SAN SALVADOR — De acuerdo a la Prensa Asociada, La policía costarricense capturó a Juan Carlos Guzmán Berdugo, el suegro del expresidente salvadoreño Mauricio Funes, que es requerido por la justicia de su país por formar parte de una red de corrupción supuestamente liderada por el exmandatario que habría desviado 351 millones de las arcas del Estado.

“Se encuentra en proceso de expulsión por territorio de Costa Rica por encontrarse de manera irregular y paralelamente se está tramitando la extradición por tener notificación roja (de Interpol). Hay un plazo de 30 días para el proceso de extradición”, informó el miércoles el subdirector de la Policía Nacional Civil de El Salvador, comisionado César Flores Murillo.

El Ministerio Público salvadoreño informó que ya solicitó a un juzgado de San Salvador la extradición de Guzmán Berdugo para iniciar el proceso penal en su contra por el delito de lavado de dinero y de activos relacionados al caso denominado “Operación Saqueo Público”, mediante el cual se procesa al expresidente Funes, a varios de sus familiares y amigos.

Guzmán Berdugo es padre de la pareja de Funes –Ada Mitchell Guzmán– quien también es requerida por la justicia para ser procesada por el delito de lavado de dinero y de activos.

Funes, su pareja y sus hijos, Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco, se encuentran en Nicaragua, donde en septiembre de 2016 recibieron asilo político del gobierno del presidente Daniel Ortega mientras se desarrollaba un juicio civil por enriquecimiento ilícito y cuando aún no se había emitido orden de captura en su contra

A Guzmán Berdugo y a su esposa Ada Luz Guzmán, el Ministerio Público los acusa de haber recibido 351.530 dólares de las arcas del Estado que habrían utilizado para pago de créditos, compra de vehículos y viajes al extranjero.

Recientemente la Corte Suprema de Justicia de El Salvador aprobó la solicitud de extradición del expresidente Funes para ser procesado por su presunta participación en la trama para desviar 351 millones de dólares de fondos públicos.

El exmandatario también es requerido por la justicia salvadoreña para ser procesado por lavado de dinero, peculado, agrupaciones ilícitas y cohecho, por su supuesta participación en los arreglos que habría hecho su gobierno para pagarle 108,5 millones de dólares una empresa para la construcción de una presa hidroeléctrica. También está siendo procesado por divulgar un documento llamado Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), en el cual se revela el desvío de diez millones de dólares que el gobierno de Taiwán entregó al fallecido exmandatario Francisco Flores para ayudar a las víctimas de los terremotos de 2001.

Por esos procesos, los tribunales salvadoreños emitieron una alerta roja de búsqueda y detención contra el expresidente salvadoreño, pero la Interpol la ha negado en dos ocasiones.