LA HABANA — Según la AP, las marchas callejeras convocadas para el lunes en Cuba no llegaron a cristalizarse después de que los organizadores denuncian que simpatizantes del gobierno les impidieron salir de sus casas y recibieron citaciones de la policía desde días antes.

Tampoco se vieron las acciones opositoras que los propios activistas habían sugerido a la población a manera de protesta si no deseaban salir de sus hogares, como la colocación de sábanas blancas en balcones o ventanas y aplausos a la 3 de la tarde, la hora prevista para la manifestación.

En La Habana, el cruce de las céntricas calles de Prado y Malecón —el punto acordado de concentración— lució vacío y con un moderado control policial, constató The Associated Press. El gobierno cubano había denegado el permiso para esa marcha, la cual generó expectativas fuera de la isla y fue señalada por las autoridades de estar impulsada y financiada por Estados Unidos.

La convocatoria a las acciones de protesta coincidió con la jornada en que las autoridades dispusieron la reapertura de la isla al turismo internacional y un cambio en el protocolo sanitario contra el COVID-19, que permitirá mayores vuelos comerciales, así como retomar las clases presenciales.

La marcha fue convocada para exigir la liberación de presos —sobre todo aquellos que fueron detenidos en julio en otras protestas, mayor respeto a los derechos humanos y un diálogo nacional.

La fiscalía advirtió hace algunas semanas que quienes participaran en la manifestación serían encarcelados.

Las protestas realizadas el 11 y 12 de julio fueron las primeras en contra del gobierno en casi tres décadas y, a diferencia de las anunciadas para el lunes, no tenían un liderazgo claro ni se solicitaron permisos para ello. La noticia se difundió principalmente por redes sociales. Una persona falleció en medio de actos vandálicos, al tiempo que cientos fueron arrestadas.

“Manifestarnos es un derecho cívico. Bajo las circunstancias en las que estemos y con las herramientas que tengamos cada cual tiene ese derecho”, dijo por vía telefónica el cineasta y director de fotografía Raúl Prado a la AP.

Prado indicó que muchas personas “están sufriendo también las consecuencias” de haber expresado públicamente su disposición a manifestarse pues, dijo, las autoridades les cortaron el internet, se apostaron policías de uniforme o vestidos de civil en sus domicilios o sufrieron “actos de repudio” de vecinos o activistas que coreaban consignas revolucionarias o gritaban contra quienes consideran contrarios a sus ideas.

La manifestación fue convocada por el dramaturgo Yunior García y su grupo Archipiélago, un foro de debate en internet que ya alcanzó los 35.000 miembros. En septiembre los organizadores solicitaron permiso para realizar la marcha —primero en La Habana y luego se sumaron casi una decena de ciudades, lo cual fue rechazado por las autoridades por considerarla ilegal y anticonstitucional, pues a su entender va en contra del precepto de que el socialismo es irrevocable.

La víspera García intentó hacer una caminata en solitario como protesta por la denegación del permiso para la protesta del lunes, pero le fue impedida por grupos progubernamentales de personas que bloquearon la puerta en su edificio y su calle. Desde la azotea le colocaron banderas cubanas tapando las ventanas de su apartamento.

La AP constató el lunes que la zona se encontraba tranquila —sin manifestaciones de simpatizantes gubernamentales, pero había una guardia frente a la vivienda. Sus teléfonos y otros de los coordinadores de Archipiélago permanecían interrumpidos.