WASHINGTON –  De acuerdo a la Prensa Asociada, la Corte Suprema confirmó el lunes la junta de supervisión establecida por el Congreso para ayudar a Puerto Rico a salir de una devastadora crisis financiera que ha sido exacerbada por el brote de coronavirus, los recientes terremotos y daños del huracán María en 2017. Los jueces revirtieron un fallo de un tribunal inferior que amenazaba con llevar los esfuerzos de recuperación de la isla al caos.

En un acuerdo unánime, el tribunal permitirá que el trabajo de la junta de supervisión saque a la isla de la bancarrota municipal más grande en la historia de los Estados Unidos para proceder. En un momento, Puerto Rico se enfrentó a más de $ 100 mil millones en deuda y obligaciones de pensiones no financiadas.

El caso surgió de un desafío constitucional a la composición de la junta de supervisión dirigida por fondos de cobertura que invirtieron en bonos puertorriqueños. Un tribunal inferior dictaminó el año pasado que los miembros de la junta fueron nombrados en violación de la Constitución porque no fueron confirmados por el Senado.

El presidente selecciona a los siete miembros con derecho a voto de la junta. Ellos y otro miembro sin derecho a voto elegido por el gobernador de Puerto Rico aprueban los presupuestos y los planes fiscales elaborados por el gobierno de la isla. La junta también maneja casos de bancarrota que permiten a la isla reestructurar sus deudas.

En su opinión para el tribunal, el juez Stephen Breyer escribió que la composición de la junta no está controlada por la disposición de la Constitución sobre los nombramientos, sino por una disposición diferente que le da al Congreso un control significativo sobre los territorios de EE. UU., Incluido Puerto Rico.

“Las responsabilidades legales de la Junta consisten principalmente en deberes locales, a saber, representar a Puerto Rico en los procedimientos de quiebra y supervisar aspectos de las políticas fiscales y presupuestarias de Puerto Rico. Por lo tanto, consideramos que los miembros de la Junta no son “Oficiales de los Estados Unidos”. Por esa razón, la Cláusula de Nombramientos no dicta cómo deben seleccionarse los miembros de la Junta ”, escribió Breyer.

Los jueces Clarence Thomas y Sonia Sotomayor, cuyos padres se mudaron a Nueva York desde Puerto Rico, escribieron opiniones separadas de acuerdo con el resultado del lunes, aunque Sotomayor dijo que lo hizo de mala gana.

“Las decisiones de la Junta han afectado a toda la población de la isla, particularmente a muchos de sus ciudadanos más vulnerables. La Junta ha ordenado que las pensiones se reduzcan hasta en un 8.5 por ciento, una medida que amenaza la única fuente de ingresos para miles de pobres y ancianos de Puerto Rico. Otros recortes propuestos apuntan a servicios de salud y educación ya agotados. Es bajo el yugo de tales medidas de austeridad que los 3,2 millones de ciudadanos de la isla ahora se irritan “, escribió.

El Congreso aprobó la Ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico en 2016, creando la junta y permitiendo al presidente nombrar miembros sin la confirmación del Senado. Los fondos de cobertura demandaron y ganaron un fallo en la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos con sede en Boston, que incluye a Puerto Rico. Mientras tanto, se permitió que la junta siguiera funcionando.

Hace casi un año, los jueces acordaron revisar la decisión del tribunal de apelaciones de manera relativamente rápida, programando argumentos para octubre. Pero el tribunal tardó casi ocho meses en emitir su propia decisión.

Muchos de los que se oponen a la junta y se resienten de las medidas de austeridad que ha impuesto en el territorio estadounidense lamentaron el fallo del lunes. Jenniffer González, representante de Puerto Rico en el Congreso, también lo aprovechó como una oportunidad para impulsar la estadidad.