La mañana del jueves 28 de enero se presentaba fría en Durham, Carolina del Norte. Esa mañana, Wildin David Guillen Acosta salió de su casa rumbo a la escuela pero nunca llegó. En el camino, fue detenido y arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y permanece detenido desde entonces. Wildin tiene actualmente 19 años de edad. Huyó de su casa en Olancho, Honduras hace más de dos años y fue detenido al cruzar la frontera, pero como en ese momento era menor, se le permitió reunirse con familiares que tenía en Carolina del Norte. Comenzó a asistir a la secundaria Riverside High School y estaba previsto que se graduara en junio de este año. Quería ser ingeniero. En lugar de ello, permanece encerrado en el tristemente célebre Centro de Detención Stewart ubicado en la zona rural de Lumpkin, Georgia, gestionado por la compañía con fines de lucro Corrections Corporation of America.
Wildin es solo uno de los cientos de miles de menores que, ya sea solos o con sus madres, han huido de la violencia en América Central en los últimos años. Principalmente provienen de Honduras, Guatemala y El Salvador. Actualmente, Honduras es uno de los países más violentos del mundo y Olancho cuenta con una de las tasas más altas de asesinatos, lo que provoca que muchos huyan del lugar. El Ejército de Estados Unidos y la Administración de Control de Drogas (DEA) tienen fuerzas especiales desplegadas de forma permanente allí, las cuales participan de operativos antinarcóticos que también han provocado la muerte a decenas de hondureños.
Wildin fue arrestado en el marco de una serie de operativos de inmigración llamados “Operación Guardián de la Frontera”. Muchos creen que el objetivo de estos operativos fue generar miedo entre quienes se encuentran aún en América Central y están considerando realizar el peligroso viaje hacia el norte, rumbo a Estados Unidos. “Como he dicho en repetidas oportunidades, nuestras fronteras no están abiertas a la migración ilegal”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, en aquel momento. “Si vienen aquí de forma ilegal, los enviaremos de regreso de conformidad con nuestras leyes y nuestros valores”, afrimó. Inmediatamente después del arresto de Wildin, familiares, amigos, compañeros de clase y profesores de la secundaria Riverside realizaron una contundente manifestación de valores, marchando en apoyo de Wildin y de otros cinco jóvenes arrestados de manera similar. A este grupo de jóvenes encarcelados se le llama con frecuencia “NC6” o “Los 6 de Carolina del Norte”, en español. La Comisión de Relaciones Humanas de Durham solicitó al ICE su liberación, al igual que lo hizo el Concejo Municipal de Durham.
Una profesora de Wildin, Ellen Holmes, sostuvo en un video que realizó en su apoyo: “Hay mucho miedo en nuestra comunidad, porque, desafortunadamente, no es el único menor que han detenido. Esto provoca ausencias y deserciones en nuestras escuelas. Está generando un intenso sentimiento de miedo en el seno de nuestra escuela y de nuestra comunidad”. Existe escasa evidencia de que los arrestos y las deportaciones masivas hayan reducido el flujo de refugiados centroamericanos hacia Estados Unidos, pero ciertamente han atemorizado a los estudiantes y a las familias que actualmente se encuentran aquí, lo que los obliga a mantener a los menores fuera de las escuelas por temor a que sean arrestados como Wildin.
La solicitud de asilo de Wildin fue rechazada y el 19 de marzo un juez de inmigraciones denegó la solicitud de reabrir su caso. El 20 de marzo se dispuso su deportación a Honduras. Sin embargo, debido a la enorme presión pública que ejerció esta organización de base liderada por jóvenes, la directora del ICE, Sarah Saldaña, emitió esa mañana una orden por la que se pospuso su deportación. La solicitud de asilo de Wildin se encuentra ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, en un proceso que podría tardar meses e incluso años en resolverse.
Paromita Shah, directora asociada del Proyecto Nacional de Inmigración de la Asociación Nacional de Abogados, dijo en el noticiero de “Democracy Now!: “Debería ser liberado. Noventa días, desde cualquier punto de vista, es un período de tiempo atroz para ser pasado en detención”. Shah estuvo en Washington, D.C., junto a varios estudiantes y a la docente de Riverside High Ellen Holmes, visitando a integrantes del Congreso y al secretario de Educación, John B. King Jr., para solicitarles que apoyen a Wildin.
Axel Herrera es uno de los estudiantes que fue a Washington. Al igual que Wildin, era un estudiante indocumentado de Honduras, pero ingresó a Estados Unidos a los siete años de edad y por tanto tuvo derecho acogerse a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que otorga ciertas protecciones legales durante un período limitado a los inmigrantes indocumentados que ingresaron a EE.UU. siendo niños. “Hemos hablado con varios legisladores. Hemos hecho llamados. Hemos enviado cartas. Hemos obtenido el apoyo de algunos congresistas de Carolina del Norte, que se comprometieron a solicitar que nuestros compañeros sean liberados. Pero no hemos tenido la respuesta que esperábamos, que es tener a Wildin y a algunos de los demás estudiantes de ‘Los 6 de Carolina del Norte’ de regreso en nuestras escuelas”.
Wildin Acosta permanece detenido en la prisión privada del ICE en Georgia. Su solicitud de que se le enviaran las tareas escolares a la prisión fue inicialmente denegada. Tras las protestas de la población, la guardia cedió. Muchos estudiantes de secundaria son sancionados por negarse a estudiar. Wildin está encerrado en detención permanente y debe luchar por su derecho a estudiar. El secretario Johnson y todos los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas deberían aceptar que son esa determinación y ese compromiso los que van “de conformidad con nuestros valores”.