Eliminan licencia con paga por accidentes ocupacionales a unionados que laboran en áreas de alto riesgo a su seguridad.

El obrero Luis Sánchez estuvo casi cuatro meses hospitalizado tras sobrevivir a una explosión ocurrida en el 2014 en la central generatriz de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en San Juan, un incidente  que  que sacudió al País  y en el que murieron dos de sus compañeros de labores y otro resultó herido.

El escenario  de angustia que Luis y su familia vivieron -y que se prolongó por  más de un año de rehabilitación-pudo haber empeorado abismalmente si al empleado se le hubiera negado acogerse a una licencia con paga por accidentes ocupacionales, un beneficio marginal que  fue eliminado recientemente  por disposición del capítulo 2 de la Ley 26 de Cumplimiento con el Plan Fiscal.

El estatuto deja sin efecto los  acuerdos contractuales contenidos en diversos convenios colectivos, entre ellos los que cobijan empleados unionados de la AEE, de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), de la  Autoridad de Carreteras y de Comunidades Especiales, entre otros.

“¡Imagínate! Fueron muchos días en el hospital debatiéndome entre la vida y la muerte. Y luego vino todo un proceso de recuperación que fue bien lento. Si no llega a ser por esa licencia -que garantizó que siguiera cobrando mi cheque sin que me tocaran los días de enfermedad (que probablemente no me iban a cubrir todo el periodo) mi familia y yo estaríamos ahora en la calle… hubiéramos tenido que entregar la casa  porque el mayor ingreso del hogar es el mío”, destaca al agregar que la situación se hubiera complicado más  sin un plan médico.

“Esa licencia fue vital, en mi caso literalmente un salvavidas”, agregó quien, posteriormente, se acogió al retiro precisamente porque le honraron las horas acumuladas de enfermedad que no se vio precisado a utilizar tras el accidente en el que resultó con quemaduras en el 47% de su cuerpo.

Casos como el de Luis se suscitan con frecuencia  en agencias donde los empleados están en constante riesgo mientras ejercen sus funciones, destacó Luis Pedraza Leduc, portavoz del Programa Solidaridad Utier (Pro  Sol  Utier), al agregar que serán muchas “las repercusiones” en la clase obrera con la eliminación de la licencia especial.

De hecho, habló de violaciones a la Constitución de Puerto Rico y a los Derechos Humanos de los obreros.

“La Constitución reconoce en sus artículos 17 y 18 como derecho constitucional la organización sindical y la negociación colectiva…pero esa misma carta de derechos habla también de derechos humanos y ahí se incluye la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la seguridad social. Y en el tema de la enfermedad ocupacional estamos hablando de esos derechos humanos”, dijo Pedraza Leduc.

Añadió que en momentos en que se habla de proteger los “servicios esenciales” del pueblo -a pesar de la crisis fiscal- hay que tomar en consideración conservar beneficios marginales como la licencia con paga por accidentes ocupacionales.

“Estamos hablando de medidas que buscan proteger a un trabajador que está en alto riesgo, como lo es un empleado de energía eléctrica que trabaja con electricidad en vivo. De hecho, estamos hablando de uno de los grandes logros de la Utier al negociar en el área de salud y seguridad y ahora estamos echando para atrás. Estamos regresando al siglo 18 donde se peleaba por jornadas de ocho horas, se luchaban por medidas que garantizaran el ingreso del trabajador y por  los convenios colectivos. Ahora todo se pierde para cuadrar un presupuesto”, expuso.

Dijo que la situación ha creado tanta inestabilidad emocional entre los obreros accidentados que algunos están regresando a sus trabajos pues “tienen miedo de perder sus empleos…dime tú que esa no es  otra forma de despedir gente”, ripostó el líder sindical.

Por su parte, el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT),  Francisco Reyes, se mostró igual de preocupado y dijo que actualmente el gremio forma parte de un comité de diálogo con La Fortaleza y el secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Saavedra, en el que se discute el tema de los empleados que deberían ser considerados porque están en un “riesgo mayor” de accidentes como lo son los celadores de la AEE, a quienes ahora se les obliga a agotar sus días de enfermedad. Si los agotan, y aún no se han recuperado, conservan el empleo sin sueldo por 12 meses. Posteriormente, pierden el empleo, según lo dispone la Ley 26.

“Nosotros, a través de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, fuimos y nos reunimos en Fortaleza y le llevamos los planteamientos. Ellos están esperando una propuesta de la CPT para evaluar qué tipo de propuestas pueden ellos considerar”, dijo.

Sin embargo, Reyes confesó que “no me veo demasiado optimista en esa reunión, dejándome llevar por la reacción de ellos, aunque se mantiene un espacio de diálogo y de apertura y que hay que aprovecharlo y que hay que agotar ese remedio todas las veces que sea necesario para ver si logramos algo”.

Libni Sanjurjo colaboró en esta historia.