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Un hombre fue arrestado ayer, lunes, por agredir a su…

Los Ángeles— Un excéntrico multimillonario de Nueva York, sospechoso de…

Morelia— El número de damnificados en Michoacán por las lluvias…

Milán– El Vaticano permanece en alerta tras las últimas amenazas…

La suerte del Powerball volvió a caer sobre Puerto Rico…

Houston— Los médicos se sentían optimistas respecto a las probabilidades…

El alcalde popular de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau, uno de los disidentes de la propuesta reforma contributiva, no acudirá a la reunión que citó para esta tarde el gobernador Alejandro García Padilla con los miembros de la Asociación de Alcaldes en La Fortaleza.
Aponte Dalmau sostuvo en que el proyecto del Ejecutivo, que tiene como espina dorsal del cambio al sistema contributivo un Impuesto al Valor Añadido (IVA), no es enmendable y que el gobernador lo debe retirar.
“He dicho que no voy, porque la convocatoria que yo recibí vía email era para analizar y discutir algunas enmiendas al proyecto. Personalmente, yo he dicho y lo dije también en mi ponencia en el Senado, que este proyecto no es enmendable, entiendo que hay que retirarlo. Y si lo que se van a discutir son enmiendas, yo dije que no es enmendable, pues para mí no tiene sentido estar ahí”, dijo el alcalde carolinense en entrevista con Radio Isla.
La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, también opuesta al IVA, confirmó a este medio que asistirá al cónclave con García Padilla.
“Allí estaré”, reiteró la alcaldesa de la Capital en un mensaje de texto.
Mientras tanto, en La Fortaleza, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jorge Colberg Toro dijo que en la reunión, programada para la 1:00 p.m., el gobernador García Padilla les comunicará a los alcaldes populares si el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) municipal es viable o no bajo la propuesta Transformación del Sistema Tributario.
Asimismo, el exlegislador exhortó al portavoz de la megatienda Walmart, Iván Báez, a que antes de hacer expresiones públicas espere por una enmienda “en blanco y negro” sobre el propuesto aumento en el impuesto los establecimientos que generan más $5,000 millones en ganancias.
“Mi recomendación a la gente de Walmart es que esperen a que la legislación esté en blanco y negro. Nadie debe estar haciendo conclusiones sin ver el proyecto ni hacer llamados de histeria en esta etapa. No aporta nada a la discusión”, sostuvo Colberg Toro, al reaccionar a expresiones de Báez sobre el anuncio que hizo ayer La Fortaleza de que el aumento en el impuesto a las megatiendas es una de las medidas de recaudos que está sobre la mesa.
Como una de las alternativas a la tasa de un 16 por ciento del propuesto IVA, el gobierno evalúa aumentar de 1 al 4 por ciento el impuesto a las megatiendas. La propuesta es la que impulsan los representantes Luis Vega Ramos, Manuel Natal y Luis Raúl Torres.
Por otro lado, a media mañana, como preludio a la reunión con los alcaldes populares, el gobernador se reunió con directivos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) en La Fortaleza.
Participaron en la reunión con el Primer Ejecutivo, la presidenta del BGF, Melba Acosta, el presidente de la Junta de Directores del organismo, David Chaffey y personal técnico de la dependencia gubernamental.
También asistió a la reunión, el asesor de La Fortaleza en asuntos municipales, Eduardo Vergara

Un hombre fue arrestado ayer, lunes, por agredir a su progenitora en el barrio Magueyes, en Barceloneta, informó la Oficina de Prensa de la Policía del área de Arecibo.
De acuerdo a la información suministrada por la agente Mirta de la Rosa, adscrita al Distrito de Barceloneta, el imputado, identificado como Migdoel Santisteban Bruno, de 44 años, supuestamente agredió con las manos y con un objeto punzante a su madre, Ana María Bruno Vélez, de 65. El suceso imputado ocurrió mientras se encontraban dentro de un vehículo.
Varios ciudadanos que presenciaron la agresión llamaron a la Policía y lo reportaron como un caso de violencia de género. Cuando las autoridades llegaron al lugar, no lograron localizar ni el automóvil ni a la mujer herida.
Luego de este episodio de agresión, el individuo transportó a la sexagenaria hasta el residencial Enrique Zorrilla, en Manatí, donde varios residentes observaron cuando la golpeó en diferentes partes del cuerpo mientras la desmontaba del automóvil marca Hyundai Accent en el lugar antes mencionado. La situación provocó que varios individuos del residencial le dieran una paliza para evitar que siguiera agrediendo a su madre.
La herida fue atendida en el hospital Manatí Medical Center, donde le diagnosticaron heridas punzantes abiertas en la cabeza y ambas manos. Su condición es estable.
La Policía detalló que Santisteban Bruno, por su parte, manejó su vehículo hasta el cuartel municipal de Barceloneta, donde fue a pedir ayuda tras haber sido golpeado. Allí fue arrestado cuando se percataron que se trataba del mismo individuo contra quien se querellaron varios ciudadanos de que estaba agrediendo a una mujer en el barrio Magueyes.
El hombre fue transportado al mismo hospital, ya que presentaba hematomas en diferentes partes del cuerpo.
La pesquisa fue referida a la agente Rita Rosado, adscrita a la División de Homicidios del área de Arecibo. El caso será consultado con el fiscal de turno para la radicación de los cargos correspondientes.

Cierran filas con Carmen Yulín varios legisladores del Partido Popular que no ven razón que ese  partido, “de apellido democrático”, la expulse de la colectividad o le retire su apoyo por ella estar en contra del Impuesto de Valor Añadido (IVA).

El secretario del PPD, Jorge Suárez, planteó que “los asuntos internos se atienden de forma interna” en el partido, pero advirtió que ahora mismo no hay nada que atender en torno a la controversia surgida entre la alcaldesa de San Juan  y el representante José Báez.

Curiosamente Suárez planteó que las fuertes críticas  que  Báez le lanzó a Cruz las hizo “en su carácter como sanjuanero”.

José Báez es subsecretario del PPD y senador por el Distrito 4 de San Juan.

“Me han sorprendido muchísimo los ataques del compañero Báez, porque Carmen Yulín siempre ha estado accesible a todos nosotros, el liderato pepedé de San Juan”, dijo el líder del Precinto 2, el representante Luis Raúl Torres.

Torres sostuvo que en la reunión donde el liderato de San Juan discutió el tema del IVA, a Baéz se le permitió llevar folletos a favor del impuesto y hasta le hizo preguntas al grupo.

“Yo no sé si lo están utilizando o él quiere ser candidato a alcalde… Lo que yo entiendo es que su enfoque  es equivocado”, señaló el legislador en entevista con Primera Hora.

El representante Luis Vega Ramos aludió a que el partido es “Popular y Democrático”; no se puede sancionar a nadie “porque piense en el  pueblo y se exprese democráticamente”.

Vega Ramos se alineó completamente con Cruz al destacar que ella debe ser la candidata de San Juan en las próximas elecciones.

“Nuestra candidatura a la alcaldía ya está definida”.

Otro que ha expresado disidencia en el PPD,  el representante  Manuel Natal,  sostuvo que los lineamientos más importantes de la colectividad son dos, “la justicia social y servir al pueblo”.

“Este asunto se debe discutir en el seno del partido y yo voy a solicitar que esa reunión se dé lo más rápido posible”, puntualizó por otro lado el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, quien evitó entrar en los méritos de la controversia.

Lo que sí destacó fue que Báez es su representante, “un gran legislador”; que la mera discusión entre ambos líderes populares debe ser atendida por el PPD.

El representante Ángel Matos optó por hacer un llamamiento a la “prudencia”.

Los asuntos electorales mencionó que se  resolverán después de julio de 2016.

“Ella tiene perfecto derecho (a expresarse), este es un país democrático”, dijo en cuanto a la actitud asumida por la alcaldesa en torno al IVA.

Charlie Hernández apuntó que no es la primera vez que surge una controversia al interior del  partido; que  tratándose de un asunto interno, es en el seno de la colectividad donde deben aclararse las diferencias.

José Báez “le bajó” fuerte el pasado fin de semana a la alcaldesa al pedirle públicamente al PPD que le retire su apoyo a causa de  su disidencia constante.

Cruz, enojada, le ripostó ayer que si cree que le deben retirar la confianza, que vaya él mismo a la Junta de Gobierno del partido  y  pida  su expulsión.

“Si ese es el precio que hay que pagar por defender a la gente de San Juan, yo lo pagó”, subrayó Cruz.

“Yo siempre he dado las batallas que entiendo que tengo que dar y no le he tenido miedo a las consecuencias”, agregó.

El presidente de la Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico, Iván Báez, reconoció hoy, miércoles, que el cese de operaciones de la compañía de transporte marítimo, Horizon, en la Isla ha creado un disloque en la logística de importación de bienes de consumo, pero consideró que no debe significar una escasez de alimentos en los comercios.

“Casi todos los importadores que traen sus productos a la Isla se han visto de una manera o de otra impactados”, señaló en entrevista radial (WKAQ 580) sobre la salida de la empresa.

“No obstante, (a base de) los diálogos que se han sostenidos con las marítimas, se está trabajando para traer más bienes a la Isla de manera que ese impacto, mayormente en productos de consumo, se vea minimizado lo antes posible”, sostuvo.

Según Báez, las dos marítimas que continuarán operando han acordado aumentar la frecuencia de los viajes para traer productos importados y una de ellas adquirirá próximamente una nueva embarcación.

La normalización en la importación, estimó, podría tomar hasta varios meses, “pero puede ser solucionado en poco tiempo”.

“A nivel general ha tenido un impacto la salida de esta marítima. No obstante, donde más se ve marcado es en el sector de alimentos, que tiene que ir todas las semanas a hacer compra y se nota en la góndola que tienes menos productos. No obstante, no es para salir a las tiendas a comprar de una manera destemplada, porque como tal no hay una escasez de alimentos por la salida de una marítima”, agregó el también gerente de operaciones de Walmart.

Después de cinco décadas de operaciones ininterrumpidas en Puerto Rico, la empresa de Horizon anunció en noviembre de 2014 su salida de Puerto Rico y actualmente está inmersa en trámites finales para cesar sus labores.

Según había expresado en comunicado de prensa el presidente de Horizon, Steve Rubin, la decisión se tomó como consecuencia de pérdidas crecientes en sus operaciones aquí y ante la falta de perspectivas de un negocio viable a corto plazo.

El alcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado llegó en punto a su cita con la justicia en el Tribunal de Juana Díaz, esto para la radicación de cargos en su contra por la supuesta agresión al representante José Torres.

“Estoy confiado y creemos en la justicia de nuestro país”, sostuvo al llegar acompañado de su abogado Francisco Sánchez.

Este comentó tranquilamente que su pueblo lo apoya, asegurando que nunca les ha fallado.

Asimismo señaló que solo actuó en defensa propia.

“Esto es un acto politiquero, están buscando por todos los medios de sacarme de la alcaldía”, insistió el Alcalde.

Questell Alvarado escuchará la prueba presentada, a través de declaraciones juradas, por el fiscal Idelfonso Torres.

Los hechos ocurrieron el pasado octubre durante una actividad de aniversario de una cooperativa en la Plaza pública de Santa Isabel en la que el representante popular alegó que fue agredido en la cara por el primer ejecutivo y que a su vez fue amenazado.

Posteriormente el legislador solicitó una orden de protección en el Tribunal de Coamo, la que no fue otorgada por el magistrado.

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La suerte del Powerball volvió a caer sobre Puerto Rico cuando un jugador de la Isla resultó ser el segundo ganador de un premio de $2 millones al acertar, mediante jugada seleccionada, todos los bolos blancos en el sorteo del sábado, 28 de febrero.

El boleto ganador se vendió en la Farmacia Plaza #15, en Rexville, en Bayamón, informó el secretario auxiliar de la Lotería Puerto Rico, Antonio Pérez López.

“A solo dos semanas de que un puertorriqueño resultara ser uno de los tres ganadores del premio de $564 millones de Powerball, la suerte vuelve a caer en nuestra Isla con un premio de $2 millones”, dijo Pérez López.

Por ser un premio menor, la persona que lo reclamó durante la tarde de ayer obtuvo un pago global de $1.6 millones luego de descontadas las contribuciones.

Solo tres jurisdicciones, Puerto Rico, Tennessee y Virginia, lograron premios de $2 millones en el pasado sorteo al acertar las cinco bolos blancos y añadirle la opción de Power Play.

Los números ganadores fueron el 11, 17, 25, 28, 46 con el 12 en el Powerball y el Power Play fue 2x.

El titular de la Lotería dijo además que hubo dos ganadores de $20 mil que acertaron cuatro bolos blancos y el bolo de Powerball, jugadas que, acompañadas con la opción de Power Play, multiplicó el premio.

Los boletos ganadores se vendieron en el Colmado Windy en Caguas y en la Gran Parada en Ponce.

Un total de 9,731 jugadores en Puerto Rico resultaron ganadores con algún tipo de premio para este sorteo.

El gran premio de Powerball para este miércoles aumentó a $90 millones, la Loto está en $4 millones y la Revancha en $650 mil.

“Para este miércoles hay dos buenas oportunidades de ser millonarios y ya hemos visto que en Puerto Rico hay suerte con los juegos de lotería”, sostuvo el funcionario.

La exejecutiva de Doral Bank que fue arrestada el pasado lunes por cargos de fraude bancario será puesta en libertad mañana, miércoles, luego que asegurara el pago de una fianza de $100,000 hoy, martes, cuando su representante legal presentó una moción para objetar su permanencia “por una noche más” en el Centro de Detención Metropolitano, en Guaynabo.

La exvicepresidenta de Propiedades de Doral, Annelise Figueroa, y un contratista identificado como Rolando Rivera Solís, enfrentan 13 cargos criminales por supuestamente haber conspirado para defraudar a la institución bancaria por $2,350,000.

Rivera Solís fue enviado directamente a prisión, ante cuestionamientos sobre armas de fuego y municiones ocupadas en su residencia.

Mientras que una garantía de comparecencia fue asignada a Figueroa, sujeta al cumplimiento de varias condiciones, como arresto domiciliario y el uso de un grillete.

A pesar de que un ciudadano allegado a Figueroa pagó la fianza durante la mañana de hoy, martes, la mujer permanecerá en prisión hasta mañana, miércoles.

“La acusada solicitó ser trasladada al Tribunal durante esta tarde para firmar la documentación para pasar a manos de su familia. La acusada no tiene récord criminal previo. El caso es de ‘cuello blanco’. No hay drogas, armas, ni otros elementos para establecer una presunción en contra de su salida inmediata. En base de la información aquí planteada por el suscrito, no hay razón para que esta acusada pase una noche más en prisión”, lee la moción firmada por el defensor público Eric A. Vos.

El juez federal Juan Pérez Giménez ordenó la excarcelación de la ejecutiva, aunque ésta podría comparecer a otra vista junto al otro acusado tan pronto como el próximo jueves, 26 de febrero, en la sala de la magistrada federal Silvia Carreño Coll.

Las autoridades alegan que Figueroa infló los pagos emitidos a una compañía de limpieza contrada por los altos directivos de Doral y en la cual Rivera Solís ocupaba la posición de vicepresidente. La exejecutiva de la institución también había sido nombrada en una demanda sometida por la viuda de Maurice Spagnoletti, ejecutivo de Doral asesinado en junio de 2011.

La endeudada corporación pública de electricidad de Puerto Rico enfrenta una demanda por unirse a varias compañías petroleras internacionales para cobrarles a sus clientes más de 1,000 millones de dólares de más.

La demanda presentada por la firma Hagens Berman Sobol Shapiro LLP, con sede en Seattle, incluye entre los 20 demandados a la brasileña Petrobras, la Compañía de Comercio Shell y Puma Energy Caribe LLC.

Los demandantes alegan que la Autoridad de Energía Eléctrica pagó de más a los proveedores a cambio de cientos de millones de dólares en sobornos y también pagó de más por barriles de petróleo que no cumplían los estándares ambientales de Estados Unidos.

La agencia es considerada una de las mayores empresas eléctricas públicas en Estados Unidos.

“El esquema ciertamente contribuyó a la recesión global en que está sumergido Puerto Rico”, dijo Bet Fegan, un abogado de Hagens Berman, en entrevista telefónica.

La Autoridad de Energía Eléctrica está acusada de pagar precios regulares por aceite combustible mediocre y pasar el costo a los clientes desde enero de 2002, así como de la presunta falsificación de miles de informes de laboratorio que prueban su calidad.

Jorge Concepción, director de asuntos legales de la empresa de energía, se negó a comentar alegando no haber recibido copia de la demanda.

Fegan dijo que los abogados buscan una cantidad de dinero aún sin determinar para los demandantes y que se solicitó un juicio por jurado.

La demanda se produce en momentos en que el gobierno de este territorio estadounidense intenta reformar la empresa de electricidad, a raíz de denuncias de corrupción, y las facturas de electricidad que promedian el doble de lo que se paga en Estados Unidos.

La compañía también tiene unos 9,000 millones de dólares de deuda y los inversionistas estadounidenses se muestran cada vez más preocupados de que pueda irse a la quiebra.

Los legisladores han comenzado a revisar denuncias similares mientras los fiscales han acusado de fraude a algunos funcionarios de la empresa en un caso relacionado con contratos de energía renovable.

Puerto Rico depende del petróleo para generar casi 70% de su electricidad. La Autoridad de Energía Eléctrica paga más de 3,000 millones de dólares al año por el aceite combustible.

Un sexagenario se hirió accidentalmente esta mañana con un arma de fabricación casera en una finca localizada en el barrio Palmarejo, en Lajas.

Según el informe de novedades de la Policía, José Ángel Ortiz Ayala, de 63 años, residente en del barrio Palmarejo en Lajas, alegó que mientras se encontraba trabajando en la finca, resultó herido de bala en el abdomen cuando accidentalmente se le disparó el arma que supuestamente utilizaba para protegerse de una pantera que, según dijo, merodea por la zona.

Los hechos ocurrieron a 8:05 a.m. Ortiz Ayala logró llegar manejando su guagua marca Isuzu Trooper hasta el hospital del Valle en Lajas, donde el Dr. Roberto Molina le diagnosticó una herida de bala con entrada sin salida en el abdomen.

El herido fue referido al Centro Médico de Río Piedras donde quedó recluido en condición estable.

Al momento, los investigadores no han recuperado el arma.

La pesquisa fue referida a la División de Homicidios del área de Mayagüez para corroborar su versión de los hechos.

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A casi una semana de conocerse que parte del multimillonario premio del Powerball recayó en una persona que compró el boleto en una gasolinera del barrio Cotto Laurel, en Ponce, ningún ciudadano ha acudido a las oficinas de la Lotería de Puerto Rico a reclamar el premio, confirmó la portavoz de prensa, Enid Rodríguez.

El agraciado tiene 180 días, o lo que equivale a alrededor de seis meses, para hacer las gestiones y que se le entregue el dinero ganado.

El sorteo del Powerball que dejó a un boricua multimillonario ocurrió el pasado miércoles, cuando el pote alcanzaba $564.1 millones, el tercero más grande en la historia.

El agraciado compartirá la suma con otros dos ganadores de Texas y Carolina del Norte. A cada uno le corresponde $188,033,000, sin contar con las deducciones por concepto de contribución del estado.

Este golpe de suerte a un boricua, que hasta ahora es desconocido, ha provocado controversias tanto en la comunidad de Cotto Laurel como en los Estados Unidos.

Por un lado, El Nuevo Día reportó que familias de Ponce temen por su seguridad, porque les achacan haber ganado el premio.

La madre de una de las familias que se señala como supuesta ganadora del multimillonario premio, Gladys Santiago, reveló que hasta teme por la seguridad por el falso rumor que se ha regado.

“Los mismos familiares de nosotros se han puesto de mal humor, porque piensan que es que nosotros no queremos compartir el dinero”, dijo.

Mientras, en Estados Unidos se ha generado una ola de comentarios que denotan racismo contra los boricuas.

“Es completamente indignante que alguien de Puerto Rico gane el Powerball, ¡Pensé que esto era América!”, lee el mensaje de un usuario de las redes sociales llamado Colin Ryan.

“Si Puerto Rico es demasiado bueno para ser estado, ello no merecen ganar nuestro Powerball”, afirmó otro usuario.

El gobernador Alejandro García Padilla anunció hoy, martes, que el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), contenido en la reforma contributiva que enviará a la Legislatura, no aplicará a las medicinas recetadas, los alimentos no procesados, la renta residencial privada y la educación pública.

Aunque no dijo de forma explícita cuál será el monto del IVA, el nuevo impuesto, que sustituirá al Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), sería de 16 por ciento.

“Para que tengas idea, 4% del IVA, una cuarta parte de ese impuesto, será necesario para pagar la deuda del gobierno anterior solamente”, dijo García Padilla en un mensaje de 10 minutos, transmitido por el Canal 6 (WIPR-TV) y al que se unieron canales comerciales y emisoras radiales.

Como se había anticipado, los contribuyentes que ganan menos de $40,000 al año no tendrán que rendir planillas de contribución sobre ingresos, según la propuesta de reforma que considerarán las cámaras legislativas a partir de mañana, miércoles.

García Padilla indicó también que la legislación contempla que tres veces al año, los que ganan $35,000 o menos reciban un cheque adicional de reembolso por lo que han pagado de impuestos en sus compras. “A los que ganan $20,000 o menos, los más pobres, se les rembolsará el 100%”, aseguró el Gobernador.

Sostuvo que la propuesta ataca al evasor contributivo y que se trata de un sistema donde “por fin” la clase media no lleva la mayor carga. “Es un sistema que va contra el evasor, no contra el que se gana su salario con dignidad, con esfuerzo, con trabajo. Cada cual decide cuánto paga de contribuciones”, puntualizó.

En el mensaje televisado García Padilla argumentó que el sistema contributivo actual “penaliza el trabajo y la productividad, mientras premia la evasión”.

Detalló que solamente unas 12,000 personas, menos del 1%, informan ingresos de más de $150,000 al año y los profesionales reportan, en promedio, un ingreso neto de $16,500, incluyendo médicos, abogados e ingenieros. “Es decir, que nuestro sistema permite que, en promedio, algunos profesionales reporten a Hacienda menos que los maestros, enfermeras y policías. Eso contrasta con los carros y casas de lujo que vemos en nuestras calles. En otros extremos, hay empresas que no pagan el IVU por la pintura de sus facilidades, diciendo que es parte de la materia prima de su gestión. El juego de las deducciones para evadir, es patético”, precisó el mandatario.

Al hablar desde un taller industrial de costura, García Padilla dijo que cuando asumió la gobernación ordenó la contratación de la compañía estadounidense KPMG con la encomienda de estudiar “cómo distribuir mejor la carga y hacer justicia contributiva”, al tiempo que se estimula el desarrollo económico.

“El sistema actual impide el desarrollo económico porque pone la carga sobre los hombros de los trabajadores. Más del 80% de los que pagan planillas son personas de la clase trabajadora, que no tienen forma de ocultar sus ingresos, ni de darle rienda suelta a la imaginación para inventar exenciones y evadir. El que unos paguen correctamente y otros no, es una injusticia en tu contra tiene que debe terminar ya”, indicó.

Planteó que bajo el propuesto sistema los contribuyentes de hasta $40,000 por persona u $80,000 por pareja, no pagarán ningún tipo de contribución sobre ingresos. “Esto es, más de 850,000 contribuyentes, no pagarán contribución sobre ingresos. Eso quiere decir que lo que se te deduce de la quincena para enviarlo a Hacienda, se va a quedar en tu cheque. Este abril, la mayoría de la clase media van a rendir planilla por última vez”, dijo.

Aunque no abundó, expresó, asimismo, que el resto de los contribuyentes “verán todos”, una reducción en las contribuciones que pagan y las corporaciones verán una reducción en su tasa efectiva contributiva.

Propuso también que tres veces al año, los contribuyentes que ganan $35,000 o menos, reciban un cheque adicional de reembolso por lo que han pagado de impuestos en sus compras y los que ganan $20,000 o menos, se les rembolsará el 100%.

“Propongo eliminar el IVU y, por tanto, el IVU loto. De unos 190 países en el mundo, alrededor de 160 han ido cambiando de sistemas que, como el actual aquí, castigan la productividad y premian la evasión, a sistemas donde tributa el valor añadido, que conocemos como IVA”, indicó el Primer Ejecutivo para agregar que “es un sistema probado en 160 de 190 países” en el mundo.

“Puerto Rico se unirá a la corriente mundial con un sistema diseñado para fomentar la productividad y atacar la evasión. Es un sistema más fácil de fiscalizar porque la responsabilidad deja de recaer en más en un millón de contribuyentes y pasa a los importadores de bienes, de los cuales, solamente 220 importan el 75% de lo que entra al país. Es un sistema que, junto a la considerable baja en las tasas contributivas, permitirá que salgas mejor”, sostuvo García Padilla.

Recalcó que con el nuevo sistema pagará en medida en que consume más y no en la medida en que la persona trabaje.

Propuso también eliminar permanentemente la patente nacional. “Así, reducimos aún más el costo de hacer negocios en Puerto Rico y atajamos los argumentos inflacionarios”, indicó García Padilla.

“Por fin tendremos un sistema donde la clase media no lleva la mayor carga. Es un sistema que va contra el evasor, no contra el que se gana su salario con dignidad, con esfuerzo, con trabajo. Cada cual decide cuánto paga de contribuciones”, sostuvo el Gobernador.

“Además, esto nos permite proyectar los ingresos del país hacia el futuro, para tener la certeza de que podremos pagar los gastos recurrentes con dinero recurrente, tomar menos dinero prestado y pagar la terrible deuda que otros gobiernos tomaron sin tener con qué pagar”, concluyó.

El Departamento de Hacienda ha fracasado en la implantación de la reciente legislación impositiva al no informar ni entrenar a personal clave en su operación, en particular a sus agentes de rentas internas y los agentes fiscales especiales, denunciaron este martes portavoces de estos empleados durante una audiencia legislativa.

“Luego de ver en detalle el conjunto de leyes que afectan directamente el sistema contributivo del país, desde el punto de vista de los agentes especiales fiscales y los agentes de rentas internas, podemos concluir que tenemos un problema como entidad (Departamento de Hacienda), dado que existen demasiadas incongruencias en cuanto a las aplicaciones de las leyes, demasiadas enmiendas, muchas veces sin estudiar a fondo el efecto que tendrán sobre los recaudos del país”, expresó Manuel Perfecto Torres, presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), que representa a estos empleados de Hacienda.

Junto al dirigente de la UGT comparecieron ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes varios agentes que detallaron ante los legisladores las múltiples irregularidades e ineficiencias que padece el Departamento y que le impiden fiscalizar adecuadamente la legislación impositiva.

“Una de las áreas que requiere especial interés es el tema de adiestramiento y capacitación, y lamentablemente es uno de los temas de mayor olvido en el Departamento de Hacienda. Mediante el adiestramiento y la capacitación el personal adquiere los conocimientos que le permiten desempeñarse eficientemente en su trabajo, lograr desarrollo personal y profesional, y alcanzar la motivación y satisfacción laboral que permite a su vez el logro de metas de la organización”, agregó el líder sindical en la ponencia que presentó a la comisión.

Los empleados de Hacienda fueron una por una sobre las recientes leyes impositivas aprobadas por esta Asamblea Legislativa y detallaron los problemas que tienen para su implantación.

Destacaron que el recién creado Portal Integrado del Comerciante (PICO), que se supone permita cobrar el impuesto sobre venta y uso (IVU) en los muelles, “ningún agente especial fiscal del Departamento de Hacienda ha recibido adiestramiento alguno sobre este particular, y mucho menos posee accesos a la base de datos de PICO, por lo cual no hay método alguno para que los agentes puedan intervenir con irregularidades”.

También resaltaron la reciente Ley para el cobro el IVU en las ventas de Internet, sobre la cual dijeron que “al día de hoy en el área de Inteligencia y Fraude Contributivo no se ha trabajado con el desarrollo de ningún proyecto investigativo para evaluar y fiscalizar la partidas recaudadas como resultado de la implementación de esta ley”.

Tras ese recuento y respondiendo a preguntas de los legisladores, el grupo de trabajadores de Hacienda afirmó que dicha agencia no está preparada para implantar la reforma contributiva que se está proponiendo y en particular el cambio al impuesto de valor agregado que se proyecta y predijeron “un desastre” si no se prepara y equipa al personal adecuadamente.

Advirtieron que “el entrenamiento de este personal, la adquisición de equipo y materiales necesarios para su mejor desempeño y el establecimiento de los incentivos materiales necesarios, forman el conjunto de necesidades que es pertinente atender para lograr el máximo de la legislación ya aprobada, así como la legislación que dará lugar a la Reforma Contributiva”.

Juan Molineri Cintrón, portavoz también de estos empleados, advirtió además a la Comisión que la situación laboral en Hacienda es crítica y adelantó que “vamos a tener una fuga de auditores y agentes de rentas internas en los próximos meses”.

Afirmó que, comparado con otras clases similares de agentes del orden público que laboran en el gobierno “los agentes de rentas internas ocupan la escala salarial más baja”.

El presidente de la Comisión cameral, Rafael “Tatito” Hernández, se comprometió a atender la situación de estos trabajadores e invitó al grupo y a otros empleados que están dispuestos a hablar y a colaborar con la fiscalización de la implantación de estas leyes, a mantener comunicación abierta y constante hacia la aprobación de la reforma contributiva.

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El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, reclamó hoy, sábado, la creación de alianzas para descentralizar el sistema público de enseñanza y abogó por cambios radicales para mejorar la educación de los niños puertorriqueños.

Bhatia hizo los planteamientos en un mensaje ante la Asociación de Legisladores Municipales durante el Foro Gobernanza Participativa y Democrática, que se lleva a cabo en el Capitolio.

El senador Bhatia instó a los legisladores municipales a impulsar iniciativas reformistas en la educación para descentralizar, lograr administración local de escuelas y garantizar que los recursos lleguen al salón de clases.

“El ochenta por ciento del dinero tiene que estar en el salón de clases. Eso no pasa actualmente.  Ya es hora de que los alcaldes entren de lleno en la administración de las escuelas y cuenten con un grupo de maestros con el que creen alianzas en esa gestión”, sentenció Bhatia.

“Dejemos de ver al Departamento de Educación como el único administrador”, argumentó en el foro para impulsar un nuevo modelo para los gobiernos locales.

El líder senatorial opinó que el problema en el Departamento de Educación no es el dinero sino la ausencia de recursos en el salón de clases.

“Necesitamos un sistema en donde el dinero persiga al estudiante. No hay libros en el salón de clases. No le pida al maestro que haga milagros si no le estamos dando los recursos que necesitan en el salón de clases y no les pagamos lo justo” expresó Bhatia, según un comunicado de prensa difundido por la Presidencia del Senado.

En el foro, el senador popular tildó de alarmante que el sistema educativo no esté educando a nuestros estudiantes para llegar a la universidad y recordó los resultados que se dieron a conocer en vistas públicas de la Comisión Especial de Educación del Senado.

En el organismo legislativo se examinaron estadísticas que evidencian que cada año es menor el por ciento de estudiantes que aprueba la materia de matemáticas, en las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico.

“Millones de trabajos que se están creando en todo el mundo son en ciencias y en matemáticas. ¿Cómo es posible que en nuestras escuelas públicas no estemos preparando a nuestros niños para entrar a la universidad?”, cuestionó Bhatia.

En tal sentido, recalcó que en un esfuerzo transformador del sistema público de enseñanza es indispensable la participación ciudadana activa y decisiva, así como de los entes municipales.

La Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Autoridad de Puertos apoyaron hoy, miércoles, una nueva política pública para controlar los gastos y la remuneración de horas extras en las corporaciones públicas, según lo propone el Proyecto del Senado 1232.

La medida, de la autoría del presidente del Senado, Eduardo Bhatia, así como de los senadores Luis Rivera Filomeno y Aníbal José Torres, surgió como resultado de una investigación realizada durante la pasada sesión legislativa que reveló el desembolso de millones de dólares en pagos por horas extras trabajadas por empleados de varias corporaciones del gobierno.

En algunos casos, el pago por tiempo adicional trabajado superó el del salario anual de los empleados.

El Proyecto 1232 busca establecer que las horas trabajadas en exceso a la jornada regular se acumulen en tiempo compensatorio, hasta un máximo de 240 horas por año natural. Propone también que los empleados reciban licencia compensatoria, a razón de tiempo y medio, por los servicios prestados fuera de su jornada regular, diaria o semanal, y que el trabajador tenga que agotar esta licencia de tiempo compensatorio antes de que transcurran 60 días de la fecha en que haya prestado el servicio en exceso de jornada regular.

La medida prohíbe, además, la autorización de horas extras cuya compensación resulte en una suma igual o mayor al 35% del total del salario bruto anual del empleado a compensarse.

La directora de Recursos Humanos de la UPR, Erika Díaz Ríos, expuso en la ponencia que hizo en representación de Uroyoán Walker, presidente del primer centro docente del país, que el reglamento de la institución ya establece que cada unidad del sistema debe contar con planes que reduzcan al mínimo la necesidad de trabajar en exceso de las horas regulares.

Los convenios colectivos de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, del Sindicato de Trabajadores y de la Federación Laborista establecen, asimismo, el tiempo libre como forma de compensar las horas extras trabajadas, planteó Díaz Ríos.

Entre julio y diciembre de 2014 la UPR gastó poco más de $1.7 millones para pagar horas extra a unos 1,260 empleados en todo el sistema. Díaz Ríos consideró que la medida “será de utilidad como mecanismo de refuerzo adicional que garantice la reducción del gasto operacional por este concepto”.

Mientras, la Autoridad de Puertos, por voz de su director de Recursos Humanos, Alberto Feliciano Nieves, se expresó a favor del proyecto. Sin embargo, destacó que “la situación actual de la Autoridad requiere que ciertos empleados laboren tiempo extraordinario para así suplir las necesidades que provoca la falta de personal”.

Feliciano Nieves estimó que entre enero de 2010 y diciembre de 2014 la Autoridad de Puertos tuvo una reducción del 46% de sus empleados activos como consecuencia de la implantación de la Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento, y de la Ley del Programa de Retiro Temprano Voluntario para los empleados de la Autoridad de los Puertos.

Por eso, propuso que se incluya en la medida que situaciones como las que enfrenta Puertos eximirían a una corporación pública de cumplir con las limitaciones en pagos de horas extra que se propone.

El senador Rivera Filomeno, presidente de la Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos del Senado, que encabezó la vista pública, señaló que la medida “no está escrita en piedra”, por lo que sería modificada con algunas de las sugerencias de los deponentes.

“Lo que queremos es establecer un control con el pago de horas extras”, apuntó Rivera Filomeno.

PONCE.- El representante popular Ángel Matos, quien sometió hace casi un año una medida para tipificar como delito la práctica conocida como “pornografía de la venganza”, confía que en esta sesión legislativa se elimine la laguna jurídica que dificulta procesar criminalmente a quien divulga, con la intención de hacer daño, cualquier contenido sexual explícito que se grabe en el marco de una relación íntima.

“Prefiero que existan leyes en el país para que la gente entienda el alcance y las consecuencias y no se utilicen, que estar llevando cientos y cientos de casos”, indicó Matos sobre su intención de que el propuesto estatuto sirva como disuasivo a esa práctica lesiva que va en alza.

“No son tan solo los casos que llegan a los medios y causan tanta conmoción”, comentó en alusión a instancias como la de una agente que fue suspendida por la publicación de fotos de alto contenido sexual, tomadas en un cuartel.

“Todo el mundo debe estipular que es algo muy común de nuestros tiempos que la tecnología sea un instrumento para mantener niveles afectivos altos entre una pareja”, comentó.

Por lo mismo, estimó que debe protegerse a la persona que estuvo de acuerdo con generar esos contenidos como, fotos o vídeos íntimos, pero que nunca autorizó que se divulgaran por internet.

“Supongo que hace 500 años alguien escribió un poema en una servilleta, se lo dio a alguien para que se lo diera a una dama y esa persona procedió a divulgar el contenido. Lo que pasa es que con la tecnología es algo mucho más rápido, pero el principio es el mismo”, insistió al referirse a la falta de consentimiento para publicar.

A esos efectos, Matos aguarda por que la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, que preside Luis Vega Ramos, emita un informe sobre el Proyecto de la Cámara 1667 y continuar así con el trámite legislativo para que sea considerado por el pleno en ese cuerpo legislativo.

Matos indicó que, aunque su proyecto propone crear una ley especial contra la venganza pornográfica, no tiene reparos en que se trabaje como una enmienda al Código Penal, según recomendó el secretario de Justicia, César Miranda, en una ponencia sometida a la Comisión de lo Jurídico en agosto pasado.

“No me opongo. Comprendo que (Miranda) quiera tener un Código Penal robusto, en vez de un mancomunado de leyes especiales”, indicó en un aparte con este medio durante un receso en la audiencia pública que la Comisión Especial para el Estudio del Sistema Contributivo realizó en Ponce.

En el Código Penal de 2012 se tipifican varios crímenes contra el derecho a la intimidad, pero “de la manera en la cual está redactado, no constituye delito” compartir un material explícito que se grabó con consentimiento de otra persona, según explicó el fiscal Rafael Sosa, director de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos (UICC) del Departamento de Justicia, en entrevista reciente con este medio.

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Manuel Acevedo Hernández se convirtió esta noche en el primer juez estatal en ser encontrado culpable a nivel federal por cargos de corrupción judicial.

Al jurado le tomó apenas dos horas emitir un veredicto de culpabilidad en los dos cargos de conspiración y soborno que enfrentaba el suspendido juez del Tribunal de Aguadilla.

Acevedo Hernández fue implicado en un acuerdo con el contador público autorizado Lutgardo Acevedo López para absolverlo en un caso de homicidio negligente al causar la muerte del guardia de seguridad Félix Babilonia en Moca en 2012 en un accidente automovilístico, a cambio de regalías y favores que le daba a través del intermediario Ángel “Lito Trampa” Román Badillo.

Al escuchar la decisión unánime del jurado, compuesto por cuatro mujeres y ocho hombres, el hoy convicto se quedó tranquilo. Los fiscales José Capó, Timothy Henwood y Peter Mason solicitaron que fuese puesto bajo custodia de los alguaciles federales, ya que fue encontrado culpable y estaba bajo fianza. Su abogado Joseph Laws pidió que se quedara bajo las mismas condiciones de fianza, pero la jueza presidenta del Tribunal Federal en Puerto Rico, Aida M. Delgado Colón, ordenó a alguaciles federales a mantenerlo bajo su custodia, por lo que sería transportado al Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Guaynabo.

“Él violentó su juramento y el sistema legal… La fiscalía presentó abrumadora evidencia en este caso”, señaló la jueza, quien recordó que Acevedo Hernández se expone a una pena máxima de 10 años de cárcel.

Acevedo Hernández, de 63 años, le dio su teléfono celular y pertenencias a un familiar y fue escoltado fuera de sala por un alguacil federal.

La lectura de sentencia fue pautada para el 20 de abril a las 2:00 p.m.

Fuera de sala, el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico, Carlos Cases, y la jefa de fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, se mostraron satisfechos con el veredicto.

“En total menosprecio a su posición, el veterano y hoy convicto juez Manuel Acevedo, con 34 años de experiencia en el estrado, por su avaricia, ambición y borrachera de poder, se dejó influenciar y sobornar por Lutgardo Acevedo, un mequetrefe de poca monta y mala caña”, manifestó Cases.

“Al juez Acevedo poco le importó el sufrimiento de la familia de Félix Babilonia, con tal de convertirse en juez del Tribunal Apelativo. Todo por unos pesitos de aumento en su pensión. Pero hoy, el jurado se encargó de corregir esta injusticia; injusticia de la más baja y sucia que puede ocurrir. Usó su toga, abusó de su poder, de su discreción judicial para sacar absuelto al señor Lutgardo”, agregó Cases, quien recordó que en octubre de 2013, anunció la creación de un grupo de trabajo encargado de investigar casos de corrupción judicial.

Aclaró que “la mayoría de los jueces son honestos, pero dos o tres justifican que yo entre a investigarlos”.

Por su parte, Rodríguez envió un mensaje a la ciudadanía en general y advirtió que este caso podría tener secuela.

“Se le hizo justicia a Félix Babilonia. Desgraciadamente, debió ser hace unos años, pero ahora se hizo justicia. Que esto lleve un mensaje a la ciudadanía que si un juez del sistema de justicia puede salir culpable, que se cuiden porque cualquiera puede salir culpable, de haber la evidencia”, indicó Rodríguez.

“Manténganse en sintonía”, añadió Rodríguez cuando se le preguntó si podrían haber otros implicados en este caso.

El abogado Laws no emitió comentarios a la prensa. Durante su argumentación final, su posición era que su representado no sabía del acuerdo, dado a que fue una “construcción” de Román Badillo, catalogando el caso como uno de las “tres L’s: Lito, lies (mentiras) y Lutgardo”. Describió a su cliente como “jíbaro, campechano, humilde, tímido, ignorante”, mientras que a Román Badillo lo catalogó como “tramposo, vulgar, rata, serpiente, actor”.

Acevedo Hernández fue acusado por llegar a un acuerdo con Acevedo López para que lo beneficiara en el caso de homicidio negligente, lo que hizo el 27 de marzo de 2013 al encontrarlo no culpable. Antes y durante el juicio, el contador usó a Román Badillo como intermediario entre ellos y la defensa del entonces acusado, compuesta por los abogados Harry Padilla y Mayra López Mulero. Según éste testificó, Acevedo López le depositaba dinero a su cuenta para que sacara al entonces juez a comer y a beber -lo que dijo hacían de miércoles a domingo todas las semanas-; saldó una deuda de $3,700 en el Departamento de Hacienda; pagó materiales de remodelación de un garaje; le regaló una motora de $1,200; además de yuntas y relojes que luego fueron encontrados en la casa del exjuez en el allanamiento que el FBI hizo el 14 de abril de 2014.

Como parte del esquema, Acevedo López ayudaría al entonces juez a cumplir su “sueño” de retirarse como juez del Tribunal de Apelaciones usando sus contactos políticos y del recaudador del Partido Popular Democrático Anaudi Hernández, lo que no se concretó.

Acevedo López llegó a un acuerdo con la fiscalía e hizo alegación de culpabilidad a cambio de una sentencia recomendada de entre tres años y ocho meses y cuatro años y ocho meses. Román Badillo hizo lo propio y la pena recomendada en su caso es de hasta tres años y ocho meses. Ambos cooperan con las autoridades y están en espera de fecha de lectura de sentencia.

Acevedo Hernández se expone a una pena máxima de 10 años.

El senador José Nadal Power denunció anoche a su vecino, el abogado, analista y exfiscal Rafael Casasnovas, por intimidación y amenazas en su contra, informó hoy la Policía.

El legislador, de 41 años, junto a otro vecino suyo, solicitó la presencia policiaca ante hechos supuestamente ocurridos en el edificio del Viejo San Juan donde residen los querellantes y el querellado.

El portavoz de prensa del senador, José Cruz, informó que Nadal Power llegaba anoche a su apartamento luego de participar de las actividades que se realizaron por motivo de la visita del presidente de República Dominicana a la Isla, cuando su vecino, Casasnovas, de 43 años, le pidió que hablaran.

Según dijo Cruz, Nadal Power lo dejó pasar a la sala de la residencia y, en medio de la conversación, Casasnovas comenzó a amenazarlo.

“José (Nadal Power) le dice que está alterado, pero la persona (Casasnovas) sigue lanzando amenazas”, describió el relacionista en entrevista radial con NotiUno. Explicó que entonces llegó al edificio otro vecino, contra quien Casanovas la emprendió también.

Nadal Power salió de la estructura junto con el vecino que recién llegaba y ambos hicieron la denuncia a la Policía.

Según la versión de Cruz, el querellado, quien fue abogado de Ana Cacho, salió del apartamento de Nadal Power y continuó hablando en voz alta hasta entrar al suyo.

El representante del senador no precisó qué tipo de amenazas fueron lanzadas contra su cliente ni cuál era el contenido de la discusión. Estipuló que el legislador y el exfiscal querellado son vecinos hace muchos años.

Cruz también estableció que Nadal Power no se expresaría sobre el incidente.

El agente Jorge Martino, adscrito al Precinto de San Juan, tiene a su cargo la investigación.

Cayey. La Policía de Cayey no atendió de manera adecuada a una mujer con hematomas en el rostro y en diferentes partes del cuerpo, debido a que el presunto agresor había conseguido horas antes una orden de protección en su contra.

Así lo denunció  José Bones Rivera, hermano de la mujer agredida, quien hizo un llamado a través de las redes sociales para tratar de evitar que la situación se repita con otras mujeres.

“Los agentes de Cayey no querían cogerle la querella a ella…   aunque la estaban viendo con los hematomas… y no la llevaron al hospital”, relató el hermano vía telefónica.

“Como ella llegó a la casa de él (presunto agresor), él le llamó a los guardias y dijo que ella le dio, pero la que tuvo que ir a emergencias, la que tiene los hematomas es ella. Él le dio como si ella fuera un hombre”, agregó molesto.

La mujer dijo que tuvo que ir al día siguiente -sábado- al cuartel de Guayama para que escucharan su versión en la Unidad Especializada de Violencia Doméstica.

El lunes, el fiscal Víctor Casiano, de Guayama, tras entrevistar a ambas partes, decidió radicar cargos contra el presunto agresor, identificado por la Policía como Max Díaz Pérez.

La fiscal de distrito de Guayama, Marjorie Gierbolini, indicó que el juez Francisco Ocasio determinó causa para su arresto por el artículo 3.1 de la Ley 54 de Violencia Doméstica por maltrato físico y le impuso una fianza de $1,000, que pagó.

Por su parte, el sargento Javier Soto Rosario,  del cuartel de Cayey, defendió la gestión del agente José Brenes Torres, quien atendió la situación.

“Él (Max) estaba con la camisa rota y tenía marca en el cuello. Él alegó que  ella llegó agresiva a su casa, pero sí admitió que él  le había dado. Como ambas partes se agredieron se trajeron aquí al cuartel”, dijo el sargento, quien aceptó que   la orden de protección expedida no se había diligenciado oficialmente.

Por su parte, la teniente Aymeé Alvarado, coordinadora de las divisiones de Violencia Doméstica de la Superintendencia Auxiliar en  Investigaciones Criminales, dijo que si el incidente se manejó de manera inadecuada, el asunto no se quedará en el aire.

La teniente  detalló que quien puede confirmar si los agentes de Cayey fallaron o no en su trato a la presunta víctima es la sargento Alma Montañez, quien dirige la División Especializada de Violencia Doméstica de Guayama. Sin embargo, el lunes y martes Montañez se encontraba en un adiestramiento del Ejército.

“Si ella (la mujer agredida) entiende que hubo algo mal hecho, la sargento Montañez lo va a referir porque allí  no están con paños tibios y están bien comprometidos con ayudar a las víctimas de violencia doméstica”, afirmó Alvarado.

La procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez, dijo que todos los agentes tienen la responsabilidad de atender adecuadamente a las víctimas y conocerse el protocolo.

“No solo las unidades especializadas tienen que saber. Precisamente el problema principal que tenemos es en los precintos y cuarteles de los pueblos en que, a pesar de los adiestramientos, a veces hay resistencia a manejar los casos adecuadamente”, lo que aumenta la impresión de falta de confianza en las víctimas, afirmó.

Asimismo, elogió que los familiares se involucren y apoyen a las víctimas para que puedan manejar la presión emocional y las ayuden a que no se retracten.