Mientras se encontraban inmersos en su segundo día de clases, unos 545 estudiantes del Colegio La Milagrosa, en Cayey, recibieron en la mañana de este martes la noticia de que la jueza Diana Pérez Pabón, del Tribunal de Guayama, ordenó el cierre inmediato del recinto.

La situación deja a los padres sin un lugar para que sus pequeños reciban la educación, justo después de haber incurrido en gastos de libros, uniformes y todo lo requerido por la institución, reconoció uno de los padres que lidia con la controversia, Manuel Santiago.

“Esto ocurre por una situación con unos vecinos que se ha estado resolviendo con la agencia administrativa, que es Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). El problema son seis vecinos que están retirados y que dicen que les molesta el paso de los automóviles. Ahora, esos vecinos se mudaron después de estar la academia construida… Sus hijos estudiaron aquí, sus nietos estudiaron aquí y ahora mis hijos no pueden estudiar aquí”, denunció el padre.

Para Santiago el problema es mucho más grave que el cierre de una escuela. Esto se debe a que su hijo, que está en octavo grado, recibe todos los servicios de educación especial y terapias del habla en la institución.

¿Qué van a hacer los padres ahora?, se le cuestionó al hombre.

“Pues no sé, volvernos locos. ¿Usted no vio la primera plana de ustedes hoy y la de ayer y la del sábado? Educación está en crisis. Esta Academia atiende a estudiantes de Educación Especial con problemas del habla, motores, de Título I, los integra a la corriente regular, y de golpe y porrazo, así, por una entrada o por una salida, no es fácil”, sostuvo Santiago en entrevista telefónica con este diario.

Asimismo, Santiago dijo estar decepcionado con el sistema de justicia. Sobre todo, porque la decisión de la jueza ocurre antes de que la OGPe determine sobre la controversia que existe desde hace 10 años sobre las entradas y salidas viales que tiene el colegio.

“¿Dónde nosotros podemos llevar a nuestros hijos a estudiar? ¿Dónde voy a conseguir una academia donde lo entiendan a él que está en octavo grado? Es fuerte, es duro”, se sinceró el padre.

Por el momento, la comunidad escolar cifra sus esperanzas en la apelación que esperan la abogada del colegio, Pilar Muñoz Nazario, realice lo antes posible.

“Esperamos que alguien se apiade de estos niños. Yo creo que el principio fundamental de cualquier sociedad es el intelecto, la educación, y están yendo contra esto. Aquí los perjudicados son los niños y le estamos dando un golpe fuerte a los niños diciéndoles que la educación no es importante”, concluyó el padre.