CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El exgobernador del estado norteño de Nuevo León, Jaime Rodríguez, que está en arresto domiciliario, fue absuelto el martes en el proceso que enfrentaba acusado de delitos electorales.

Rodríguez, conocido como “El Bronco”, dijo en su cuenta de Twitter que un juez federal revocó el proceso penal en su contra por las supuestas firmas ilegales que habría presentado para postular su candidatura presidencial independiente en las elecciones de 2018, que ganó Andrés Manuel López Obrador.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León confirmó a The Associated Press la decisión del juez.

El exgobernador fue detenido en marzo pasado por el caso de las supuestas firmas ilegales, y tres meses después un juez le otorgó una medida de resguardo domiciliario debido a complicaciones de salud.

El abogado del exgobernador, Gabriel García, dijo al medio local Milenio que el juez determinó que Rodríguez no incurrió en delito alguno porque cuando se recolectaron las firmas él tenía carácter de aspirante a la presidencia.

García indicó que el exgobernador aún tiene pendiente un proceso por abuso de autoridad por ordenar la requisa de una empresa responsable del servicio de transporte de Nuevo León.

“La razón de mi detención, siempre lo dije, fue injusta y fuera de toda legalidad”, tuiteío “El Bronco”. Su sucesor, Samuel García, había impulsado su detención cuando como senador aspiraba a ser gobernador de Nuevo León.

Rodríguez, un político atípico que cultivó su imagen de indómito y se caracterizó por un discurso muy cercano a la gente y sin pelos en la lengua, fue el primer candidato independiente en ganar una legislatura estatal en México. De 2015 a 2021, gobernó Nuevo León, cuya capital, Monterrey, es la ciudad más industrial del país.

Autoridades electorales federales habían indicado en su momento que de las más de dos millones de firmas recogidas por Rodríguez para su candidatura de 2018, más de 800.000 no fueron válidas, incluidas 7.044 de personas muertas. También dijeron que hizo que los empleados estatales recolectaran firmas durante sus horas de trabajo.