De los casi 411 edificios señalados para ser demolidos, solo se tiraron 62, y casi 1,000 más que quedaron seriamente dañados aún no fueron reforzados.

Edificios agrietados e inclinados siguen vacíos y los desplazados continúan viviendo en campamentos al aire libre un año después del sismo de magnitud 7,1 que causó 228 muertos en la capital de México y 141 más en los estados cercanos.

La demolición de cientos de estructuras inestables se ha visto demorada por obstáculos legales y físicos, mientras que algunos propietarios realizaron renovaciones cosméticas que hace que los inmuebles queden a merced del próximo terremoto que sacuda la Ciudad de México y sus inmediaciones.

Pero la lentitud de los derribos y de la reconstrucción frustra tanto a quienes perdieron sus casas como a quienes viven entre inmuebles destrozados que parece que vayan a colapsar en cualquier momento sobre las aceras y calles que siguen acordonadas desde el temblor del 19 de septiembre de 2017.

edificios señalados para ser demolidos, solo se tiraron 62, y casi 1,000 más que quedaron seriamente dañados aún no fueron reforzados.

La destrucción causada por el terremoto y la lentitud en las labores de reconstrucción pusieron en duda la confianza de la ciudad en el autocontrol _ los constructores contratan a expertos en regulación para certificar la seguridad de los inmuebles que levantan _ y en su capacidad para sancionar a los responsables.

Nadie ha sido procesado con éxito por el derrumbe de edificios pese a que los expertos hallaron evidencias de construcciones deficientes en varios casos en los que los constructores presentaron documentación falsa, emplearon materiales baratos o simplemente construyeron sobre estructuras antiguas e inestables. Por el momento no se ha reconstruido ni un solo edificio de viviendas.

Los pequeños progresos se deben a trabajadores de demoliciones que tiran los pisos superiores de los edificios altos a donde no llega la maquinaria pesada y a las víctimas del sismo que han dormido a la intemperie, manifestándose y bloqueando calles para presionar al gobierno.

Los afectados se quejan de que las autoridades han levantado una abrumadora pirámide burocrática de papeleo para que las víctimas consigan que sus edificios sean evaluados, reparados, derribados o reemplazados. Casi la mitad de los residentes en la Ciudad de México no tienen pruebas o títulos de propiedad de sus casas, lo que obstaculiza el camino para obtener compensaciones.