A casi dos meses de haber sido arrestado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Eduard Rivera Correa renunció este martes a su cargo de alcalde de Río Grande.
La renuncia es efectiva hoy mismo, confirmó este diario el abogado de Rivera Correa, Rubén Morales Olivero.
Rivera Correa fue arrestado el pasado 10 de julio por soborno, tentativa de extorsión y obstrucción a la justicia. Desde entonces permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Guaynabo, sin derecho a fianza.
En su carta de renuncia, el alcalde indicó que tomó la decisión por “el bienestar y los mejores intereses del municipio de Río Grande”.
Comentó que tras dimitir, dedicará su “tiempo y esfuerzo a la preparación de mi defensa”.
De paso, Rivera Correa agradeció a los riograndenses “por el apoyo y la oportunidad de haberles servido por los pasados nueve años como su alcalde”.
El licenciado Morales Olivero comentó que con la renuncia no se contempla hacer un cambio en la declaración de no culpabilidad que ha hecho el ahora exalcalde de Río Grande.
“Básicamente, el tiempo que lleva este proceso, el tiempo que nosotros prevemos que va a conllevar (la defensa), más ahora que murió el abogado del coacusado, pues la gente de Río Grande necesita a su alcalde”, manifestó.
El abogado que falleció fue Gary H. Montilla, quien representa al coacusado Alejandro Gabriel Carrasco Castillo.
También dijo que Rivera Correa firmó la carta el pasado viernes. Confirmó que el municipio debería recibirla más tarde en el día y que se hizo pública primero a través de Noticentro 4, porque él mismo se las entregó.
Morales Olivero también sostuvo que el exfuncionario del Partido Popular Democrático (PPD) está “excelente bien de salud, con buenos espíritus”.
A Rivera Correa, quien al momento de su renuncia se encontraba suspendido del puesto por orden del Panel del Fiscal Especial Independiente, se le imputan irregularidades con programas que reciben fondos federales.
Según la acusación, entre febrero de 2010 y febrero de 2012, el alcalde recibió aproximadamente $39,000 en pagos en efectivo de una persona identificada en la acusación como “Contratista A”.
Los pagos que hacía este contratista a Rivera Correa eran con la intención de influenciar los negocios que hacía con el municipio. Uno de los contratos por inspección de trabajos de construcción fue por $98,000 y otro por $171,000, e incluían la posibilidad de renovaciones futuras.
Rivera Correa supuestamente intentó extorsionar al contratista y le exigió $4,000 en efectivo para comprar boletos para una cena política a cambio de continuar haciendo negocios con el municipio de Río Grande.
Los cargos por obstrucción a la justicia se refieren a amenazas que se alega hizo el alcalde al empresario en cuestión en conversaciones que están grabadas. En las mismas, el alcalde trató de detenerlo de hablar con las autoridades y ante un gran jurado federal.
El abogado Carrasco Castillo, entretanto, era asesor legal de los municipios de Río Grande, Barceloneta y Juncos, y enfrenta cuatro cargos por soborno relacionado a programas que reciben fondos federales de los tres municipios.
La acusación detalla que el abogado solicitó pagos al contratista en varias ocasiones, disimulados como honorarios legales, para influenciar los negocios que el empresario hacía con varios municipios.
