WASHINGTON— De acuerdo a la AP, Fuerzas de seguridad venezolanas han detenido y torturado a efectivos militares acusados de conspirar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según dos prominentes organizaciones defensoras de derechos humanos.
Human Rights Watch y la organización no gubernamental venezolana Foro Penal dijeron en un reporte conjunto que las autoridades del país sudamericano también han detenido y torturado a parientes de algunos sospechosos con la meta de obtener su paradero.
The Associated Press solicitó una respuesta al Ministerio de Relaciones Interiores, sin obtenerla de inmediato. Las autoridades venezolanas han rechazado denuncias de torturas formuladas por diversas organizaciones y han asegurado que en el país hay respeto pleno de los derechos humanos.
El reporte fue difundido mientras aumenta la presión internacional sobre Maduro, quien planea iniciar el jueves un segundo sexenio que Estados Unidos y al menos una docena de países en el continente consideran ilegítimo.
El informe analizó 12 casos de 2017 y 2018 que involucran a 32 personas, incluyendo efectivos militares y civiles acusados de conspirar contra el gobierno, así como también parientes de sospechosos.
“El gobierno venezolano ha reprimido brutalmente a efectivos militares acusados de conspirar”, dijo el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco. “En algunos casos también van por sus familias u otros civiles cuando no pueden encontrar a los sospechosos”.
El documento señaló que efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) o el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) practicaron la mayoría de los arrestos.
Los detenidos denunciaron abusos tales como palizas brutales, asfixia, cortaduras con hojillas en las plantas de los pies, descargas eléctricas, ayuno forzado, prohibición de ir al baño y amenazas de muerte.
Vivanco dijo que la información reflejada en el informe se recopiló de primera mano. Investigadores desde el extranjero llamaron a personas residentes en Venezuela, o entrevistaron efectivos militares y sus familias cuando ya habían salido del país.
Además, abogados del Foro Penal ejercieron la representación legal de algunos detenidos en audiencias judiciales.
Ambas organizaciones señalaron que las denuncias coinciden con el desempeño mostrado por las autoridades al reprimir protestas callejeras en 2014 y 2017.
