CIUDAD DE MÉXICO — La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció el sábado la inacción de varias instituciones federales y del fronterizo estado de Tamaulipas ante el secuestro de aproximadamente 95 migrantes -incluidos menores- en varios eventos que tuvieron lugar en 2019. La mayoría siguen desaparecidos.
Según explicó esta entidad en un comunicado, se pudo acreditar que casi un centenar de personas “fueron secuestradas mientras viajaban en diversos autobuses por territorio tamaulipeco, el 19, 20 y 27 de febrero, así como 7 y 12 de marzo de ese año” y se violaron sus derechos porque las autoridades no garantizaron su seguridad, ni el acceso a la justicia, ni las buscaron.
La CNDH protege a particulares de los abusos de funcionarios y emite “recomendaciones” que no son vinculantes pero sí de marcado carácter simbólico.
En este caso, la recomendación fue dirigida contra la fiscalía federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,- el Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Nacional de Búsquedas de Personas, así como al gobierno de Tamaulipas y al fiscal del estado que además de ser omisos en sus funciones no proporcionaron información a la CNDH.
Tamaulipas, en el noreste de México y fronterizo con Texas, es un estado donde confluyen diversas rutas de los traficantes de migrantes y es el paso principal de personas de diversas nacionalidades -incluidos mexicanos- que intentan cruzar a Estados Unidos sin autorización legal. Es también una región de alta actividad de diversos grupos del crimen organizado.
En una de sus carreteras fueron asesinadas en enero 19 personas -la mayoría migrantes guatemaltecos— cuyos cuerpos fueron encontrados baleados e incinerados. Una docena de policías de operaciones especiales del estado están siendo procesados por este crimen en que también están bajo investigación agentes migratorios.
Los secuestros a los que se refiere el documento de la CNDH tuvieron lugar en distintos puntos de las carreteras que recorren el estado.
Uno de ellos está en la zona de San Fernando, un municipio que se hizo tristemente famoso porque ahí masacraron a 72 migrantes en 2010. Un año después, en ese mismo lugar fueron localizadas fosas clandestinas con 193 migrantes. En esa época hubo numerosos secuestros en autobuses, hechos que nunca se esclarecieron.
Pero lo peor es que este tipo de eventos, muchas veces vinculado a la lucha entre cárteles por controlar las rutas del tráfico de migrantes, no han cesado.
Este año, en una carretera distinta a donde ocurrieron los sucesos denunciados por la Comisión pero que también se adentra en Tamaulipas —la que une la ciudad de Monterrey con Nuevo Laredo, en la frontera con Texas— han desaparecido más de 70 personas, según el gobierno federal. La mayoría eran transportistas o taxistas pero también había entre ellas familias enteras.
En la recomendación, la CNDH pide a todas las instituciones implicadas “identificar las zonas en las que se presenta la privación ilegal de libertad de pasajeros de autobús y las rutas de tránsito de personas en contexto de migración internacional” para llevar a cabo operativos de seguridad que eviten hechos similares.
También exige que se tramiten las quejas y denuncias sobre este tipo de casos y que se hagan las investigaciones pertinentes para ubicar a los migrantes a los que se les debe inscribir en el registro de víctimas y ofrecer la atención e indemnizaciones que correspondan por ley.
La Comisión también a las autoridades estatales realizar un análisis de los casos de secuestro de migrantes y diseñar un diagnóstico sobre la situación que identifique a los grupos criminales.
El portal de internet Animal Político denunció este año que la CNDH había ocultado un informe sobre secuestros de migrantes a manos del crimen organizado y con la complicidad de funcionarios.