OGP dice que si aumenta el pago de la deuda habría despido de empleados públicos.

El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista, advirtió ayer que no hay espacio para asignar más fondos al pago de la deuda pública en el presupuesto de unos $9,100 millones que propuso el ejecutivo para el nuevo año fiscal que comienza el 1 de julio próximo.

Cruz Batista sostuvo que los empleados públicos tienen su trabajo asegurado, a menos que un tribunal determine que el gobierno tiene que pagar la deuda total, que asciende a $1,391,090,000.

En un momento estimó que cerca de 3,500 empleados públicos podrían estar en riesgo.

El funcionario subrayó también que con un presupuesto sin una moratoria unas 86,000 personas perderían los beneficios de la Reforma de Salud, los recortes en las partidas de nómina y de gastos de funcionamiento serían de entre un 20% a un 30% en la mayoría de las dependencias gubernamentales. También se recortarían los gastos de distintas fórmulas presupuestarias y  además se podría generar un alza  en las solicitudes de asistencia económica.

“Tendríamos que hacer ajustes mayores al presupuesto con un efecto nefasto en la economía… si se ajusta una partida, hay que ajustar otra. No hay más recaudos”, aseveró el funcionario al defender el paquete de medidas presupuestarias que se basan en el proceso de reestructuración de la deuda, con un pago de intereses por $209 millones y no incluye el principal.

En una vista pública ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, acompañado por los demás miembros del equipo fiscal del gobierno, el director ejecutivo de la OGP aludió a un informe de la firma Estudios Técnicos que indica que una reducción en la jornada laboral tendría un impacto en unos 7,176 empleos indirectos e inducidos mientras que un plan de cesantías afectaría a unos 10,636 puestos de trabajo. “Esto solamente sería en un escenario en el que estuviéramos forzados a hacerlo”, dijo.

Al ser confrontado con expresiones de algunos legisladores que han dicho que van a enmendar las partidas de la deuda, Cruz Batista afirmó que el presupuesto está radicado sobre “unas realidades” y sostuvo que el gobierno se encuentra en la mesa de negociaciones con los acreedores.

Detalló que la propuesta incluye el pago de $25 millones para abonar al déficit de $95 millones que tiene el Centro Médico. Además, mencionó unos $15 millones para el pago de servicios a terapistas del Programa de Educación Especial.

Cruz Batista justificó el aumento en la partida de servicios profesionales porque dijo van destinadas a pagar a los consultores del proceso de reestructuración que se obtenían del pote del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Falta de liquidez

La presidenta dela BGF, Melba Acosta sostuvo que en la última propuesta hecha pública, el gobierno le solicitó a sus acreedores un período de cinco años, sin pago de principal, solo de intereses.

Por otra parte, Acosta hizo hincapié en la falta de liquidez del BGF e informó que para los estados del banco, el gobierno para el año fiscal de 2014 llegó a un acuerdo de establecer una reserva para pérdidas en préstamos públicos de aproximadamente un 40%. “Esto a la vez facilita acordar con la OGP una reducción también del 40% en el monto total de la deuda del ELA con el BGF y la amortización futura del balance de dichos préstamos luego del ajuste en los libros correspondientes”, sostuvo para agregar que trabaja legislación en conjunto con la OGP a tales fines.

Uvita operativos de Hacienda

El secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, por su parte, dijo que la partida de contribución sobre ingresos de individuos entre abril de 2015 a abril de 2016 fue de $1,715.7 millones para una reducción de $260.1 millones. Atribuyó la merma a que en el año anterior, como resultado de leyes especiales, recaudaron $200 millones por el prepago a tasas preferenciales sobre cuentas de retiro individual, planes de retiro y otros activos de capital.

Zaragoza indicó, además, que el recaudo de contribución sobre ingresos de corporaciones reflejó también una disminución de $24.3 millones en comparación con el año anterior, lo que también relacionó al efecto de las leyes especiales.

Asimismo, dijo que con los embargos a unos 106 comercios que no remitían el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), entre noviembre de 2015 a mayo de este año, han recaudado unos $44 millones en deudas contributivas.

A su vez, el presidente de la Junta de Planificación, Luis García Pelatti dijo que para el año fiscal de 2015 la economía de la Isla registró una reducción de 0.6%, al comparar los datos con 2014.

No obstante, dijo que los sectores de la salud, turismo y comercio al detal han mostrado crecimiento en la creación de empleos en los pasados dos años y añadió que el pasado mes abril se registró una tasa de un 12% de desempleo, “una de las más bajas que hemos tenido”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda, Rafael “Tatito” Hernández dijo que el presupuesto se aprobaría antes del 20 junio, casi al vencer el período para la aprobación de medidas en la sesión ordinaria que expira el 30 de junio.

“Esta es la primera vez que la Asamblea Legislativa tiene que atender un presupuesto con tan poco tiempo”, lamentó el presidente de la Cámara, Jaime Perelló.

Desbalanceado

Mientras, la portavoz de la minoríacameral  novoprogresista, Jenniffer González Colón dijo que hay una reducción en los presupuestos de agencias y un recorte de un 60% del servicio de la deuda, “el presupuesto está totalmente desbalanceado”.

La legisladora afirmó que “no se incluye pago del servicio a suplidores por $2,000 millones y se dejan cuentas por pagar de corporaciones públicas”.

“Están diciendo que están bajando el gasto, pero aumentan 796 plazas para atornillar empleados”, destacó.