El Partido Nuevo Progresista (PNP) y el gobernador Ricardo Ross elló ya no pueden hacer mayores esfuerzos para sacar al alcalde Héctor O’Neill de su silla en Guaynabo por el alegado caso de acoso sexual, pues el único ente que podría destituirlo es el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).
A pesar de que el gobernador ordenó a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, iniciar una investigación al respecto, la ley de Municipios Autónomos plantea que sería a través de una querella en el PFEI y, de acuerdo al procedimiento dispuesto en la ley de esa agencia, que “el Alcalde o Alcaldesa podrá ser suspendido o destituido de su cargo”.
Tras la transacción con la perjudicada, que incluye el archivo de sus reclamos, el asunto podría quedar en un hoyo profundo
“Es la Ley de municipios autónomos la que establece las causales (para una destitución). Recuerda que se trata de un funcionario electo y es básicamente revocar una elección. En términos institucionales de partido no” (tiene la potestad para destituir), explicó el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Guillermo San Antonio Acha.
La única opción del partido es relevarlo de los puestos políticos y aunque O’Neill cedió la presidencia del comité municipal del PNP, el secretario general de esta colectividad Rafael “June” Rivera Ortega, dijo que esta acción no es suficiente y buscarán “una medida más severa”.
Rivera Ortega recibió el domingo una comunicación de parte del gobernador Ricardo Rosselló Nevares para que comience inmediatamente todos los procedimientos reglamentarios para relevar a O’Neill de todas las posiciones dentro de PNP.
“Ante tan importante directriz, procederemos a activar todos los mecanismos disponibles en el Reglamento de nuestro partido, específicamente aquellas disposiciones contenidas en los artículos 105 (Causas Adicionales para Suspender a Miembros de Organismos) y 106 (Sanciones Disciplinarias)”, indicó.
Sin embargo, parecen no quedar herramientas legales que ayuden a definir esas medidas y lo que queda es esperar.
“A mí lo que me compete es ver qué ocurre en las agencias que están ahora mismo investigando”, dijo, por su parte, la comisionada electoral del PNP, Norma Burgos.
“Si ocurre una vacante, entonces […] se aplicaría la ley electoral, que sería convocar en 60 días, una vez se tiene conocimiento de la vacante, a llamar a una elección especial de afiliados del PNP”, explicó.
Mientras tanto, la presidencia del partido en Guaynabo recaería en el representante Antonio “Tony” Soto, por ser el primer vicepresidente a nivel municipal.
“¿Está listo para asumir la alcaldía de Guaynabo?”, se le cuestionó ayer a su entrada a Fortaleza para una reunión con el gobernador. “Es prematuro hablar de ese tema. La realidad es que el alcalde de Guaynabo continúa siendo el alcalde de Guaynabo, y continúa siendo el presidente municipal. Ahora mismo no hay una vacante”, subrayó.
O’Neill dijo ayer mediante carta que cedía la presidencia municipal de forma “temporera” en lo que concluye la investigación del Departamento de Justicia, pero que “concluida la pesquisa de forma satisfactoria para mí, me reincorporaré a la presidencia del comité en pleno ejercicio de mis funciones”.
“No cumple con las expectativas de lo que se solicitó”, respondió Rivera Ortega a la misiva del alcalde. “A él lo que se le solicitó es que renuncie y que deje todos los puestos, y él está cediendo temporeramente, eso no es lo que queremos”, agregó.
Rivera Ortega dijo que el PNP se propone sancionar a O’Neill a nivel del partido y que espera para hoy, martes, tener la posición del directorio del PNP que es el órgano máximo de la Palma.
“Yo entiendo que sí, no tengo dudas que los vayamos a tener (los votos), estoy confiado en eso”, expresó Rivera Ortega.
La consulta sería para remover a O’Neill de sus cargos en la colectividad y, según el secretario general, el sondeo a los miembros del directorio puede ser telefónico, explicó.
Conforme al artículo 105 del reglamento del PNP, “el Directorio podrá, además, suspender de cualquiera de los organismos del Partido a un miembro que se dedique a actos o actividades contrarias a la moral o por justa causa que afecte la imagen y los intereses del Partido”.
El también representante dijo estar confiado en que cuentan con la mayoría de los votos en el cuerpo para sancionar a O’Neill. Un intento ayer de censar el voto de los miembros del directorio sobre esta controversia no ofreció resultados concretos porque muchos de los consultados declinaron responder. El directorio tiene 67 miembros, de los cuales 46 tienen voz y voto.
