ASUNCION — De acuerdo a la Prensa Asociada y Azteca Noticias, Durante cinco horas declaró el domingo el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez ante tres fiscales que investigan un acta que aparentemente se firmó en secreto con Brasil para la utilización de la electricidad de la represa Itaipú, lo que sería perjudicial para Paraguay. El documento fue rubricado por representantes de ambos países el 24 de mayo pasado en Brasilia, pero el 1 de agosto Paraguay lo anuló de manera unilateral tras desatarse una gran polémica que derivó en protestas ciudadanas, de partidos opositores y en la renuncia de varias autoridades paraguayas. La cancillería brasileña hasta el momento no ha aprobado esa revocación. El tema se volvió controversial porque podría perjudicar a Paraguay con la venta de energía excedente de la usina a Brasil. Itaipú es compartida por ambas naciones. “El presidente respondió a nuestras preguntas pero no podemos dar detalles porque la investigación continua”, dijo el domingo la fiscal Liliana Alcaraz en conferencia de prensa en una sala de la residencia oficial del mandatario en Asunción. Los demás agentes del Ministerio Público –Susy Riquelme y Marcelo Pecci– confirmaron que el jefe de Estado puso a disposición su teléfono celular para verificar los mensajes a diferentes funcionarios sobre la firma del acta. Itaipú fue construida en 1974 sobre el río Paraná y tiene 20 turbinas. La represa genera electricidad desde 1984 y cada país es dueño del 50% de la producción. Como Paraguay consume sólo el 16% de esa energía, tiene la libertad de ceder el excedente a Brasil, que desde 2009 paga 340 millones de dólares en forma anual. El acuerdo causó irritación en Paraguay porque la firma del documento implicaría que este país perdería todos sus excedentes, y en caso de que sí llegase a necesitar algo de esa energía por –digamos– una baja en la producción, tendría que comprarla a Brasil pero a un precio mayor al que lo vendió. Cuando el contenido del acta se dio a conocer, llevó a la renuncia de Pedro Ferreira, presidente de la estatal Administración Nacional de Electricidad (Ande), porque no estaba de acuerdo con el texto. Ferreira explicó que la firma se hizo en forma secreta, que los técnicos no fueron invitados y que el acuerdo obligaba a Paraguay a contratar de 2019 a 2022 la compra de la energía excedente de Itaipú. Itaipú, pese a ser bilateral, vende su producción a la Ande de Paraguay y Petrobras de Brasil y prohíbe la comercialización a terceros países. El nuevo canciller local, Antonio Rivas, dijo que las negociaciones entre ambas naciones volverán al comité técnico. Su predecesor, Luis Castiglioni, renunció en días pasados debido a este escándalo. El partido Liberal Radical Auténtico, principal de la oposición, impulsó la semana pasada en el Congreso un juicio político contra Abdo Benítez y su vicepresidente Hugo Velázquez, pero no reunió los votos necesarios para que el pedido iniciara su proceso. En momentos en que se definía en el Parlamento si existiría apoyo al partido Liberal, el embajador de Estados Unidos, Lee McClenny, manifestó su preocupación en Twitter: “Esperamos que se respeten los procesos democráticos, tomando decisiones con calma y en forma participativa, asegurando el debido proceso, otorgando plazos necesarios a las partes”. En tanto, la cancillería brasileña emitió un comunicado expresando que “Brasil confía en que el proceso será conducido sin quiebre del orden democrático”.
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