El Estado cree que el recurso presentado contra el Departamento de Educación (DE) por mantener escuelas cerradas a 70 días del paso del huracán María debe desestimarse porque, entre otros argumentos, los demandantes no han presentado evidencia del daño recibido por los presuntos estudiantes, maestros y familias afectados.
“Lo que traen es todo argumentativo. No dicen cuáles son los servicios que no reciben, quiénes son los afectados. Todo son alegaciones generales. Y lo ponemos en duda”, dijo la abogada Mariselis Aponte. “Todo ciudadano tiene que demostrar el daño real, no hipotético”.
En su réplica, el abogado de los demandantes, un amplio grupo que incluye entre otros a la Federación de Maestros y el Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial, preguntó si el Estado sugería que era necesario llevar ante la jueza Lauracelis Roques Arroyo a todos los estudiantes, maestros, padres madres y familias afectadas por el largo periodo que han permanecido cerradas decenas de escuelas.
“En la propia moción de desestimación del ELA (Estado Libre Asociado) ellos alegan que al día de hoy hay 56 escuelas cerradas. ¿Cómo pueden alegar que tenemos que traer ante este tribunal a todos los miembros de esas 56 escuelas a testificar? Es un claro daño, no tener acceso a educación es un claro daño”, afirmó el abogado Osvaldo Burgos.
El comentario de falta de daños, sin embargo, le pareció un insulto a algunos de los presentes en sala, como Kelvin Coffie, padre de un niño de educación especial que viajó desde Cabo Rojo para la vista.
“Mi hijo ahora mismo está en retroceso, le han tenido que aumentar las dosis de los medicamentos”, dijo el hombre visiblemente molesto. “¿Cómo que no hay un daño? Si yo lo vivo a diario”, agregó tras explicar que su hijo padece de autismo y la escuela donde recibía sus clases fue cerrada a pesar que no sufrió daños relevantes por el huracán y posee los salones con las condiciones adecuadas para tratar a su hijo y otros estudiantes.
Terminada la vista, ante preguntas de la prensa, las abogadas del Estado se limitaron a decir que se trataba de “un asunto procesal”, un requisito para la presentación del recurso contra el DE.