Aseguró que todo fondo público tendrá que pasar por un proceso de rendición de cuentas.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares aseguró hoy que todo fondo público tendrá que pasar por un proceso de rendición de cuentas al reaccionar al contrato de relaciones públicas de $50,000 que otorgó el municipio de Guaynabo en medio de la situación legal relacionada con una querella de hostigamiento sexual y laboral que enfrenta su Alcalde.

Rosselló Nevares indicó que “todo fondo público  que se esté utilizando tiene que pasar por un proceso de rendición de cuentas y obviamente lo que no sea justificable o legítimo pues tendrá sus consecuencias. Lo que si lo sea … pero los constituyentes no lo vean con buenos ojos pues eso va a hacer una decisión  de los constituyentes”, dijo.

“Pero más importante que todo eso ahora al momento es que se pueda ver este proceso en Justicia. Se pueda aclarar lo que está ocurriendo y reiterar la posición de nuestra administración que vamos  a tener cero tolerancia contra el acoso laboral y asuntos de violencia”, agregó.

El municipio ha separado de su presupuesto nada más y nada menos que $50,000 para la contratación de la compañía de relaciones públicas.

El contrato de tres meses le fue otorgado a Perfect Partners hace una semana, el pasado lunes 27 de  marzo y tiene vigencia hasta el 27 de junio.

La compañía se describe como una firma de consultoría especializada en relaciones públicas y comunicación estratégica, manejo de crisis, desarrollo de identidad corporativa e imagen, comunicación interna y responsabilidad social empresarial.

Uno de los primeros trabajos de la empresa ocurrió ayer durante la inusual conferencia de prensa que ofreció la vicealcaldesa de Guaynabo Aurializ Lozada-Centeno. Durante la misma, en la que la ejecutiva pidió que se deje de “mancillar” la imagen de la ciudad y empleados, la moderadora lo fue la publicista y presidenta de Perfect Partners Helga García

Mientras, el Departamento de Justicia inició una investigación contra el alcalde Héctor O’Neill  sobre una querella administrativa radicada por una policía municipal en la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) con señalamientos de hostigamiento sexual y laboral para establecer si se desprende una conducta criminal.

El caso ha provocado que el gobernador Ricardo Rosselló pida la renuncia del ejecutivo municipal ya hace más de un mes.