empleados reciban licencia compensatoria, a razón de tiempo y medio, por los servicios prestados fuera de su jornada regular, diaria o semanal, y que el trabajador tenga que agotar esta licencia de tiempo compensatorio antes de que transcurran 60 días de la fecha en que haya prestado el servicio en exceso de jornada regular.

La medida prohíbe, además, la autorización de horas extras cuya compensación resulte en una suma igual o mayor al 35% del total del salario bruto anual del empleado a compensarse.

La directora de Recursos Humanos de la UPR, Erika Díaz Ríos, expuso en la ponencia que hizo en representación de Uroyoán Walker, presidente del primer centro docente del país, que el reglamento de la institución ya establece que cada unidad del sistema debe contar con planes que reduzcan al mínimo la necesidad de trabajar en exceso de las horas regulares.

Los convenios colectivos de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, del Sindicato de Trabajadores y de la Federación Laborista establecen, asimismo, el tiempo libre como forma de compensar las horas extras trabajadas, planteó Díaz Ríos.

Entre julio y diciembre de 2014 la UPR gastó poco más de $1.7 millones para pagar horas extra a unos 1,260 empleados en todo el sistema. Díaz Ríos consideró que la medida “será de utilidad como mecanismo de refuerzo adicional que garantice la reducción del gasto operacional por este concepto”.

Mientras, la Autoridad de Puertos, por voz de su director de Recursos Humanos, Alberto Feliciano Nieves, se expresó a favor del proyecto. Sin embargo, destacó que “la situación actual de la Autoridad requiere que ciertos empleados laboren tiempo extraordinario para así suplir las necesidades que provoca la falta de personal”.

Feliciano Nieves estimó que entre enero de 2010 y diciembre de 2014 la Autoridad de Puertos tuvo una reducción del 46% de sus empleados activos como consecuencia de la implantación de la Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento, y de la Ley del Programa de Retiro Temprano Voluntario para los empleados de la Autoridad de los Puertos.

Por eso, propuso que se incluya en la medida que situaciones como las que enfrenta Puertos eximirían a una corporación pública de cumplir con las limitaciones en pagos de horas extra que se propone.

El senador Rivera Filomeno, presidente de la Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos del Senado, que encabezó la vista pública, señaló que la medida “no está escrita en piedra”, por lo que sería modificada con algunas de las sugerencias de los deponentes.

“Lo que queremos es establecer un control con el pago de horas extras”, apuntó Rivera Filomeno.