MANAGUA — De acuerdo a la Prensa Asociada, El gobierno del presidente Daniel Ortega anunció que sostuvo unas reuniones para reanudar el diálogo estancado tras la violencia política que dejó más de 300 muertos el año pasado, pero la propuesta fue recibida el domingo con recelo y con una serie de condiciones previas por parte de la oposición y sectores de la sociedad civil.

El gobierno informó el sábado por la noche que había sostenido un “intercambio” con un grupo de empresarios privados, y en presencia de dos prelados de la Iglesia católica, para “empezar una negociación” sobre temas importantes para el país.

“En el abierto intercambio, se ha confirmado la necesidad de un entendimiento para empezar una negociación, a través de un encuentro incluyente, serio y franco”, se informó en un boletín de prensa oficial.

Sin identificar a aquellos que participaron en la reunión por parte del sector empresarial, el gobierno dijo que asistieron el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, y el nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag. La Arquidiócesis capitalina confirmó el encuentro.

Brenes reveló que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, estuvieron en la reunión, así como el magnate Carlos Pellas y representantes de dos bancos privados.

“No fue un diálogo, fue un encuentro que los empresarios querían tener con el señor presidente”, comentó Brenes a los periodistas antes de oficiar una misa el domingo en el suroeste de la capital. Agregó que las partes “van a seguir platicando” y que la Iglesia católica está dispuesta a participar “cuando nos inviten”.

Los opositores al gobierno de Nicaragua dijeron estar abiertos a entablar negociaciones, pero fijaron condiciones previas, incluida la libertad de más de 700 personas a las que consideran “presos políticos”, la total libertad de prensa y de manifestación, y el desmantelamiento de grupos paramilitares que se asociaron con las fuerzas de seguridad en la represión mortal del año pasado contra los manifestantes que exigían la renuncia de Ortega.

El gobierno ha clausurado algunos medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, arrestado a algunos periodistas y prohibido las protestas contra el mandatario.

“Yo coincido en que este intento abre una posibilidad, en un contexto en que el régimen sabe que está solo y débil”, declaró a The Associated Press Violeta Granera, miembro de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).