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Simplifica los requisitos con que debe cumplir todo operador de transporte terrestre de pasajeros.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, convirtió hoy en ley el Proyecto del Senado 525 que crea la Ley de Transformación Administrativa de la Comisión de Servicio Público, que simplifica los requisitos con que debe cumplir todo operador de transporte terrestre de pasajeros.

“Con esta ley incorporamos las nuevas tendencias de la industria mientras se fortalece y garantiza el derecho del ciudadano a escoger entre todas las alternativas de transporte disponibles en un marco reglamentario que garantice la seguridad pública y la justa competencia”, señaló Rosselló en un comunicado.

La ley permitirá el acceso de plataformas como Uber y elimina requisitos innecesarios que ponían en desventaja a los taxistas, señala el comunicado.

Además, se crea el procurador del Transporte Público, el cual era un compromiso del Plan para Puerto Rico.

Conforme a la medida, las empresas de transporte como Uber, Lyft y otras plataformas deberán acreditar que han adoptado los mecanismos para cumplir las disposiciones de la ley, que mantienen un seguro, que todo vehículo utilizado cumple con las debidas regulaciones y han adoptado una política de cero tolerancia al uso y consumo de drogas ilícitas y alcohol entre sus trabajadores.

También deberán acreditar que han adoptado una política contra la discriminación, que la aplicación móvil muestra al usuario una foto del conductor, el modelo del automóvil y el número de matrícula (tablilla) antes de que el usuario aborde el vehículo.

De igual forma, se centralizan bajo la jurisdicción de la Comisión de Servicio Público los taxis, los taxis turísticos, las ambulancias y los automóviles públicos.

“Estamos satisfechos de haber trabajado y aprobado una medida justa para nuestros transportistas, que atiende sus preocupaciones y, al mismo tiempo, nos permite evolucionar mediante la regulación e integración de otros métodos de transporte acordes con la era digital”, indicó el senador Miguel Laureano.

“Esperamos que los usuarios se beneficien del resultado y que redunde en mejor servicio y desarrollo económico en la isla”, añadió Laureano.

El presidente de la Comisión de Servicio Público, Luis Damián García, expresó que “con esta ley, el pueblo tendrá mayor oportunidad de escoger los servicios que interesa obtener en un marco de competencia justa”.

“Además, la nueva ley simplifica los requisitos con que tienen que cumplir los operadores de taxis y agiliza todos los trámites administrativos ante la agencia para que los servicios puedan proveerse sin las trabas burocráticas del pasado”, añadió García.

El presidente de la Asociación Centro Oriental de Ambulancias Privadas de Puerto Rico, Francisco Pereira, comentó que este proyecto que acaba de ser aprobado “hace justicia a lo que por años nuestra industria llevaba como fin de lucha. Reafirmamos nuestro apoyo y total respaldo para futuros proyectos como este, que sean a fin de mejorar la situación de Puerto Rico”.

El presidente de la Confederación Auténtica de Transporte, Luis Falcón, aseguró que los camioneros de Puerto Rico agradecen al gobernador la firma de esta nueva ley ya que, aseguró, “por primera vez en tantos años de reclamos, hace justicia a todos los transportistas públicos de nuestra isla”.

El gerente general de Uber para el Caribe, Juan Andión, agradeció al gobernador y a la Legislatura la apertura que ha demostrado esta Administración con los más de 4,000 socios conductores y más de 111,000 usuarios que utilizan la aplicación de Uber en Puerto Rico.

El gobernador dice que la hará pública en los próximos días y que no afectará a los más vulnerables.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares reiteró hoy su oposición a la reducción de jornada laboral que impulsa la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“La propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal de reducción de la jornada laboral no es necesaria y su efecto en la economía provocaría graves daños a todos los sectores del comercio, la banca, industrias y la sociedad en Puerto Rico. Esa es la razón para oponernos firmemente a esa medida y por lo que hemos identificado otras medidas fiscales que no afecten a los más vulnerables”, expresó el primer ejecutivo.

Asimismo, Rosselló Nevares expresó que “nuestra Administración logró la aprobación de un Plan Fiscal sin incluir medidas propuestas por la Junta de Supervisión Fiscal que hubieran sido graves para nuestro Pueblo como: el despido de cerca de 45,000 empleados y la eliminación de cientos de miles de beneficiarios del plan de salud del Gobierno”.

“Reconocemos que los retos de Puerto Rico son grandes pero no podemos perder de perspectiva que el crecimiento económico es esencial para salir de esta crisis fiscal”, recordó el primer ejecutivo.

Rosselló Nevares sostuvo que “hemos cumplido con los pasos que requiere el Plan Fiscal certificado y próximamente anunciaremos otras iniciativas identificadas para descartar la necesidad medidas adversas como la reducción de jornada laboral”.

El primer ejecutivo hizo énfasis en que la propuesta de la JSF de reducir un día semanal la jornada laboral de los empleados públicos conllevaría en recortarle 20% de su salario a estos trabajadores y que, según los estudios económicos del Gobierno, provocaría un decrecimiento en la economía de la Isla de sobre $500 millones.

“Sobre la medida propuesta por la Junta de Supervisión Fiscal, un empleado que tiene un salario de $2,000 mensuales vería su salario mensual reducido en $400. Esta propuesta de reducción de jornada laboral crearía una crisis social sin precedentes afectando la estabilidad de estos trabajadores y los empleos de otros en el sector privado”, advirtió el gobernador.

Asimismo, el primer ejecutivo explicó que “por ejemplo, con esa medida cerca de 100,000 empleados públicos no tendrían recursos para pagar sus hipotecas y automóviles lo que crearía una crisis en la industria bancaria y concesionarios de autos”.

Además, el primer mandatario anticipó que en los próximos días hará pública la alternativa que su Administración ha identificado para evitar la reducción de la jornada laboral. Se trata de una alternativa que no afectará a los más vulnerables, no contempla despidos de empleados y no impactará el crecimiento de la economía en Puerto Rico.

“Hago un llamado a los diferentes componentes del sector privado, organizaciones profesionales y de la sociedad que dan soporte a nuestra economía y que atraviesan grandes retos, en particular a la banca, la industria y el comercio, a unirse a los esfuerzos de nuestra Administración para evitar la innecesaria reducción de jornada laboral que tendría un efecto directo sobre sus empresas y en los empleos que dichos sectores producen en Puerto Rico”, concluyó el gobernador Rosselló Nevares.

El comunicado del gobernador guarda silencio sobre el tema del Bono de Navidad, incentivo que la JSF ha dicho que podría eliminarse si no se cumplen los parámetros impuestos.

Las “planillas” deberán presentarse electrónicamente y a las que aplique la radicación en papel se podrán entregar al correo del Departamento de Hacienda.

El secretario del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, Raúl Maldonado, informó hoy de que el próximo día 20 es la fecha límite para presentar la declaración de contribución sobre ingresos correspondiente al año 2016 para aquellas personas que solicitaron una prórroga automática.

Maldonado indicó a través de un comunicado que la prórroga era de 3 meses y pudo solicitarse el pasado 18 de abril del presente año.

“El próximo jueves 20 de julio vence el término de 3 meses que se concede automáticamente a los individuos, corporaciones y otras entidades jurídicas que solicitaron una prórroga automática para rendir su ‘planilla’ de contribución sobre ingresos correspondiente al año contributivo 2016, cuya fecha de vencimiento era el 18 de abril de 2017”, indicó el funcionario.

Pidió a los contribuyentes a que “cumplan con la obligación de rendir su planilla”.

“Este retraso de tiempo aplica únicamente a las “planillas” cuya fecha de vencimiento, según establecida en el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendado, era el 15 de abril. Por lo tanto, aquellas Planillas con fecha de vencimiento distinta al 15 de abril deben ser radicadas según lo dispuesto en el Código”, explicó el funcionario.

Las “planillas” de individuo deberán presentarse electrónicamente y a las que aplique la radicación en papel se podrán entregar al correo del Departamento de Hacienda.

Las declaraciones en papel también se pueden enviar por correo postal al Departamento de Hacienda.

Héctor Ferrer enumera actividades del PPD para los próximos meses, incluyendo la celebración de la octava década de su partido en julio de 2018.

El Partido Popular Democrático celebrará este fin de semana el aniversario 79 de su colectividad y ya tiene planes para la conmemoración de sus 80 años, según una comunicación en redes sociales del presidente de la Pava, Héctor Ferrer.

En un mensaje a través de la red social, Facebook, Ferrer anunció que el próximo sábado 22 celebrarán el aniversario 79 del PPD en el antiguo club de Leones de Barranquitas, y que se trata de la primera de varias actividades encaminadas a celebrar los 80 años en julio de 2018.

“La actividad (en Barranquitas) es un compartir, y marca el comienzo de 8 actividades por el un año que culmina en Luquillo con la celebración de los 80 años del PPD”, dijo el exlegislador.

El PPD fue fundado precisamente en Barranquitas el 22 de julio de 1938 por un grupo de líderes políticos encabezado por Luis Muñoz Marín, quien por más años ha ocupado la gobernación de Puerto Rico con 4 términos o 16 años y figura emblemática detrás de le creación del Estado Libre Asociado.

En la carta de Ferrer, se detalla que precisamente la celebración del ELA este año será en Morovis a las 6 pm en la plaza pública del ayuntamiento. “Si aspiramos a crecer y desarrollar lo que tenemos no podemos olvidar de donde vinimos”, indicó.

También se precisó que el 20 de agosto se otorgará la medalla Muñoz Marín en homenaje póstumo a José Aponte De la Torre, pasado alcalde de Carolina.

También en agosto el PPD comienza una primera ronda de visitas a los pueblos con miras a reorganizar el partido.

Mientras, del 29 de septiembre al 1 de octubre celebraremos la convención del PPD en el Conquistador en Fajardo.

“Se celebrará una votación para llenar una vacante de representante por acumulación a la junta y posiblemente la presidencia de la juventud. Le daremos más detalles. Está corriendo la actividad de la rifa del auto.

Casualmente el mismo hotel de Fajardo será sede -un mes antes- de la convención del Partido Nuevo Progresista (PNP), que este año cumple 50 años de existencia.

Las “planillas” deberán presentarse electrónicamente y a las que aplique la radicación en papel se podrán entregar al correo del Departamento de Hacienda.

El secretario del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, Raúl Maldonado, informó hoy de que el próximo día 20 es la fecha límite para presentar la declaración de contribución sobre ingresos correspondiente al año 2016 para aquellas personas que solicitaron una prórroga automática.

Maldonado indicó a través de un comunicado que la prórroga era de 3 meses y pudo solicitarse el pasado 18 de abril del presente año.

“El próximo jueves 20 de julio vence el término de 3 meses que se concede automáticamente a los individuos, corporaciones y otras entidades jurídicas que solicitaron una prórroga automática para rendir su ‘planilla’ de contribución sobre ingresos correspondiente al año contributivo 2016, cuya fecha de vencimiento era el 18 de abril de 2017”, indicó el funcionario.

Pidió a los contribuyentes a que “cumplan con la obligación de rendir su planilla”.

“Este retraso de tiempo aplica únicamente a las “planillas” cuya fecha de vencimiento, según establecida en el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendado, era el 15 de abril. Por lo tanto, aquellas Planillas con fecha de vencimiento distinta al 15 de abril deben ser radicadas según lo dispuesto en el Código”, explicó el funcionario.

Las “planillas” de individuo deberán presentarse electrónicamente y a las que aplique la radicación en papel se podrán entregar al correo del Departamento de Hacienda.

Las declaraciones en papel también se pueden enviar por correo postal al Departamento de Hacienda.

Héctor Ferrer enumera actividades del PPD para los próximos meses, incluyendo la celebración de la octava década de su partido en julio de 2018.

El Partido Popular Democrático celebrará este fin de semana el aniversario 79 de su colectividad y ya tiene planes para la conmemoración de sus 80 años, según una comunicación en redes sociales del presidente de la Pava, Héctor Ferrer.

En un mensaje a través de la red social, Facebook, Ferrer anunció que el próximo sábado 22 celebrarán el aniversario 79 del PPD en el antiguo club de Leones de Barranquitas, y que se trata de la primera de varias actividades encaminadas a celebrar los 80 años en julio de 2018.

“La actividad (en Barranquitas) es un compartir, y marca el comienzo de 8 actividades por el un año que culmina en Luquillo con la celebración de los 80 años del PPD”, dijo el exlegislador.

El PPD fue fundado precisamente en Barranquitas el 22 de julio de 1938 por un grupo de líderes políticos encabezado por Luis Muñoz Marín, quien por más años ha ocupado la gobernación de Puerto Rico con 4 términos o 16 años y figura emblemática detrás de le creación del Estado Libre Asociado.

En la carta de Ferrer, se detalla que precisamente la celebración del ELA este año será en Morovis a las 6 pm en la plaza pública del ayuntamiento. “Si aspiramos a crecer y desarrollar lo que tenemos no podemos olvidar de donde vinimos”, indicó.

También se precisó que el 20 de agosto se otorgará la medalla Muñoz Marín en homenaje póstumo a José Aponte De la Torre, pasado alcalde de Carolina.

También en agosto el PPD comienza una primera ronda de visitas a los pueblos con miras a reorganizar el partido.

Mientras, del 29 de septiembre al 1 de octubre celebraremos la convención del PPD en el Conquistador en Fajardo.

“Se celebrará una votación para llenar una vacante de representante por acumulación a la junta y posiblemente la presidencia de la juventud. Le daremos más detalles. Está corriendo la actividad de la rifa del auto.

Casualmente el mismo hotel de Fajardo será sede -un mes antes- de la convención del Partido Nuevo Progresista (PNP), que este año cumple 50 años de existencia.

Comisión de la Igualdad reclamará en el Congreso la estadidad para Puerto Rico.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares constituyó ayer Comisión de la Igualdad  con la designaciones finales del exgobernador Luis Fortuño, Zoraida Fonalledas y el general mayor retirado Félix Santoni como miembros del ente local que tendrá como objetivo reclamar al Congreso la estadidad para Puerto Rico mediante el llamado Plan Tennessee.

Los tres nombramientos, identificados con el Partido Republicano, se unen a los tres demócratas previamente anunciados -los exgobernadores Pedro Rosselló y Carlos Romero Barceló y el expresidente del Senado, Charlie Rodríguez Colón- y el expelotero de Grandes Ligas Iván Rodríguez, quien aportará una perspectiva no partidista en el ámbito local, así como en los Estados Unidos.

Durante una rueda de prensa en La Fortaleza, Fortuño dijo a través de una videoconferencia, al responder la pregunta de cómo separará su gestión de cabildeo de la función de la comisión, que su “práctica es mayormente corporativa” y que “siempre me he distinguido por trabajar de forma seria en todo lo que hago. Yo no voy a estar, por supuesto, socavando, todo lo contrario es fortaleciendo este esfuerzo”.

La comisión fue creada mediante la Ley por la Igualdad y Representación Congresional de los Ciudadanos Americanos de Puerto Rico y sostiene su reclamo en los pasados dos plebiscitos que favorecieron la estadidad.

El grupo sostendrá reuniones mensuales e irá a Washington D.C. u otros lugares pertinentes ya sea individual o grupalmente. Fonalledas y Romero Barceló están asignados al Senado, y el resto a la Cámara baja. “En las próximas semanas estará ocurriendo esa primera reunión y posterior a ello, pues las primeras actividades”, dijo Rosselló Nevares.

La oficina de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington será el lugar donde podrán trabajar los miembros de la comisión. Ese espacio, dijo, es “parte del compromiso que se había establecido en el proyecto (que creó la ley)”.

Inicialmente, el gobernador había anunciado que la comisión contaría con un presupuesto de $373,800 de fondos públicos por concepto de reembolsos y estipendios, pero por recomendación de Rodríguez se determinó que cada miembro se buscará su propio “mecanismo” para trasladarse a Washington, D.C. Para estos fines se enmendará la ley, lo que podría ocurrir en la sesión extraordinaria que será convocada, confirmó el gobernador.

Rosselló Nevares agregó que los miembros podrán usar sus propios fondos o algún mecanismo de “fondos privados”, por ejemplo, los comités de acción política.

También informó que designó a José Fuentes Agostini como asesor ad honorem de política pública de la comisión y adelantó que habrá otros asesores.

Es la sexta elemental que cierran en Aguas Buenas desde el pasado cuatrienio.

Debajo de una carpa, el alcalde Javier García puso su escritorio, banderas, su foto oficial y sillas. Allí el primer ejecutivo de Aguas Buenas se mantendrá trabajando en las próximas semanas, frente a los portones de la escuela elemental Luis Santaella, esto en reclamo de que no cierren el plantel.

García dijo que va a permanecer en el plantel hasta que la secretaria de Educación Julia Keleher escuche sus planteamientos a favor de la permanencia del plantel, uno de los cerca de 180 cuyo cierre se anunció en mayo.

“Estamos pidiendo que la escuela se mantenga abierta. Es una de las tres escuelas elementales que nos van a cerrar. Ya nos habían cerrado tres mas el pasado cuatrienio, y el reclamo específico es por esta escuela que es una escuela céntrica, planta física grande, 14 salones, matrícula estable”, dijo el alcalde en entrevista telefónica sobre el plantel que alberga a unos 141 estudiantes.

También precisó que ya han conseguido fondos legislativos para el pago de agua y luz,  el Municipio establecería programas para operar desde el plantel y ya hay empresas que han estado haciendo acercamientos para ayudar desde el sector privado a que la escuela se mantengan abierta.

“La comunidad se ha movido”, indicó el alcalde, quien estaba hoy acompañado por los senadores de distrito Miguel Romero, Henry Neuman y el representante Jorge “Georgie” Navarro.

“Yo he mudado la oficina del alcalde aquí, el pueblo en general me puede visitar aquí, pero lo que queremos es recibir a la secretaria de Educación aquí, que escuche nuestros planteamientos y decida que deje esta escuela abierta, se la dado oportunidad a otras escuela para mantenerse abierta por un año para identificar recursos económicos y estamos pidiendo los mismo”, añadió.

Aseguró que esta no es la primera gestión que hace por la escuela. Dijo que en junio se reunió con Keleher, pero se mantuvo la decisión del cierre del plantel; que luego se reunió con el gobernador Ricardo Rosselló y se coordinó una visita dela secretaria al plantel para el 30 de junio pero que esta le canceló y le dieron otra cita para el 21 de julio, pero el alcalde entiende que esta fecha es muy tarde porque ya estaríamos demasiado cerca del inicio de clases.

“Creo que no estamos tarde para decidir que esta escuela permanezca abierta”, agregó.

“El que diga que yo soy machista, no me conoce”.

El candidato a la alcaldía de Guaynabo, Carmelo Ríos Santiago, se disculpó ayer por las expresiones que lo persiguen hace cinco años, cuando se discutía el potencial de los legisladores ciudadanos y declaró que “las mujeres están a cargo de la casa y del hogar; eso va cambiando, pero tienen una responsabilidad mayor al hombre”.

“Si alguna persona entendió lo que yo no quise decir, yo le he dicho que me disculpo”, dijo en entrevista.

Acogió la pregunta con una sonrisa leve. Sabía que vendría. “Yo la he contestado mil y una vez”, dijo antes de explicar que las expresiones que tanto revuelo causaron por su origen machista fueron “sacadas de contexto”.

Textualmente, el entonces senador argumentó que “no podemos volver a que las mujeres estén aquí (en el Senado), no porque suene machista o porque suene feminista, pero tengo que plantearlo así porque es una realidad. En nuestra sociedad, nuestro esquema social es que las mujeres están a cargo de la casa y del hogar; eso va cambiando, pero tienen una responsabilidad mayor al hombre”.

Acogió la pregunta con una sonrisa leve. Sabía que vendría. “Yo la he contestado mil y una vez”, dijo antes de explicar que las expresiones que tanto revuelo causaron por su origen machista fueron “sacadas de contexto”.

Textualmente, el entonces senador argumentó que “no podemos volver a que las mujeres estén aquí (en el Senado), no porque suene machista o porque suene feminista, pero tengo que plantearlo así porque es una realidad. En nuestra sociedad, nuestro esquema social es que las mujeres están a cargo de la casa y del hogar; eso va cambiando, pero tienen una responsabilidad mayor al hombre”.

“Yo no pretendía decir eso jamás”, defendió esta vez.

“El pensamiento real, lo que está aquí, en este corazón, es que no podemos volver atrás cuando había una o dos senadoras versus lo que tenemos ahora, que son ocho, presidenta de la comisión de Hacienda, presidentas de comisiones, [no podemos volver] al modelo de antes, donde era un boys club, donde eran abogados, eran retirados, eran personas que tenían su profesión y en la noche llegaban a legislar”.

Mientras tanto, se escuchaba su zapateo en el piso. Tenía algo de nervios, pero también una seguridad que lo hacía mirar fijo a los ojos.

El reto de Guaynabo

A esta situación se suma el caso de agresión sexual del que se le acusa al exalcalde Héctor O’Neill y que provocó su renuncia. Según Ríos Santiago, el alegado patrón también ha impuesto un “estigma” sobre el municipio y las 1,200 empleadas de la alcaldía.

“De esa crisis nuestra carta de presentación en Guaynabo va a ser la mujer”, dijo promoviendo su Iniciativa Para el Desarrollo de la Mujer, un proyecto que busca otorgarle herramientas de desarrollo “personal, profesional o empresarial”.

Según las bases de su plan de trabajo, se integrarán a la política pública medidas contra las agresiones sexuales y a favor de la equidad, como un registro municipal de ofensores de violencia doméstica, “cero tolerancia” a la violencia y al acoso sexual, igual paga por igual trabajo y otras medidas”.

“De la crisis que nos han creado, mediática, de percepción, autoinfligida, como quieran llamarla, vamos a crear una oportunidad”, agregó.

Un aliado de Aymat

Ríos Santiago está claro y así lo afirma. El gobernador Ricardo Rosselló retiró la nominación de Ileana Aymat a la Procuraduría de la Mujer porque no contaba con los votos del Caucus de Mujer, encabezado por las senadoras Itzamar Peña y Nayda Vegas.

“Hace falta comunicación entre las partes, quitarnos esas camisas de fuerza que llevamos los seres humanos para ver cómo podemos tener áreas comunes que podamos desarrollar”, dijo sobre la oposición a Aymat.

Para el senador, ella fue parte clave en el desarrollo de los proyectos de ley que ha elaborado alrededor de asuntos como el registro de convictos por agresiones sexuales o violencia doméstica.

“Conmigo, yo le agradezco lo que hizo para poderme traer a la mesa cosas que yo desconocía, que yo pensaba que ya estaban dispuestas y que no estaban ahí porque ella trae esa visión”, indicó.

Eliminan licencia con paga por accidentes ocupacionales a unionados que laboran en áreas de alto riesgo a su seguridad.

El obrero Luis Sánchez estuvo casi cuatro meses hospitalizado tras sobrevivir a una explosión ocurrida en el 2014 en la central generatriz de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en San Juan, un incidente  que  que sacudió al País  y en el que murieron dos de sus compañeros de labores y otro resultó herido.

El escenario  de angustia que Luis y su familia vivieron -y que se prolongó por  más de un año de rehabilitación-pudo haber empeorado abismalmente si al empleado se le hubiera negado acogerse a una licencia con paga por accidentes ocupacionales, un beneficio marginal que  fue eliminado recientemente  por disposición del capítulo 2 de la Ley 26 de Cumplimiento con el Plan Fiscal.

El estatuto deja sin efecto los  acuerdos contractuales contenidos en diversos convenios colectivos, entre ellos los que cobijan empleados unionados de la AEE, de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), de la  Autoridad de Carreteras y de Comunidades Especiales, entre otros.

“¡Imagínate! Fueron muchos días en el hospital debatiéndome entre la vida y la muerte. Y luego vino todo un proceso de recuperación que fue bien lento. Si no llega a ser por esa licencia -que garantizó que siguiera cobrando mi cheque sin que me tocaran los días de enfermedad (que probablemente no me iban a cubrir todo el periodo) mi familia y yo estaríamos ahora en la calle… hubiéramos tenido que entregar la casa  porque el mayor ingreso del hogar es el mío”, destaca al agregar que la situación se hubiera complicado más  sin un plan médico.

“Esa licencia fue vital, en mi caso literalmente un salvavidas”, agregó quien, posteriormente, se acogió al retiro precisamente porque le honraron las horas acumuladas de enfermedad que no se vio precisado a utilizar tras el accidente en el que resultó con quemaduras en el 47% de su cuerpo.

Casos como el de Luis se suscitan con frecuencia  en agencias donde los empleados están en constante riesgo mientras ejercen sus funciones, destacó Luis Pedraza Leduc, portavoz del Programa Solidaridad Utier (Pro  Sol  Utier), al agregar que serán muchas “las repercusiones” en la clase obrera con la eliminación de la licencia especial.

De hecho, habló de violaciones a la Constitución de Puerto Rico y a los Derechos Humanos de los obreros.

“La Constitución reconoce en sus artículos 17 y 18 como derecho constitucional la organización sindical y la negociación colectiva…pero esa misma carta de derechos habla también de derechos humanos y ahí se incluye la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la seguridad social. Y en el tema de la enfermedad ocupacional estamos hablando de esos derechos humanos”, dijo Pedraza Leduc.

Añadió que en momentos en que se habla de proteger los “servicios esenciales” del pueblo -a pesar de la crisis fiscal- hay que tomar en consideración conservar beneficios marginales como la licencia con paga por accidentes ocupacionales.

“Estamos hablando de medidas que buscan proteger a un trabajador que está en alto riesgo, como lo es un empleado de energía eléctrica que trabaja con electricidad en vivo. De hecho, estamos hablando de uno de los grandes logros de la Utier al negociar en el área de salud y seguridad y ahora estamos echando para atrás. Estamos regresando al siglo 18 donde se peleaba por jornadas de ocho horas, se luchaban por medidas que garantizaran el ingreso del trabajador y por  los convenios colectivos. Ahora todo se pierde para cuadrar un presupuesto”, expuso.

Dijo que la situación ha creado tanta inestabilidad emocional entre los obreros accidentados que algunos están regresando a sus trabajos pues “tienen miedo de perder sus empleos…dime tú que esa no es  otra forma de despedir gente”, ripostó el líder sindical.

Por su parte, el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT),  Francisco Reyes, se mostró igual de preocupado y dijo que actualmente el gremio forma parte de un comité de diálogo con La Fortaleza y el secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Saavedra, en el que se discute el tema de los empleados que deberían ser considerados porque están en un “riesgo mayor” de accidentes como lo son los celadores de la AEE, a quienes ahora se les obliga a agotar sus días de enfermedad. Si los agotan, y aún no se han recuperado, conservan el empleo sin sueldo por 12 meses. Posteriormente, pierden el empleo, según lo dispone la Ley 26.

“Nosotros, a través de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, fuimos y nos reunimos en Fortaleza y le llevamos los planteamientos. Ellos están esperando una propuesta de la CPT para evaluar qué tipo de propuestas pueden ellos considerar”, dijo.

Sin embargo, Reyes confesó que “no me veo demasiado optimista en esa reunión, dejándome llevar por la reacción de ellos, aunque se mantiene un espacio de diálogo y de apertura y que hay que aprovecharlo y que hay que agotar ese remedio todas las veces que sea necesario para ver si logramos algo”.

Libni Sanjurjo colaboró en esta historia.

Sin embargo, enfatizó que su prioridad es que Puerto Rico pueda salir tan fuerte como pueda al final del camino.

“Habrá dolor y desilusión”.

La jueza Laura Taylor Swain, designada para evaluar los casos tras la radicación de quiebra bajo el Título III de la ley federal PROMESA, reconoció hoy en su primera vista judicial que será un proceso complicado, pero enfatizó que su prioridad es que Puerto Rico pueda salir tan fuerte como pueda al final del camino.

La jueza indicó que se debe aceptar que el pasado no fue perfecto y que ya no se puede regresar en el tiempo para arreglar las cosas que estuvieron mal, pero dijo que lo que sí se puede hacer es trabajar para resolver la situación actual.

“No se va a poder pagar todo completo y en el tiempo en que se supone… no habrá soluciones fáciles… pero los sacrificios tienen un valor”, afirmó al iniciar la vista en la corte federal.

Indicó que no se puede “apagar las luces y cerrar la puerta”, por lo que se debe “trabajar para un mejor futuro”.

La jueza decidió además que habrá una página web con acceso gratuito para que todo el mundo esté al tanto de las decisiones y de todos los documentos que se presenten. También pidió a los abogados de la Junta de Supervisión Fiscal que de todo lo que sometan incluyan sus respectivas versiones en español.

También decidió que por el momento las reclamaciones de los bonistas de Obligaciones Generales (GO’s, por sus siglas en inglés), que son las que están garantizadas por la Constitución y los de la Corporación para el Interés Apremiante (COFINA), se atenderán en conjunto de manera administrativa. Más adelante la jueza debe resolver si en términos judiciales los casos se verán por separado.

Los bonistas de GO’s han reclamado que es ilegal el pago de la deuda con COFINA, que no son bonos garantizados y son los únicos de los acreedores del gobierno que siguen cobrando.

Por otro lado, el abogado de la JSF, Martin Bienenstock, reconoció que en los próximos días en muy probable que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) se acoja al Título III de PROMESA que implica ver en corte la negociación de la deuda, que según dijo asciende a $6,000 millones.

El resto de la deuda se divide de la siguiente manera: Autoridad de Energía Eléctrica tiene deuda ascendente $9,000 millones, el Banco Gubernamental de Fomento $4,000 millones, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados $4,600 millones , la Universidad de Puerto Rico $572 millones, la Administración de Sistemas de Retiro $3,100 millones.

Mientras tanto la deuda del Centro de Convenciones es de $531 millones, el de la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura $2,100 millones y la Autoridad Metropolitana de Autobuses es de $128 millones. Estas tres junto a la deuda de ACT están en lo que se conoce como clawbacks lo que quiere decir que sus fondos están resguardados en una cuenta separada.

En horas de la tarde Marcia Goldstein de la Corporación National Public Finance Guarantee acusó a la JSF de no ser transparente y de no proveer la información financiera que se necesita durante el proceso de negociación.

“Hemos tenido obstáculos a nuestros pedidos de información… Se debe tener apertura real y absoluta de los datos financieros pero estamos muy, muy lejos de eso. Pedimos a la Junta que como parte de su trabajo incluya el acceso a la información. No importa lo que pase en la litigación se necesita datos confiables”, expresó.

Goldstein también dijo estar sorprendida de saber que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFFAF ) vaya a representar a los bonistas de COFINA y de los Go’s simultáneamente por entender que hay un conflicto de interés y urgió a que se resuelva para poder mover la negociación hacia adelante.

Otro reclamo fue el Ellen Halstead representante de varios bonistas quien aseguró que el Plan Fiscal del gobierno no cumple con la Constitución de Estados Unidos ya que no respeta el orden de prioridad en los pagos que se deben realizar, tal y como lo establece la Carta Magna.

De los once citados, a siete estudiantes se le encontró causa para arresto.

Luego de una extensa jornada de más de 11 horas, que acabó pasada las 10:00 de la noche, la jueza Geisa Marrrero Martínez encontró causa para arresto contra siete de los once manifestantes estudiantes citados por irrumpir en una reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Se trata de Verónica del Carmen Figueroa Huertas, Francisco A. Santiago Cintrón, Thaliangelly Torres González, Randiel J. Negrón Torres, Gabriel Díaz Rivera, Juan Carlos Collazo Vázquez y Paola Alexa Figueroa Carrasquillo, quienes fueron acusados por los artículos 156 de restricción a la libertad, 179 por violar el derecho a reunión y 245 por empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública. A cada uno se les impuso una fianza de $6,000.

En cambio, a los estudiantes Mikael Rosa, Ileanan Ayala, Juan Carlos Silén y Ernerto Beltrán no se les encontró causa.

La fiscal Yanira Colón presentó en el desfile de prueba un vídeo del incidente, cinco testigos y siete declaraciones juradas que, según fuentes de Primera Hora, habían sido emitidas por la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández y seis miembros de la Junta de Gobierno.

Para la abogada y copresidenta del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), Wilma Reverón Collazo, el proceso fue “atípico en términos de la cantidad de prueba que fiscalía intenta entrar en esta etapa” de determinación de causa para arresto.

Durante la mañana, un grupo de distintas organizaciones universitarias y políticas se manifestaron a las afueras del tribunal a la vez que un helicóptero de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) sobrevolaba el área.

Familiares y amigos cuestionaron la gran cantidad de policías y agentes de distintas unidades que se encontraban en el lugar, e incluso se escucharon bromas referentes a “ni que aquí estuviera el Chapo”, conocido narcotraficante mexicano.

El incidente por el que se les acusó ocurrió el 27 de abril en las oficinas de presidencia en el Jardín Botánico sur mientras la Junta de Gobierno se aprestaba a pasar juicio sobre el plan fiscal de la institución, que a ese momento incluía $241 millones en recortes requeridos por el gobierno de Ricardo Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal.

Al medio día, los abogados aseguraron que aun no conocían los cargos y según pasaban las horas los familiares y amigos se mostraban agostados y algunos con angustia debido a la gravedad de los cargos iniciales.

El caso fue inicialmente consultado con el fiscal Ángel L. García quien expidió las citaciones.

La vista preliminar fue pautada para el 23 de mayo.

El anuncio lo hizo el gobernador en la mañana de hoy en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de Elías Sánchez, representante del gobierno en la Junta de Supervisión Fiscal.

El gobernador Ricardo Rosselló anunció hoy que el gobierno de Puerto Rico se acogerá a la protección del Título III de la ley federal PROMESA, que implica una protección similar a la de la ley de quiebra.

“Tomé la decisión de solicitarle a la Junta (de Supervisión Fiscal) que Puerto Rico se acoja a la protección del Título III para trabajar de forma estructurada en el pago de la deuda bajo de los parámetros del plan fiscal”, dijo Rosselló en conferencia de prensa desde La Fortaleza.

“Seguimos comprometidos en mantener las negociaciones de buena fe para llegar a acuerdos con los acreedores. El mejor ejemplo de que se puede dialogar es el Acuerdo de Reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) establecido recientemente con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). No obstante, ante el déficit que hemos heredado, es mi responsabilidad garantizar los mejores intereses del Pueblo puertorriqueño”, sentenció el primer ejecutivo.

La Junta aceptó el pedido, indicó el gobernador, pero no pudo precisar en qué tribunal se vería esta petición bajo Título III.

El gobernador dijo que hacía eso en momentos en que ya se han radicado diversas demandas en contra del gobierno, que incluso reclamaba todo el dinero en las arcas del Departamento de Hacienda.

“Mientras el Gobierno de Puerto Rico se mantiene con la intención de dialogar y negociar de buena fe con los acreedores, la reciente expiración de la moratoria impuesta por PROMESA contra la aplicación de la responsabilidades de los reclamos de los acreedores dicta que el mejor curso de acción para el Gobierno es entrar en el Título III con el propósito de ajustar sus deudas a un nivel sostenible consistente con el Plan Fiscal”, sostuvo el mandatario.

“Es mi deseo que los procesos del Título III del Gobierno aceleren el proceso de negociación llevando el mayor consenso posible con los acreedores y alcanzando, donde sea necesario, una resolución judicial rápida y eficiente de cualquier asunto o disputa”, concluyó Rosselló Nevares.

El gobernador reiteró que con esta medida se garantiza la continuidad del pago a los empleados y suplidores del Gobierno.

La presencia del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en el Centro para Puerto Rico, en la fundación Sila María Calderón en Río Piedras, provocó momentos  de mucha tensión cuando decenas de estudiantes universitarios formaron una línea de piquete en la tarde de ayer enfrentándose a la Policía.

Rivera Schatz, junto a  las senadoras Nayda Venegas y Evelyn Vázquez, llegaron a las 3:30 de la tarde hasta la institución, localizada a pocos pasos de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, que lucha contra un recorte presupuestario de $512 millones, sugerido en el plan fiscal del gobernador Ricardo  Rosselló.

A eso de las 6:00 de la tarde, unos 60 efectivos de la Fuerza de Choque comenzaron a escoltar la salida de la guagua del presidente del Senado, golpeando y empujando a los manifestantes que intentaban atajar el vehículo.

Los manifestantes gritaban al vehículo buscando una reacción de Rivera Schatz.

La Uniformada gritaba improperios a jóvenes, mujeres y hombres, hasta que uno de los protestantes cayó en la carretera.

Minutos más tarde, los manifestantes fueron removidos por completo y el transporte de Rivera Schatz salió a toda prisa.

La Fuerza de Choque, entretanto, se colocó en formación para bloquear a los estudiantes de la fundación Sila M. Calderón.

La seguridad del Capitolio se movió por la calle Borinqueña en el sector Santa Rita para entrar en controversia y empujones con la multitud, además de lanzarles gas pimienta. En ese momento hubo agresiones físicas.

Los estudiantes, en varias instancias, hacían un llamado a realizar una manifestación de manera pacífica para que, finalmente, los efectivos policiacos se retiraran del lugar.

Desde el pasado 5 de abril, los  alumnos del sistema de la Universidad de Puerto Rico se encuentran en un paro indefinido, excepto los recintos de Carolina, Aguadilla y Ciencias Médicas.

Rivera Schatz reacciona a la manifestación

“Yo quiero cumplir con las obligaciones del gobierno y por eso lo que opine la Junta es la opinión de la Junta y me importa un pito, y lo que opinen los rebeldes sin causa, ‘bandolos’, agresores, los que escupen profesores, los que agreden a tu compañero fotoperiodista también me importan un pito, no tienen nada positivo que aportar”, declaró al ser entrevistado esta tarde por Saudy Rivera, presentadora del programa “Dando Candela”.

“Me importa un pito los gritos y las locuras de estas personas…”, añadió.

Cuando la presentadora le preguntó su opinión sobre el trabajo de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, a beneficio del estudiantado universitario, el funcionario respondió: “Carmen Yulín no esta haciendo nada para ayudar a nadie. Son mentiras”.

La Policía volvió a restringir el acceso a la Casa de las Leyes donde hoy la Cámara se apresta a aprobar proyecto en contra de la auditoría de la deuda.

Una protesta de ciudadanos y estudiantes a quienes se les impidió acceso al Capitolio se caldeó cuando poco antes de la 2:00 p.m. se lanzó gas pimienta sobre los manifestantes.

La manifestación ocurrió en la escalinata norte del Capitolio mientras se reclamaba que se les dé acceso a las gradas de la Cámara de Representantes donde hoy se discute el proyecto que elimina la Comisión de Auditora del Crédito de Puerto Rico.

“No somos criminales, somos ciudadanos”, era una de las consignas del grupo.

Presuntas fotos de estudiantes afectados por el gas pimienta circularon en redes sociales.

La Unidad de Operaciones Tácticas también conocida como la Fuerza de Choque se encontraba en los predios del Capitolio pero en el incidente ocurrido poco antes de las 2:00 p.m. con el gas pimienta  no intervinieron, aunque sí fueron movilizados brevemente más tarde. También llegó al área el monitor federal de la Policía, Arnaldo Claudio.

Tras la protesta, se autorizó a un pequeño grupo de manifestantes entrar al hemiciclo de la Cámara para ver la deliberación sobre la eliminación de la comisión. Se les ordenó removerse sus camisas que decían “auditoría ya”.

La comisión fue creada por el pasado gobierno y ayer el Senado aprobó un proyecto de ley para derogarla. La medida está pendiente en la sesión de hoy de la Cámara.

Roberto Pagán, presidente de la comisión, quien encabeza el grupo de manifestantes, indicó a Primera Hora que desde temprano en la mañana intentaron entrar al Capitolio por sus distintas entradas y no se les permitió.

“Estamos solicitando que se nos permita estar en las gradas y le hacemos un llamado al pueblo a que se mantenga firme en solicitar una auditoría integral de la deuda del país”, indicó Pagán.

La Policía colocó vallas de seguridad en el área ya que se espera que, de un momento a otro, estudiantes en huelga de la Universidad de Puerto Rico se unan a la manifestación.

Pagán indicó que una de las razones que les dio la Policía para denegarles entrada a la Casa de las Leyes es porque ayer “hubo unos incidentes en el Capitolio”.

Estudiantes de la UPR se mantuvieron ayer alrededor de cuatro horas en la puerta de entrada del lado sur del Capitolio en reclamo de que se les permitiera presenciar el debate de la medida. La Policía y oficiales del Capitolio les informaron que como el Senado está en reconstrucción, no tiene disponibles gradas públicas y que podían observar los trabajos de la sesión a través de un sistema de circuito cerrado en el anexo.

En el limbo.

Así se encuentran los miembros de la Confederación Estudiantil Nacional (CEN) que siguen esperando por una fecha para la reunión a la que fueron convocados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) con el fin de discutir los recortes presupuestarios a la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Así lo informó a Primera Hora el secretario general de la CEN, Danilo Pérez Rivera, quien aseguró que a diario cursan cartas y llamadas a la persona contacto, el asesor de prensa de la junta José Luis Cedeño, pero no reciben respuesta.

El encuentro fue convocado por el mismo ente fiscal el pasado 31 de marzo, a horas de que una manifestación masiva llegara a las afueras del Centro de Convenciones donde se encontraban reunidos.

Allí discutían sobre el desarrollo económico de Puerto Rico, pero la universidad no fue invitada y el presidente de la JSF, José Carrión III defendió que “personalmente creo que la Universidad de Puerto Rico es parte del desarrollo económico de Puerto Rico”.

Entonces solicitaron ver -ese mismo día- a solo cinco miembros de la CEN, pero los estudiantes pidieron aplazar la fecha para poder organizar una agenda y la junta aceptó.

Sin embargo, tan pronto los estudiantes sugirieron un periodo, que comprende desde ayer hasta el próximo lunes, nadie de la junta ha vuelto a contactarlos.

También intentaron negociar la entrada de representantes de los once recintos en lugar de solo cinco personas, pero, de nuevo, no han recibido respuestas.

Este medio también intentó comunicarse con Cedeño para conocer si se ha adelantado algún esfuerzo, pero al momento no ha contestado.

En la reunión, según Pérez Rivera, los estudiantes llevarían “los reclamos que se expresaron en la asamblea nacional como condiciones para levantar la huelga” y que en el aspecto económico incluyen cero recortes y aumento en la matrícula, así como la auditoría de la deuda pública.

El ente fiscal exigió una reducción de $450 millones al presupuesto de la UPR que deberían gestionar hasta el 2021, lo que provocó que nueve de los once recintos decretaran una huelga indefinida, y los otros dos pautaran otro tipo de paralizaciones y manifestaciones.

Aseguró que todo fondo público tendrá que pasar por un proceso de rendición de cuentas.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares aseguró hoy que todo fondo público tendrá que pasar por un proceso de rendición de cuentas al reaccionar al contrato de relaciones públicas de $50,000 que otorgó el municipio de Guaynabo en medio de la situación legal relacionada con una querella de hostigamiento sexual y laboral que enfrenta su Alcalde.

Rosselló Nevares indicó que “todo fondo público  que se esté utilizando tiene que pasar por un proceso de rendición de cuentas y obviamente lo que no sea justificable o legítimo pues tendrá sus consecuencias. Lo que si lo sea … pero los constituyentes no lo vean con buenos ojos pues eso va a hacer una decisión  de los constituyentes”, dijo.

“Pero más importante que todo eso ahora al momento es que se pueda ver este proceso en Justicia. Se pueda aclarar lo que está ocurriendo y reiterar la posición de nuestra administración que vamos  a tener cero tolerancia contra el acoso laboral y asuntos de violencia”, agregó.

El municipio ha separado de su presupuesto nada más y nada menos que $50,000 para la contratación de la compañía de relaciones públicas.

El contrato de tres meses le fue otorgado a Perfect Partners hace una semana, el pasado lunes 27 de  marzo y tiene vigencia hasta el 27 de junio.

La compañía se describe como una firma de consultoría especializada en relaciones públicas y comunicación estratégica, manejo de crisis, desarrollo de identidad corporativa e imagen, comunicación interna y responsabilidad social empresarial.

Uno de los primeros trabajos de la empresa ocurrió ayer durante la inusual conferencia de prensa que ofreció la vicealcaldesa de Guaynabo Aurializ Lozada-Centeno. Durante la misma, en la que la ejecutiva pidió que se deje de “mancillar” la imagen de la ciudad y empleados, la moderadora lo fue la publicista y presidenta de Perfect Partners Helga García

Mientras, el Departamento de Justicia inició una investigación contra el alcalde Héctor O’Neill  sobre una querella administrativa radicada por una policía municipal en la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) con señalamientos de hostigamiento sexual y laboral para establecer si se desprende una conducta criminal.

El caso ha provocado que el gobernador Ricardo Rosselló pida la renuncia del ejecutivo municipal ya hace más de un mes.

“La responsabilizamos (a la rectora Carmen H. Rivera Vega) de cualquier situación que se lleve a cabo durante el día de mañana”.

La presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) de la UPR, Wilmarí de Jesús, señaló en una conferencia de prensa que estaba en contra de la decisión de Rivera Vega de reanudar las clases el miércoles y “queremos repudiar que la comunidad estudiantil y universitaria tuviera que enterarse por una carta filtrada a la prensa. Nosotros hacemos un llamado a que no haya una confrontación, que el personal se una a nosotros en ese proceso, no buscamos confrontación. Que se abra un espacio de diálogo, entendimiento y se presenten la diversidad de ideas”.

“Siempre hemos estado dispuestos al diálogo. Ya definitivamente no volvemos a la mesa de diálogo y mediación; para volver queremos representantes de todos los sectores de la universidad”, agregó.

Según De Jesús -y ratificado por la carta de la rectora- no se aceptó una reunión telefónica, pero la líder estudiantil indicó que la reunión que la administración quería para las 7:00 p.m. se iba a dar vía Skype, lo que el Senado Académico no aceptó.

“Estábamos retomando la propuesta original de mantener los portones peatonales abiertos, se estaba evaluando nuevamente esa propuesta”, insistió De Jesús. “Queríamos hacerlo (la reunión) vía conferencia y ellos, los claustrales, entendían que debía ser presencial. Eso es lo que detona esta carta, que los representantes claustrales del comité del diálogo y mediación del Senado Académico evaluaron la solicitud de conversar vía teléfono y recomendaron no dar curso (a ese contacto). Esas fueron las razones que dieron para que no se diera el diálogo. En esa mesa de mediación, no hay espacio para retomar el diálogo”.

Sobre un supuesto reclamo de que ha fallado como líder estudiantil y que no estaban dispuestos a mediar, la joven indicó que “son apreciaciones diferentes. La única reunión a la que pudiera hacer referencia fue una que ella quiso llevar a cabo un domingo, pero nosotros no nos reunimos a puertas cerradas. No estaba clara, en ese momento en que ella solicita esa reunión, cuál era su posición porque se le solicitaron unas expresiones sobre la presencia policiaca en el recinto”. Ese domingo, Rivera Vega recalcó que ella no hizo gestiones con la Policía de Puerto Rico para que estuviese en el campus durante el paro.

De Jesús comentó que la prueba de que están abiertos a conversar es que el lunes se reunieron con la rectora dos veces, a las 3:00 p.m. y a las 6:00 p.m.,  y que hoy lo harían por teleconferencia, pero todo se cayó cuando Rivera Vega envió la carta.

“Invitamos a que las personas se unan al proceso de paro”, agregó la líder estudiantil. “La administración no ha decretado ese receso, y respetamos la diversidad de opiniones que hay en la universidad”.