El campeón mundial retirado de boxeo Juan Félix Trinidad-García (“Tito”) y su padre, entrenador y manejador Juan Félix Trinidad-Rodríguez (“Don Félix”), presentaron una demanda en el Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico ( Trinidad-García, et al.v. Popular Inc., et al., 21-cv-01529-ADC) ( ver en: https://www.quetglaslawpsc.org/_files/ugd/828c0f_fdc52a4cf7ec4a88abb7733714c2ecd6.pdf ) contra las entidades bancarias y de inversión en valores más grandes de Puerto Rico: Popular Inc. (NASDAQ:BPOP [“BPOP”]), sus subsidiarias, Popular Securities, LLC (“PSL”) y Banco Popular de Puerto Rico (“BPPR”). Tito y Don Félix alegan que BPPR, a través del entonces presidente Richard Carrión (y nieto del fundador de Popular), el entonces presidente de PSL, Michael McDonald, y el vicepresidente ejecutivo de BPPR, Juan Guerrero, y otros, conspiraron para implementar una vendetta y un esquema de vinculación ilegal prohibido por las leyes bancarias federales (12 USC §1972, et seq. ), que tenían como objetivo defraudar a Tito y Don Félix. Popular extendió líneas de crédito garantizadas por 23 millones de USD a los Trinidad, con la condición prohibida de que transfieran sus carteras de inversión, por más de 48 millones de USD, a PSL. Este esquema persiste y ha causado a los Trinidad pérdidas combinadas de más de $93, 218, 292(USD) §1975 prevé daños triples, por los cuales los Trinidad reclaman pérdidas de más de $279, 654, 876 (USD).
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Los Trinidad invocaron, además, a la Corte para juzgar reclamos por: un monto monetario confidencial por el incumplimiento de Popular de un acuerdo confidencial; $7,102,171.73 (USD) por incumplimiento de Popular de una sentencia judicial y liquidación parcial ilegal de la garantía de Tito; $58,218,292 (USD) por pérdidas causadas a sus carteras de valores combinadas; $5 millones cada uno, por sufrimiento mental y emocional; $25 millones (USD) para Tito y $10 millones (USD) para Don Félix por lesiones a su imagen comercial y reputación; más una cantidad igual por daños punitivos.
Los Trinidad solicitan a los reguladores de las instituciones financieras federales que investiguen lo que Popular está haciendo en este caso para poner fin a cualquier alegada práctica ilegal por parte de Popular en Puerto Rico y en otros mercados globales donde opera.
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