El Departamento de Hacienda anunció hoy, martes, que refirió al Departamento de Justicia a cinco corporaciones implicadas en una evasión de impuestos por $8.3 millones.

Los casos referidos se relacionan con la evasión del pago del Impuesto de Ventas y Uso (IVU), la retención de contribuciones patronales sobre salarios que no se remitieron a Hacienda y la evasión del pago de contribución sobre ingresos, informó la agencia en un comunicado de prensa.

La secretaria de Hacienda, Melba Acosta, indicó que los delitos identificados constituyen violaciones al Código de Rentas Internas y al Código Penal.

Entre las corporaciones señaladas se encuentran dos compañías que se dedican a la manufactura, distribución, venta e instalación de azulejos, cerámicas y losetas de terrazo, por la evasión del pago del IVU entre los años 2009 y 2012; una de ellas por la cantidad de $1.6 millones y la otra por cerca de $250,000.

Además, se emitieron señalamientos contra establecimientos de comida rápida, de una misma cadena y de los mismos dueños, referidos por evadir el pago del IVU, entre los años 2009 y 2013, por casi $1 millón. De la misma cadena de restaurantes fue referido otro establecimiento por la causa antes expuesta.

También, una compañía de construcción y remodelación de edificios, así como otra corporación que ofrece servicios educativos, religiosos y sociales fueron señaladas por Hacienda por evasión del pago de contribución sobre ingresos.

Mientras, una empleada de una empresa que se dedica a la venta y distribución de productos en aluminio para la manufactura de ventanas, puertas y otros accesorios, fue referida, tras investigarse los años contributivos de 2010 al 2012, por eludir el pago de contribuciones sobre ingresos por cerca de $250,000 de fondos malversados.

Así mismo, el Departamento de Hacienda reveló que una compañía dedicada a la producción de programas de televisión quedó señalada por dejar de remitir el pago de la contribución patronal retenida por $258,000, entre los años 2009 y 2012.

Las corporaciones señaladas pueden enfrentar acciones civiles como multas, penalidades e intereses. De presentarse cargos en su contra por apropiación ilegal agravada, se exponen sus directivos a una pena de hasta cinco años de cárcel por cada incumplimiento.

La evasión del pago de la contribución patronal retenida es una apropiación ilegal de fondos públicos que también implica reclusión de 8 a 15 años, sin derecho a una sentencia suspendida. Criminalmente es un delito grave del tercer grado, que implica pena de reclusión de 3 a 8 años, recordó la dependencia en el comunicado.

Acosta, por su parte, mencionó en declaraciones escritas que el Departamento de Hacienda tiene actualmente sobre 170 casos adicionales bajo investigación del Área de Inteligencia de Fraude Contributivo.

La semana pasada, Acosta fue nombrada como presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, pero se mantiene como titular de Hacienda hasta que sea confirmada en el nuevo puesto por la junta de gobierno del banco.