Combaten en PR construcción de viviendas en zonas prohibidas

Por DÁNICA COTO

SALINAS, Puerto Rico—Jacqueline Vázquez estaba sentada en un sillón cuando sonó el teléfono.

Acababa de regresar de una oficina del gobierno en la que presentó una queja por una construcción ilegal en una reserva ecológica. La reserva está dedicada a unos de los manglares más grandes de Puerto Rico, cerca de su barrio, en el sur de la isla.

“¿Qué carajos hacías en Reservas Naturales?”, le preguntó el hombre que la había llamado.

Vázquez lo tomó como una amenaza, una de las varias que han recibido líderes comunitarios como ella que exigen explicaciones a los funcionarios.

Escasa supervisión, falta de presupuesto y permisos emitidos ilegalmente por el gobierno han hecho que aumente la construcción de obras en tierras protegidas, incluso en algunas vulnerables a las inundaciones y los deslizamientos de tierras.

Una investigación en marcha de las viviendas construidas ilegalmente en el segundo estuario más grande de Puerto Rico, donde fueron talados más de 3.600 árboles, según las autoridades, dio paso a audiencias públicas y al lanzamiento de una investigación penal del Departamento de Justicia de la isla, al tiempo que enfocó la atención en otros casos similares.

Los ambientalistas afirman que estas construcciones ilegales hacen que Puerto Rico sea más vulnerable todavía a los efectos del cambio climático y a los huracanes, cada vez más intensos.

“Es uno de los crímenes ambientales más grandes que he conocido”, expresó el representante Jesús Manuel Ortiz durante una vista pública el 27 de abril. “Es inaudito. Se está cometiendo un crimen delante de todo el mundo”.

Las casas de bloques de hormigón, con cercos, piscinas y hasta un muelle, fueron construidas ilegalmente en la Reserva de Investigación Estuarina de la Bahía de Jobos. La reserva tiene casi 1.175 hectáreas (2.900 acres) de árboles protegidos rodeados por agua. Es el hábitat de tortugas carey, una especia en peligro de extinción, y de los vulnerables manatíes antillanos, entre otras especies.

Activistas y algunos empleados públicos dicen sentirse frustrados y abandonados en su lucha, y acusan al Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico y a otras dependencias oficiales de no hacer su trabajo.

Cuando un legislador, durante una vista pública, preguntó a la directora de la reserva de la Bahía de Jobos quiénes habían autorizado la construcción ilegal, Aixa Pabón respondió que “el sistema completo”.

Pabón acusó de negligencia al Departamento de Recursos Naturales y preguntó por qué no intervenía la Junta de Planificación de Puerto Rico. Sostuvo que en algunas dependencias del gobierno prevalece “la ineptitud, la negligencia y la lentitud”.

Por momentos se le quebró la voz al decir que temía que su testimonio tuviese consecuencias personales y profesionales. “Pero la verdad me hace libre y Dios está conmigo”, manifestó.

El mes pasado renunció el secretario del Departamento de Recursos Naturales. En su despedida, dijo a una radio local que algunos empleados municipales que investigaban las construcciones ilegales habían recibido amenazas de muerte.

Ni el Departamento de Recursos Naturales ni la Junta de Planificación, responsable de revisar todos los permisos concedidos, respondieron a pedidos de comentarios.

El tema de las tierras públicas y de la vulnerabilidad al cambio climático domina otro sonado caso en el popular balneario de Rincón, frecuentado por surfistas por sus grandes olas, en el oeste de la isla. En febrero, un juez federal anuló un permiso del gobierno autorizando al condominio Sun and Beach a construir una piscina, un jacuzzi y otras zonas recreativas destruidas por el huracán María en septiembre del 2017.

Se hubiera “privatizado un bien en terrenos públicos”, dijo el juzgado.

El juez señaló asimismo que el 2% de la propiedad en cuestión eran tierras protegidas, en las que no se podía autorizar construcciones, y el 12% se encontraba en una zona costera con alto riesgo de inundaciones.

Entre los testigos que declararon en ese caso figuró un empleado de la división ambiental de la Oficina de Gerencia de Permisos de Puerto Rico, que reconoció que intervino directamente para acelerar la concesión del permiso ahora anulado. Dijo que un amigo suyo y socio era consultor del proyecto, pero negó haber cometido irregularidad alguna, afirmando que el problema fue que otro empleado había hecho una evaluación incorrecta.

El juez dictaminó que la tierra es pública, luego de que la Junta de Planificación determinase que el permiso violaba las leyes municipales. Sin embargo, el caso sigue en los tribunales y muchos residentes temen que se reanude la construcción ilegal. Tortugas marinas en serio peligro de extinción anidaron en esas tierras en el pasado.