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Sin embargo, enfatizó que su prioridad es que Puerto Rico pueda salir tan fuerte como pueda al final del camino.

“Habrá dolor y desilusión”.

La jueza Laura Taylor Swain, designada para evaluar los casos tras la radicación de quiebra bajo el Título III de la ley federal PROMESA, reconoció hoy en su primera vista judicial que será un proceso complicado, pero enfatizó que su prioridad es que Puerto Rico pueda salir tan fuerte como pueda al final del camino.

La jueza indicó que se debe aceptar que el pasado no fue perfecto y que ya no se puede regresar en el tiempo para arreglar las cosas que estuvieron mal, pero dijo que lo que sí se puede hacer es trabajar para resolver la situación actual.

“No se va a poder pagar todo completo y en el tiempo en que se supone… no habrá soluciones fáciles… pero los sacrificios tienen un valor”, afirmó al iniciar la vista en la corte federal.

Indicó que no se puede “apagar las luces y cerrar la puerta”, por lo que se debe “trabajar para un mejor futuro”.

La jueza decidió además que habrá una página web con acceso gratuito para que todo el mundo esté al tanto de las decisiones y de todos los documentos que se presenten. También pidió a los abogados de la Junta de Supervisión Fiscal que de todo lo que sometan incluyan sus respectivas versiones en español.

También decidió que por el momento las reclamaciones de los bonistas de Obligaciones Generales (GO’s, por sus siglas en inglés), que son las que están garantizadas por la Constitución y los de la Corporación para el Interés Apremiante (COFINA), se atenderán en conjunto de manera administrativa. Más adelante la jueza debe resolver si en términos judiciales los casos se verán por separado.

Los bonistas de GO’s han reclamado que es ilegal el pago de la deuda con COFINA, que no son bonos garantizados y son los únicos de los acreedores del gobierno que siguen cobrando.

Por otro lado, el abogado de la JSF, Martin Bienenstock, reconoció que en los próximos días en muy probable que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) se acoja al Título III de PROMESA que implica ver en corte la negociación de la deuda, que según dijo asciende a $6,000 millones.

El resto de la deuda se divide de la siguiente manera: Autoridad de Energía Eléctrica tiene deuda ascendente $9,000 millones, el Banco Gubernamental de Fomento $4,000 millones, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados $4,600 millones , la Universidad de Puerto Rico $572 millones, la Administración de Sistemas de Retiro $3,100 millones.

Mientras tanto la deuda del Centro de Convenciones es de $531 millones, el de la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura $2,100 millones y la Autoridad Metropolitana de Autobuses es de $128 millones. Estas tres junto a la deuda de ACT están en lo que se conoce como clawbacks lo que quiere decir que sus fondos están resguardados en una cuenta separada.

En horas de la tarde Marcia Goldstein de la Corporación National Public Finance Guarantee acusó a la JSF de no ser transparente y de no proveer la información financiera que se necesita durante el proceso de negociación.

“Hemos tenido obstáculos a nuestros pedidos de información… Se debe tener apertura real y absoluta de los datos financieros pero estamos muy, muy lejos de eso. Pedimos a la Junta que como parte de su trabajo incluya el acceso a la información. No importa lo que pase en la litigación se necesita datos confiables”, expresó.

Goldstein también dijo estar sorprendida de saber que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFFAF ) vaya a representar a los bonistas de COFINA y de los Go’s simultáneamente por entender que hay un conflicto de interés y urgió a que se resuelva para poder mover la negociación hacia adelante.

Otro reclamo fue el Ellen Halstead representante de varios bonistas quien aseguró que el Plan Fiscal del gobierno no cumple con la Constitución de Estados Unidos ya que no respeta el orden de prioridad en los pagos que se deben realizar, tal y como lo establece la Carta Magna.

De los once citados, a siete estudiantes se le encontró causa para arresto.

Luego de una extensa jornada de más de 11 horas, que acabó pasada las 10:00 de la noche, la jueza Geisa Marrrero Martínez encontró causa para arresto contra siete de los once manifestantes estudiantes citados por irrumpir en una reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Se trata de Verónica del Carmen Figueroa Huertas, Francisco A. Santiago Cintrón, Thaliangelly Torres González, Randiel J. Negrón Torres, Gabriel Díaz Rivera, Juan Carlos Collazo Vázquez y Paola Alexa Figueroa Carrasquillo, quienes fueron acusados por los artículos 156 de restricción a la libertad, 179 por violar el derecho a reunión y 245 por empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública. A cada uno se les impuso una fianza de $6,000.

En cambio, a los estudiantes Mikael Rosa, Ileanan Ayala, Juan Carlos Silén y Ernerto Beltrán no se les encontró causa.

La fiscal Yanira Colón presentó en el desfile de prueba un vídeo del incidente, cinco testigos y siete declaraciones juradas que, según fuentes de Primera Hora, habían sido emitidas por la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández y seis miembros de la Junta de Gobierno.

Para la abogada y copresidenta del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), Wilma Reverón Collazo, el proceso fue “atípico en términos de la cantidad de prueba que fiscalía intenta entrar en esta etapa” de determinación de causa para arresto.

Durante la mañana, un grupo de distintas organizaciones universitarias y políticas se manifestaron a las afueras del tribunal a la vez que un helicóptero de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) sobrevolaba el área.

Familiares y amigos cuestionaron la gran cantidad de policías y agentes de distintas unidades que se encontraban en el lugar, e incluso se escucharon bromas referentes a “ni que aquí estuviera el Chapo”, conocido narcotraficante mexicano.

El incidente por el que se les acusó ocurrió el 27 de abril en las oficinas de presidencia en el Jardín Botánico sur mientras la Junta de Gobierno se aprestaba a pasar juicio sobre el plan fiscal de la institución, que a ese momento incluía $241 millones en recortes requeridos por el gobierno de Ricardo Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal.

Al medio día, los abogados aseguraron que aun no conocían los cargos y según pasaban las horas los familiares y amigos se mostraban agostados y algunos con angustia debido a la gravedad de los cargos iniciales.

El caso fue inicialmente consultado con el fiscal Ángel L. García quien expidió las citaciones.

La vista preliminar fue pautada para el 23 de mayo.

El anuncio lo hizo el gobernador en la mañana de hoy en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado de Elías Sánchez, representante del gobierno en la Junta de Supervisión Fiscal.

El gobernador Ricardo Rosselló anunció hoy que el gobierno de Puerto Rico se acogerá a la protección del Título III de la ley federal PROMESA, que implica una protección similar a la de la ley de quiebra.

“Tomé la decisión de solicitarle a la Junta (de Supervisión Fiscal) que Puerto Rico se acoja a la protección del Título III para trabajar de forma estructurada en el pago de la deuda bajo de los parámetros del plan fiscal”, dijo Rosselló en conferencia de prensa desde La Fortaleza.

“Seguimos comprometidos en mantener las negociaciones de buena fe para llegar a acuerdos con los acreedores. El mejor ejemplo de que se puede dialogar es el Acuerdo de Reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) establecido recientemente con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). No obstante, ante el déficit que hemos heredado, es mi responsabilidad garantizar los mejores intereses del Pueblo puertorriqueño”, sentenció el primer ejecutivo.

La Junta aceptó el pedido, indicó el gobernador, pero no pudo precisar en qué tribunal se vería esta petición bajo Título III.

El gobernador dijo que hacía eso en momentos en que ya se han radicado diversas demandas en contra del gobierno, que incluso reclamaba todo el dinero en las arcas del Departamento de Hacienda.

“Mientras el Gobierno de Puerto Rico se mantiene con la intención de dialogar y negociar de buena fe con los acreedores, la reciente expiración de la moratoria impuesta por PROMESA contra la aplicación de la responsabilidades de los reclamos de los acreedores dicta que el mejor curso de acción para el Gobierno es entrar en el Título III con el propósito de ajustar sus deudas a un nivel sostenible consistente con el Plan Fiscal”, sostuvo el mandatario.

“Es mi deseo que los procesos del Título III del Gobierno aceleren el proceso de negociación llevando el mayor consenso posible con los acreedores y alcanzando, donde sea necesario, una resolución judicial rápida y eficiente de cualquier asunto o disputa”, concluyó Rosselló Nevares.

El gobernador reiteró que con esta medida se garantiza la continuidad del pago a los empleados y suplidores del Gobierno.

La presencia del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en el Centro para Puerto Rico, en la fundación Sila María Calderón en Río Piedras, provocó momentos  de mucha tensión cuando decenas de estudiantes universitarios formaron una línea de piquete en la tarde de ayer enfrentándose a la Policía.

Rivera Schatz, junto a  las senadoras Nayda Venegas y Evelyn Vázquez, llegaron a las 3:30 de la tarde hasta la institución, localizada a pocos pasos de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, que lucha contra un recorte presupuestario de $512 millones, sugerido en el plan fiscal del gobernador Ricardo  Rosselló.

A eso de las 6:00 de la tarde, unos 60 efectivos de la Fuerza de Choque comenzaron a escoltar la salida de la guagua del presidente del Senado, golpeando y empujando a los manifestantes que intentaban atajar el vehículo.

Los manifestantes gritaban al vehículo buscando una reacción de Rivera Schatz.

La Uniformada gritaba improperios a jóvenes, mujeres y hombres, hasta que uno de los protestantes cayó en la carretera.

Minutos más tarde, los manifestantes fueron removidos por completo y el transporte de Rivera Schatz salió a toda prisa.

La Fuerza de Choque, entretanto, se colocó en formación para bloquear a los estudiantes de la fundación Sila M. Calderón.

La seguridad del Capitolio se movió por la calle Borinqueña en el sector Santa Rita para entrar en controversia y empujones con la multitud, además de lanzarles gas pimienta. En ese momento hubo agresiones físicas.

Los estudiantes, en varias instancias, hacían un llamado a realizar una manifestación de manera pacífica para que, finalmente, los efectivos policiacos se retiraran del lugar.

Desde el pasado 5 de abril, los  alumnos del sistema de la Universidad de Puerto Rico se encuentran en un paro indefinido, excepto los recintos de Carolina, Aguadilla y Ciencias Médicas.

Rivera Schatz reacciona a la manifestación

“Yo quiero cumplir con las obligaciones del gobierno y por eso lo que opine la Junta es la opinión de la Junta y me importa un pito, y lo que opinen los rebeldes sin causa, ‘bandolos’, agresores, los que escupen profesores, los que agreden a tu compañero fotoperiodista también me importan un pito, no tienen nada positivo que aportar”, declaró al ser entrevistado esta tarde por Saudy Rivera, presentadora del programa “Dando Candela”.

“Me importa un pito los gritos y las locuras de estas personas…”, añadió.

Cuando la presentadora le preguntó su opinión sobre el trabajo de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, a beneficio del estudiantado universitario, el funcionario respondió: “Carmen Yulín no esta haciendo nada para ayudar a nadie. Son mentiras”.

La Policía volvió a restringir el acceso a la Casa de las Leyes donde hoy la Cámara se apresta a aprobar proyecto en contra de la auditoría de la deuda.

Una protesta de ciudadanos y estudiantes a quienes se les impidió acceso al Capitolio se caldeó cuando poco antes de la 2:00 p.m. se lanzó gas pimienta sobre los manifestantes.

La manifestación ocurrió en la escalinata norte del Capitolio mientras se reclamaba que se les dé acceso a las gradas de la Cámara de Representantes donde hoy se discute el proyecto que elimina la Comisión de Auditora del Crédito de Puerto Rico.

“No somos criminales, somos ciudadanos”, era una de las consignas del grupo.

Presuntas fotos de estudiantes afectados por el gas pimienta circularon en redes sociales.

La Unidad de Operaciones Tácticas también conocida como la Fuerza de Choque se encontraba en los predios del Capitolio pero en el incidente ocurrido poco antes de las 2:00 p.m. con el gas pimienta  no intervinieron, aunque sí fueron movilizados brevemente más tarde. También llegó al área el monitor federal de la Policía, Arnaldo Claudio.

Tras la protesta, se autorizó a un pequeño grupo de manifestantes entrar al hemiciclo de la Cámara para ver la deliberación sobre la eliminación de la comisión. Se les ordenó removerse sus camisas que decían “auditoría ya”.

La comisión fue creada por el pasado gobierno y ayer el Senado aprobó un proyecto de ley para derogarla. La medida está pendiente en la sesión de hoy de la Cámara.

Roberto Pagán, presidente de la comisión, quien encabeza el grupo de manifestantes, indicó a Primera Hora que desde temprano en la mañana intentaron entrar al Capitolio por sus distintas entradas y no se les permitió.

“Estamos solicitando que se nos permita estar en las gradas y le hacemos un llamado al pueblo a que se mantenga firme en solicitar una auditoría integral de la deuda del país”, indicó Pagán.

La Policía colocó vallas de seguridad en el área ya que se espera que, de un momento a otro, estudiantes en huelga de la Universidad de Puerto Rico se unan a la manifestación.

Pagán indicó que una de las razones que les dio la Policía para denegarles entrada a la Casa de las Leyes es porque ayer “hubo unos incidentes en el Capitolio”.

Estudiantes de la UPR se mantuvieron ayer alrededor de cuatro horas en la puerta de entrada del lado sur del Capitolio en reclamo de que se les permitiera presenciar el debate de la medida. La Policía y oficiales del Capitolio les informaron que como el Senado está en reconstrucción, no tiene disponibles gradas públicas y que podían observar los trabajos de la sesión a través de un sistema de circuito cerrado en el anexo.

En el limbo.

Así se encuentran los miembros de la Confederación Estudiantil Nacional (CEN) que siguen esperando por una fecha para la reunión a la que fueron convocados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) con el fin de discutir los recortes presupuestarios a la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Así lo informó a Primera Hora el secretario general de la CEN, Danilo Pérez Rivera, quien aseguró que a diario cursan cartas y llamadas a la persona contacto, el asesor de prensa de la junta José Luis Cedeño, pero no reciben respuesta.

El encuentro fue convocado por el mismo ente fiscal el pasado 31 de marzo, a horas de que una manifestación masiva llegara a las afueras del Centro de Convenciones donde se encontraban reunidos.

Allí discutían sobre el desarrollo económico de Puerto Rico, pero la universidad no fue invitada y el presidente de la JSF, José Carrión III defendió que “personalmente creo que la Universidad de Puerto Rico es parte del desarrollo económico de Puerto Rico”.

Entonces solicitaron ver -ese mismo día- a solo cinco miembros de la CEN, pero los estudiantes pidieron aplazar la fecha para poder organizar una agenda y la junta aceptó.

Sin embargo, tan pronto los estudiantes sugirieron un periodo, que comprende desde ayer hasta el próximo lunes, nadie de la junta ha vuelto a contactarlos.

También intentaron negociar la entrada de representantes de los once recintos en lugar de solo cinco personas, pero, de nuevo, no han recibido respuestas.

Este medio también intentó comunicarse con Cedeño para conocer si se ha adelantado algún esfuerzo, pero al momento no ha contestado.

En la reunión, según Pérez Rivera, los estudiantes llevarían “los reclamos que se expresaron en la asamblea nacional como condiciones para levantar la huelga” y que en el aspecto económico incluyen cero recortes y aumento en la matrícula, así como la auditoría de la deuda pública.

El ente fiscal exigió una reducción de $450 millones al presupuesto de la UPR que deberían gestionar hasta el 2021, lo que provocó que nueve de los once recintos decretaran una huelga indefinida, y los otros dos pautaran otro tipo de paralizaciones y manifestaciones.

Aseguró que todo fondo público tendrá que pasar por un proceso de rendición de cuentas.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares aseguró hoy que todo fondo público tendrá que pasar por un proceso de rendición de cuentas al reaccionar al contrato de relaciones públicas de $50,000 que otorgó el municipio de Guaynabo en medio de la situación legal relacionada con una querella de hostigamiento sexual y laboral que enfrenta su Alcalde.

Rosselló Nevares indicó que “todo fondo público  que se esté utilizando tiene que pasar por un proceso de rendición de cuentas y obviamente lo que no sea justificable o legítimo pues tendrá sus consecuencias. Lo que si lo sea … pero los constituyentes no lo vean con buenos ojos pues eso va a hacer una decisión  de los constituyentes”, dijo.

“Pero más importante que todo eso ahora al momento es que se pueda ver este proceso en Justicia. Se pueda aclarar lo que está ocurriendo y reiterar la posición de nuestra administración que vamos  a tener cero tolerancia contra el acoso laboral y asuntos de violencia”, agregó.

El municipio ha separado de su presupuesto nada más y nada menos que $50,000 para la contratación de la compañía de relaciones públicas.

El contrato de tres meses le fue otorgado a Perfect Partners hace una semana, el pasado lunes 27 de  marzo y tiene vigencia hasta el 27 de junio.

La compañía se describe como una firma de consultoría especializada en relaciones públicas y comunicación estratégica, manejo de crisis, desarrollo de identidad corporativa e imagen, comunicación interna y responsabilidad social empresarial.

Uno de los primeros trabajos de la empresa ocurrió ayer durante la inusual conferencia de prensa que ofreció la vicealcaldesa de Guaynabo Aurializ Lozada-Centeno. Durante la misma, en la que la ejecutiva pidió que se deje de “mancillar” la imagen de la ciudad y empleados, la moderadora lo fue la publicista y presidenta de Perfect Partners Helga García

Mientras, el Departamento de Justicia inició una investigación contra el alcalde Héctor O’Neill  sobre una querella administrativa radicada por una policía municipal en la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) con señalamientos de hostigamiento sexual y laboral para establecer si se desprende una conducta criminal.

El caso ha provocado que el gobernador Ricardo Rosselló pida la renuncia del ejecutivo municipal ya hace más de un mes.

“La responsabilizamos (a la rectora Carmen H. Rivera Vega) de cualquier situación que se lleve a cabo durante el día de mañana”.

La presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) de la UPR, Wilmarí de Jesús, señaló en una conferencia de prensa que estaba en contra de la decisión de Rivera Vega de reanudar las clases el miércoles y “queremos repudiar que la comunidad estudiantil y universitaria tuviera que enterarse por una carta filtrada a la prensa. Nosotros hacemos un llamado a que no haya una confrontación, que el personal se una a nosotros en ese proceso, no buscamos confrontación. Que se abra un espacio de diálogo, entendimiento y se presenten la diversidad de ideas”.

“Siempre hemos estado dispuestos al diálogo. Ya definitivamente no volvemos a la mesa de diálogo y mediación; para volver queremos representantes de todos los sectores de la universidad”, agregó.

Según De Jesús -y ratificado por la carta de la rectora- no se aceptó una reunión telefónica, pero la líder estudiantil indicó que la reunión que la administración quería para las 7:00 p.m. se iba a dar vía Skype, lo que el Senado Académico no aceptó.

“Estábamos retomando la propuesta original de mantener los portones peatonales abiertos, se estaba evaluando nuevamente esa propuesta”, insistió De Jesús. “Queríamos hacerlo (la reunión) vía conferencia y ellos, los claustrales, entendían que debía ser presencial. Eso es lo que detona esta carta, que los representantes claustrales del comité del diálogo y mediación del Senado Académico evaluaron la solicitud de conversar vía teléfono y recomendaron no dar curso (a ese contacto). Esas fueron las razones que dieron para que no se diera el diálogo. En esa mesa de mediación, no hay espacio para retomar el diálogo”.

Sobre un supuesto reclamo de que ha fallado como líder estudiantil y que no estaban dispuestos a mediar, la joven indicó que “son apreciaciones diferentes. La única reunión a la que pudiera hacer referencia fue una que ella quiso llevar a cabo un domingo, pero nosotros no nos reunimos a puertas cerradas. No estaba clara, en ese momento en que ella solicita esa reunión, cuál era su posición porque se le solicitaron unas expresiones sobre la presencia policiaca en el recinto”. Ese domingo, Rivera Vega recalcó que ella no hizo gestiones con la Policía de Puerto Rico para que estuviese en el campus durante el paro.

De Jesús comentó que la prueba de que están abiertos a conversar es que el lunes se reunieron con la rectora dos veces, a las 3:00 p.m. y a las 6:00 p.m.,  y que hoy lo harían por teleconferencia, pero todo se cayó cuando Rivera Vega envió la carta.

“Invitamos a que las personas se unan al proceso de paro”, agregó la líder estudiantil. “La administración no ha decretado ese receso, y respetamos la diversidad de opiniones que hay en la universidad”.

Hace más de dos semanas el gobernador pidió la renuncia del alcalde, pero este sigue al frente de Guaynabo.

A pesar de que el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill no ha renunciado a su cargo, como le solicitó hace 16 días el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz dijo hoy que el liderato del mandatario no ha sido lacerado.

”El alcalde no ha renunciado porque se va a defender. Eso es un aspecto jurídico que está debatiéndose. Sencillamente no es un aspecto de liderato”, indicó el líder legislativo a preguntas de periodistas en el Capitolio.

El domingo 5 de marzo, Rosselló Nevares le exigió la renuncia a O’Neill luego que trascendió públicamente que el veterano Alcalde de la Palma Alcalde había transigido por $300,000 una demanda por hostigamiento sexual que le radicó una mujer policía del Municipio de Guaynabo.

En una carta, el Gobernador instruyó entonces que O’Neill fuera removido de toda posición que ostentara dentro de la colectividad, a lo que el alcalde respondió el lunes siguiente con otra misiva breve en la que indicaba que renunciaba “temporeramente” a la presidencia del comité municipal.

Sin embargo, el Alcalde se mantiene aferrado a la Poltrona Municipal.

Rivera Schatz sostuvo que Rosselló Nevares “ha logrado” que la Asamblea Legislativa le haya aprobado el 100 por ciento de sus iniciativas. También dijo que hasta el día de hoy, todos sus nominados y nominadas han sido confirmados y que en el aspecto ideológico, el Partido Nuevo Progresista (PNP)  ha cerrado filas con el Primer Ejecutivo.

“Eso no pasaba con Alejandro García Padilla, quien no lograba las nominaciones en algunos casos, la aprobación de legislación en otras y en términos ideológicos estaban fraccionados”, indicó Rivera Schatz, quien el pasado cuatrienio alegaba que García Padilla no tenía liderato en las filas de la Pava.

El Presidente del Senado dijo que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, quien “además de ser una mujer fue Procuradora y fiscal, habrá de ejercer su cargo y su responsabilidad hasta donde le sea posible para asegurar el esclarecimiento de esta información y llevar hasta las últimas consecuencias cualquier denuncia y alegación que haya contra quien sea”.

“El liderato de nuestro gobernador no está cuestionado. Se le ha aprobado todo, nombramientos , legislación, en términos ideológicos el partido está detrás de él, el gobierno está detrás de él. Si alguien hoy puede reclamar liderato, es el gobernador de Puerto Rico”, añadió Rivera Schatz.

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Disfrutaron anoche del juego de pelota entre Puerto Rico y Holanda.

Apretados y bien contentos.

Así se ven el representante popular Manuel Natal Albelo y la excandidata independiente a la gobernación, Alexandra Lúgaro en una foto que publicó ella en su cuenta de Instagram anoche mientras veían el partido de Puerto Rico vs Holanda en el Clásico Mundial de Béisbol.

Los políticos, que recientemente estuvieron juntos públicamente en el anuncio de una alianza en favor de la soberanía, disfrutaron del encuentro deportivo en el negocio La Sombrilla Rosa en El Viejo San Juan, según se puede apreciar en las imágenes compartidas.

Aunque los dos publicaron imágenes en sus redes sobre su “cita deportiva”, fue en una foto que ella subió en la que más contentitos se ven.

En primer plano se puede ver a Lúgaro, que anda con una peluca de pelo rubio y una gorra, mientras detrás de ella -pegadito cachete con cachete- aparece un sonriente Natal.

Sobre la foto aparecen los textos #TeamRubios y #ATodasSinMiedo. Este último hashtag es una combinación de los eslogan que utilizaron los políticos en las elecciones.

Ella utilizó el #SinMiedo y él #ATodasConNatal.

Luego de que la semana pasada, la pareja anunciara -junto con senador independentista Juan Dalmau- la alianza pro soberanía, apareció en las redes sociales el hashtag #LaIzquierdaBella

Disfrutaron anoche del juego de pelota entre Puerto Rico y Holanda.

Apretados y bien contentos.

Así se ven el representante popular Manuel Natal Albelo y la excandidata independiente a la gobernación, Alexandra Lúgaro en una foto que publicó ella en su cuenta de Instagram anoche mientras veían el partido de Puerto Rico vs Holanda en el Clásico Mundial de Béisbol.

Los políticos, que recientemente estuvieron juntos públicamente en el anuncio de una alianza en favor de la soberanía, disfrutaron del encuentro deportivo en el negocio La Sombrilla Rosa en El Viejo San Juan, según se puede apreciar en las imágenes compartidas.

Aunque los dos publicaron imágenes en sus redes sobre su “cita deportiva”, fue en una foto que ella subió en la que más contentitos se ven.

En primer plano se puede ver a Lúgaro, que anda con una peluca de pelo rubio y una gorra, mientras detrás de ella -pegadito cachete con cachete- aparece un sonriente Natal.

Sobre la foto aparecen los textos #TeamRubios y #ATodasSinMiedo. Este último hashtag es una combinación de los eslogan que utilizaron los políticos en las elecciones.

Ella utilizó el #SinMiedo y él #ATodasConNatal.

Luego de que la semana pasada, la pareja anunciara -junto con senador independentista Juan Dalmau- la alianza pro soberanía, apareció en las redes sociales el hashtag #LaIzquierdaBella.

A tres meses de un plebiscito de status, Guillermo San Antonio Acha presentó hoy su carta de renuncia al puesto de comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD).

La renuncia es efectiva este viernes, según copia de la misiva circulada a la prensa y qle fue enviada al presidente actual del PPD, Héctor Ferrer.

San Antonio Acha dijo en la carta que desde principios de año le había expresado a Ferrer que deseaba regresar a la práctica privada de su profesión de abogado, así como atender diversos requerimientos personales y familiares.

El renunciante comisionado electoral dijo en la misiva que se va satisfecho, entre ellas el  ser parte del equipo de trabajo que logró la entrada en vigor del sistema de escrutinio automatizado.

“Representa de por sí la transformación más grande de nuestro sistema electoral en décadas”, sostuvo.

San Antonio Acha llegó al cargo por designación del entonces presidente dela colectividad, Alejandro García Padilla y luego avalado por David Bernier.

El próximo evento electoral es el próximo 11 de junio, el plebiscito de status dopnde el PPD no ha anunciado todavía qué posición asumirá

Una alianza entre varios grupos políticos y sociales en favor de la soberanía fue presentada hoy en Hato Rey, con la promesa de luchar en un esfuerzo conjunto para que la gente vote por la opción de la segunda columna en el venidero plebiscito del próximo 11 de junio.

La iniciativa, que se promoverá bajo el lema “Ahora sí… Ganamos con la soberanía”, fue presentada por sus tres portavoces, el legislador independentista Juan Dalmau, el legislador popular Manuel Natal, y la excandidata independiente a la gobernación Alexandra Lúgaro. También estuvieron presentes en el lanzamiento de esta iniciativa otros líderes de agrupaciones políticas y sindicales.

De acuerdo con el heterogéneo grupo, este histórico junte buscará defender la soberanía de Puerto Rico ante los esfuerzos liderados por el Partido Nuevo Progresista para que prevalezca la opción de la estadidad en el plebiscito.

“Nos mueve nuestra común aspiración de que Puerto Rico, nuestra Patria y Nación latinoamericana y caribeña logrará alcanzar su soberanía para por fin ser dueños de nuestro destino en relaciones cordiales y respetuosas con los Estados Unidos y todos los pueblos del mundo”, lee la declaración del grupo, que clama por mantener la identidad y nacionalidad puertorriqueña, con “nuestro idioma, nuestra cultura y nuestra representación internacional, desde la gubernamental hasta la deportiva”, y al mismo tiempo tomar control de los destinos económicos del país, logrando entre otros objetivos eliminar la Junta de Supervisión Fiscal y las leyes de cabotaje, y renegociando la abultada deuda pública.

“En esta mesa de trabajo estamos en conjunto bajo la opción de la segunda columna, que agrupa tanto a la libre asociación como a la independencia”, afirmó el representante Natal. “Somos uno en este esfuerzo. Unidos somos más. No vamos a caer en las divisiones de antaño”.

“Todos los esfuerzos van dirigidos a un bien común, que es la soberanía. Aquí no hay competencia de unas iniciativas con otras”, reiteró el senador Dalmau.

“Aquí lo común es la soberanía. Aquí estamos juntos los libreasocionistas e independentistas”.

“Aquí no hay distintos mensajes. El mensaje es que voten en la segunda columna. Y vamos a permanecer unidos en este esfuerzo. Vamos a dejar de hablar de divisiones”, afirmó Lúgaro.

Los tres portavoces de esta nueva coalición pro soberanía aseguraron que luego de este anuncio estaría desarrollando un proceso educativo para explicar al pueblo en detalles las opciones del plebiscito.

“Esto fue solo el anuncio. Es un grupo diverso, con tres figuras de portavoces diferentes, y de aquí en adelante tendremos estrategias de campaña, de educación, y cada organización aportará, sin perder su identidad”, comentó Dalmau.

“Quienes amamos al país, tenemos que superar aquello que nos divide. Y esto no se queda en una conferencia de prensa, va a haber un esfuerzo educativo, nos van a ver en actividades. Vamos a educar a la gente, para que actúen con conocimiento y experiencia. Que no sea un voto por herencia, o por castigo o por venganza. Vamos a educar sobre la soberanía y a desmitificar la estadidad, para que escojan de manera informada”, agregó Lúgaro.

El Partido Nuevo Progresista (PNP) y el gobernador Ricardo Ross elló ya no pueden hacer mayores esfuerzos para sacar al alcalde Héctor O’Neill de su silla en Guaynabo por el alegado caso de acoso sexual, pues el único ente que podría destituirlo es el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).

A pesar de que el gobernador ordenó a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, iniciar una investigación al respecto, la ley de Municipios Autónomos plantea que sería a través de una querella en el PFEI y, de acuerdo al procedimiento dispuesto en la ley de esa agencia, que “el Alcalde o Alcaldesa podrá ser suspendido o destituido de su cargo”.

Tras la transacción con la perjudicada, que incluye el archivo de sus reclamos, el asunto podría quedar en un hoyo profundo

“Es la Ley de municipios autónomos la que establece las causales (para una destitución). Recuerda que se trata de un funcionario electo y es básicamente revocar una elección. En términos institucionales de partido no” (tiene la potestad para destituir), explicó el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Guillermo San Antonio Acha.

La única opción del partido es relevarlo de los puestos políticos y aunque O’Neill cedió la presidencia del comité municipal del PNP, el secretario general de esta colectividad Rafael “June” Rivera Ortega, dijo que esta acción no es suficiente y buscarán “una medida más severa”.

Rivera Ortega recibió el domingo una comunicación de parte del gobernador Ricardo Rosselló Nevares para que comience inmediatamente todos los procedimientos reglamentarios para relevar a O’Neill de todas las posiciones dentro de PNP.

“Ante tan importante directriz, procederemos a activar todos los mecanismos disponibles en el Reglamento de nuestro partido, específicamente aquellas disposiciones contenidas en los artículos 105 (Causas Adicionales para Suspender a Miembros de Organismos) y 106 (Sanciones Disciplinarias)”, indicó.

Sin embargo, parecen no quedar herramientas legales que ayuden a definir esas medidas y lo que queda es esperar.

“A mí lo que me compete es ver qué ocurre en las agencias que están ahora mismo investigando”, dijo, por su parte, la comisionada electoral del PNP, Norma Burgos.

“Si ocurre una vacante, entonces […] se aplicaría la ley electoral, que sería convocar en 60 días, una vez se tiene conocimiento de la vacante, a llamar a una elección especial de afiliados del PNP”, explicó.

Mientras tanto, la presidencia del partido en Guaynabo recaería en el representante Antonio “Tony” Soto, por ser el primer vicepresidente a nivel municipal.

“¿Está listo para asumir la alcaldía de Guaynabo?”, se le cuestionó ayer a su entrada a Fortaleza para una reunión con el gobernador. “Es prematuro hablar de ese tema. La realidad es que el alcalde de Guaynabo continúa siendo el alcalde de Guaynabo, y continúa siendo el presidente municipal. Ahora mismo no hay una vacante”, subrayó.

O’Neill dijo ayer mediante carta que cedía la presidencia municipal de forma “temporera” en lo que concluye la investigación del Departamento de Justicia, pero que “concluida la pesquisa de forma satisfactoria para mí, me reincorporaré a la presidencia del comité en pleno ejercicio de mis funciones”.

“No cumple con las expectativas de lo que se solicitó”, respondió Rivera Ortega a la misiva del alcalde. “A él lo que se le solicitó es que renuncie y que deje todos los puestos, y él está cediendo temporeramente, eso no es lo que queremos”, agregó.

Rivera Ortega dijo que el PNP se propone sancionar a O’Neill a nivel del partido y que espera para hoy, martes, tener la posición del directorio del PNP que es el órgano máximo de la Palma.

“Yo entiendo que sí, no tengo dudas que los vayamos a tener (los votos), estoy confiado en eso”, expresó Rivera Ortega.

La consulta sería para remover a O’Neill de sus cargos en la colectividad y, según el secretario general, el sondeo a los miembros del directorio puede ser telefónico, explicó.

Conforme al artículo 105 del reglamento del PNP, “el Directorio podrá, además, suspender de cualquiera de los organismos del Partido a un miembro que se dedique a actos o actividades contrarias a la moral o por justa causa que afecte la imagen y los intereses del Partido”.

El también representante dijo estar confiado en que cuentan con la mayoría de los votos en el cuerpo para sancionar a O’Neill. Un intento ayer de censar el voto de los miembros del directorio sobre esta controversia no ofreció resultados concretos porque muchos de los consultados declinaron responder. El directorio tiene 67 miembros, de los cuales 46 tienen voz y voto.

Reclaman que el DE necesita de un Secretario que garantice que los fondos de Educación sean utilizados para el beneficio directo de los estudiantes.

La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz, exigió esta tarde ver el contrato que recibió la secretaria del Departamento de Educación (DE) Julia Keleher como asesora.

“Necesitamos ver el contrato que se le otorgó a la Dra. Keleher. Es importante conocer si en el mismo se establecieron metas específicas, si se le contrató a ella, o a su compañía o si incluye viáticos y gastos incidentales”, comunicó por escrito Díaz.

“Aunque la cifra es elevada me preocupa más lo que la Dra. Julia Keleher viene a hacer que lo que va a ganar. Esto es así, porque puede ganarse una miseria y hacerle un daño irreparable a la Educación Pública o puede ganarse una millonada y no hacer nada por nuestros niños”, añade el escrito.

Según entiende la Asociación, el Departamento de Educación necesita de un secretario que garantice que los fondos  sean utilizados para el beneficio directo de los estudiantes, con la mayor eficiencia posible, para que la educación pública “alcance el sitial que responsablemente todos aspiramos a alcanzar”.

“Es importante que la lealtad de la Secretaria de Educación esté con nuestros niños y jóvenes estudiantes y no con la Ley Promesa o la Junta de Control Fiscal”, señala.

“Confiamos en que la Dra. Keleher tenga la entereza de decirle al Gobernador y a la Junta de Control Fiscal, que la Educación Pública del país no puede entrar dentro de las ecuaciones matemáticas que se están haciendo para pagar la deuda y que su función no sea cerrar y consolidar escuelas para lograr ahorros que pararán en los bolsillos de los bonistas.”

La senadora Nayda Venegas da entrevista al programa del Pastor Ricky Rosado.

La senadora del Partido Nuevo Progresista Nayda Venegas, presidenta de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, aprovechó un receso durante la vista pública del Proyecto del Senado 66 para tomar unos minutos y dar una entrevista telefónica al pastor Ricky Rosado, durante la cual rechazó la postura de la superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley, de prohibirle a los uniformados orar durante su turno de trabajo.

“Estos hombres y mujeres de la Policía salen de sus casas con la esperanza de volver sanos y salvos. ¿Por qué no pueden tomar unos minutos para orar por su seguridad? Aquel que no crea, pues mira, puede excusarse y no tiene que participar, pero creo que esto se ha salido de las manos”, aseguró durante la conversación.

“Creo que hay que orar mucho por la superintendente y por todos aquellos que arriesgan sus vidas”, resaltó la también pastora, quien alzó una plegaria por el pueblo durante la entrevista.

La superintendente expresó recientemente que no se pueden usar las horas ni áreas de trabajo para imponer doctrinas religiosas. Venegas, por su lado, había afirmado que ordenaría una investigación para determinar si la instrucción constituye discrimen religioso.

“Nosotros somos mayoría, los cristianos somos mayoría”, insistió Venegas.

Consultada sobre la entrevista, Venegas aseguro que en cuanto supo del caso del policía que se le dijo que no podía orar en su lugar de trabajo “por supuesto que empezaron a llamarme, yo soy pastora de Loíza. Me sorprendió, como senadora, que ella (Hernández de Fraley) dijera que no va a apoyar la oración durante horas laborables porque el doctor Ricardo Rosselló estuvo cuatro años trabajando con el Plan para Puerto Rico y nos hizo reafirmarnos que nadie, ni en Cámara ni Senado, se distanciara del mismo”, aseguró. “En la página 168 (del plan) dice que las prácticas del gobierno anterior, que fueron anticristianas, persiguiendo a la gente como nunca en Puerto Rico se había visto, él se comprometía a que no iba a continuar. Por lo tanto, me sorprende que la superintendente no haya leído el Plan para Puerto Rico…entiendo que tal vez no ha tenido tiempo, pero esa es una de las partes que debería estudiarse”.

“Puerto Rico es un país religioso. Aquí hay católicos, luteranos, adventistas, evangélicos. Hasta la gente que no va a la iglesia sabe que existe Dios y lo reconoce”, recalcó Venegas.

Sobre la separación de iglesia y Estado, fue enfática en que “esa ha sido una frase trillada; todo el mundo hace su interpretación de la Constitución. Ya basta, es como si yo, al ser pastora, se me penaliza”.

Según la senadora, la Constitución lo que aclara es que no se puede imponer una religión, pero se permite la libertad de culto. “sé que tengo un rol como pastora y no puedo venir al Senado a estar predicándole a la gente y hablando en lenguas por ahí, eso tiene su momento. Pero es mi esencia: soy pastora, soy cristiana, soy evangélica y eso es lo que llevo”.

Venegas comentó que “es costumbre” pedir oraciones en momentos de necesidad, como en medio de una enfermedad. “¿Podemos orar para cubrir a una persona con un diagnóstico, pero no para pedirle a Dios que guarde a mi esposo policía? Hay un grupito, una minoría que está diciendo y hablando de que esto no va cónsono con lo que es el puertorriqueño; pero hasta el que no nunca a la iglesia quiere ir en Viernes Santo y en Domingo de Resurrección”, aseguró. “Y aunque tenga una cerveza en la mano no le puedes hablar mal de Dios. Ese es el puertorriqueño. Esa es la esencia y ése es el mensaje que quise con mucho respeto enviarle a la superintendente, porque no queremos cuatro años más de lo que nosotros vivimos. Eso fue un compromiso del doctor Rosselló”.

La Cámara de Representantes debate esta tarde el proyecto de La Fortaleza que busca combatir la fuga masiva de médicos, otorgándoles una tasa fija de contribución sobre ingresos de 4% de sus ganancias por un término de 15 años. La tasa contributiva actual es de un 33%.

La medida (Proyecto de la Cámara 5) que también propone una exención contributiva a los primeros $250 mil por año contributivo, encabeza el calendario de la sesión de hoy, programada para la 1:00 de la tarde, pero fue dejada para un turno posterior. El informe de la Comisión de Salud recomendó su aprobación con enmiendas menores.

El proyecto de ley que, enmienda la Ley del Portal Interagencial de Validación para la Concesión de Incentivos para el Desarrollo Económico de Puerto Rico, condiciona el otorgamiento de la exención contributiva a varias obligaciones, como cumplir con un mínimo de 180 horas anuales de servicio comunitario.

Esto puede ser, desde trabajar en regiones carentes de médicos especializados y hacer servicios de guardia, brindar seminarios sobre prevención, asistir en hospitales de enseñanza y en escuelas de medicina en la educación de estudiantes de medicina, médicos residentes y otros profesionales de la salud, así como, brindar servicios médicos profesionales a poblaciones desventajadas a través de organizaciones sin fines de lucro que el Colegio de Médicos y el Departamento de Salud determinen.

Se estima que en un período de 12 años, Puerto Rico perdió 2,422 médicos, el equivalente a 347 doctores anuales. El éxodo masivo de profesionales ha provocado en la Isla una escasez en los servicios de salud sin precedentes.

El informe de la medida sostiene que la migración comenzó desde 2004, debido a la constante crisis económica enfrentada por la Isla y la falta de oportunidades de empleo.

Se establece que la mayoría de los médicos que se han perdido son especialistas. De 8,400 que había en 2009 la cantidad disminuyó a 6,713 en 2014, dice el informe.

Hace llamado al alcalde de Camuy para que se una al organismo.

Tal y como se anticipaba, el alcalde de Arecibo, Carlos Molina, es el nuevo presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico.

El organismo novoprogresista hizo el anuncio hoy, un día después de que el alcalde de Camuy, Edwin García, renunciara a sus aspiraciones a presidir la Federación e ir a votaciones.

García denunció su malestar, aduciendo que el expresidente del organismo, el alcalde de Guaynabo Héctor O’Neill había promovido a Molina, sin darle oportunidad a los miembros de la Federación a que eligieran a su nuevo líder.

El alcalde camuyano, en una carta circulada ayer, indicó que no formaría parte de la Federación de Alcaldes.

En un principio, la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, también había manifestado sus deseos de presidir el grupo, pero desistió. 

Durante el anuncio, Primera Hora le preguntó al nuevo presidente cual sería el llamado a su homólogo de Camuy, a lo que respondió: “que se una a la Federación, porque hay mucho trabajo donde él puede aportar”.

En la sede del organismo en San Juan también se anunciaron otros puestos: como primer vicepresidente se nombró a Noé Marcano (Naguabo), segundo vicepresidente a Lornna Soto (Canóvanas) y tercero a Orlando Ortiz (Naranjito).

La tesorería recayó en Félix “El cano” Delgado (Cataño), mientras que Ángel “Luigi” Torres, alcalde de Yauco, será el secretario de la Federación.

Además, se creó un comité ante la Junta de Supervisión Fiscal que será presidida por María Meléndez (Ponce) y contará con Ramón Luis Rivera (Bayamón).

Mientras tanto, se mencionaron como nominados a la Junta del CRIM a los alcaldes de Cidra, Javier Carrasquillo; Bayamón, Ramón Luis Rivera; Orocovis, Jesús “Gardy” Colón; Santa Isabel, Enrique “Quique” Questell; y Aibonito, William Alicea.