SANTIAGO, Chile — De acuerdo a la Prensa Asociada, El Tribunal Constitucional de Chile rechazó el lunes incluir a criminales de lesa humanidad en una ley que descongestionará cárceles comunes, donde hay 83 personas contagiadas de coronavirus, con la liberación de 1.300 reos de baja peligrosidad.
El requerimiento para considerar a los violadores de derechos humanos entre los favorecidos por una ley que conmutará las penas de cárcel por arresto domiciliario total fue formulado por los senadores oficialistas, que le pedían al TC que declarara inconstitucional la ley impulsada por el presidente Sebastián Piñera.
El TC resolvió por siete votos a favor y tres en contra el requerimiento de los legisladores oficialistas, que alegaban que el proyecto legislativo no contempla el derecho de igualdad ante la ley de los criminales de lesa humanidad ni la protección a la vida.
Ahora el tribunal deberá pronunciarse por una demanda similar de 40 diputados oficialistas presentada el mismo lunes. No tiene un plazo para hacerlo.
Mientras tanto, el nuevo virus sigue expandiéndose en una sobrepoblada comunidad penal de una cárcel de la barriada pobre de Puente Alto, donde hay 59 custodios y 24 presos contagiados, según cifras oficiales, en un país que acumula 7.525 infectados y 82 fallecidos.
“Esto (el dictamen) nos alivia, no sólo porque teníamos razón, sino que fundamentalmente porque cientos de personas que hoy día están privadas de libertad, y son población de riesgo, van a quedar en arresto domiciliario”, declaró el ministro de Justicia Hernán Larraín.
El TC dijo en un comunicado que, tras oír los alegatos contra los artículos que no consideran a los presos de lesa humanidad en la ley “que concede indulto general conmutativo a causa de enfermedad COVID-19, resolvió rechazarlo por mayoría de votos”.
Por la tarde, el tribunal escuchó los alegatos por teleconferencia de más de 20 personas a favor y en contra de liberar a unos 200 criminales que violaron los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, que viven en un anexo de una cárcel común donde no ven a los presos, y en Punta Peuco, un recinto construido especialmente para ellos en el que no existe hacinamiento, se dispone de agua, ventilación y espacio suficiente para mantener la distancia que busca prevenir el contagio con el coronavirus.
En su alegato, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, se cuestionó si se puede “canjear oportunistamente la vida de 1.300 presos comunes” por la de los violadores de los derechos humanos.
Luego de 46 años de que la democracia regresó a Chile, aún hay cerca de un millar de desaparecidos.
La dictadura militar dejó más de 40.000 víctimas, incluidos más de tres mil asesinados, la mayoría desaparecidos, en cuya búsqueda no colaboraron los criminales condenados y recluidos en amplios recintos.
Con la ley se busca sacar de la cárcel a unos 1.300 presos de baja peligrosidad, mayores de 65 años con la mitad de sus condenas cumplidas, a los mayores de 75 años, a mujeres embarazadas y a las que viven en la cárcel con sus hijos menores de dos años, todo con el objetivo de que no contraigan la enfermedad respiratoria COVID-19.
“¿Cuánto más tenemos que seguir esperando para que esta ley entre en vigencia?”, clamó Sergio Mico, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, un organismo autónomo.
Ante las presiones de su sector político, Piñera reactivó un proyecto de indulto humanitario, rechazado por la mayoría opositora, que busca liberar a violadores de derechos humanos de avanzada edad y con problemas de salud terminales, pero no tuvo efecto porque los legisladores siguieron adelante con su demanda.
