SAN JUAN — De acuerdo a la Prensa Asociada, Los planes para privatizar rápidamente el sistema eléctrico de Puerto Rico, que resultó afectado por los huracanes, se toparon con un obstáculo el lunes debido a que la cámara baja y el Senado de la isla tienen posiciones encontradas sobre cómo vender la red de transmisión y distribución.
Los senadores se opusieron a la propuesta, en parte porque la Cámara de Representantes la enmendó para que la tarifa no pueda subir de 20 centavos por cada kilovatio/hora, una cifra que según algunos análisis resultará deficitaria en caso de que los costos de generación repunten. El gobernador anunció los planes del privatizar el sistema hace más de un año, en parte para atraer inversiones que el endeudado gobierno no puede realizar.
Larry Seilhamer, vicepresidente del Senado de Puerto Rico, anunció su oposición ante decenas de inversionistas y expertos del sector durante una conferencia de dos días sobre la reconstrucción de la red eléctrica a más de un año de que quedara destruida por el paso del huracán María.
“Estamos a punto de tener un proyecto histórico que definirá el desarrollo económico de Puerto Rico”, comentó. “No voy a dejar pasar mi oportunidad”.
El desacuerdo se presenta apenas unos días después de que el gobierno puertorriqueño eligió a cuatro de las cinco compañías interesadas en manejar las operaciones de transmisión y distribución de la agencia y les pidió que presentaran propuestas, dijo José Ortiz, director de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico.
Señaló que también se opone al límite de 20 centavos debido a la enorme dependencia de Puerto Rico en el petróleo como fuente de electricidad.
“Creo que es un poquito peligroso”, dijo Ortiz.
Otra preocupación es cómo la nueva tarifa afectaría un potencial acuerdo entre el gobierno puertorriqueño y los tenedores de bonos en momentos en que la compañía en bancarrota intenta reestructurar su deuda de más de 9.000 millones de dólares.
Alejandro Figueroa, quien supervisa la transformación de la compañía eléctrica para la junta federal de control que supervisa las finanzas de la isla, señaló que lo ideal es que un regulador fijara una tasa con el objetivo de atender las necesidades de todos, incluyendo los tenedores de bonos.
“Se tendrá que pagar parte de la deuda”, dijo, y añadió que se tendría que incorporar a la nueva tarifa.
La propuesta no aclara quién sería responsable de la deuda de la compañía eléctrica en caso de que se complete un acuerdo de privatización.
Ortiz dijo que la privatización le facilitaría a los puertorriqueños generar su propia energía solar debido a que el gobierno se ha opuesto a ello desde hace tiempo por considerarlo una amenaza a sus ingresos. Indicó que el gobierno está ayudando a allanar el camino hacia la transición a la energía solar al instalar plantas de baterías en Bayamón, Carolina y Humacao entre junio y septiembre para cumplir con el objetivo de producir 20% de energía renovable para el año 2025. Ortiz indicó que también operarían dos termoeléctricas a gas natural antes de 2022. Algunos de esos proyectos serían financiados con la ayuda de inversionistas privados y el gobierno de Estados Unidos, declaró.
Durante la conferencia, el economista José Villamil expresó sus dudas sobre cuántos proyectos podrían concretarse en el lapso estimado debido a que Puerto Rico continúa con las labores de reconstrucción tras el paso del huracán María y lidia con una recesión de 12 años, mientras intenta restructurar una porción de su deuda pública que supera los 70.000 millones de dólares.
“Estamos lidiando con un ambiente muy incierto y volátil”, comentó. “Aún existe una enorme incertidumbre sobre cuántos fondos federales llegarán a Puerto Rico, durante cuánto tiempo y cómo se utilizarán”.