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Mayita, Cuchín y presidente de la JP discuten protección a las aguas ponceñas072915-puerto-rico-pix-2

La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, se reunió hoy, martes, con el exgobernador Rafael Hernández Colón y con el presidente de la Junta de Planificación, Luis García Pelatti, para discutir la rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de controles de agua en la Ciudad Señorial.

“Con el propósito de establecer un enlace entre el Municipio, la Junta de Planificación y Recursos Naturales estamos negociando unos acuerdos colaborativos para la rehabilitación y mantenimiento de los sistemas que componen los controles de agua del Río Portugués y el Río Bucaná. Esto es con los fines de cumplir con las inspecciones del Cuerpo de Ingenieros del ejército de los Estados Unidos y cumplir con el control de inundaciones en las áreas impactadas por estos ríos”, dijo Meléndez en un comunicado de prensa.

En la reunión se discutió sobre el crecimiento de vegetación y los problemas estructurales que tienen los canales por donde debe discurrir el agua en eventos de lluvia, informó la alcaldesa.

Además, se conversó sobre los problemas de sedimentación, basura y tránsito no autorizado en las áreas de estos ríos.

“Aunque en el 2012 se hicieron unos trabajos de limpieza en partes de las riberas de estos ríos, la realidad es que la extensión es muy abarcadora y el área impactada fue muy pequeña.  Es importante que estas áreas de los ríos se limpien y los canales estén libres para el flujo de agua porque esto es un sistema de control de inundaciones de la Ciudad Señorial”, sostuvo Meléndez.

Agregó que en la reunión se acordó que grupos técnicos y legales de las agencias examinen las estrategias que permitan implementar estos proyectos de limpieza.

Según Meléndez, acuerdos tendrán un impacto directo en las comunidades cercanas a las riberas de estos ríos al evitar inundaciones.

072915-puerto-rico-pix-1OPFEI no atenderá esta semana caso de senador Gilberto Rodríguez

La Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) no atenderá esta semana el caso de violencia de género contra el senador popular Gilberto Rodríguez Valle, debido a que se encuentran en un “receso operacional”, informó el portavoz de prensa de la dependencia, Luis de la Cruz.

Explicó que desconoce si el referido ya llegó a la oficina, pues ante los ajustes presupuestarios que han realizado debido a la crisis económica del gobierno la oficina está cerrada.

Ayer, lunes, a solo un día de trascender la querella contra el legislador, Miranda envió el referido “con la recomendación de no asignar un fiscal especial independiente”, informó Amber Vélez Burr, portavoz del Departamento de Justicia.

Sin embargo, reconoció que una determinación final al respecto corresponde al OPFEI.

La querella por violencia de género la presentó la esposa de Rodríguez el pasado viernes en el cuartel de Las Marías.

En un primer análisis de los alegatos hechos por la supuesta víctima, la fiscal Marilisa Jiménez, de la Fiscalía de Mayagüez, concluyó que no existían los requisitos básicos para constituir el delito de violencia doméstica.

El reporte de novedades de la Policía señala que “en fecha del 23 de julio de 2015, en horas de la noche, en el cuartel de la Policía de Las Marías, el agente Sánchez 20510 realizó una investigación donde la esposa del senador Gilberto Rodríguez Valle informó unos hechos de alegada violencia doméstica”.

Agrega que “el caso fue referido a la División de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigación Criminal de Mayagüez, donde el agente Ernesto Ramos Fernández (17293) inició una investigación de rigor, entrevistando a ambas partes”.

El agente Jonathan Matías, oficial de prensa en la Comandancia de Mayagüez, consignó por escrito que “estos hechos fueron informados a la Oficina de Prensa de la Policía de Mayagüez, hoy, 26 de julio de 2015, y se indicó que en este incidente no hubo daño físico, ni amenazas, ni palabras soeces entre las partes”.

El legislador popular, por su parte, dijo en un escueto comunicado que “desde el mes de abril de este año, mi esposa y yo nos separamos, luego de 15 años de matrimonio”.

“Mis asuntos privados, por respeto a mi hija, a mi familia y a las personas que quiero, los mantengo al margen del manejo de mis asuntos como funcionario público. Solicito el espacio y el mayor respeto para concluir el proceso de divorcio sin que se afecte de manera alguna mi familia, especialmente mi hija”, subrayó Rodríguez Valle.

“No obstante y como única expresión, quiero dejar establecido que en ningún momento he sido arrestado por hecho delictivo alguno. Reitero, mi deseo es que nuestra hija no se afecte”, añadió.

Lázaro: “El que quiere el agua gratis, que la recoja del cielo”

“El que quiere el agua gratis que la recoja del cielo o la recoja del río y la lleve a su casa”, afirmó este miércoles el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Alberto Lázaro, como reacción a una demanda de clase radicada contra la corporación en la que se alega que es ilegal cobrar por el uso del agua.

Según señaló en entrevista radial (WAPA Radio), “Acueductos provee un servicio de potabilización, de transmisión y distribución de agua, de llevársela hasta las casas”. Dijo que por esos servicios es que se cobra.

“En estos momentos que hay escasez, la gente sí está sintiendo lo bueno que es tener un servicio de acueductos y alcantarillados de primera. No solamente le llevamos el agua a su casa, sino que nos llevamos el agua sucia, con los desperdicios que los hogares y los negocios dejan, y los tratamos para llevarlo de manera segura al ambiente. Ese es el servicio que se da y se cobra en todas partes del mundo. Puerto Rico no puede ser la excepción”, añadió el funcionario.

Su respuesta fue contra un grupo de ciudadanos que radicó en junio pasado un pleito de clase en contra de la AAA en la que aluden que el agua no le pertenece a nadie, por lo que es ilegal que la corporación pública facture a los residentes de la Isla por su uso.

Según al abogado del caso radicado en el Tribunal Superior de San Juan (KDP 2015-0617), el licenciado Steven Batista Caballero, el cobro que realiza la AAA viola el Artículo 254, Sección 1023 del Código Civil de Puerto Rico, el cual establece que el gobierno no puede cobrar por “las cosas comunes… aquellas cuya propiedad no pertenece a nadie en particular y en las cuales todos los hombres tienen libre uso, en conformidad con su propia naturaleza: tales son el aire, las aguas pluviales, el mar y sus riberas”.

“Lo que ocurre aquí es un escándalo de grandes proporciones. Estamos hablando de que la AAA ha estado cobrando un dinero, de manera ilegal desde el 1945, el cual no tienen ningún tipo de derecho a cobrar. No se le debe cobrar ningún cargo por agua a nadie, el agua no le pertenece a ninguna persona o entidad”, señaló el abogado en un comunicado de prensa.

Destacó que la tarifa de $20.83 residencial y de $25.80 comercial, la cual la corporación pública le factura a sus abonados desde su creación en el 1945, es totalmente ilegal.

“La AAA les está facturando a los abonados en sus facturas por cinco cargos, de los cuales dos son ilegales a tenor con la ley vigente, como lo son los cargos por agua y el llamado Cargo Especial de $2.00 mensual. El cargo por agua es uno totalmente ilegítimo, porque el agua, según la propia Ley, no le pertenece a nadie y por tal razón no se le puede cobrar a una persona algo que no te pertenece”, añadió.

Por otro lado, el abogado Batista Caballero señaló que ya hay muchas personas interesadas en unirse al pleito de clase entablado contra la AAA.

“Estamos hablando que esta demanda podría convertirse en una de las más grandes en toda la nación. No nos cabe la menor duda que esto fue y continua siendo un cobro ilegítimo y la posible compensación a los millones de abonados afectados desde el año 1945 será una billonaria (sic)”, señaló.

071515-puerto-rico-pix-1Ahórrate el IVU para el “back to school”

En tiempos de crisis económica siempre viene bien ahorrar par de pesitos y la oportunidad la tienen los consumidores este fin de semana con la venta de artículos escolares sin el impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).

Este año el beneficio de hacer las compras del “Back to School” con un ahorro de 11.5% se llevará a cabo este viernes 17 y sábado 18 de julio.

Como en otras ocasiones, la exención tiene sus restricciones y aplica únicamente a uniformes y materiales escolares.

Aunque suena tentador, a continuación presentamos  algunos “tips” ofrecidos por Gilberto Arvelo, mejor conocido como Dr. Shoper, para que hagas buen uso de tu dinero:

No te esmandes-  Verifica los artículos que puedes reutilizar y compra lo que realmente necesitas. Por ejemplo si el bulto aún está en buenas condiciones, úsalo de nuevo este semestre. Otra sugerencia es medirle el uniforme a los niños y optar por reutilizarlo si aún les sirve.

Échale un ojo a los shoppers- Muchas veces los especiales después de la venta sin IVU resultan más convenientes que el ahorro que conlleva el impuesto. Por ejemplo, hay tiendas que lanzan por una peseta artículos como sacapuntas, crayolas, reglas, gomas de borrar, etc. “Ese es el momento de comprar esas cosas”, acota Arvelo.

Cupones-  Busca en internet las páginas de los manufactureros de los artículos que necesitas y aprovecha los descuentos especiales que tienen para esta fecha.

A un lado lo “fancy”-      No te apasiones por artículos de temática. “Lápiz es lápiz tenga o no unas orejas de Mickey o a la muñeca de Frozen. No hay chavos pa’ eso de ser fancy”, dice Arvelo.

Rain check- Pide un artículo sustituto, en caso de que la tienda no tenga disponible el que está en especial. Sino, tienes la opción de pedir un “vale”. Pero, ojo, si el artículo no está disponible durante los días sin IVU, tendrás que pagar el impuesto.

Tarjetas de crédito- Muchos comercios aprovecharán la venta especial para ofrecer sus tarjetas de crédito. “Eso, en mi carácter personal, no lo patrocino. Al final puede uno salir trasquila’o. Otra cosa es que muchos de nosotros tenemos el crédito manchado y una solicitud denegada baja la puntuación aún más de lo que puedas tenerla. Y si estás rehabluitando tu historial de crédito, no es conveniente solicitarla.

Tiroteo cerca de un cine de Guaynabo termina con hombre herido

Un hombre resultó herido esta tarde en Guaynabo durante un tiroteo con personal de la Agencia Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés).

La balacera ocurrió en el estacionamiento del centro comercial Plaza Guaynabo, cerca de las salas de cine, según informes preliminares de las autoridades.

El teniente Raúl Negrón, director de la División de Homicidios del CIC del área de Bayamón, dijo que el incidente ocurrió en medio de una operación encubierta, en el lugar donde se llevaba a cabo una transacción de drogas y armas de fuego.

“En el lugar se llevó a cabo una transacción de drogas y armas, y el individuo no se dejó arrestar iniciándose una persecución. El hombre se accidentó y resultó herido de bala”, indicó Negrón.

Paramédicos asistieron al herido en el lugar de los hechos. El hombre recibió cinco impactos de bala en un brazo y lo transportaron al Centro Médico de Río Piedras, dijo la Policía. Al anochecer, una fuente de esa agencia señaló que el paciente se encontraba en condición estable.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) asumió la jurisdicción de la pesquisa de los hechos, reportados a las 2:41 p.m.

Trascendió que durante la persecución varios vehículos de motor fueron chocados. En un tramo de la carretera se observó un camión de la empresa Fed Ex chocado por una guagua Cherokee 4 x 4 roja que impactó el vehículo cargado con paquetes y correspondencia.

En el operativo los agentes federales recibieron apoyo de guardias municipales de Guaynabo.

Según testigos en el lugar de los hechos, en la guagua Cherokee viajaba el sujeto herido. Esa persona manejó el citado vehículo desde el estacionamiento del centro comercial donde chocó varios carros.

De acuerdo a versiones de ciudadanos en el área, el tiroteo se habría producido cerca de un negocio de comida china y otro donde se vende pollo frito. Se estima que al frustrarse la transacción, el sujeto huye en la guagua y sale del estacionamiento del centro comercial. En ese trayecto la guagua impacta varios vehículos, gira a la derecha por la calle D y frena la marcha en el sector Bellomonte, tras chocar el camión de Fed Ex.

Al atardecer, agentes federales entrevistaban testigos, así como a propietarios de unos nueve vehículos de motor que resultaron con abolladuras y otros daños al ser chocados por el vehículo cuyo conductor pretendía alejarse de agentes encubiertos, según la información preliminar de los hechos.

Mientras los federales recopilaban evidencia en el lugar de los hechos, policías municipales de Guaynabo establecieron un perímetro de seguridad en la calle D, entre el área del cine y el bloque donde ubican un restaurante de comida mexicana, hasta el lugar donde ubican varios edificios de industrias privadas.

En la zona, agentes municipales y oficiales de la DEA prestaban vigilancia.

Mientras, varios ciudadanos, dueños de algunos de los vehículos impactados, esperaban por la culminación de la investigación preliminar para poder removerlos.

Entre ellos Sharlints Ruiz, de 27 años, quien llegó al lugar luego de que su esposo, empleado del cine, le notificara sobre lo ocurrido con una llamada a eso de las 3:00 p.m. La mujer indicó que agentes de la DEA le informaron que las autoridades pagarían por los daños que sufrió su vehículo, una guagua minivan Nissan Quest y le advirtieron que la investigación en el lugar duraría varias horas.

También, cerca del lugar, estaba Socorro Rodríguez, de 74 años, quien dijo a este medio que vió la persecución de la guagua Cherokee roja y que escuchó las detonaciones.

“Fueron como cuatro tiros. Yo estaba bien cerca, ví eso y me vine rápido para acá”, contó desde el interior de su carro.

Otros ciudadanos que salían del cine, muchos con sus niños, se toparon con la escena del bloqueo de parte del estacionamiento y los vehículos chocados.

Los oficiales permitieron que las personas que tenían sus vehículos estacionados en el área de investigación los sacaran. Solo los impactados por balas permanecerían más tiempo, en lo que se culminaba el trabajo de fotografía y recopilación de evidencia de las autoridades.

Cinco horas después del tiroteo, la Policía no había revelado el nombre del herido ni un reporte de los hechos. Al anochecer, el FBI tampoco había emitido ningún señalamiento público sobre lo ocurrido.

En el mes de julio del año 2012 dos personas murieron y varias resultaron heridas durante otro operativo federal en el estacionamiento de ese centro comercial. En ese mismo lugar, guardias municipales tirotearon el vehículo de una anciana, que confundieron con un maleante. La mujer, milagrosamente, escapó ilesa de la lluvia de balas.

070815-puerto-rico-pix-1Inaugura la UPR de Aguadilla un grado asociado en Tecnología Aeronáutica y Aeroespacial

La Universidad de Puerto Rico (UPR) amplió su oferta académica para este nuevo año educativo que comienza en agosto, al incluir un grado asociado en Tecnología Aeronáutica y Aeroespacial en el recinto de Aguadilla.

Así lo informó el presidente de la UPR, Uroyoán R. Walker Ramos, tras destacar que este programa académico es “único” en el país.

“Una vez más, la UPR hace historia. En esta ocasión se trata del único grado asociado en Tecnología Aeronáutica y Aeroespacial en el País. Este ofrecimiento representa mejores oportunidades para los estudiantes que quieran desarrollarse en la industria aeroespacial, una que emerge con fuerza en Puerto Rico y el resto del mundo”, destacó Walker Ramos en comunicado de prensa.

El funcionario indicó que el novel grado asociado proveerá a los egresados las habilidades técnicas para apoyar a ingenieros y a otros profesionales que trabajan en el desarrollo, fabricación y prueba de aviones, naves espaciales y sus sistemas.

“El programa tiene como objetivo crear una fuerza de trabajo con las habilidades y conocimientos que les permitan contribuir al crecimiento y desarrollo de la industria aeronáutica y aeroespacial en Puerto Rico. Se centra en la reparación, mantenimiento y reacondicionamiento de aeronaves, así como en la participación en el diseño, desarrollo, pruebas y calibración de sistemas aeronáuticos y aeroespaciales”, señaló Walker Ramos.

Mientras, el rector de la UPR en Aguadilla, Nelson A. Vera Hernández, resaltó el peritaje y experiencia del personal docente en ese recinto para impulsar este importante proyecto educativo.

“Nuestros profesores y la dedicación del personal, son la mejor garantía de éxito para los estudiantes. Durante los pasados 42 años la UPR en Aguadilla ha demostrado total compromiso con la educación de excelencia. Hoy reafirmamos ese compromiso con nuestros estudiantes y con el futuro del país al ofrecer este innovador grado asociado en nuestra isla”, expresó Vera Hernández.

El catedrático auguró que este nuevo grado asociado atraerá estudiantes de países del hemisferio, interesados en capacitarse para trabajar en la industria aeroespacial.

El programa está adscrito al Departamento de Electrónica, Física y Control de Calidad de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla.

070115-puerto-rico-pix-2Los trapos sucios Don Omar y Cosculluela en las redes sociales

Al parecer un comentario escrito por Cosculluela en una foto de su Instagram, que leía: “Mucho blah blah, poco pla pla”, sacó por el techo a Don Omar, quien no titubeó para iniciar una fuerte tiraera en las redes sociales en la que lo insultó, se burló de él, lo llamó “chota”, “maleante de cartón” y “el bochorno más grande que tiene el género”.

Cosculluela, en medio del careo escrito trató de evitar llegar a aguas profundas en cuanto a la vida personal de su colega. Pero, se defendió al decirle “cobarde”, que su ex esposa Jackie Guerrido lo llamaba  y que cuando  tuvo sus problemas con la justicia no salió huyendo a Estados Unidos como él. Además, le pidió  que sacara a la  luz pública el tema que grabó en su contra y cuya letra él mismo  subió a sus medios sociales, y ya leyó.

Por cierto, hay un breve vídeo que Cosculluela subió en sus medios sociales vacilándose la letra de “el Rey del Reguetón”.

“Cabrón, tú eres el bochorno más grande que tiene el género! A ti no te barrió un hombre, te barrió tu mujer! ¿De dónde sacas cara, el bobo más grande del género pa´ querer venir con pantomimas? Yo te conozco desde los tiempos en que le llevabas agua a Buddah y a Tempo pensándote que algún día serías igual de bueno. Lo malo contigo es que en realidad nunca serás mejor que yo y mucho menos la vida te permitirá ver un mejor momento. Por ahora trata de que Gina no te la monte más nunca y procura hacerte de una reputación en la calle que no sea la de que eres ‘el más mama bicho del mundo’ y andas buscando un premio. Pa’ cuando quieras le dices a Kendo que te escriba pa’ enseñarte quien le escribía a él! Usted es un super cero  a la izquierda y a la derecha no tiene valor. Usted y sus panas son chotas!…Ahhh… Y déjame saber si te quieres hacer famoso después de que le diga al mundo quien en realidad eres tú! Maliante de cartón!”, lee el escrito de Don Omar que ha sido reseñado  en varios sitios dedicados al  género como rapeton.com, explotanota.net y elgenero.com.

Desde el  ring musical, Cosculluela le respondió lo siguiente:  “Pues, pa’ qué llamas a Pina pa’ que me llame a ver si podemos hablar. No tengas miedo suelta el tema bebé, que  yo no tengo que sacar trapos sucios de tus relaciones pa’ espacharrarte. Esto es Puerto Rico mi amor, tú tira la piedra papi, que llevas ya mucho tiempo caga’o ahí con el tema graba’o y no te atreves a soltarlo. Como te dije: ‘No voy a hablar de tus asuntos personales, no es mi estilo’. No te queda na’ y lo digo yo el blanquito que cuando tenía problemas con to’ Puerto Rico no se fue huyendo pa’ allá afuera a vivir. Usted siempre ha sido un cobarde. A Héctor le tiraste después que se había convertido… ¿Por qué no lo hiciste antes? Soplabicho tira que tú eres el duro.. Sueltala. Cabrón”, le respondió el también conocido como “el Príncipe”.

070115-puerto-rico-pix-1La Fortaleza convoca a todos los sectores, pero el gobernador no va

Pese a que fue quien convocó a alcaldes, legisladores y jefes de agencia a un encuentro en el que se espera se discutan las recomendaciones de un informe de ajuste fiscal, el gobernador Alejandro García Padilla no estará presente en la actividad.

Según informó este lunes La Fortaleza en la convocatoria oficial, será el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez; la economista Anne Krueguer; la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta; y el retirado juez, Steven Rhodes, los que estarán en el foro que se realizará en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

El secretario de prensa de La Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz, dijo que el gobernador no participará de la presentación del informe esta tarde, porque la intención es “que la persona que lo hizo se lo presente al país”.

Ortiz añadió que ya el informe le fue presentado al gobernador y que su opinión del mismo la emitirá en un mensaje que será transmitido por varios medios de comunicación a las 5:00 p.m.

Quien preparó el informe fue Krueguer, una catedrática universitaria que fue directora gerente del Fondo Monetario Internacional desde 2001 al 2006. El documento contiene un análisis sobre la situación fiscal de la Isla con un déficit presupuestario de $3,695 millones y un plan de ajustes para los próximo 10 años, que entre otras cosas recomienda aumentar los impuestos, recortar hasta por $2,000 millones el gasto público y renegociar la deuda con los bonistas.

El secretario de la Gobernación, entretanto, será el único que contestaría preguntas de la prensa, según se destacó en la convocatoria.

Ya los alcaldes estadistas, agrupados bajo la Federación de Alcaldes, han adelantado que no asistirán al encuentro, porque el gobernador no les concedió un encuentro previo a aprobar importantes medidas presupuestarias en los pasados días.

070115-fp-middle-foldPuerto Rican Economy In Ruin Governor: “Island Unable To Pay Debt”

By Ed Morales 

Viewed during a drive along the northeast region of Puerto Rico, the Caribbean landscape, usually a festival of lush greenery, is dotted with trees withering from a month-long drought. Dust blown from the Sahara in northern Africa has dulled the bright sun with a haze that shrouds everything in uncharacteristic gray.

The darkening skies mirror the bleak outlook of an island that US law calls a unincorporated territory and others call one of the world’s last colonies. Puerto Rico is floundering under $73bn in debt and a rapidly deteriorating ability to pay.

The unemployment RATE is hovering at 14%. There has been a surge in violent crime. A health care crisis has seen doctors leave the island at a rate approaching 500 per year and the government is discussing an 11% cut to Medicare and Medicaid services in 2016. There has been a wave of school closures. No wonder, then, that upwards of 200,000 people have left in the last 10 years.

“What I see is a generalized feeling of stagnation,” said Universidad del Este politics professor Manuel Almeida, who struggles with how long he can afford to continue living on the island of his birth with his wife and child. “We don’t know where we’re going.”

More bad news seems to come every day to Puerto Rico, but in the US the drama is hardly acknowledged outside of the business press. This week government bonds fell to a seven-week low after David Chafey, chairman of the Puerto Rico-owned Government Development Bank, resigned for PERSONAL reasons, creating a power vacuum as concerns mount over whether the island’s electric power authority will be able to make a 1 July bond payment.

The current debt crisis is largely assumed to have resulted from years of irresponsible borrowing by the Puerto Rican government, as if it were a consumer using one CREDIT CARD to pay off another. But the US government deserves a considerable share of the blame. The Jones Act that gave Puerto Ricans US citizenship in 1917 in effect made Puerto Rico a US dependent. Puerto Rico’s government cannot make trade agreements with other countries. No trading ships can dock in its ports without flying the American flag.

The island’s economy began to falter with the recessions caused by the oil crisis of the 1970s. In response, the tax code was amended and US businesses were allowed to eliminate taxes on profits made in Puerto Rico. But in 1996 a 10-year phase-out of the tax break began. Its end signaled the beginning of a 2006 recession that island economists are now calling a depression.

The government had already begun borrowing in the 1970s and unemployment grew as multinationals left the island to pursue lower wages after the implementation of North America Free Trade Agreement in the early 1990s, and a construction bubble driven by infrastructure spending in the early 2000s collapsed. The borrowing accelerated, and now the ratio of debt to Gross Domestic Product – the broadest measure of a country’s economy – is a little over 100%, making it unsustainable.

Wall Street firms have also played a part in exacerbating the crisis. Recent credit downgrades allowed Wall Street to demand hundreds of millions more in short-term lending fees, credit-default-swap termination fees, and higher INTEREST RATES. Between 2006 and 2013, Puerto Rico raised $62bn in bonds, generating $1.4bn in fees for Wall Street banks and lawyers, according to an analysis by the Wall Street Journal. The island has more municipal debt per capita than any US state.

Puerto Rico’s territorial status has helped trigger the crisis in the sense that its bonds are triple-tax exempt, the case in all municipal bonds issued by US territories. This attracted hedge funds and the more sinister vulture fund speculators that specialize in high-risk bonds for a big payoff in the end.

But since Puerto Rico, as a territory, cannot declare bankruptcy, vulture funds, which own about 24% of the debt, have taken a hard line on any attempt by the government to restructure the debt.

“As the European Central Bank began bailing out Greece and other troubled economies, the vulture funds began to move to Puerto Rico,” said Hereiberto Martínez Otero, economic adviser to two House representatives. He said that their insistence on repayment in full is dubious considering they knew the bonds were high risk when they made the INVESTMENT.

A proposal by Puerto Rico’s Fundación Francisco Carvajal suggests that the Federal Reserve Act can allow the Fed to buy up many of these bonds in a way that would not be considered a bailout per se. “It would be a much-needed injection of liquidity. If they gave $85bn to AIG, why not $4bn to Puerto Rico?” said Juan Aponte, who helped author the just-published REPORT. Still, default is imminent by the fall, University of Puerto Rico economist Argeo Quiñones Pérez insists. “This is going to wind up in federal court,” he said.

Even in the best-case scenario, debt restructuring will most likely require further painful austerity, something ALREADY carried out through the recent passage of an 11.5% sales tax, higher than any state in the union, and further cuts in government jobs. “We have already seen that these austerity policies have had a worsening effect on peripheral economies,” said Martínez.

Meanwhile, Puerto Rico’s middle-class experiment seems to be dying a SLOW, painful death, with depopulation and disinvestment leading to greater inequality and a vacuum for further privatization. A bustling café called Latte Que Latte in San Juan’s business district was started by local entrepreneurs who wanted to find a way to stay on the island by creating a niche business that serves artisanal coffee and pastries to millennials who, for the moment, feel compelled not to flee their homeland.

Yet one of the café workers, 57-year-old Jesús Santana, can trace his own history of circular migration, back and forth to the mainland, as a constant through generations. “I’ve been back and forth to the mainland three times already,” he said. “What’s different now is people who are leaving have no choice. People have lost their homes and CARS. I feel terrible about my friends having to leave, but I want to stay, and for the moment, I still can.”

Article by the Guardian.

062415-puerto-rico-pix-1Hacienda justifica envío de cartas de cobro a persona fallecida

El Departamento de Hacienda justificó este martes el que haya enviado cartas de cobro por deudas a personas ya fallecidas, según denunció hoy el expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte.

En unas declaraciones escritas enviadas por la directora de comunicaciones de esa agencia, Maru Quintero, señaló que para las gestiones de cobro se utiliza la información que está disponible en sus bases de datos y que en las mismas pueden aparecer personas ya fallecidas.

“El Departamento de Hacienda, como parte de su deber ministerial, realiza diferentes gestiones de cobro para asegurar que los contribuyentes cumplan su responsabilidad con el país. Para estas gestiones utiliza la información disponible de los contribuyentes en las bases de datos del Departamento”, expresó Quintero.

“Por tal razón podrían estarse enviando cartas a personas fallecidas, si ésta es la información que consta en nuestros archivos, ya que el Departamento de Hacienda solo puede advenir en conocimiento del fallecimiento de un contribuyente cuando algún familiar o heredero lo informa como parte de un trámite que esté realizando, especialmente sobre herencia y donaciones”, agregó la funcionaria en lo que –según dijo- serían las únicas declaraciones que se harían al respecto.

Temprano en el día de hoy, Aponte denunció que el Departamento de Hacienda le había enviado una carta de cobro al contribuyente Julio Montalvo Suárez, quien falleció hace 11 años, específicamente en 2004.

La carta al contribuyente dice que los archivos de Hacienda “reflejan que actualmente su Plan de Pagos con el Departamento está vencido”.

“El secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, tenía razón. Melba Acosta le dejó un departamento totalmente inoperante, desorganizado y sin ninguna dirección para tan siquiera atender cosas sencillas, mucho menos los complejos asuntos del fisco. Este es un ejemplo craso de lo obsoleto que se encuentran las operaciones de Hacienda. Aquí tenemos evidencia de la carta enviada a un contribuyente que murió hace 11 años, y la información que tenemos es que salen por cientos”, señaló Aponte a través de un comunicado de prensa.

El expresidente cameral presentó una copia de la carta que le envió el Departamento de Hacienda a Montalvo Suárez, pero no mostró el certificado de defunción del contribuyente.

Tras divulgar la carta, en la que se le recomienda al finado a acogerse a una amnistía contributiva aprobada por la Legislatura, Aponte cuestionó la capacidad del secretario para dirigir la transformación que necesita el departamento “en estos momentos que se está implementando un innecesario aumento al Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) y se debería estar trabajando con el famoso cuatro por ciento adicional que entraría en vigor en el mes de octubre”.

“No cabe la menor duda que esto es un ejemplo de poca capacidad administrativa y de fiscalización. Desde que el Gobernador le entregó a Melba Acosta el Departamento de Hacienda sin ninguna fiscalización, pues los miembros del Partido Popular Democrático en la Legislatura han entregado su poder constitucional de fiscalización, hemos visto como Hacienda ha caído a niveles nunca antes visto. En este caso estamos hablando de una persona que lleva más de una década muerta. Es sencillo, o la Directora del Negociado no hizo su trabajo, o simplemente están enviando pescaítos para ver si alguien cae, lo que no es una sana administración”, sentenció.

El problema de cobro de dinero en Hacienda no es nuevo. El propio secretario los confirmó la semana pasada durante unas vistas públicas. De hecho, el funcionario aceptó que “es más fácil pegarte en el Powerball que Hacienda te investigue”.

061715-puerto-rico-pix-1Podrían pedir nuevo juicio contra Héctor Martínez

El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston dejó la puerta abierta para que se celebre un nuevo juicio contra el exsenador Héctor Martínez Maldonado y el empresario Juan Bravo Fernández, al determinar que no sería doble exposición o “double jeopardy”.

En junio de 2013, el panel de jueces revocó las convicciones contra ambos por el caso de supuesto soborno, y determinó que el juez federal del Distrito de Puerto Rico, Francisco A. Besosa, debía emitir un fallo de absolución, lo que hizo en noviembre de 2013.

Sin embargo, Besosa indicó que los fiscales del a División de Integridad Pública en Washington podían solicitar un nuevo juicio. La defensa apeló basándose en que si los enjuiciaban nuevamente, resultaría en una doble exposición.

Pero el Primer Circuito determinó hoy que la fiscalía puede pedir un nuevo juicio. La opinión de los jueces Jeffrey R. Howard, Kermit V. Lipez y David J. Barron establece que esta apelación “levanta asuntos importantes y noveles” en relación al caso que absolvieron anteriormente sobre la cláusula de doble exposición.

“La corte de distrito rechazó los argumentos de doble exposición, y nosotros también. Se reafirma la decisión de la corte de distrito”, lee la determinación de Boston.

El 27 de junio de 2013, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston revocó las convicciones del exsenador novoprogresista y del empresario. Determinó que el cargo de soborno contra ambos no se sostenía en derecho porque estaba basado en una teoría en la que Martínez recibió una “regalía” por favorecer a Bravo con legislación y eso no es penalizado por los estatutos federales.

Según la opinión del circuito, Besosa erró al impartir las instrucciones al jurado y no explicar la diferencia entre regalía y soborno. Destacó que las regalías no son criminalizadas, los sobornos sí.

“A diferencia de la mayoría de los circuitos que se han ocupado de este tema, llegamos a la conclusión que el 666 (artículo del código penal federal que criminaliza el soborno) no penaliza las regalías”, lee la determinación de 2013.

Tanto Bravo como Martínez fueron dejados en libertad bajo fianza en enero de 2013 luego que el Circuito determinara que existía la posibilidad de que la convicción y sentencia de ambos fueran revocadas.

A inicios de noviembre el Primer Circuito de Boston celebró una audiencia en el Tribunal Federal en el Viejo San Juan en la que los abogados de defensa argumentaron sobre los errores en las convicciones de Martínez Maldonado y Bravo Fernández.

En ese momento se entendía que los jueces del circuito Kermit Lipez, Jeffrey Howard y O. Rogeriee Thompson podrían revocar la convicción, ordenar un nuevo juicio o confirmar el veredicto condenatorio por corrupción gubernamental.

Los abogados de defensa en esa audiencia intentaron demostrar que el Tribunal Federal no tenía jurisdicción sobre las imputaciones contra Martínez y Bravo. Además, establecían que el viaje a Las Vegas a ver la pelea de excampeón de boxeo Félix “Tito” Trinidad fue un regalo que el exsenador aceptó, pero que no fue a cambio de aprobar proyectos o realizar alguna gestión legislativa a favor del empresario.

En el pliego acusatorio, se planteaba que el obsequio de Bravo a Martínez era para que el exsenador impulsara dos proyectos de ley que favorecían la compañía del empresario.

Martínez cumplió tiempo en una cárcel de Carolina del Norte mientras que Bravo estuvo en la prisión de Edgefield en Carolina del Sur.

La investigación contra Martínez y Bravo contó con la cooperación del exsenador novoprogresista Jorge de Castro Font, quien cumple una condena de cárcel por recibir dinero a cambio de favores políticos.

De Castro Font, quien presidió la Comisión de Reglas y Calendarios del Senado, sin embargo, no declaró en el juicio contra Martínez y Bravo pese a que figuraba como uno de los posibles testigos en el caso.

El convicto exsenador fue uno de los que viajó junto a Bravo y Martínez para presenciar la pelea entre Trinidad y Ronald “Winky” Wright en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

061015-puerto-rico-pix-1Alcalde de Comerío y economista anticipan colapso del Gobierno

El ex presidente de los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD), Josean Santiago, emplazó al gobernador Alejandro García Padilla a hablarle con claridad al pueblo sobre la crisis y cierre de Gobierno que posiblemente estemos próximos a enfrentar, para que los ciudadanos se preparen tal como lo hacen con un huracán.

De otra parte, el economista Lerroy López, solicitó al Gobierno mayor transparencia para que se explique qué se supone que va a pasar en Puerto Rico.

El alcalde de Comerío dijo que el Gobierno está al borde del colapso y que probablemente tendrá que cerrar operaciones en muy poco tiempo.

“De lo que se habla es de un colapso total. Es la incapacidad del Gobierno para financiar su gestión diaria, su trabajo cotidiano. Son los servicios de día a día los que se van a ver afectados. El pago de nómina de los empleados públicos, que equivale a un posible  cierre. Ya nosotros vivimos esa experiencia. Es cómo encarar las consecuencias. El no tener los recursos económicos a la mano para encarar los retos que uno tiene todos los días, la familia, la casa, las obligaciones”, dijo Santiago a Primera Hora.

“Hay que elaborar un plan de contingencia para que cada ciudadano lo vaya trabajando con tiempo. No veo salida todavía. Ninguna de las medidas que se han estado trabajando se han logrado cuajar. Hay proyectos que no se aprobaron como se tenía contemplado. Aquellos que se aprobaron no lograron las expectativas. La posibilidad del colapso es evidente”, afirmó.

No podemos esperar, agregó,  que el huracán esté encima de nosotros para empezar a tomar medidas.

“Tenemos un pueblo que percibo, que en ocasiones, como que  creen que eso no va a pasar. Lo ven tan lejos. Lo están diciendo la  gente que está en eso, la secretaria del Banco Gubernamental, el secretario de Hacienda. El mejor ejemplo de que estamos en ese colapso, son los pagos del reintegro de Hacienda. Imagínate, si tan siquiera eso se puede dar”, ejemplificó.

Esa, de acuerdo al líder de los alcaldes populares es una señal de  la gravedad del asunto, ya que no se trata de miles de millones de dólares, si no de unos millones.

¿Alertar para qué?

Para qué hacer cuando se tiene poco, como cuando te bañas con un galón. ¿Cómo aprender con lo que tengas para evitar los gastos que no son esenciales. Las cosas que deben ser lo básico para el hogar, para el trabajo. No tengo la fórmula. Lo que planteo es que debe haber un grupo de personas que vayan formulando unas propuestas al pueblo para prepararse porque todo tiende a indicar que puede darse un colapso. Que puede darse un momento de insolvencia total. Las consecuencias que eso puede traer y prepararnos, como hacemos con el dengue o los galones, para enfrentar la sequía. Debe haber también la recomendación por expertos en la materia.

Santiago comentó que la crisis tiene que ver también  con la salud del pueblo, ya que aumentarán los problemas de salud mental, de violencia y suicidios.

“Hay que anticiparse al golpe que eso nos pueda dar. No tenemos otra. Todo tiende a indicar que el huracán puede estar en Vieques o Fajardo”, dijo.

¿Prepararse para el cierre? ¿Paralizar servicios?

Lo que pasa es que si el Gobierno  llega a la insolvencia  como se presagia, entonces hay que enfrentar un cierre porque, qué empleado va a seguir realizando su labor si no hay paga.  Cómo vamos a encarar eso. ¿Vamos a cerrar o no? ¿Qué reclamos a los servidores públicos? ¿ A los sindicatos? Los sindicatos deben enfrentar un  análisis de esa posible situación y en una eventualidad, desarrollar planes de contingencia. No es mañana. Hay que hacerlo ya.

¿Qué va a pasar con Puerto Rico?

En tanto, el economista López insistió en que el Gobierno debe ser más claro en los pasos que son inevitables tomar para lograr un entendimiento de la gente de qué es lo que está pasando y cuáles son las posibles alternativas y consecuencias; y segundo para lograr un mayor consenso sobre  sus posiciones, para que la gente entienda mejor, qué es lo que está haciendo.

“Muchas veces las medidas impositivas y fiscales que tienden que tomar son movidas erróneas, porque no saben exactamente cuán grave es la situación. En muchos casos representan una carga adicional a la ciudadanía y obviamente va a causar una reacción adversa de parte de la población”, acotó.

“De manera, que al Gobierno le conviene, no tan solo al pueblo, ser más transparente para que entiendan qué es lo que está ocurriendo y puedan lograr un nivel de consenso. De lo contrario van a tener un rechazo de parte de la población”, sostuvo.

¿Qué cosas pudieran ocurrir, si no hay liquidez?

Bueno, podría ocurrir que las medidas impositivas pudieran  ser  más dramáticas de lo que han sido. Y si eso es así, va a requerir algún nivel de consenso, por que de lo contrario, la oposición va a ser generalizada  y en la alternativa, si no se pueden imponer más cargas, se tendrá que dejar de pagar. Eso va a causar  una movida de parte de los bonistas y sus representantes a nivel legal, para tratar ellos de imponer condiciones o medidas para conseguir  los ingresos para pagar la deuda y eso va afectar la población.

¿Puede haber cese de servicios?

Sí,  podría haber reducciones en horario de empleados, en gastos, despidos,  en la incapacidad de pagar, como Salud, que el Tribunal le obligó a pagar millones de dólares a los centros  de salud primarios 330 y Salud no tiene ni un centavo;  y a los trabajadores de la Reforma que estan trabajando de gratis porque Ases no tiene para pagar. Así mismo los suplidores del Gobierno, de equipo, de tinta, de vehículos.

¿Nadie está cobrando?

No y la cosa se podría poner peor. La magnitud de los impagos pudiera ser mayor. Si tienen una deuda astronómica que le representa una cuarta parte del presupuesto  y que sale del País y se suma,  y no está disponible para pagar suplidores y gastos en Puerto Rico.

Sentencian a entre dos y tres décadas de cárcel a asesinas de Gómez Saladín

Las dos mujeres convictas por el asesinato de José Enrique Gómez Saladín fueron sentenciadas hoy más de 20 años de prisión cada una por los hechos ocurridos en noviembre de 2012.

Lenisse “Prieta” Aponte Aponte fue sentenciada a cumplir 24 años de prisión, mientras que Alejandra “Pochi” Berríos Cotto cumplirá una pena de 30 años de cárcel. Ambas se declararon culpables en enero pasado por actuar en concierto y común acuerdo, junto a otros dos acusados, para robar dinero y el Toyota Matrix del perjudicado, a quien luego quemaron y golpearon hasta causarle la muerte en un paraje solitario en Guavate.

El juez federal Daniel R. Domínguez primero sentenció a Aponte Aponte, de 27 años, a la pena máxima recomendada en el acuerdo al que llegó su abogada Rachel Brill con la fiscal federal Julia Meconiates. La sentencia sugerida era entre 235 y 293 meses (de 19 años y medio a 24 años). 

Domínguez recalcó que la acusada tuvo una participación menor la noche de los hechos y que, según un informe presentado por su representante legal, fue abusada sexual y físicamente por su padrastro cuando era menor, por lo que escapó de su hogar y comenzó a prostituirse. 

Desde su arresto, ha tratado de suicidarse en tres ocasiones, por lo que ordenó al Negociado Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) a ofrecerle ayuda en el área de salud mental. Cuando salga, deberá cumplir cinco años de libertad supervisada.

En el caso de Berríos Cotto, de 24 años, el acuerdo entre la fiscal y el abogado Thomas Lincoln San Juan era de entre 24 y 30 años (292 a 365 meses). El abogado mencionó la difícil crianza que tuvo la joven, dado a que su madre era abusada por su padre, y otros problemas que tuvo cuando pequeña.

Según la investigación, ella, junto con el coacusado Rubén Delgado Ortiz -que anteriormente había sido sentenciado a 30 años de cárcel-, fueron los que prendieron en fuego a Gómez Saladín y luego lo golpearon con palos, hasta dejarlo moribundo. 

El juez dijo  que contempló imponerle una sentencia mayor a la recomendada, pero luego decidió darle el mismo tiempo que le dio al coacusado. Agregó que podía sentenciarla a una cadena perpetua y recordó que el Departamento de Justicia federal no aprobó que el caso fuese uno de pena de muerte, pero era aplicable.

 Emotiva declaración de la viuda de González Saladín

Previo a conocer los años que cumplirían, los familiares de la víctima se mostraron llorosos en sala, y su viuda, Nadya Ruiz, tomó la palabra para cuestionar quién le hace justicia a ella y su dolor.

“El jueves 28 de noviembre de 2012 a las 11:48 de la noche fue mi última conversación con mi esposo, cuando me llamó para decirme que iba de regreso a mi casa. No fue encontrado hasta el lunes. El sábado, estas dos mujeres con el otro acusado aún no sentenciado pidieron a una persona de su barrio que los llevara en su carro a Guavate. ¿Cuál era la intención? ¿Esconder lo que hicieron? Eso me demuestra a mí que había mucho más en la intención de todo lo que ellos hicieron”, cuestionó Ruiz durante su turno al dirigirse ante el juez.

“Yo sé que pararme aquí no hace ninguna diferencia porque ya su decisión está tomada. Nada de lo que pueda decir aquí cambiará esa decisión. Pero solo quiero que en sus mentes queden las siguientes preguntas: ¿Quién me hace justicia a mí? ¿Quién me devuelve el tiempo perdido? ¿Quién me acompaña en mi soledad? ¿Quién llena los espacios vacíos? ¿Quién recompone los pedazos de mi vida? Yo también soy una víctima. Mi mundo entero se vino abajo. La vida segura y perfecta ya no existe. ¿Quién me ayuda a salir adelante? José Enrique ya no está y yo me quedé aquí. La vida que conocí por 13 años ya no existe y extraño tantas cosas. He tratado de recoger los pedazos de mi vida. Ya nada es como antes. Jamás lo será. ¿Quién le hace justicia a eso?”, agregó.

Ruiz luego se dirigió a las convictas, refiriéndose a las expresiones que sus abogados hicieron sobre los problemas que atravesaron en la niñez.

“Nadie conoce las circunstancias de mi vida. El padre que nunca estuvo. Mis problemas. Y no he matado a nadie. Soy hija del mismo barrio que ustedes, aunque no lo parezca (barriada Morales, en Caguas). Yo también soy hija de las circunstancias y no decidí ser parte de ellas. Son seres despreciables, de lo más bajo. Personas como ustedes no merecen la oportunidad que se les está dando. Hicieron lo que hicieron. Les deseo una larga vida para que piensen en el horrendo crimen que cometieron. Nosotros seguimos dando oportunidades como ésta. Nno nos queda de otra que nos sigan asesinando porque lo hemos permitido”, expresó Ruiz.

La fiscal destacó que los acusados mataron al joven “por $400, $100 para cada uno” y que todos admitieon sus actos.

“Hay que tomar en consideración la seriedad del caso, pero también hay que hacer justicia. Aquí hay una víctima, José Enrique, quien perdió la vida. Ellas no son las víctimas en este caso. La víctima aquí es su familia. La víctima aquí es la sociedad. La víctima aquí somos todos nosotros. La crianza difícil no da licencia para matar”, señaló Meconiates. 

Ambas convictas -que hicieron alegación de culpabilidad el 8 de enero pasado- pidieron perdón a la familia de Gómez Saladín.

“Quiero pedirle perdón a los familiares de Gómez Saladín por el daño y sufrimiento que les he causado con esta situación. Sé que un perdón no lo devolverá con ustedes pero quiero que sepan que estoy arrepentida. Le pido perdón a mi familia, a mis padres, hermanos, le doy las gracias por no soltar mi mano, por estar ahí. Quiero decirles que donde quiera que vaya, siempre los voy a llevar en mis pensamientos y que pase lo que pase, éste no es el final”, manifestó Aponte Aponte.

Aseguró también que en prisión “mi mentalidad ha cambiado para ser una mejor persona y sea el tiempo que sea, me siento preparada para ser mejor persona en la sociedad”, agregó.

Por su parte, Berríos Cotto también expresó su arrepentimiento a los familiares de la víctima.

“Quiero pedirle perdón a la familia de Gómez Saladín. Sé que lo que están pasando es bien duro. De verdad que estoy bien arrepentida de todo lo que pasó. Así que si algún día me pueden perdonar, les pido perdón. Y a mi ‘mai’ le doy las gracias por estar conmigo siempre, en las buenas y en las malas”, dijo por su parte Berríos Cotto.

Los otros dos acusados, Delgado Ortiz y Edwin “Bebo” Torres Osorio, se declararon culpables anteriormente y el primero fue sentenciado a 30 años de prisión. Torres Osorio no ha sido sentenciado aún.

Según la pesquisa, el 29 de noviembre de 2012 los acusados interceptaron a  Gómez Saladín, bajo amenaza lo llevaron a a un cajero automático para sacar $400, y lo  llevaron a la víctima hasta una antigua prisión en Guavate, en Cayey. Según la denuncia, los hoy acusados iban planificando por el camino cómo lo matarían, preguntando: “¿Cómo lo hacemos? ¿Lo freímos, quemamos o le pasamos el carro por encima?”. 

Poco después, el cuarteto compró gasolina y al llegar a la antigua cárcel en Guavate,  torturaron, golpearon y quemaron a Gómez Saladín hasta causarle la muerte. Su cuerpo fue encontrado días después.

052715-puerto-rico-pix-2Un ciclista se encuentra internado en el Centro Médico de Río Piedras en condición grave, luego de que el conductor de una guagua de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) lo arrollara anoche mientras transitaba por la avenida Manuel Fernández Juncos, intersección con la avenida Borinquén, en Santurce.

El informe policiaco detalla que el accidente ocurrió a eso de las 9:05 p.m. del martes y que supuestamente fue provocado por la “manera negligente, imprudente y temeraria, con menosprecio de la seguridad pública y la propia”, con la que pedaleaba el ciclista.

El reporte de hechos de la Policía establece que Pablo Centeno León, residente de Guaynabo, iba a bordo de una bicicleta y supuestamente cruzó la vía en momentos en que no le correspondía. Fue entonces en que el conductor de la guagua de la AMA, identificado como Ventura Santiago Pérez, de 54 años, lo arrolló.

“Santiago Pérez viajaba con la luz a su favor cuando el ciclista se interpuso en la vía, siendo impactado y recibiendo heridas y laceraciones de carácter grave”, indica el informe policiaco.

Al conductor se le realizó la prueba de aliento para detectar consumo de bebidas embriagantes, la cual resultó negativa. Asimismo, se indicó que el chofer tenía la documentación requerida por ley.

El agente Gabriel Valentín, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, realiza la pesquisa de rigor.

052715-puerto-rico-pix-1 El Departamento de la Familia investiga el caso de los dos adolescentes de 15 y 17 años que fueron encontrados por la Policía inconscientes esta madrugada en el interior de un vehículo estacionado en la calle Julián Blanco, al lado de un supermercado, en Santurce.

La Policía detalló que se trata de una adolescente quinceañera y un joven de 17 años, de los cuales se desconoce el parentesco. Los jovencitos son residentes de Ponce y Juana Díaz.

Los menores, según el reporte policiaco, fueron encontrados a eso de la 1:00 a.m. de este miércoles en el interior de un vehículo marca Mitsubishi, color blanco, por agentes del precinto de la Calle Loíza mientras realizaban una ronda preventiva. Estos fueron transportados al Hospital Pediátrico en Centro Médico en Río Piedras para recibir asistencia. No se detalló la condición ni el motivo por el cual estaban inconscientes.

Bruni Torres, portavoz de prensa del DF indicó que desde horas de la madrugada se comenzó a investigar el caso y la pesquisa le fue referida a la región de Ponce.

“Se activó el protocolo de inmediato y se activaron las unidades de San Juan y ahora la Ponce lo trabaja. En estos casos se investigan en varios lugares, en las casas, en el hospital, todos los ángulos”, apuntó Torres.

Amparándose en la confidencialidad de este tipo de caso, Torres no reveló si los padres de los menores ya fueron localizados y si se encuentran el hospital.

El ex secretario de Justicia, Antonio Sagardía, expresó que la solicitud de nuevo juicio tiene mucha oportunidad de prevalecer por tratarse de un jurado que contaminó a otros miembros del panel.

 

El Departamento de Justicia  someterá una moción “oportunamente” en  respuesta a la solicitud de nuevo juicio que  presentó  la defensa de Pablo José Casellas,  a quien un jurado encontró culpable  por el  asesinato de su esposa, Carmen Paredes.

En la moción se  alega que un jurado le llevó información “falsa, despectiva y negativa” a otros integrantes del panel  sobre el único testigo que presentó el acusado, con la intención restarle  credibilidad.

“El Departamento de Justicia está preparado para responder a la solicitud  hecha por la defensa. La postura del Ministerio Público  formará parte de una moción que oportunamente habrá de radicarse. Hasta ese momento, Justicia no emitirá expresiones adicionales sobre el particular”, indicó Amber Lee Vélez, portavoz de la agencia.

Por su parte, el ex secretario de Justicia, Antonio Sagardía, expresó que la solicitud de nuevo juicio tiene mucha oportunidad  de prevalecer  por tratarse  de un jurado que contaminó  a otros miembros del panel, utilizando evidencia que no había desfilado, con el único propósito de  desacreditar al testigo.

“Si eso tuvo el efecto o no,  de contaminar el proceso decisional del jurado, eso no es importante, porque sería más especulativo.”, dijo,

“Pero para mi, ya con esa evidencia que presenta la defensa, ese jurado utilizó información no admisible. Eso va en contra de las instrucciones de los jueces, que solo pueden considerar la evidencia presentada”, puntualizó.

Ese jurado, agregó,  violentó las instrucciones del tribunal con el único propósito de desacreditar  al testigo de la defensa.

“Siempre va a haber la duda de que ese veredicto se utilizó como   evidencia no admisible. Eso no fue evidencia desfilada, sino que  responde a unas vivencias de este jurado”, dijo Sagardía.

El abogado criminalista señaló que esta controversia  pudiera despertar  pasiones y cuestionamientos  por el dinero invertido en un proceso, pero, a  su juicio, lo que corresponde es analizar  si un miembro del jurado faltó a su juramento, afectando el derecho del acusado a un juicio justo e imparcial.

Sagardía destacó que es importante olvidarse de las partes en este caso, de que se trata de Pablo y  su esposa Carmen, porque  hay que mirarlo como el juicio  de cualquier  acusado a quien le  hayan  violado su derecho constitucional a un juicio justo e imparcial.

 

Docentes, empleados y estudiantes de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, aprobaron hoy, martes, un paro de 48 horas como parte de los trabajos de la primera asamblea multisectorial de la comunidad universitaria.

El paro en el recinto riopedrense, según se informó, iniciaría el jueves y terminaría viernes.

Más de 1,800 personas abarrotaron el Teatro de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras con la intención de elaborar el plan de acción para resistir los planes de recortes presupuestarios y proponer soluciones. La actividad se lleva a cabo un día antes la convocada marcha del Capitolio a La Fortaleza, pautada para mañana, miércoles, a partir de las 10:00 a.m.

Tanto fue el público que fue necesario poner pantallas en salones cercanos y transmitir los trabajos en directo por YouTube.

La mesa de trabajo estuvo liderada por Guillermo Guasp, presidente del Consejo General de Estudiantes; José Torres, presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND); David Muñoz, Sindicato de Trabajadores; Rigoberto Vilá, presidente de la Unión Bona fide de Oficiales de Seguridad; y José Maldonado, de la Asociación de Profesores Puertorriqueños Universitario (APPU).

Guasp explicó a la audiencia que con los recortes mencionados por distintos funcionarios de la administración de Alejandro García Padilla, la UPR perdería $48 millones, que se suman a los recortes del corriente año fiscal.

“La UPR solamente recibiría $195 millones. Perderíamos 827 secciones (de clases) el próximo año académico”, ofreció como ejemplo.

Entretanto, Aníbal Yariel López Correa, representante estudiantil ante la Junta de Gobierno de la UPR urgió a estar alertas para que el gobierno no use a la Universidad pública como “chivo expiatorio” para conseguir aprobar impuestos adicionales con tal de “salvar a la UPR”.

“La consigna tiene que ser que ‘no se toque la UPR. Esta es la joya de la corona”, sentenció Muñoz.

“Esa protesta tiene que ir con un compromiso inherente de que cada día tenemos que luchar más para tener una universidad mucho mejor para ustedes, para nuestros hijos y los que vienen después”, manifestó, por su parte, Torres.

La agenda de la asamblea se circunscribió a tres puntos: comentar los recortes, proponer soluciones y llegar a un plan sobre los próximos pasos en defensa del primer centro del país.

“Pocas veces en la UPR se respira este ambiente de unidad. Me provoca una profunda emoción”, exclamó el profesor Julio Muriente, catedrático de Facultad de Ciencias Sociales, quien tomó el primer turno al micrófono.

“Este es el mejor ejemplo para que la gente entienda que esta es nuestra Universidad. No somos marionetas, no somos juguetes. No vamos a permitir que nos sigan utilizando de parcho. Esto se acabó”, proclamó Vilá.

En solidaridad con la universidad pública, estuvieron presentes en primera fila los líderes de #EducaciónsinIVA que agrupa a alumnos de universidades privadas, Rafael Hernández y Héctor Ferrer, hijo.

Además, el rector del Recinto de Río Piedras, Carlos Severino, se unió a los trabajos.

Sin embargo, cuando la asamblea pidió a Severino que extendiera el receso académico más allá de la 1:00 p.m., el rector salió de la reunión. Poco después, se notificó que la administración universitaria concedió el uso del Teatro hasta las 2:00 p.m., pero el periodo de receso se mantuvo como había sido concedido.

La asamblea aprobó una moción para exigir que los representantes, en especial los seis legisladores populares con cuyos votos se derrotó la propuesta original de reforma contributiva, que frenen cualquier propuesta que impulse el IVA.

También acordó realizar otra marcha el jueves por la Milla de Oro, pero posteriormente otra moción eliminó esa manifestación de la agenda.

A la vez, se acordó el paro de 48 horas en el recinto riopedrense.

Después de un extenso debate, el colectivo en el Teatro acordó condicionar el paro a la reacción del gobierno a la manifestación convocada para mañana del Capitolio a Fortaleza y a que el gobernador cese su intención de revivir el IVA.

Debido a que el receso administrativo y académico terminó a la 1:00 p.m., muchos empleados y docentes comenzaron a salir del Teatro, sin poder participar del resto de la asamblea que estaba supuesta a incluir discusiones sobre soluciones y planes de acción.

Entretanto, el Recinto Universitario de Mayagüez aprobó en su reunión un paro institucional para el viernes y una segunda asamblea para el próximo lunes.

En Humacao, estudiantes se manifestaron por distintas áreas del recinto, en contra de los recortes planteados el gobierno.

La ley que protege contra la mayoría de las órdenes de embargo del hogar principal de los puertorriqueños podría ser enmendada para limitar sustancialmente dicha protección.

Un proyecto del representante del Partido Popular Democrático (PPD) Charlie Hernández pretende fijar en apenas  $75 mil el monto que puede reservarse para sí el propietario de la casa  en caso que ese hogar le pertenezca a una sola persona.

La protección para los matrimonios sería de hasta $100 mil; y un poco más, $110 mil, si el deudor es  mayor de 62 años o se trata de una persona física y mentalmente incapacitadas que no estén en condición de sostener un empleo remunerado.

También quedarían protegidos para el dueño hasta $110 mil del valor del hogar, si el ciudadano tiene un ingreso anual menor a $25,001, o se trata de un matrimonio con un salario conjunto de menos de $35,001.

Desde 2011, todos los ciudadanos en Puerto Rico tienen garantizados el pleno disfrute de su residencia  principal –la que viven-  contra la mayoría de los embargos.

Ley 195 ha sido utilizada ampliamente por personas de todas las estratas sociales, dijo ayer el abogado experto en quiebra Manuel Suárez Cobo.

Suárez Cobo planteó que el  proyecto de Hernández es peligroso porque en la Isla, pese a la devaluación sufrida por las propiedades, apenas existen residencias con un valor de $75 mil, $100 mil y $110 mil.

De aprobarse ese proyecto, tras una sentencia de cobro de dinero lo más probable es que al demandando  le vendan o subasten su casa y con lo poco que le sobraría, no podría comprar otra.

El experto en quiebras advirtió que en Puerto Rico la mayoría de las sentencias son por cobro de dinero; las de daños y perjuicios son las menos, así que los ciudadanos que atraviesan por  dificultades económicos van a terminar siendo los más perjudicados.

“Si al Legislador lo que le preocupa es que haya injusticias en casos de daños y perjuicios, por qué baja contra todo el mundo”, cuestionó.

Suárez Cobo dijo que estas enmiendas incluso podrían utilizarse contra personas que deban $6 mil o $10 mil, una cantidad  que aunque pequeña les podría llevar a perder la casa donde vive con su familia o solo.

“Tienen que estar tratando de beneficiar a las agencias de cobro”, insistió, para resaltar que no cree que se trate de una pieza que busque proteger a las víctimas de impericia médica, porque de ser así, la limitarían a eso.

“Mucha gente está usando la Ley de Hogar Seguro; gente humilde, la clase media, los viejitos que lograron saldar su casa”, agregó el togado.

Antes de 2011, la ley apenas protegía los primeros $15 mil del valor del hogar. “Eso era una locura”, sostuvo Suárez Cobo.

El representante del PPD Charlie Hernández defiende los cambios a la Ley 195 porque entiende que el estatuto actual opera en contra de las personas que han obtenido una sentencia a su favor.

“En la práctica, la Ley 195, priva a las personas que hayan obtenido una sentencia a su favor de poder cobrar la misma. Esta situación pudiera agravarse cuando  la propiedad que se intenta embargar es una de gran valor adquisitivo y es el único activo que posee el deudor judicial”, afirma la medida.

“Esto es un acto deplorable y mezquino, especialmente cuando en estos tiempos de estrechez económica; cuando muchas personas por perder sus empleo son pueden pagar todas sus deudas”, dijo ayer  la representante del Partido Nuevo Progresista  María Milagros Charbonier.

La representante señaló que el proyecto está hecho a la medida de los abogados en casos de cobro de dinero e insistió en que en Puerto Rico no existen muchos hogares –“por no decir ninguno”- cuyo valor sea tan bajo como el mencionado en el proyecto.

Los hogares de interés social incluso superan ese valor, agregó.

Cuando se aprobó la Ley de Hogar Seguro se alegó que la misma respondía al interés del Gobierno de proteger a los contra demandas de impericia médica.

La medida, sin embargo, terminó protegiendo ampliamente la primera residencia u hogar de todo el mundo.