BAGDAD — De acuerdo a la prensa Asocida, Olas de protestas estremecen Bagdad y las provincias del sur de Irak y los manifestantes piden la caída de un establishment político que según ellos no los representa. La agitación es alimentada por una economía en la que fluye el dinero del petróleo pero que no genera empleos ni mejoras en la vida de los jóvenes, que son quienes están detrás de las protestas. Dicen que están hartos de la corrupción del gobierno y de la paupérrima calidad de los servicios básicos. Al menos 320 personas han muerto y miles han resultado heridas desde que comenzaron las protestas el 1ro de octubre. “No tenemos trabajo y somos pobres, pero todos los días vemos los resplandores de los campos petrolíferos”, dijo Huda, un activista de Basora, la provincia que produce el grueso de las exportaciones de crudo de Irak. Habló a condición de ser identificada solo por su nombre de pila por razones de seguridad. “¿Adónde van los millones?”, preguntó. Es una buena pregunta. El petróleo representa el 85% o 90% de los ingresos del estado. El presupuesto nacional de este año de 79.000 millones de dólares se basó en un pronóstico de exportaciones de 3.880.000 barriles diarios a un precio de 56 dólares el barril. La economía iraquí mejoró en el 2019 a raíz de un aumento en la producción de petróleo y el PBI se espera que suba un 4,6% hacia fin de año, de acuerdo con el Banco Mundial. La población iraquí, no obstante, no ve nada de esa bonanza debido a malos manejos económicos, ineficiencia burocrática y corrupción, según expertos y funcionarios. El desempleo es del 11% y un 22% de la población vive en la pobreza, de acuerdo con estimados del BM. Uno de cada tres iraquíes jóvenes no tiene trabajo. “Uno de los principales problemas es que la riqueza petrolera se gasta en el sector público, sobre todo en salarios”, dijo Ali al-Mawlawi, director del Centro al-Bayan, un grupo de investigaciones de Bagdad. La repartición del poder que se acordó en Irak permite a las elites políticas gobernar a partir de consensos y de acuerdos informales, restando peso al parlamento y alienando a buena parte de la población. Se estableció un sistema de cuotas en el que los recursos son compartidos por los líderes políticos, cada uno de los cuales procura agrandar su red clientelar y ganar apoyo. Con ese fin, los líderes ofrecen empleos estatales y se aseguran la lealtad de la gente. Esta táctica ha agrandado el sector público y drenado el presupuesto nacional, dejando poco dinero para invertir en proyectos de infraestructura y sociales. “Eso es lo que se ha hecho”, dijo al-Mawlawi. “El clientelismo se basa en la oferta de puestos de trabajo más que en ninguna otra cosa. Es la principal manera de distribuir recursos, a través del sector público”. En el presupuesto del 2019, el sector público representó casi el 40% de los gastos. El sector público creció a la par de la industria petrolera, que tras la caída de Saddam Hussein atrajo grandes compañías internacionales. La cantidad de empleados públicos se triplicó en los últimos 16 años, según al-Mawlawi. Esta tendencia no es exclusiva de Irak. Otros países petroleros del Golfo Persa experimentan la misma dinámica. Pero en Irak el fenómeno adquiere dimensiones especiales, de acuerdo con Ahmed Tabaqchali, del Instituto de Estudios Regionales de Internacionales de Sulaymaniyah y director de inversiones del Asia Frontier Capital Iraq Fund. Dado que en Irak actúan muchos grupos de influencia descentralizados, “en lugar de que haya un solo actor autoritario contratando, tenemos muchos, como en esteroides”, afirmó Tabaqchali. Es difícil rastrear el uso que se le da al dinero ya que hay poca transparencia en Irak. Y a veces sobra dinero “porque no se sabe en qué invertirlo”, indicó al-Mawlawi. Los líderes iraquíes se han mostrado renuentes a reformar el sistema, que según expertos no se puede sostener porque los recursos son limitados y hay una excesiva dependencia del volátil mercado del petróleo.
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