Caracas, Venezuela— El presidente venezolano Nicolás Maduro denunció que el gobierno estadounidense decidió el lunes asumir personalmente la tarea de derrocarlo ante la incapacidad de sus opositores locales para desestabilizar a su administración, plan que según él fue trazado por Washington.
La declaración de Maduro se produjo horas después que el presidente estadounidense ordenara congelar bienes de siete funcionarios venezolanos en territorio estadounidense, al declarar a la nación sudamericana como amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos.
Entre los funcionarios sancionados figuran el Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central, el general de la Guardia Nacional Antonio Benavides Torres; el director de la policía política, mayor general Gustavo González López; el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y ex comandante de la Guardia Nacional, Justo Noguera Pietri, y la fiscal 20 del Ministerio Público Katherine Haringhton, quien tiene a su cargo un proceso contra el alcalde opositor de la región metropolitana de Caracas, Antonio Ledezma, detenido en febrero por un supuesto complot, y la ex congresista opositora María Corina Machado, entre otros.
Maduro llamó a los venezolanos a apoyar y rendir homenaje a los “dignos y honestos” funcionarios sancionados, y bajo una cerrada ovación anunció la designación del mayor general González López como ministro de Interior, Justicia y Paz en sustitución de la almirante en jefe, Carmen Meléndez.
Meléndez pasará a ocupar el despacho del ministerio de la presidencia de la República, indicó.
El gobernante venezolano afirmó que la acción ejecutiva de Obama “es un Frankenstein, un monstruo” que se habría hilvanado con los aportes del Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, la CIA y la NSA. Es “un mensaje esquizofrénico que nos declaran como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos”.
Conjeturó que esa acción es la respuesta a las medidas adoptadas recientemente por Venezuela para regularizar la presencia de estadounidenses en el país.
Maduro anunció el 28 de febrero una serie de acciones diplomáticas con relación a Estados Unidos que incluyeron la reducción del personal diplomático, el requerimiento de que toda reunión que los funcionarios estadounidenses vayan a hacer en Venezuela “debe ser notificada y autorizada previamente” y la exigencia de visa para los turistas estadounidenses.
El gobierno también puso en vigencia la prohibición del ingreso al país del expresidenW. Bush, el ex vicepresidente Dick Cheney, el exdirector de la CIA George Tenet y los congresistas Ileana Ros-Lehtinen, Mario Díaz-Balart, Bob Menéndez y Marco Rubio.
Horas antes, la canciller Delcy Rodríguez anunció que el gobierno llamó a consultas de inmediato al encargado de negocios de Venezuela en Estados Uen Estados Unidos, que pagan el “lobby mayamero” y al congresista Marco Rubio.nidos, Maximilien Arveláiz.
Más temprano, la canciller se abstuvo de dar comentarios sobre los anuncios hechos por Obama y solo señaló a la prensa que pronto se daría a conocer la respuesta de Venezuela.
El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado oficialista Diosdado Cabello condenó las sanciones de Washington y aseguró que “no tiene ninguna moral para decir que en Venezuela se violan derechos humanos”, y planteó que el gobierno venezolano debe declarar la “emergencia nacional”.
“No hay chantajes, no hay fórmulas que ustedes crean que nos van aplicar a nosotros y nos van a amedrentar”, dijo el presidente del congreso, e instó a Estados Unidos a que “pase la lista de los venezolanos que tienen plata” en ese país para decidir si se repatria ese dinero. Agregó que hay empresarios venezolanos, que residen
Cabello expresó su solidaridad con los funcionarios sancionados.
El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, consideró como “propagandas de guerra” las sanciones anunciadas por Obama, y dijo en su cuenta de Twitter que se acordaron esas acciones contra los siete funcionarios venezolanos a sabiendas que “ellos no tienen ni visas ni bienes” en Estados Unidos.
En las últimas semanas han surgido nuevas fricciones entre Washington y Caracas tras las acusaciones de Maduro de que desde Estados Unidos se estaría conspirando contra el gobierno venezolano, señalamientos que han sido rechazados reiteradamente por voceros del Departamento de Estado.
A inicios de febrero el Departamento de Estado suspendió las visas a 32 funcionarios venezolanos, entre ellos siete acusados de violar derechos humanos durante las protestas callejeras que dejaron 43 muertos el año pasado en el país sudamericano y otros nueve señalados de incurrir en actos de corrupción.
Washington anunció la medida poco después de que Maduro acusó al vicepresidente Joe Biden de conspirar para derrocarlo.
Los 32 sancionados se suman a los 24 funcionarios venezolanos a los que Estados Unidos suspendió la visa en julio pasado.
