SAN SALVADOR — De acuerdo a la Prensa Asociada, el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha impuesto algunas de las medidas más duras del continente contra el nuevo coronavirus: cerró las fronteras, impuso una cuarentena nacional y envió a la policía y al ejército a detener a los infractores.
Una abrumadora mayoría de salvadoreños aprueba el desempeño de Bukele, pero los defensores de los derechos humanos se quejan de que el líder de 38 años ha ignorado la Constitución y a la Corte Suprema de Justicia.
El tema más polémico son los “centros de contención” donde miles de salvadoreños han permanecido detenidos durante más de un mes sin un proceso judicial. Entre quienes han sido llevados ahí se encuentran personas que salieron a la calle a comprar comida para sus familias. Otros tuvieron la mala suerte de viajar fuera del país cuando Bukele impuso la cuarentena y fueron encerrados a su regreso.
En más de 90 hoteles alquilados, centros de convenciones y gimnasios convertidos a toda prisa en refugios vigilados por la policía, el gobierno mezcló a los enfermos con personas sanas, a menudo esperando semanas antes de examinar a las personas para detectar el virus, según grupos de derechos humanos y personas que han sido detenidas.
La Corte Suprema ha dictaminado reiteradamente que las detenciones son inconstitucionales ya que ninguna ley las autoriza. Pero Bukele ha ignorado la orden y ha acusado a los críticos de buscar la muerte de miles de salvadoreños.
“Por supuesto en todos los centros de contención hay riesgo de (contraer) la enfermedad, porque están diseñados para captar a población, mantener a la población que tiene el mayor riesgo de padecer la enfermedad”, dijo a The Associated Press el ministro de Salud, Francisco Alabí, quien se disculpó por los “inconvenientes” si hubo detenciones que duraron más de 30 días.
La ministra de Turismo, Morena Valdez, que forma parte del equipo de contención del gobierno, dijo que unas 10.000 personas en la nación de casi 6,4 millones de habitantes han sido detenidas en los refugios. Las autoridades no han revelado cuántos de los detenidos han dado positivo por la enfermedad, ni cuántos han muerto. A nivel nacional, el gobierno ha reportado 1,413 casos y 30 muertes.
Bukele anunció el 11 de marzo que el cierre de fronteras a los extranjeros y que los salvadoreños que regresaban al país estarían sujetos a una cuarentena forzada de 30 días en los nuevos centros, una estadía dos veces más larga que la recomendada por la Organización Mundial de la Salud.
Al día siguiente, Carlos Henríquez Cortez, de 67 años, gerente salvadoreño de una empresa siderúrgica que hizo un viaje de negocios de dos días a Guatemala, se comunicó con la embajada de su país. Le dijeron que debido a que tenía más de 60 años y padecía hipertensión, tendría que estar en cuarentena en su hogar, no en un centro gubernamental, según un informe detallado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca) y sus familiares.
Un día después, Henríquez llegó al aeropuerto internacional de El Salvador en medio del caos. Después de horas de confusión, fue llevado en autobús con docenas de personas a un complejo deportivo conocido como la Villa Olímpica o Villa Centroamericana que se estaba utilizando para albergar a los detenidos por el decreto de cuarentena del presidente.
Las fotografías que envió a su familia muestran un mar de personas apiñadas en un gran salón, inodoros obstruidos, lavabos rotos y duchas con moho. Las personas procedentes de todo el mundo, incluidos los países más infectados, fueron llevadas a una habitación en camarotes de dos niveles que estaban muy cerca.
Henríquez les dijo a sus familiares que se sentía rodeado de personas enfermas. La gente tosió toda la noche.
Esa experiencia fue compartida por el ejecutivo de negocios Ernesto Sánchez, de 38 años, quien viajó a El Salvador el 12 de marzo después de un viaje de negocios de 36 horas a Panamá y también fue trasladado en autobús a la Villa Olímpica.
“No nos hicieron exámenes, lo más que hicieron fue tomarnos la temperatura”, dijo a la AP
Dijo que entre 50 y 55 hombres fueron asignados a su unidad, en la que compartían baños y duchas comunitarias sucias. Dijo que estaba aterrorizado de los que lo rodeaban.
“Yo sabía que venían de países con contagios y tenía miedo”, dijo Sánchez, quien pidió que sólo se usara una parte de su nombre para evitar represalias. “Creo que este sí era más un centro de contaminación”.
Después de cinco días el centro, Henríquez tuvo fiebre y comenzó a toser. Esperó en la fila durante horas para ver a un médico que le dio medicamentos para la fiebre.
“Nosotros como familia identificamos después de una semana los síntomas uno por uno, más que la gente que estaba allí supuestamente atendiéndolos”, dijo su hijo Carlos.
La condición de Henríquez empeoró y el 22 de marzo fue trasladado a un pequeño hotel, según el informe. Un médico lo vio al día siguiente y le diagnosticó colitis y deshidratación. Bajo la presión de su familia, el Ministerio de Salud envió a otro médico a verlo. Ese médico ordenó su traslado inmediato a un hospital.
Muy pronto ya no pudo hablar y envió mensajes de texto desesperados a su familia. “Sácame de aquí”, “Tengo miedo” y “Ayuda”, mientras permanecía en una sala rodeado de pacientes con COVID-19. Henríquez no se hizo la prueba hasta el 27 de marzo. El resultado fue positivo.
Una semana después, antes de dirigirse a su segundo hospital, Henríquez le escribió a su esposa para despedirse. Fue la última comunicación que su familia tendría con él, porque el hospital tomó su teléfono. Unos días después, el médico tratante le dijo a su familia que estaba entubado y en cuidados intensivos.
En un tercer hospital, los médicos le dijeron a la familia que los riñones de Henríquez estaban fallando y que necesitaba diálisis. Pero la máquina de diálisis nunca llegó.
Henríquez murió el 22 de abril.
El Idhuca concluyó que la detención de Henríquez había sido arbitraria, no estaba respaldada por ninguna ley y probablemente condujo a su muerte.
El caso “es un ejemplo claro de la improvisación y desorganización del Gobierno en la gestión de las medidas determinadas a la contención y prevención de la pandemia de COVID-19”, concluyó el informe.
Los familiares de Henríquez dijeron que no han recibido respuesta del gobierno desde que se publicó el informe de derechos humanos la semana pasada, ni ha proporcionado información sobre las personas enfermas dentro de sus centros de contención. Creen que fue infectado durante la detención.
“Mi suegro era una buena persona, muy buena, de mucha fe, y siempre peleó contra las injusticias y era una persona que ayudaba mucho al prójimo”, dijo Óscar Monedero. “Eso nos motivó a sacar a la luz las injusticias que él vivió”
El ministro de Turismo, Valdez, dijo a la AP que las condiciones han mejorado y que los centros ahora separan a los que dan positivo.
Sánchez, mientras tanto, finalmente fue trasladado a otro centro y fue evaluado tres veces, resultando negativo. Pero los funcionarios lo retuvieron durante 48 días.
“Han violado mis derechos”, dijo Sánchez. “Me dijeron que sería por 30 días y fueron 48, me quitaron 18 días de mi libertad y no me dieron explicaciones. Yo no había cometido ningún delito y tenía derecho a que me dijeran que estaba pasando, si era positivo o negativo”.
