Distrito Federal— Michoacán absorbe más de 50 por ciento de los 756.4 millones de pesos que tiene para 2014 el Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, al tiempo que Acapulco, Guerrero, se mantiene a la cabeza de las ciudades más violentas del país, al concentrar 100 millones de pesos de dicho presupuesto.
Al presentar en conferencia de prensa un resumen de las acciones que se han llevado a cabo a un año de haberse implementado este programa, el subsecretario de Atención Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (SG), Roberto Campa Cifrián, destacó que la fórmula para distribuir estos recursos está determinada por población e índices de violencia, de ahí las cifras anteriores.
Recuperación de espacios
Acompañado por Alejandro Nieto Enríquez, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu, Campa Cifrián refirió que se amplió este año el ámbito de aplicación del programa, pues si en 2013 se atendieron 53 demarcaciones territoriales, en 2014 son 73; se pasó en este lapso de 80 municipios atendidos a 94; de tres delegaciones en el Distrito Federal a cinco, y de 212 polígonos a 241.
También se incrementó el presupuesto para las acciones de equipamiento e infraestructura, al pasar de 723.7 millones de pesos en 2013 a 756.4 millones en 2014, apuntó Nieto Enríquez, quien destacó que, en términos generales, también ha habido un aumento en el número de espacios recuperados o construidos ‘‘siempre en acuerdo con las demandas de las propias comunidades, con el propósito de que sea la sociedad la que haga suya la nueva construcción o el espacio recuperado’’.
No obstante, ambos funcionarios reconocieron que si bien los espacios recuperados cuentan con mecanismos de protección para que el usuario se sienta ‘‘seguro’’, hay sitios que no cuentan con el debido cuidado y pueden volver a ser lugares que ocupe la delincuencia.
Recordaron que el programa tiene por objetivo fortalecer los factores de protección y reducir los de riesgo vinculados con la violencia y la delincuencia, con la participación de nueve secretarías de Estado, además de gobiernos estatales, municipales y sociedad civil.
Añadieron que el espacio público es uno de los ‘‘detonadores’’ de la cohesión comunitaria y promotor de un ambiente de sana convivencia, con particular enfoque en los jóvenes, quienes son el grupo social más vulnerable ante los actos de violencia y de influencia de grupos delictivos.
Asimismo, insistió en que los niveles de violencia ‘‘van claramente a la baja’’, a pesar de que organizaciones civiles señalan lo contrario, las cuales observan que el número de muertes por causas violentas se mantiene o en el mejor de los casos se ha reducido muy poco.