SAN JUAN — Según la AP, la junta de control federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico anunció el miércoles que ha contactado a las agencias judiciales locales y federales luego de encontrar que el Departamento de Educación de la isla pagó más de 84 millones de dólares a personas que ya no trabajan allí.
Los pagos se realizaron de 2007 a 2020, y el departamento sólo ha recuperado el 15% de ese dinero hasta la fecha, dijo Natalie Jaresko, la directora general de la junta. Apuntó que la agencia no implementó un sistema de asistencia electrónica sino hasta hace poco, a pesar de que había invertido en uno hace más de una década, señalando que no sabía cuántos fondos pudieron haber sido distribuidos erróneamente.
Jaresko pidió a todos los que recibieron dinero aunque ya no trabajaban para la dependencia que lo regresaran voluntariamente, agregando que es “muy posible” que algunas personas cobraran cheques de trabajadores que ya fallecieron. Se estima que 17.500 exempleados recibieron pagos, comentó.
“La nómina debe pagarse únicamente a aquellos que se ganan sus sueldos”, dijo y señaló que la situación era un “fracaso sistemático”.
Jaresko comentó que no sabía si había fondos federales involucrados.
Puerto Rico sigue reestructurando una parte de su deuda pública de más de 70.000 millones de dólares en medio de una crisis económica, la pandemia de coronavirus y las labores de reconstrucción tras verse azotada por huracanes y sismos.
Jaresko dijo que la junta investigó primero al Departamento de Educación porque es la dependencia más grande, con unos 40.000 empleados, lo que representa el 40% de los trabajadores del gobierno. Añadió que se llevarán a cabo más investigaciones en otras agencias.
Alexis Ramos, portavoz del departamento, no respondió de momento una solicitud de comentarios. Desde hace tiempo, la agencia ha tenido problemas con la burocracia y ha culpado de sus problemas a los recursos limitados. Jaresko apuntó que el año pasado se le quitó dinero a otras agencias públicas y se le dio al Departamento de Educación debido a que tenía fondos insuficientes para la nómina.
Jaresko dijo que el gobierno de Puerto Rico en su conjunto no exige a los funcionarios públicos registrar su hora de llegada y asistencia, señalando que los empleados que no marcan esos datos igual reciben sus sueldos. La junta quiere implementar este año un sistema automatizado vinculado con la nómina que será obligatorio utilizar para evitar situaciones parecidas.
“Esto no es por un gobierno, un partido político”, comentó. “Es un problema sistémico”.
Jaresko dijo que el Departamento del Tesoro de Puerto Rico es la única agencia gubernamental que ha presentado los reportes de horario y asistencia, tal como lo requiere la junta.
También el miércoles, la oficina del contralor de la isla anunció que la aquejada Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico gastó 192 millones de dólares en la compra de terrenos o en el desarrollo de proyectos que nunca se construyeron o finalizaron. Más de 62 millones de dólares se invirtieron tan sólo en una propuesta de oleoducto de gas natural, un proyecto que fue cancelado hace más de una década.
Los investigadores también acusaron a la compañía de no cumplir con los estándares de transparencia, señalando que no había publicado en su sitio web casi 200 contratos y enmiendas por valor de más de 1.900 millones de dólares.
La portavoz de la compañía eléctrica no ha respondido hasta el momento un mensaje en busca de comentarios. Desde hace tiempo, la empresa ha señalado que sus problemas, incluidos los continuos apagones y la falta de mantenimiento, se deben a sus limitados recursos.
