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Distrito Federal— Joaquín “El Chapo” Guzmán promovió un nuevo amparo…

By Robert Miranda Some people watch history, some people make…

Beirut– El grupo Estado Islámico (EI) amenazó con matar a…

Chilpancingo— Padres de los normalistas desaparecidos y miembros del magisterio…

Surabaya, Indonesia— Las labores de búsqueda del avión de AirAsia…

La Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Autoridad de Puertos apoyaron hoy, miércoles, una nueva política pública para controlar los gastos y la remuneración de horas extras en las corporaciones públicas, según lo propone el Proyecto del Senado 1232.

La medida, de la autoría del presidente del Senado, Eduardo Bhatia, así como de los senadores Luis Rivera Filomeno y Aníbal José Torres, surgió como resultado de una investigación realizada durante la pasada sesión legislativa que reveló el desembolso de millones de dólares en pagos por horas extras trabajadas por empleados de varias corporaciones del gobierno.

En algunos casos, el pago por tiempo adicional trabajado superó el del salario anual de los empleados.

El Proyecto 1232 busca establecer que las horas trabajadas en exceso a la jornada regular se acumulen en tiempo compensatorio, hasta un máximo de 240 horas por año natural. Propone también que los empleados reciban licencia compensatoria, a razón de tiempo y medio, por los servicios prestados fuera de su jornada regular, diaria o semanal, y que el trabajador tenga que agotar esta licencia de tiempo compensatorio antes de que transcurran 60 días de la fecha en que haya prestado el servicio en exceso de jornada regular.

La medida prohíbe, además, la autorización de horas extras cuya compensación resulte en una suma igual o mayor al 35% del total del salario bruto anual del empleado a compensarse.

La directora de Recursos Humanos de la UPR, Erika Díaz Ríos, expuso en la ponencia que hizo en representación de Uroyoán Walker, presidente del primer centro docente del país, que el reglamento de la institución ya establece que cada unidad del sistema debe contar con planes que reduzcan al mínimo la necesidad de trabajar en exceso de las horas regulares.

Los convenios colectivos de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, del Sindicato de Trabajadores y de la Federación Laborista establecen, asimismo, el tiempo libre como forma de compensar las horas extras trabajadas, planteó Díaz Ríos.

Entre julio y diciembre de 2014 la UPR gastó poco más de $1.7 millones para pagar horas extra a unos 1,260 empleados en todo el sistema. Díaz Ríos consideró que la medida “será de utilidad como mecanismo de refuerzo adicional que garantice la reducción del gasto operacional por este concepto”.

Mientras, la Autoridad de Puertos, por voz de su director de Recursos Humanos, Alberto Feliciano Nieves, se expresó a favor del proyecto. Sin embargo, destacó que “la situación actual de la Autoridad requiere que ciertos empleados laboren tiempo extraordinario para así suplir las necesidades que provoca la falta de personal”.

Feliciano Nieves estimó que entre enero de 2010 y diciembre de 2014 la Autoridad de Puertos tuvo una reducción del 46% de sus empleados activos como consecuencia de la implantación de la Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento, y de la Ley del Programa de Retiro Temprano Voluntario para los empleados de la Autoridad de los Puertos.

Por eso, propuso que se incluya en la medida que situaciones como las que enfrenta Puertos eximirían a una corporación pública de cumplir con las limitaciones en pagos de horas extra que se propone.

El senador Rivera Filomeno, presidente de la Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos del Senado, que encabezó la vista pública, señaló que la medida “no está escrita en piedra”, por lo que sería modificada con algunas de las sugerencias de los deponentes.

“Lo que queremos es establecer un control con el pago de horas extras”, apuntó Rivera Filomeno.

PONCE.- El representante popular Ángel Matos, quien sometió hace casi un año una medida para tipificar como delito la práctica conocida como “pornografía de la venganza”, confía que en esta sesión legislativa se elimine la laguna jurídica que dificulta procesar criminalmente a quien divulga, con la intención de hacer daño, cualquier contenido sexual explícito que se grabe en el marco de una relación íntima.

“Prefiero que existan leyes en el país para que la gente entienda el alcance y las consecuencias y no se utilicen, que estar llevando cientos y cientos de casos”, indicó Matos sobre su intención de que el propuesto estatuto sirva como disuasivo a esa práctica lesiva que va en alza.

“No son tan solo los casos que llegan a los medios y causan tanta conmoción”, comentó en alusión a instancias como la de una agente que fue suspendida por la publicación de fotos de alto contenido sexual, tomadas en un cuartel.

“Todo el mundo debe estipular que es algo muy común de nuestros tiempos que la tecnología sea un instrumento para mantener niveles afectivos altos entre una pareja”, comentó.

Por lo mismo, estimó que debe protegerse a la persona que estuvo de acuerdo con generar esos contenidos como, fotos o vídeos íntimos, pero que nunca autorizó que se divulgaran por internet.

“Supongo que hace 500 años alguien escribió un poema en una servilleta, se lo dio a alguien para que se lo diera a una dama y esa persona procedió a divulgar el contenido. Lo que pasa es que con la tecnología es algo mucho más rápido, pero el principio es el mismo”, insistió al referirse a la falta de consentimiento para publicar.

A esos efectos, Matos aguarda por que la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, que preside Luis Vega Ramos, emita un informe sobre el Proyecto de la Cámara 1667 y continuar así con el trámite legislativo para que sea considerado por el pleno en ese cuerpo legislativo.

Matos indicó que, aunque su proyecto propone crear una ley especial contra la venganza pornográfica, no tiene reparos en que se trabaje como una enmienda al Código Penal, según recomendó el secretario de Justicia, César Miranda, en una ponencia sometida a la Comisión de lo Jurídico en agosto pasado.

“No me opongo. Comprendo que (Miranda) quiera tener un Código Penal robusto, en vez de un mancomunado de leyes especiales”, indicó en un aparte con este medio durante un receso en la audiencia pública que la Comisión Especial para el Estudio del Sistema Contributivo realizó en Ponce.

En el Código Penal de 2012 se tipifican varios crímenes contra el derecho a la intimidad, pero “de la manera en la cual está redactado, no constituye delito” compartir un material explícito que se grabó con consentimiento de otra persona, según explicó el fiscal Rafael Sosa, director de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos (UICC) del Departamento de Justicia, en entrevista reciente con este medio.

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Manuel Acevedo Hernández se convirtió esta noche en el primer juez estatal en ser encontrado culpable a nivel federal por cargos de corrupción judicial.

Al jurado le tomó apenas dos horas emitir un veredicto de culpabilidad en los dos cargos de conspiración y soborno que enfrentaba el suspendido juez del Tribunal de Aguadilla.

Acevedo Hernández fue implicado en un acuerdo con el contador público autorizado Lutgardo Acevedo López para absolverlo en un caso de homicidio negligente al causar la muerte del guardia de seguridad Félix Babilonia en Moca en 2012 en un accidente automovilístico, a cambio de regalías y favores que le daba a través del intermediario Ángel “Lito Trampa” Román Badillo.

Al escuchar la decisión unánime del jurado, compuesto por cuatro mujeres y ocho hombres, el hoy convicto se quedó tranquilo. Los fiscales José Capó, Timothy Henwood y Peter Mason solicitaron que fuese puesto bajo custodia de los alguaciles federales, ya que fue encontrado culpable y estaba bajo fianza. Su abogado Joseph Laws pidió que se quedara bajo las mismas condiciones de fianza, pero la jueza presidenta del Tribunal Federal en Puerto Rico, Aida M. Delgado Colón, ordenó a alguaciles federales a mantenerlo bajo su custodia, por lo que sería transportado al Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Guaynabo.

“Él violentó su juramento y el sistema legal… La fiscalía presentó abrumadora evidencia en este caso”, señaló la jueza, quien recordó que Acevedo Hernández se expone a una pena máxima de 10 años de cárcel.

Acevedo Hernández, de 63 años, le dio su teléfono celular y pertenencias a un familiar y fue escoltado fuera de sala por un alguacil federal.

La lectura de sentencia fue pautada para el 20 de abril a las 2:00 p.m.

Fuera de sala, el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico, Carlos Cases, y la jefa de fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, se mostraron satisfechos con el veredicto.

“En total menosprecio a su posición, el veterano y hoy convicto juez Manuel Acevedo, con 34 años de experiencia en el estrado, por su avaricia, ambición y borrachera de poder, se dejó influenciar y sobornar por Lutgardo Acevedo, un mequetrefe de poca monta y mala caña”, manifestó Cases.

“Al juez Acevedo poco le importó el sufrimiento de la familia de Félix Babilonia, con tal de convertirse en juez del Tribunal Apelativo. Todo por unos pesitos de aumento en su pensión. Pero hoy, el jurado se encargó de corregir esta injusticia; injusticia de la más baja y sucia que puede ocurrir. Usó su toga, abusó de su poder, de su discreción judicial para sacar absuelto al señor Lutgardo”, agregó Cases, quien recordó que en octubre de 2013, anunció la creación de un grupo de trabajo encargado de investigar casos de corrupción judicial.

Aclaró que “la mayoría de los jueces son honestos, pero dos o tres justifican que yo entre a investigarlos”.

Por su parte, Rodríguez envió un mensaje a la ciudadanía en general y advirtió que este caso podría tener secuela.

“Se le hizo justicia a Félix Babilonia. Desgraciadamente, debió ser hace unos años, pero ahora se hizo justicia. Que esto lleve un mensaje a la ciudadanía que si un juez del sistema de justicia puede salir culpable, que se cuiden porque cualquiera puede salir culpable, de haber la evidencia”, indicó Rodríguez.

“Manténganse en sintonía”, añadió Rodríguez cuando se le preguntó si podrían haber otros implicados en este caso.

El abogado Laws no emitió comentarios a la prensa. Durante su argumentación final, su posición era que su representado no sabía del acuerdo, dado a que fue una “construcción” de Román Badillo, catalogando el caso como uno de las “tres L’s: Lito, lies (mentiras) y Lutgardo”. Describió a su cliente como “jíbaro, campechano, humilde, tímido, ignorante”, mientras que a Román Badillo lo catalogó como “tramposo, vulgar, rata, serpiente, actor”.

Acevedo Hernández fue acusado por llegar a un acuerdo con Acevedo López para que lo beneficiara en el caso de homicidio negligente, lo que hizo el 27 de marzo de 2013 al encontrarlo no culpable. Antes y durante el juicio, el contador usó a Román Badillo como intermediario entre ellos y la defensa del entonces acusado, compuesta por los abogados Harry Padilla y Mayra López Mulero. Según éste testificó, Acevedo López le depositaba dinero a su cuenta para que sacara al entonces juez a comer y a beber -lo que dijo hacían de miércoles a domingo todas las semanas-; saldó una deuda de $3,700 en el Departamento de Hacienda; pagó materiales de remodelación de un garaje; le regaló una motora de $1,200; además de yuntas y relojes que luego fueron encontrados en la casa del exjuez en el allanamiento que el FBI hizo el 14 de abril de 2014.

Como parte del esquema, Acevedo López ayudaría al entonces juez a cumplir su “sueño” de retirarse como juez del Tribunal de Apelaciones usando sus contactos políticos y del recaudador del Partido Popular Democrático Anaudi Hernández, lo que no se concretó.

Acevedo López llegó a un acuerdo con la fiscalía e hizo alegación de culpabilidad a cambio de una sentencia recomendada de entre tres años y ocho meses y cuatro años y ocho meses. Román Badillo hizo lo propio y la pena recomendada en su caso es de hasta tres años y ocho meses. Ambos cooperan con las autoridades y están en espera de fecha de lectura de sentencia.

Acevedo Hernández se expone a una pena máxima de 10 años.

El senador José Nadal Power denunció anoche a su vecino, el abogado, analista y exfiscal Rafael Casasnovas, por intimidación y amenazas en su contra, informó hoy la Policía.

El legislador, de 41 años, junto a otro vecino suyo, solicitó la presencia policiaca ante hechos supuestamente ocurridos en el edificio del Viejo San Juan donde residen los querellantes y el querellado.

El portavoz de prensa del senador, José Cruz, informó que Nadal Power llegaba anoche a su apartamento luego de participar de las actividades que se realizaron por motivo de la visita del presidente de República Dominicana a la Isla, cuando su vecino, Casasnovas, de 43 años, le pidió que hablaran.

Según dijo Cruz, Nadal Power lo dejó pasar a la sala de la residencia y, en medio de la conversación, Casasnovas comenzó a amenazarlo.

“José (Nadal Power) le dice que está alterado, pero la persona (Casasnovas) sigue lanzando amenazas”, describió el relacionista en entrevista radial con NotiUno. Explicó que entonces llegó al edificio otro vecino, contra quien Casanovas la emprendió también.

Nadal Power salió de la estructura junto con el vecino que recién llegaba y ambos hicieron la denuncia a la Policía.

Según la versión de Cruz, el querellado, quien fue abogado de Ana Cacho, salió del apartamento de Nadal Power y continuó hablando en voz alta hasta entrar al suyo.

El representante del senador no precisó qué tipo de amenazas fueron lanzadas contra su cliente ni cuál era el contenido de la discusión. Estipuló que el legislador y el exfiscal querellado son vecinos hace muchos años.

Cruz también estableció que Nadal Power no se expresaría sobre el incidente.

El agente Jorge Martino, adscrito al Precinto de San Juan, tiene a su cargo la investigación.

Cayey. La Policía de Cayey no atendió de manera adecuada a una mujer con hematomas en el rostro y en diferentes partes del cuerpo, debido a que el presunto agresor había conseguido horas antes una orden de protección en su contra.

Así lo denunció  José Bones Rivera, hermano de la mujer agredida, quien hizo un llamado a través de las redes sociales para tratar de evitar que la situación se repita con otras mujeres.

“Los agentes de Cayey no querían cogerle la querella a ella…   aunque la estaban viendo con los hematomas… y no la llevaron al hospital”, relató el hermano vía telefónica.

“Como ella llegó a la casa de él (presunto agresor), él le llamó a los guardias y dijo que ella le dio, pero la que tuvo que ir a emergencias, la que tiene los hematomas es ella. Él le dio como si ella fuera un hombre”, agregó molesto.

La mujer dijo que tuvo que ir al día siguiente -sábado- al cuartel de Guayama para que escucharan su versión en la Unidad Especializada de Violencia Doméstica.

El lunes, el fiscal Víctor Casiano, de Guayama, tras entrevistar a ambas partes, decidió radicar cargos contra el presunto agresor, identificado por la Policía como Max Díaz Pérez.

La fiscal de distrito de Guayama, Marjorie Gierbolini, indicó que el juez Francisco Ocasio determinó causa para su arresto por el artículo 3.1 de la Ley 54 de Violencia Doméstica por maltrato físico y le impuso una fianza de $1,000, que pagó.

Por su parte, el sargento Javier Soto Rosario,  del cuartel de Cayey, defendió la gestión del agente José Brenes Torres, quien atendió la situación.

“Él (Max) estaba con la camisa rota y tenía marca en el cuello. Él alegó que  ella llegó agresiva a su casa, pero sí admitió que él  le había dado. Como ambas partes se agredieron se trajeron aquí al cuartel”, dijo el sargento, quien aceptó que   la orden de protección expedida no se había diligenciado oficialmente.

Por su parte, la teniente Aymeé Alvarado, coordinadora de las divisiones de Violencia Doméstica de la Superintendencia Auxiliar en  Investigaciones Criminales, dijo que si el incidente se manejó de manera inadecuada, el asunto no se quedará en el aire.

La teniente  detalló que quien puede confirmar si los agentes de Cayey fallaron o no en su trato a la presunta víctima es la sargento Alma Montañez, quien dirige la División Especializada de Violencia Doméstica de Guayama. Sin embargo, el lunes y martes Montañez se encontraba en un adiestramiento del Ejército.

“Si ella (la mujer agredida) entiende que hubo algo mal hecho, la sargento Montañez lo va a referir porque allí  no están con paños tibios y están bien comprometidos con ayudar a las víctimas de violencia doméstica”, afirmó Alvarado.

La procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez, dijo que todos los agentes tienen la responsabilidad de atender adecuadamente a las víctimas y conocerse el protocolo.

“No solo las unidades especializadas tienen que saber. Precisamente el problema principal que tenemos es en los precintos y cuarteles de los pueblos en que, a pesar de los adiestramientos, a veces hay resistencia a manejar los casos adecuadamente”, lo que aumenta la impresión de falta de confianza en las víctimas, afirmó.

Asimismo, elogió que los familiares se involucren y apoyen a las víctimas para que puedan manejar la presión emocional y las ayuden a que no se retracten.

Salinas.- Gaspar, Melchor y Baltasar le obsequiaron al mandatario varios discos de pasta de los legendarios Beatles, del baladista Julio Iglesias, del salsero Gilbertito Santa Rosa y de las bandas de rock, Duran Duran y RO Speed Wagon reveló el propio gobernador.
“(Los Reyes) bregaron bien. Pedí discos. En la Navidad había pedido un tocadiscos de los de antes y discos ‘long-plains’, como los llamábamos nosotros y me los trajeron”, dijo García Padilla, mientras la primera dama sonreía al recordarle algunos de los elepés.
¿Pero los regalos eran para usted o para los dos?, le preguntó un reportero.
“Para los dos y para los niños. A los niños les encanta la música de los ‘80”, sostuvo el Primer Ejecutivo, quien además dijo que los Reyes le trajeron “un back-pack (una mochila) que había pedido”.
El gobernador y la primera dama compartieron hoy durante la fiesta de Reyes que organizó la Fortaleza en Salinas y Barceloneta.

Juana Díaz. La magia de los Santos Reyes volvió a unir hoy a miles de familias puertorriqueñas que un año más escogieron Juana Díaz para adorar al Niñito Jesús.
Juana Díaz se engalanó para celebrar el 131 Aniversario de la representación de los Reyes Magos, una tradición que –contrario a otras– sí ha logrado mantener una esencia eminentemente religiosa.
Desde temprano, Juana Díaz se llenó de gente de todas partes, boricuas y extranjeros que no querían perderse ni un detalle de la entrada de los Reyes Magos al pueblo.
El alcalde Ramón Hernández le dijo a Primera Hora que la Fiesta de los Reyes de Juana Díaz no solo se ha convertido en un atractivo para puertorriqueños y extranjeros, sino que los juanadinos ausentes ven la ocasión como la oportunidad perfecta para “volver a casa”.
La celebración de los Reyes de Juana Díaz brilló de nuevo este año por su excelente organización. Los preparativos comienzan en septiembre, lográndose una efectiva coordinación entre el Consejo pro Festejos y el Municipio.
La fiesta, sin embargo, no estuvo ajena a la polémica, ya que el Alcalde denunció que el lunes en la noche el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) le quitó los rótulos que él había colocado en distintos puntos del pueblo para exigirle ayer al gobierno central y a la Legislatura que asfalten las carreteras estatales en jurisdicción de Juana Díaz.
“Los sacaron como ladrón en la noche”, dijo Hernandez, quien presentó una querella contra el DTOP por apropiación ilegal.
Mañana se celebrará una vista del caso en la Comandancia de la Policía.
“Para mí Juana Díaz es primero, Juana Díaz es segundo y Juana Díaz es tercero”, dijo el Alcalde del Partido Popular Democrático.
El desfile de los Reyes Magos comenzó hoy a las 10:00 a.m.
“Para nosotros esto es algo bien grande, que une al pueblo y a la familia. Significa mucho para nosotros que creemos en los reyes”, dijo la juanadina Jackeline Rivera, mientras vestía de pastora a su niña Valeria Sofia, de cinco años.
Marta Aponte y Carlos Quiñones viajaron de Ponce para agradecerles a los Reyes el milagro del hijo que le pidieron: Nicolás, de un añito y cinco meses.
Luego de marchar rumbo al pueblo, como de costumbre, Gaspar, Melchor y Baltasar proclamaron las profecías y dialogaron con los pastores, casi todos juanadinos de distintas generaciones.
Durante la Misa de Reyes, que se celebró en la plaza pública Román Baldorioty de Castro, el obispo de Ponce, Félix Lázaro, hizo un llamado a los puertorriqueños a seguir la misma luz de la Estrella que llevó a los Reyes al encuentro con Jesús y a abandonar toda postura cómoda y egoísta.
Al concluir la misa, los tres Reyes Magos se postraron a los pies del niño Jesús, en señal de amor y respeto, y le ofrecieron el oro, el incienso y la mirra del relato bíblico.
Este año, los Reyes de Juana Díaz visitaron Arecibo, Manatí, Toa Baja, San Juan –donde fueron recibidos en el Capitolio–, Adjuntas y Ponce.
¿Quiénes son los Reyes Magos de Juana Díaz?
Los hombres que representan a los Reyes de Juana Díaz no revelan sus nombres. No es propio porque lo que importa es que por Navidad ellos se transfiguran en los Magos de Oriente, explicó el presidente del Consejo, Isaac Santiago.
Los Reyes Magos son tres, pero los humanos que los representan suman diez.
“Sería inhumano que solo tres personas los representaran durante toda la peregrinación”, indicó Santiago, cuando se le preguntó porqué no siempre los Reyes no son los mismos.
Convertirse en un Rey Mago juanadino tampoco es fácil.
El escrutinio para seleccionarlos es estricto y, por ejemplo, no se aceptan personas que vivan en concubinato o no sean feligreses católicos.
La fiesta de los Reyes Magos termino con música típica de tierra adentro.

El Festival de Las Máscaras de Hatillo cerró anoche con un accidente de carácter grave en el que el conductor de una de las carrozas arrolló a una adolescente de 15 años que se había caído del vehículo.

De acuerdo con el informe policiaco, a eso de las 9:30 p.m. del domingo transitaba por la carretera PR-2 la carroza del grupo Los Anormales. Justo frente al establecimiento Home Depot, en el barrio Carrizales de Hatillo, Katiusca Vargas Rodríguez, de 15 años, se cayó. El conducto de la carroza, identificado como Natanael Crespo Mojica, supuestamente pasó el vehículo sobre el cuerpo de la perjudicada, dijo la Policía.

La joven resultó con heridas de gravedad y fue atendida por personal de Emergencias Médica en el lugar, quienes transportaron a la joven hacia el Hospital Regional de Arecibo. Finalmente fue llevada en ambulancia aérea al Centro Médico, de Río Piedras.

Crespo Mojica arrojó negativo en la prueba de alcohol. Se le ocupó el vehículo, un Jeep de 1974.

En total se registraron once incidentes que son investigados por la Policía, incluyendo el accidente grave y otras seis caídas de carrozas. Los afectados fueron tres mujeres y cuatro hombres.

Además, se registraron tres accidentes de auto con carroza en la que resultaron afectados dos mujeres y un peatón, así como un caballo que golpeó al sargento Heriberto Vélez, de la Unidad Motorizada de Arecibo.

Sobre estos incidentes, la agente Wanda Vázquez, adscrita a la Oficina de Prensa en Arecibo, precisó que a eso 11:00 a.m. una joven de 23 años tropezó con la motora estacionada de un agente de la Policía en una gasolinera ubicada en la carretera PR-130, jurisdicción del barrio Buena Vista. La joven sufrió heridas leves.

Poco más de una hora después, un equino pateó en el área de la cadera al sargento Vélez. El incidente ocurrió en el barrio Lechuga. El policía continuó laborando.

Ya a la 1:00 p.m. se registró un accidente leve de carroza con vehículo en la intersección de la carretera PR-490 con la PR-492. Nadie resultó herido.

Poco después, un hombre que no ha sido identificado, se cayó de una carroza en la carretera PR-130, en el barrio Buena Vista. Su condición fue descrita como estable.

Por otro lado, dos mujeres y un hombre fueron arrestados en horas de la tarde del domingo durante la celebración del tradicional Festival.

Según informó la oficina de prensa de la Policía en Arecibo, el trío fue detenido frente a una estación de Bomberos en la carretera PR-2 como resultado de una intervención por Ley de Tránsito. En el informe se indicó que las tres personas viajaban en un vehículo Jeep en contra del tránsito y, tras ser detenidos, un can marcó positivo a sustancias controladas.

En el vehículo, en que viajaban una mujer de 22 años, otra de 24 y un hombre de 24, se ocupó 13 bolsitas de marihuana, dos bolsas grandes de la misma droga, parafernalia y una cuchilla tipo corva, detalla el informe policiaco.

La fiscal Yadira Saavedra ordenó ocupar el vehículo y los detenidos fueron citados hoy, lunes, a la Fiscalía de Arecibo.

Dos de los nueve acusados por cargos relacionados a un fraude para apropiarse de dinero de asistencia económica para estudios académicos de la Federal Student Aid (Fafsa), mejor conocida como la Beca Pell, hicieron alegación de culpabilidad y serán sentenciados en marzo.

Charles Santana y Jessica Rodríguez Velázquez se declararon culpables, luego de llegar a acuerdos con la fiscalía. Ambos hicieron alegación de culpabilidad por un cargo de fraude electrónico, para una pena recomendada de entre 12 y 18 meses, que podrían ser de cárcel o probatoria, a discreción del juez federal Francisco A. Besosa.

La lectura de sentencia de Santana fue señalada para el 12 de marzo de 2015, y la de Rodríguez Velázquez, para el 15 del mismo mes.

El 22 de julio pasado, ambos fueron detenidos por las autoridades federales junto a otras siete personas acusados por un esquema de fraude que se llevó a cabo entre marzo de 2010 y marzo de 2012 para defraudar al Departamento de Educación Federal por $351,333. Según la pesquisa, Santana encabezó dicho esquema, quien junto a Rodríguez Velázquez reclutó a las demás personas que se hicieron pasar por estudiantes de la Universidad Interamericana con el fin de apropiarse de los fondos asignados por el gobierno federal para pagar los estudios.

Los demás acusados son Eliezer Santana Cruz, Nydia Cruz Rodríguez, Alexis Cockran Cruz, José Lanause Cruz, Yamille Santana Cruz, Matilde Santana Cruz e Irma Montañez Aponte. Se alega que estos se matricularon en cursos por internet, pero era Santana quien llenaba la información de solicitud de ayudas económicas federales y les hacía las tareas de las clases para que pareciera que estaban participando de los cursos por internet.

Santana le enviaba a la universidad las cuentas bancarias a nombre de los estudiantes fraudulentos. Tomaba el dinero y les daba su parte a los supuestos estudiantes. Se aclaró que la universidad cooperó con la investigación.

De ir a juicio y ser encontrados culpables, la pena máxima es de 20 años de prisión por cometer fraude usando medios electrónicos, y cinco años por fraude a los programas de ayudas económicas federales para estudios académicos. Santana también enfrentaba cargos adicionales por robo de identidad agravado por usar información personal de otras personas para cometer el fraude.

La División de Crimen Cibernético de la Policía investiga el llamado que se realiza en las redes sociales a los agentes para que se ausenten en estos últimos días del año en protesta a la eliminación de la bonificación monetaria de los días de enfermedad no utilizados.

“Nosotros estamos monitoreando todo esto y si nosotros descubrimos que hay algún miembro de la Policía envuelto (sic) en esto, vamos a ser enérgicos aplicando el reglamento de la Policía, porque el policía tiene que tener una vocación y es de servirle a este pueblo”, afirmó el superintendente José Luis Caldero en entrevista radial (WKAQ 580 – Univision Radio).

Las declaraciones las hizo tras alegar que el ausentismo registrado en el fin de semana pasado “no fue grave”. Esto, a pesar de que el número registrado está fuera de lo normal, según reconoció el jefe de la Policía.

“Tuvimos en el fin de semana de 545 ausencias, dentro de 14,668 policías… No es normal. En realidad, la ausencia de la Policía ha rondado entre 100 a 150 (en un fin de semana)”, señaló.

Dijo que los policías deberán presentar certificado médico para que se corrobore el motivo de la ausencia. Destacó que si se descubre que no hay justificación se podría comenzar un proceso de sanciones.

Este movimiento de ausencias ocurre pese a que la Policía envió un memorando en la que promete extender la efectividad del uso de los días de enfermedad que los agentes tengan disponible hasta diciembre de 2015. Sin embargo, los agentes entienden que ese memorando no tiene mayor peso legal que la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno, el cual elimina la bonificación monetaria, conocida como “el enfermito”.

Con motivo de los días festivos, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) permanecerá cerrada los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre, así como el 1, 2, 5 y 6 de enero de 2015, informó la administradora Liza M. Estrada Figueroa.

Señaló que, pese al receso de labores en las oficinas regionales y en los dispensarios, esperan no afectar los servicios que se ofrecen a los lesionados y patronos.

En el caso del Hospital Industrial, indicó que continuará brindando servicios médicos a los pacientes hospitalizados en su horario regular.

Destacó que las situaciones de urgencia que puedan surgir por accidentes laborales serán atendidas en el Hospital Industrial o en las instituciones de servicios médicos contratadas por la CFSE.

La funcionaria sostuvo, además, que se han tomado las medidas necesarias para proveer el suministro de medicamentos necesarios a los pacientes para cubrir los días laborables que los dispensarios de la Corporación permanecerán cerrados.

“En cuanto a los servicios disponibles para los patronos del País, pueden acceder a la página electrónica www.cfse.gov.pr para solicitar certificaciones de Póliza, Vigencia, Experiencia, Deuda y Sistema de Mérito, así como realizar pagos y renovar la póliza. Además, a través de nuestra página se pueden radicar informes patronales y obtener estatus de los casos”, puntualizó en comunicado de prensa.

Asimismo, informó que los patronos cuya fecha de vencimiento del primer pago de la póliza o prórroga otorgada coincida con uno de los días de cierre de labores se extenderán al próximo día laboral.

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Moca.- El gobernador Alejandro García Padilla dijo este martes que nunca ha conversado con el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Julio “Pellé” Santiago, para que diera su voto a favor del aumento al arbitrio del petróleo crudo y sus derivados o por cualquier otro tema.

García Padilla indicó que tampoco ha recibido ninguna petición de obra o asignación de dinero de parte del alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, a cambio del voto de Santiago.

El proyecto del Ejecutivo que aumenta el arbitrio al petróleo crudo y sus derivados logró pasar anoche en la Cámara de Representantes con el voto del estadista, quien representa al distrito que incluye al municipio de Toa Baja.

“Le agradezco la madurez con la que (Santiago) atendió este tema, la profundidad y la seriedad. Puso al país sobre cualquier otro elemento”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa, luego que anunció la construcción de un laboratorio de tecnología aeroespacial en Moca.

“Nunca he hablado con él. Si acaso en el hemiciclo cuando voy a los mensajes, que nos hayamos encontrado o coloquialmente o muy brevemente. Pero nunca hemos tenido una conversación sobre este tema o sobre cualquier otro tema”, añadió García Padilla.

¿Le va a dar la bienvenida al Partido Popular?, le preguntó un reportero radial.

“Eso no está planteado… Eso sí, todos los puertorriqueños están bienvenidos al PPD”, respondió García Padilla.

Le preguntaron también si el alcalde de Toa Baja le hizo alguna petición en medio de su cabildeo de votos para la crudita y dijo: “El alcalde no ha hablado conmigo”.

En torno al voto en contra de la controvertible medida que emitieron los representantes populares, Luis Raúl Torres y Manuel Natal, el gobernador indicó que “es otro ejemplo más de que en el PPD atendemos estas controversias de manera distinta a como lo hace el partido de oposición”.

Dijo que las controversias internas “las ventilo adentro” y las explicaciones sobre el voto en contra de la medida, “les corresponde a ellos brindarlas”.

Puerto Rico construirá su primer laboratorio de tecnología aeroespacial en las nuevas instalaciones de la compañía estadounidense Honeywell Aerospace con el fin de potenciar el desarrollo de esta industria en la isla caribeña, anunció hoy el Ejecutivo.

El gobernador Alejandro García Padilla dijo que el laboratorio se utilizará como centro de investigación y desarrollo para realizar pruebas sobre los efectos de las ondas electromagnéticas, la radiación, los rayos, los cambios en el medioambiente y otros equipos de aviación.

“Es un proyecto clave que adelanta el posicionamiento de Puerto Rico dentro de la industria aeroespacial”, señaló García Padilla, quien hizo el anuncio en las instalaciones del Parque Tecnológico Las Américas de Moca, municipio del noroeste de la isla.

El jefe del Ejecutivo explicó que la inversión del laboratorio, que se espera que esté completado en octubre próximo, es de 35 millones de dólares y empleará a más de 300 personas.

El laboratorio fue diseñado por la firma puertorriqueña de ingenieros CMA Architects & Engineers, la gerencia del proyecto está a cargo del grupo Caribbean Project Management y la construcción fue adjudicada a Aireko Construction Group.

El Gobierno local resaltó que Honeywell colabora con la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, en el oeste de la isla, y la Universidad Politécnica en San Juan para desarrollar ingenieros.

Añadió que esto se hace para establecer cursos de postgraduado y crear instalaciones para pruebas de interferencia electromagnética en sus campus que complementarán el desarrollo de los ingenieros en este campo.

La construcción de las nuevas instalaciones de Honeywell surge a la par que la llegada a Puerto Rico de Lufthansa Technik para dar mantenimiento, reparación y reacondicionamiento a aviones americanos.

Como parte de esta estrategia, Lufthansa Technik construye en Aguadilla un centro de mantenimiento, reparación y reacondicionamiento, mientras que la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Educación colaboran en un proyecto educativo para proveer profesionales en aeronáutica.

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La defensa de José Luis Bosch Mulero pondera presentar una moción para que se evalué el estado mental del imputado por la matanza familiar ocurrida en Guaynabo hace poco más de dos semanas, mientras que el otro coacusado, Christopher Sánchez Asencio, estrenó abogado.

Así trascendió hoy, martes, durante una vista ante la jueza Sylvia Díaz Solla, del Tribunal de Bayamón.

La vista empezó con un poco de atraso esta mañana debido a un brote de varicela en la sección de la cárcel de Bayamón donde se encuentra detenido Sánchez Asencio, explicó la jueza en una alocución inicial.

Díaz Solla detalló que habló con la directora médica de la institución esta mañana y que ésta autorizó el traslado del imputado al centro judicial porque no existía riesgo de contagio puesto que estaba separado de la población penal.

Una vez arribaron ambos imputados a la sala 706, la licenciada Mayra López Mulero, quien representa a Bosch Mulero, anticipó que en los próximos días podría presentar una moción al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal.

Esta regla autoriza al psiquiatra del Estado a evaluar al imputado para determinar si se encuentra procesable. Una persona se encuentra procesable cuando entiende el proceso en su contra y puede ayudar en su defensa.

La jueza indicó que, de presentarse la moción, resolverá el asunto por escrito y solicitó a la letrada que apoye su petición con evidencia y “no la mera alegación”.

“El tribunal va a ordenar todas las prueba necesarias para cubrir todas las bases que sean necesarias cubrir”, apuntó la jueza ante una objeción del Ministerio Público.

El licenciado Orlando Cameron Gordon, quien representa a Sánchez Asencio explicó que no había podido entrevistar al imputado en la cárcel debido al brote de varicela y pidió entrevistarlo hoy para luego “hacer los planteamientos que en derecho procedan”.

Los fiscales María del Mar Ortiz Rivera, Miguel Alameda Ramírez y Janet Parra Mercado, por su parte, solicitaron que menor de 13 años, único sobreviviente del crimen y testigo esencial del Ministerio Público, declare usando la tecnología de circuito cerrado.

Ante esta petición, la licenciada López Mulero pidió a los fiscales que adelantaran los fundamentos de esa solicitud para determinar si se allana a la misma y evitar la celebración de la vista de necesidad.

Cameron Gordon no se expresó sobre el asunto.

Así las cosas, los abogados y fiscales escogieron la fecha del 29 de diciembre para discutir la moción del Ministerio Público pidiendo el circuito cerrado. Sin embargo, si los abogados defensores se allanan a la petición ese día podría iniciar la vista preliminar, según expresaron las partes a la jueza Díaz Solla.

“Haga sus mejores oficios para que le cuelen el caso”, apuntó la jueza a la fiscal Parra Mercado ante el apretado calendario para usar el sistema de circuito cerrado.

Los imputados llegaron al salón de sesiones esposados de manos y pies. Dos alguaciles se mantuvieron en la puerta de entrada de la sala durante la vista. Tan pronto terminó la audiencia salieron del lugar escoltados por alguaciles.

El dúo encara cuatro cargos de asesinatos, un cargo de tentativa de asesinato, nueve violaciones a la Ley de Armas, dos cargos de secuestro agravado, un cargo de agresión grave, un cargo de destrucción de prueba, un cargo de robo y otro de conspiración.

Según las acusaciones, el dúo asesinó a Miguel Ortiz Díaz, un exsargento militar; a su esposa Carmita Uceda Ciriaco; al hijo adolescente de ambos, Michael Ortiz Uceda; y a la mamá de Carmita, Clementina Ciriaco López en hechos ocurridos entre el 17 y 18 de noviembre pasado en la urbanización Parque de Los Frailes en Guaynabo.

También se les imputa intentar matar al hijo menor de la pareja y de lanzarlo por un puente de más de 43 pies de altura.

La matanza de esta familia, según la pesquisa inicial de la Policía, se debió a una disputa por el alquiler atrasado de una propiedad de Ortiz Díaz.

Durante la vista estuvieron presentes familiares de las víctimas y de los acusados, pero todos abandonaron la sala sin realizar comentarios.

Fuera de sala, la fiscal Parra Mercado no comentó sobre el caso.

“El Ministerio Público siempre litiga sus casos en sala”, insistió.

La licenciada López Mulero, por su parte, indicó que planteó el asunto de la procesabilidad de Bosch Mulero porque duda sobre su capacidad para entender el proceso que enfrenta.

“Es un joven que tiene algún tipo de situación emocional que me preocupa desde el punto de vista de si puede enfrentar el proceso, si está consciente y puede ayudar en la defensa”, afirmó.

Sin embargo, señaló que era prematuro plantearse en este momento una defensa de inimputablidad.

Sobre el vínculo familiar con el imputado, la abogada afirmó que no existía ninguno, pero explicó que el hombre es el hijo adoptivo de un pariente suyo.

Una familia vivió minutos de angustia esta madrugada en Arecibo al ser víctimas de un robo domiciliario en la urbanización Vista Azul.

En el informe policiaco se indica que el querellante, un comerciante de 56 años, alegó que a eso de las 5:15 a.m. salía de su casa y cuando se disponía a abordar su auto, tres hombres con armas de fuego lo obligaron a regresar a la propiedad, donde se encontraban su esposa y varios menores.

En el interior de la estructura, el hombre fue amarrado y agredido en la frente. Le despojaron de $1,500 en efectivo.

El herido fue atendido en la escena por paramédicos.

La división de Robos de Arecibo se hizo cargo de la pesquisa.

De otra parte, tres hombres armados se llevaron teléfonos celulares, $10 en efectivo y prendas de oro valoradas en $7,000 al cometer un robo domiciliario en la urbanización Eugenio María De Hostos, de Mayagüez.

Según los dos querellantes, el incidente ocurrió a la 1:30 a.m. y uno de los perjudicados fue agredido en la cabeza, siendo atendido en la Clínica Yagüez.

Su condición es estable.

El caso fue referido al agente Rodríguez, de la división de Robos de Mayagüez.

Un muerto y cinco personas heridas fue el saldo de un accidente vehicular reportado anoche en la avenida Román Baldorioty de Castro, jurisdicción de San Juan, y que presuntamente fue provocado por un conductor en estado de embriaguez.

De la investigación policiaca se desprende que mientras Marcos Barreto, de 19 años, conducía el vehículo Ford Windstar rojo, del año 2000, en dirección de Carolina a San Juan, fue impactado por la parte posterior por el vehículo Jeep Grand Cherokee gris, del año 2013, el cual era conducido por Héctor Luis Ortiz Rivera, de 55 años y residente de Carolina.

Como consecuencia del choque, el joven recibió heridas de gravedad. Se le transportó al Centro Médico en Río Piedras, donde el médico de turno certificó su muerte.

Además, cinco personas resultaron heridas. De este grupo, tres tuvieron que ser trasladadas al Centro Médico de Río Piedras. Se informó que la condición es estable, pero no se detalló en qué vehículo viajaban.

Por otro lado, la Policía informó que al conductor del vehículo Jeep Grand Cherokee se le realizó la prueba de alcohol, la cual arrojó .154% en su organismo. El nivel máximo permitido por ley para conducir es .08%.

El agente Méndez, adscrito a la División de Patrullas y Carreteras San Juan, y la fiscal Ana María Martínez Orama se hicieron cargo de la investigación.

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puerto rico 111914pix1Un militar retirado, su esposa, un hijo adolescente y otra mujer fueron asesinados esta madrugada en un brutal crimen que incluye escenas en lugares de Guaynabo y Bayamón, y por el que las autoridades ya tienen detenido a un potencial sospechoso.

Un segundo hijo del matrimonio sobrevivió el ataque y se encuentra recibiendo tratamiento médico y bajo protección de la Policía.

“La escena es grotesca”, expresó el fiscal de distrito de Bayamón, José Virella. “No hay muchos casquillos, pero es una escena grotesca. Es una familia completa asesinada en esas circunstancias. Detona un total menosprecio por la vida de los demás”, agregó.

Una de las escenas de esta masacre se ubica en la sala de una residencia en la urbanización los Frailes, en Guaynabo, donde las autoridades encontraron los cuerpos baleados de Miguel Ortiz Díaz, 66 años, su esposa Carmita Uceda Ciriaco, y la suegra del exmilitar Clementina Ciriaco López. Según la Policía, ambas son de nacionalidad peruana.

Por su parte, el superintendente de la Policía, José Caldero López, señaló que la segunda escena ocurrió en Bayamón, específicamente en un terreno aledaño a la carretera PR-174 en el barrio Guaraguao. Allí las autoridades hallaron el cuerpo de un menor de 15 años, que es hijo de la pareja encontrada en la residencia de la urbanización Los Frailes. El menor fue identificado como Miguel Ortiz Uceda.

La persona detenida está siendo entrevistada en la Comandancia de Bayamón. Al hombre se le ocupó una guagua con rastros de sangre en la urbanización Versalles en Bayamón, donde está la residencia que le había alquilado a Ortiz Díaz.

Aunque agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) acudieron a las escenas del crimen a analizar si asumían jurisdicción, luego determinaron no intervenir.

En relación a los hechos, la Policía protege a un segundo menor de 13 años que resultó herido y que también es hijo de Ortiz Díaz. De acuerdo a Caldero, el adolescente fue lanzado por un puente en el área de Guaraguao, en Bayamón, de donde logró salir a alertar a la Policía. Fue internado en un hospital en condición estable.

“El incidente empieza después de las 9:00 p.m. Pasan los hechos, se llevan a los dos menores. A uno lo ejecutan en el trayecto. Ese es el cadáver que está. Cuando van a ejecutar al otro, se quedan sin balas.  Por eso es que lo hieren con un arma blanca. Entonces, lo tiran por un puente, aparentemente creyendo que estaba muerto”, dijo Caldero.

Virella y Caldero confirmaron que por el momento la investigación apunta a que Ortiz Díaz, quien laboró por casi 20 años en la American Military Academy como maestro de Jr. ROTC, buscaba cobrar una deuda de dinero por una propiedad que tenía alquilada y de donde intentaba sacar al inquilino ante la falta de paga. Virella dijo que esa persona fue quien se presentó a la residencia anoche.

“Lo que tenemos preliminarmente es que aparentemente había una deuda por un alquiler de un tal señor Christopher que le debía dinero por una casa que tenía alquilada en Versalles”, dijo Virella.

“Aparentemente, Christopher llegó a esta casa con la excusa de que iba a pagar y resultó en esta masacre”.

“La persona detenida es Christopher, la persona que tenía la casa alquilada”, añadió el jefe de la Fiscalía del Distrito de Bayamón.

De hecho, un compañero de trabajo de Ortiz Díaz, Hiram Torres Feliciano, dijo que el ex militar había comentado en la escuela donde laboraba sobre los problemas que había tenido con el inquilino, por lo que “ayer le entregó una orden de desahucio”.

Por su parte, Caldero destacó que las puertas de la residencias no estaban forzadas y que, incluso, una de las mismas todavía tenía la llave, por lo que entienden que habrían abierto voluntariamente.

“Estamos hablando que vinieron de una a tres personas”, estimó Caldero, quien dijo que manejaban la teoría de que no intentaron ejecutar a los menores en la residencia “porque posiblemente tenían problemas con el arma”.

Sobre la segunda escena reportada en Bayamón, trascendió que el sicario –que no se precisó si actuó solo o si estaba acompañado- secuestró a los hijos del matrimonio de la casa de Guaynabo y los llevó hasta un paraje solitario en el barrio Guaraguao. Se informó que el menor de 15 años fue ultimado a tiros, pero que, supuestamente, el o los responsables se quedaron sin balas cuando fueron a ejecutar al segundo adolescente. Fue entonces que lo apuñalaron y lo lanzaron por un puente, creyéndolo muerto. No obstante, el joven pudo salir y buscó ayuda por las casas aledañas. De una de las viviendas, llamaron al Sistema de Emergencia 9-1-1 a eso de las 3:00 a.m., se informó en la escena.

“Nombramos a un excelente grupo de investigadores”, destacó Caldero, quien dijo que buscarán si hay cámaras de seguridad en la urbanización con control de acceso en donde se reportó una de las escenas.

El apostador que fue el único en acertar los seis ganadores del Pool de seis el 10 de octubre pasado tendrá que esperar más tiempo para conocer si podrá cobrar los más de $1.3 millones del Poolpote, cuyo pago fue paralizado a raíz del fraude del cambio de ejemplares en dos carreras de esa tarde.

Así lo dio a conocer el administrador hípico Wilfredo Padilla Soto hoy al señalar que todo dependerá de lo que revele la continuación de la investigación que ahora realizará su agencia luego de haber emplazado a siete de los nueve presuntos implicados en el esquema.

“Se va a determinar el futuro del Poolpote dependiendo del resultado de la evidencia que surja en las vistas que se van a celebrar. Primero hay que determinar la validez o legalidad de la sexta carrera”, dijo Padilla Soto en referencia al evento en el que según la investigación la yegua Fully Paid corrió en sustitución de Mi Reina Del Sur.

“Una vez que se determine eso, entonces se tomará una decisión con respecto a si se paga o no el Poolpote”, añadió Padilla Soto, quien indicó la primera vista con relación al caso está señalada para el 1ro de diciembre próximo.

Para esa vista estan citados todos los notificados de cargos. De acuerdo al ejecutivo hípico, éste ya designó al licenciado Casiano Betancourt como oficial examinador del caso.

“Entendemos que tenemos pruebas más que contundentes para sostener los cargos que se le estan imputando a las personas citadas”, expresó Padilla Soto, quien suspendió inmediatamente a los entrenadores Luis R. Cruz, José M. Caro y Jonathan Astacio contrario a los demás implicados, que no quedaron suspendidos.

“Eso es así debido al grado de prueba que hay contra cada uno vinculándolo a la sustitución de los caballos. La prueba que se tiene contra los entrenadores es más fuerte que la que se tiene contra los dueños de ejemplares. Dependiendo además del grado de participación. Unos tuvieron participación más activa que otros”, dijo.

Por otro lado, Padilla Soto explicó que desde que refirió el caso al Departamento de Justicia el pasado viernes no ha tenido más comunicación con esa dependencia.

“Supongo que ellos están evaluando el caso para determinar qué cargos, si alguno, radican”, señaló.