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El actor James Cromwell fue nominado a un premio Oscar por su papel en la película “Babe, el cerdito valiente” y a lo largo de su carrera ha sido nominado a varios premios Emmy. Sin embargo, el drama en el que participó un frío día de diciembre de 2015 no fue parte de una actuación. Cromwell y otras cinco personas fueron arrestadas en Wawayanda, en el norte del estado de Nueva York, por protestar contra la construcción de una planta de gas de 650 megavatios. Él y otros dos de los arrestados se negaron a pagar las multas y fueron condenados a una semana en prisión. El viernes 14 de julio de 2017, el actor de 77 años de edad, junto con Parmilla Malick y Madeline Shaw, una abuela, se entregaron en la prisión de Orange County.

James Cromwell tiene experiencia en manifestaciones. Se inspiró en los activistas por los derechos civiles del sur de Estados Unidos y se sumó al movimiento contra la Guerra de Vietnam. Apoyó de manera directa a activistas de las Panteras Negras perseguidos por el programa ilegal del FBI COINTELPRO en la década de 1960. Cromwell es vegano y ha sido arrestado por manifestarse contra el maltrato animal. No obstante, su más reciente acto de protesta y subsiguiente encarcelamiento constituyen una intensificación de su compromiso para lograr un cambio revolucionario.

Poco antes de entregarse a la justicia, Cromwell dijo en el programa “DemocracyNow!”: “Todos estamos en una lucha, no para proteger un estilo de vida, sino para proteger a la vida misma. Nuestras instituciones están en crisis. Nuestros líderes son cómplices y la población está básicamente desilusionada y desencantada con todo el proceso”.

La planta de gas de Wawayanda es propiedad de la empresa Competitive Power Ventures (CPV), que se autoproclama líder en “energía limpia”. CPV es, a su vez, propiedad de la multinacional Global Infrastructure Partners, que tiene proyectos de combustibles fósiles en todo el mundo. La planta de Wawayanda no está terminada aún y Cromwell, así como muchos otros activistas, quieren asegurarse de que nunca se termine de construir.

“Nos encadenamos unos a otros con candados de bicicleta y bloqueamos la entrada de la planta durante, según el fiscal, alrededor de 27 minutos. El juez y el fiscal dieron a entender que [nuestra acción] no cambiaría en absoluto el futuro de esta planta. Pero sí lo hará. Estamos tratando de enviar el mensaje de que este es un ejemplo, pero está sucediendo en todo el país y en todo el mundo”. La imagen de su detención es estremecedora. Cromwell aparece rodeado de policías del estado de Nueva York, mientras uno de ellos corta el candado con una pinza gigante a la altura del cuello de Cromwell.

Cromwell prosiguió: “Existe una conexión directa entre esa planta y Medio Oriente. Estamos en guerra no solo con Irak, Siria, Afganistán y Yemen. Estamos en guerra con Dimock, Pensilvana, de donde proviene el gas, con Wawayanda, que utiliza el gas, con el lago Seneca, donde se almacena el gas y con Standing Rock”. Cromwell explicó por qué se arriesgó a que lo arrestaran ese día: “La mayoría de las personas no logran identificar la causa, pero todos perciben la amenaza. El capitalismo es un cáncer. Y la única forma de derrotar ese cáncer es transformar de manera radical y absoluta nuestro modo de vivir y nuestra forma de pensar sobre nosotros mismos. Y yo considero a esa transformación radical algo revolucionario. De modo que esta es la revolución”.

Si ocurre la revolución que Cromwell describe, surgirá, en parte, de la labor de un sinnúmero de grupos comunitarios locales que se están alzando en todo el mundo para hacer frente a la creciente catástrofe del cambio climático. Protect Orange County, una organización fundada por Pramilla Malick, es uno de esos grupos y es la organización que coordina la oposición a la planta CPV.

Malick estuvo junto con Cromwell en nuestro programa, donde describió su estrategia: “De hecho podemos detener esto. Queda un permiso por otorgar. La empresa puso los bueyes delante de la carreta. No tienen el permiso para construir el oleoducto lateral. Estamos pidiendo a todos que exijan a nuestro gobernador, el Gobernador Cuomo, que sea un verdadero líder contra el cambio climático y rechace el permiso para el último oleoducto, el oleoducto lateral, y que cierre esta planta”.

Malick, Cromwell y la otra manifestante fueron liberados de prisión el lunes, después de haber cumplido tres días de su condena de siete. Cromwell nos dijo sobre esta experiencia: “Ir a la cárcel es una declaración de que debemos aumentar la apuesta. Ya no alcanza con hacer una manifestación o presentar una petición, porque nadie escucha. La forma de hacer llegar el mensaje a la gente es cometer un acto de desobediencia civil. Debemos cambiar nuestra relación con el planeta y con las personas que viven en él, entre ellos quienes se oponen a nosotros”. James Cromwell tiene una fuerte presencia en la pantalla y sin duda seguirá ejerciendo su arte. Pero el escenario principal para este destacado actor será la calle, y probablemente será el papel más difícil que le toque representar.

Mientras que la incendiaria investigación de la interferencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos amenaza con consumir la presidencia de Donald Trump, su negacionismo del calentamiento global provocado por el hombre sigue amenazando a un planeta que ya está ardiendo. El mundo observó con asombro cuando el 1° de junio Trump cumplió su promesa de campaña de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Desde entonces, los gobiernos de todo el mundo, desde los países más poderosos a los más pequeños, se han unido para criticar la decisión y prometieron acelerar sus propios compromisos para combatir el cambio climático, con o sin Donald Trump y Estados Unidos. Queda poco tiempo para evitar un cambio climático irreversible.

Donald Trump estuvo claramente aislado en la Cumbre del G20 la semana pasada. Más de 100.000 manifestantes marcharon, a pesar de la fuerte, y por momentos violenta, represión policial. Dentro de la Cumbre, los otros 19 líderes del mundo expresaron su oposición al rechazo de Trump del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Sin embargo, como señaló esta semana la organización Oil Change International, los países del G20 tomados en conjunto proporcionan 72.000 millones de dólares en subsidios anuales a la industria de los combustibles fósiles, cuatro veces más de lo que gastan en energía renovable.

Alex Dukas, de Oil Change International, habló sobre esta contradicción en una entrevista con “Democracy Now!”: “Si bien es genial que los otros líderes del G20 acorralen a Donald Trump, no alcanza simplemente con cuestionar su negacionismo del cambio climático. Estos líderes deben adoptar medidas. Deben responder con hechos, y no solo con palabras”. Oil Change detalla los subsidios en un informe publicado durante la cumbre del G20, titulado “Hablar no cuesta nada: cómo los gobiernos del G20 están financiando el desastre climático” (Talk is Cheap: How G20 Governments are Financing Climate Disaster). Oil Change está instando a los Gobiernos del G20 a que pongan fin a los subsidios a los combustibles fósiles antes de 2020 y a que, en su lugar, financien la energía renovable.

Según otro informe que acaba de publicarse, “Carbon Majors Report 2017”, tan solo 100 empresas son responsables de la contaminación emitida desde 1988. En el informe se sostiene que “Desde 1988, tan solo 25 empresas y países son responsables de más de la mitad de los gases de efecto invernadero (GEI) emitidos en todo el mundo”. La empresa de carbón estatal China encabeza la lista, junto con las empresas petroleras de Arabia Saudí e Irán. Empresas como ExxonMobil, Shell, BP y Chevron también son algunos de los principales responsables de la contaminación. Al finalizar la cumbre del G20, la canciller alemana Angela Merkel dijo que “deploraba” la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. El Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, ex director ejecutivo de ExxonMobil, viajó de Hamburgo a Estambul, Turquía, para recibir un premio a la trayectoria otorgado por el Congreso Mundial del Petróleo, donde elogió a la industria petrolera como “maravillosa”, antes de dirigirse a Arabia Saudí.

Mientras tanto, en Estados Unidos, los impactos del cambio climático se sienten en todas partes. En el oeste de América del Norte, desde la frontera con México hasta British Columbia, en Canadá, y Yukon, Alaska, los incendios forestales siguen ardiendo. El organismo interinstitucional estadounidense denominado Grupo Nacional de Coordinación de los Incendios Forestales ha registrado 109 incendios forestales actualmente tan solo en Estados Unidos. En Phoenix, Arizona, el mes pasado, cuando las temperaturas alcanzaron los 49 grados Celsius, los aviones pequeños no pudieron despegar ni aterrizar, y American Airlines canceló alrededor de 50 vuelos debido a que el aire estaba demasiado caliente. El asfalto puede derretirse a causa de las temperaturas elevadas y las pistas de aterrizaje pueden volverse inutilizables.

La Unión de Científicos Preocupados acaba de publicar un amplio estudio sobre los crecientes impactos del aumento del nivel del mar en las poblaciones costeras de Estados Unidos. Según el estudio: “En 2035, alrededor de 170 poblados, aproximadamente el doble que hoy, afrontarán inundaciones crónicas”. En 2100, la cifra aumentará a casi 500 poblados, algunos del tamaño y la vitalidad económica de Galveston, Texas, gran parte del área metropolitana de Nueva Orleans (ya vimos el daño que allí puede causar un huracán), Miami y Boston. El cambio climático, junto con la superpoblación y el consumo, es uno de los factores causantes de la sexta gran extinción de la Tierra, que los científicos denominaron esta semana “aniquilación biológica”.

Pero hay una noticia aún más reciente sobre el cambio climático: una sección de la barrera de hielo Larsen C se desprendió de la Antártida. Se trata de un iceberg del tamaño del estado de Delaware, cuatro veces el tamaño de Londres. Los científicos prevén que si toda la Antártida se deshiela, el nivel del mar podría aumentar al menos 48 metros. El grupo de acción por el clima 350.org realizó una petición para nombrar al nuevo iceberg “Exxon Sabía 1” (Exxon Knew 1), en referencia al hecho de que ExxonMobil escondió su investigación sobre el cambio climático durante varias décadas.

Dado que muchas de las empresas consideradas las “grandes del carbono” (Carbon Majors) cotizan en bolsa, pueden ser influenciadas por sus accionistas. El movimiento para dejar de invertir dinero en empresas de combustibles fósiles e invertirlo en energía renovable se llama “Desinvertir/Invertir”. En diciembre de 2016, los inversores se comprometieron a transferir más de 5 billones de dólares de una industria a la otra. Mientras el Gobierno de Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París sobre el cambio climático, siete estados, entre ellos California y Nueva York, se organizaron bajo el lema “Todavía somos parte”, junto a cientos de ciudades y miles de empresas y universidades que se sumaron a ellos en el compromiso de reducir las emisiones de carbono.

Donald Trump quizá haya ganado los votos del Colegio Electoral en 2016, lo que elevó su negacionismo del cambio climático a niveles peligrosos, pero la resistencia es real, fuerte, cada vez mayor y no se puede negar.

“Maten al proyecto de ley, no a nosotros”, coreaban los manifestantes en el Capitolio el miércoles, para expresar su oposición al controvertido proyecto de ley de reforma del sistema de salud del Senado. El Presidente Donald Trump y sus aliados republicanos del Congreso están decididos a derogar la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio (también conocida como Obamacare), a pesar de que el proyecto de ley mediante el cual lo derogarían cuenta con muy poco apoyo a nivel nacional (según una encuesta reciente, su índice de aprobación es de apenas un 17%) y dejará a decenas de millones de estadounidenses sin atención de la salud. Un nuevo estudio prevé que dejar a tantas personas sin seguro de salud provocaría la muerte de 29.000 estadunidenses más al año. De modo que, cuando muchos de estos manifestantes piden a los senadores que no los maten, están hablando en serio.

La Dra. Steffie Woolhandler es médica general y cofundadora de Médicos por un Plan de Salud Nacional. Woolhandler, que ha sido una ferviente crítica de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, es coautora de un nuevo estudio —“La relación entre la cobertura de la salud y la mortalidad: ¿es mortal carecer de seguro médico?” (The Relationship of Health Insurance and Mortality: Is Lack of Insurance Deadly?)—, publicado en los Anales de Medicina Interna. La Dra. Woolhandler nos dijo en el noticiero de Democracy Now!: “Examinamos la literatura científica mundial para estudiar la relación entre la cobertura de la salud y la mortalidad. Hay realmente consenso científico en la actualidad con respecto a que carecer de seguro médico aumenta el índice de mortalidad”.

Al igual que sucede con el cambio climático, los políticos republicanos nos dicen que no hagamos caso a la ciencia. Raúl Labrador, congresista republicano de Idaho, fue interrogado durante un cabildo abierto el mes pasado acerca del motivo por el cual apoya los recortes a Medicaid, que dejarán a muchas personas sin cobertura médica y, en algunos casos, provocarán la muerte: “Nadie quiere que haya muertes. Es evidente. Ese argumento es indefendible. Nadie muere por no tener acceso a un seguro de salud”.

La Dra. Woolhandler respondió: “El senador Ted Cruz ha dicho eso. Marco Rubio ha dicho eso. El Secretario Tom Price, secretario de Servicios Humanos y de Salud, ha dado a entender que no pasa nada si se carece de un seguro de salud. Eso no es cierto. La ciencia nos está demostrando que las personas que no tienen cobertura de salud no reciben la atención médica que necesitan para estar sanas y, en consecuencia, esas personas mueren antes”.

La Dra. Steffie Woolhandler apoya el sistema de salud de pagador único, también llamado “Medicare para todos”, en referencia al inmensamente popular plan de salud financiado por los impuestos de los contribuyentes que brinda cobertura de salud a todos los adultos mayores de 65 años y a las personas con discapacidad crónica. Woolhandler explicó cómo funciona ese sistema: “Cada persona tendría una tarjeta de Medicare desde el día de su nacimiento y durante toda su vida. Toda la atención médica necesaria estaría cubierta por un plan financiado mediante impuestos llamado Medicare para todos. Sería mucho más barato a largo plazo porque se ahorra mucho dinero de gastos administrativos. La facturación y la inscripción en el seguro de salud es un proceso extremadamente costoso en Estados Unidos. Según nuestra investigación, representa un 31% del gasto total de la salud. Al optar por un sistema de pagador único, se podría ahorrar alrededor de la mitad de ese costo, unos 500.000 millones de dólares al año, que se utilizarían en lograr atención de la salud universal y eliminar los copagos y deducibles a las personas que ahora deben abonarlos”.

En muchas partes del mundo existen sistemas similares, que funcionan perfectamente bien: “Gran parte de Europa Occidental tiene sistemas de pagador único que cubren a todas las personas. Viven dos años más. Pagan menos por la salud que nosotros. No tener seguro es malo para la salud, puede provocar la muerte. Y tener cobertura total para todos los cuidados de salud necesarios, como ocurriría con Medicare para todos, haría que la gente sea más saludable y prolongaría sus vidas”.

El representante demócrata de Michigan John Conyers presentó el proyecto de ley H.R. 676 o Ley por un Medicare más amplio y mejorado para todos. El proyecto de ley obtuvo un número inesperado de coauspiciantes: 113 legisladores (todos demócratas) lo apoyan. El senador Bernie Sanders está elaborando un proyecto de ley similar en el Senado, y la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren acaba de decir al Wall Street Journal: “Ya es hora de dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es el sistema de pagador único”.

Mientras en los medios se mencionan las protestas en el Capitolio o en las oficinas de los senadores Mitch McConnell, Cory Gardner y otros, y las dramáticas imágenes de ocupaciones de oficinas y arrestos logran un poco de atención de los medios, ¿dónde están las voces de los manifestantes? Muy rara vez se los invita a los estudios de televisión para que expliquen por qué están dispuestos a ser arrestados. En cambio, las cadenas de noticias recurren al mismo círculo de comentaristas que saben muy poco sobre muchas cosas y se centran únicamente en la división entre demócratas y republicanos en el Congreso.

Una nueva encuesta realizada por NPR/PBSNewsHour/Marist concluyó que apenas el 17% de la población apoya el proyecto de ley del Senado. Si se lo compara con el sistema de pagador único, que no recibe casi cobertura en los medios, este último tiene más apoyo. El Pew Research Center publicó un informe esta semana en el que se afirma que un 33% de los encuestados ahora está a favor del sistema de pagador único, un aumento del 12% frente a 2014.

Los medios de comunicación no deberían tomar partido en los partidos, sino que deberían limitarse a presentar las noticias. Necesitamos medios de comunicación que constituyan un cuarto poder, y no que apoyen al poder del Estado. Necesitamos medios de radiodifusión que incluyan una diversidad de voces, incluidos aquellos que defienden el sistema de salud de pagador único. Como han demostrado la Dra. Steffie Woolhandler y sus colegas, es una cuestión de vida o muerte.

“Emolumento” es una palabra que solía usarse muy poco, e incluso era prácticamente desconocida, hasta que Donald Trump asumió la presidencia. Ahora circula en las noticias políticas de forma cotidiana, y es el núcleo de varias demandas judiciales que acusan al presidente Trump de corrupción. El problema de las retribuciones extras que percibe un funcionario público es algo que se menciona en pocas ocasiones en la Constitución de Estados Unidos: una de ellas es en la cláusula de emolumentos extranjeros. Hay una cláusula paralela de emolumentos domésticos, que según los demandantes Trump también estaría infringiendo. Trump dijo al periódico The New York Times en noviembre del año pasado, después de ganar en el Colegio Electoral pero perder en el voto popular: “La ley está completamente de mi lado, es decir, el presidente no puede tener conflicto de intereses”. Esta ola de demandas judiciales va en contra de su declaración, a medida que se acumulan pruebas de su enriquecimiento personal gracias a la presidencia.

La octava cláusula del Artículo I, Sección 9 de la Constitución estadounidense establece: “Ningún título de nobleza será otorgado por Estados Unidos: y ninguna persona que tenga un cargo retribuido o de confianza aceptará, sin el consentimiento del Congreso, ningún presente, emolumento, cargo o título, de cualquier clase, de cualquier rey, príncipe o Estado extranjero”. Nadie acusa a Trump de aceptar un título de nobleza, aunque ¿quién se sorprendería si lo hiciera? Pero una abundancia de emolumentos parece haberle caído a Trump desde que asumió el cargo, algunos recibidos de manos de gobiernos extranjeros con importantes negocios con Estados Unidos. Hasta el momento, tres prominentes demandas procuran remediar esta situación. Una de ellas fue presentada pocos días después de que Trump asumiera el cargo por el observatorio sin fines de lucro CREW (Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington). Otro fue presentado el lunes por los fiscales generales de Washington DC y Maryland. Y a pesar del tumulto en Washington causado por el terrible tiroteo en una práctica de béisbol de congresistas republicanos en la que cinco personas resultaron heridas –entre ellas Steve Scalise, jefe de bancada de la Mayoría republicana de la Cámara de Representantes– una tercera demanda fue presentada el miércoles por aproximadamente 200 miembros demócratas del Congreso.

Nunca antes en la historia de Estados Unidos se había generado una serie tan importante de conflictos de interés con negocios reales y potenciales del presidente. Donald Trump tiene inversiones en bienes raíces y otros negocios en todo el mundo. La revista The Atlantic ha estado compilando una lista de sus potenciales conflictos de interés y ha enumerado no menos de 44 casos graves en los cuales su beneficio personal podría depender de acciones gubernamentales o políticas de Estados Unidos sobre las cuales preside.

La demanda de CREW denuncia un canal directo de dinero proveniente de gobiernos extranjeros para la familia Trump a través del nuevo Hotel Trump International en la avenida Pennsylvania, a pocas cuadras de la Casa Blanca. CREW alega que “desde las elecciones del 8 de noviembre de 2016, diplomáticos extranjeros se han hospedado en el hotel del demandado, ansiosos de recibir el favor del demandado y temerosos de lo que pudiera pensar o hacer si recurrían a los servicios de otros hoteles de Washington. El hotel también contrató a un ‘director de reservas diplomáticas’ para facilitar los negocios con Estados extranjeros y sus diplomáticos y agentes”. La demanda continúa: “Un diplomático de Medio Oriente declaró al [periódico] The Washington Post sobre el hotel: ‘Créanme, todas las delegaciones irán allí’”.

La demanda impulsada por los fiscales generales de Washington DC y Maryland explica: “Después de la toma de posesión presidencial del acusado, este sigue ejerciendo la propiedad y control de cientos de empresas en todo el mundo, como hoteles y otras propiedades. Su imperio de negocios comprende una variedad de corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita y otras entidades que posee o controla, totalmente o en parte, que operan en Estados Unidos y al menos en 20 países extranjeros”. La demanda fue presentada para que, entre otras cosas, “las familias estadounidenses no tengan que estar adivinando si un presidente que envía a sus hijos e hijas a morir en tierras extranjeras actúa en base a sus intereses comerciales privados”.

La demanda del Congreso, encabezada por el senador de Connecticut Richard Blumenthal y el congresista de Washington John Conyers, reitera muchas de las presuntas violaciones constitucionales de la cláusula sobre emolumentos por parte de Trump, pero se centra en un punto clave: “sin el consentimiento del Congreso”. Esta demanda pretende que los tribunales obliguen a Trump a solicitar la aprobación del Congreso antes de recibir retribuciones dinerarias, o “emolumentos”, que provengan de negocios con Estados extranjeros. Una condición fundamental que exigen los demócratas del Congreso es la publicación de las declaraciones de impuestos de Trump.

La codirectora del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan por la Justicia, Elizabeth Goitein, dijo en una entrevista para Democracy Now!: “Hemos visto una y otra vez que este presidente cree estar por encima de la ley de varias formas. En una democracia nadie está por encima de la ley, ni el presidente ni nadie más”.

El mismo día en que los demócratas del Congreso presentaron su demanda, el periódico The Washington Post publicó la noticia de que el asesor especial Robert Mueller estaba investigando a Trump por una posible obstrucción de la justicia en relación con el despido del director del FBI, James Comey. Todo esto justo el día del cumpleaños número 71 de Donald Trump.

Esta semana, la expertocracia ha puesto el foco de atención en la comparecencia del exdirector del FBIJames Comey, quien fue despedido del cargo por Trump el mes pasado, ante el Comité de Inteligencia del Senado. En los medios se considera que no ha habido testimonio de tamaña importancia desde el escándalo Watergate. La expectativa, que no ha sido declarada explícitamente pero sí insinuada, es que Comey de comienzo a un largo y caluroso verano de revelaciones perjudiciales que conducirán a la renuncia o destitución del presidente Donald Trump. Gran parte de las principales figuras de las cadenas de noticias, muchas de las cuales fueron difamadas personalmente por Trump en algún momento desde que lanzó su campaña para la presidencia el 16 de junio de 2015, quedarán satisfechas si su trabajo contribuye a que Trump deje su cargo, voluntariamente o no. Comey se ha convertido en una especie de caballero blanco, cabalgando para salvar a la república con sus numerosos memorandos y sus refinadas habilidades retóricas.

Por asociación, el propio FBI se ha convertido en el favorito de los opositores de Trump. Pero esta fuerza policial federal, poderosa y hermética, esta agencia de espionaje interno, tiene una larga, oscura y, a menudo, violenta historia de represión de la disidencia en Estados Unidos. Sería una lástima tener a Comey testificando bajo juramento y no hacerle preguntas importantes acerca de la mala conducta profesional del FBI, tanto histórica como actual.

Los senadores podrían considerar hacerle al señor Comey, por ejemplo, algunas de estas cuatro preguntas:

Número uno. ¿Cuál es el alcance de la vigilancia de periodistas que realiza el FBI?

Las grandilocuentes arremetidas de Donald Trump contra la prensa son, al menos, realizadas abiertamente. Por lo general se dan en el contexto de sus actos políticos o a través de Twitter. Sus ataques son viles y deben ser cuestionados para que dejen de suceder. Pero el FBI, en cambio, detenta un enorme poder para vigilar y censurar periodistas mediante la emisión de las Cartas de Seguridad Nacional (NSL, por su sigla en inglés). La Fundación Frontera Electrónica calificó a las Cartas de Seguridad Nacional como “uno de los poderes más aterradores e invasivos” de la Ley Patriota estadounidense. El periodista ganador del Premio Pulitzer James Risen escribió en el periódico The New York Times: “Durante [el gobierno de] Obama, el Departamento de Justicia y el FBI han espiado a periodistas”. Risen sabe de lo que habla: fue uno de los perseguidos. Ahora le preocupa que Trump tenga los mismos poderes. Trump, presuntamente, le habría sugerido a Comey que los periodistas que filtraran información debían ser encarcelados.

Número dos. ¿Por qué el FBI calificó de posibles terroristas a los pacíficos protectores del agua de la tribu Sioux de Standing Rock, en Dakota del Norte? ¿Y por qué hubo una infiltración similar del FBI en los movimientos Occupy Wall Street y Black Lives Matter (en español: Las vidas afroestadounidenses importan y Ocupa Wall Street)?

Una de las protestas públicas más importantes en décadas ocurrió a lo largo de un tramo solitario de una carretera que atraviesa el territorio sioux de Standing Rock, que fue confiscado por el gobierno estadounidense violando tratados firmados en el pasado. En febrero, el periódico The Guardian informó que “varios oficiales de las fuerzas especiales conjuntas contra el terrorismo del FBI[JTTF, por su sigla en inglés] intentaron contactar a por lo menos tres personas vinculadas al movimiento de ‘protectores del agua’ de Standing Rock”. El informe agregó que “los tres contactos se hicieron pocas semanas después de la asunción de Trump”, mientras Comey estaba a cargo del FBI. Información filtrada posteriormente publicada por el medio The Intercept reveló que la empresa paramilitar privada TigerSwan había sido contratada para infiltrarse y perjudicar al movimiento contra el oleoducto, etiquetando a los activistas pacíficos de “insurgentes”. Comey y el FBI deben responder por esta actividad que constituye una violación de la de la Primera Enmienda y por otras intrusiones similares en los movimientos Black Lives Matter y Occupy Wall Street.

Pregunta número tres. En cuanto al programa de contrainteligencia del FBI que reprimió ilegalmente a los disidentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970, el COINTELPRO, ¿cuántas de las personas que fueron blanco del programa y siguen encarceladas, como el activista del Movimiento Indígena Estadounidense Leonard Peltier y los numerosos ex miembros de las Panteras Negras, fueron encarceladas como consecuencia de la mala conducta profesional del FBI?

El FBI realizó una sofisticada campaña contra la disidencia en Estados Unidos bajo la dirección corrupta de J. Edgar Hoover. Activistas por la paz, dirigentes sindicales y grupos radicales como Panteras Negras, Young Lords y el Movimiento Indígena Estadounidense fueron blanco de arresto y encarcelamiento bajo pretextos falsos, infiltrados y afectados por informantes contratados y, en casos como el del líder de las Panteras Negras en Chicago, Fred Hampton, asesinato. Muchas víctimas del COINTELPRO siguen languideciendo en la cárcel. El FBI ha pasado décadas negando sus acciones criminales en los casos al tiempo que obstruye las solicitudes de documentos en virtud de la Ley de Libertad de Información y se opone activamente a los pedidos de libertad condicional o indultos. James Comey debería responder por las continuas injusticias producidas durante el pasado criminal del FBI.

Pregunta número cuatro. Por último, habría que preguntarle a Comey cómo cree que sería nuestro país actualmente si el FBI no hubiera perseguido a Martin Luther King Jr. con su incesante campaña de vigilancia, intimidación y acoso, que muy probablemente contribuyó al clima de odio que condujo a su asesinato.

Es posible que el capítulo más oscuro de la historia del FBI sea su campaña para desestimar y perjudicar la obra de Martin Luther King Jr. Hoover llamó a King “el mentiroso más tristemente celébre del país” y trató de convencer a King de suicidarse. Comey tiene más información que la mayoría de la población sobre la campaña activa del FBI contra la disidencia en Estados Unidos y debería revelar todo lo que sabe.

La audiencia de comparecencia de James Comey en el Senado y, sin duda, las numerosas futuras audiencias del Congreso y de la investigación especial del exdirector del FBI Robert Mueller, estarán centradas en Trump y sus asesores. Pero el FBI tiene una larga historia de hermetismo y opresión que nunca debe ser olvidada por quienes luchan por la justicia y la democracia.

Carolina del Norte tiene una población de 10 millones de personas… y 9 millones de cerdos. A juzgar por el olor, estarían ganando los cerdos. O, mejor dicho, están ganando las gigantes granjas porcinas industriales. Los cerdos son el mayor producto agropecuario en este estado y aportan al menos 2.000 millones de dólares a la economía local. La forma en que se crían y matan los cerdos está afectando la vida de muchos habitantes de Carolina del Norte. Miles de millones de litros de orina y heces porcinos se acumulan en lagunas sanitarias, mezclados con sangre y restos en descomposición. Para que estos estanques fétidos no desborden, el líquido tóxico se bombea hacia el cielo con enormes dispositivos que rocían los desperdicios, que son transportados por el viento. Los vecinos están sufriendo por el indescriptible mal olor y una serie de enfermedades. La mayoría republicana del Carolina del Norte, notoriamente retrógrada, ha aprobado un proyecto de ley –conocido como H.B. 467, Reparación de Molestias de Agricultura y Forestación– para proteger a la industria porcina de la responsabilidad. El recientemente electo gobernador demócrata del estado aún no ha firmado ni vetado este proyecto de ley. Mientras tanto, las comunidades afectadas, en su mayoría afroestadounidenses, están luchando.

Naeema Muhammad, codirectora de la organización Red de Justicia Ambiental de Carolina del Norte (NCEJN, por su sigla en inglés), describió el problema en una entrevista para Democracy Now!:

“Los cerdos son mantenidos en una estructura metálica de estaño [con] grietas en el suelo. Cada vez que hacen sus necesidades o abortan lechones o lo que sea, eso cae a través de las grietas en el suelo, y se canaliza hacia la laguna al aire libre. Esta orina y materia fecal produce metano, gases de amoníaco, y por lo tanto se puede oler… huele a huevo podrido, a veces a col podrida; simplemente huele terrible. [Los residentes locales] se vieron forzados a dejar de utilizar sus pozos de agua, porque estaban viendo restos de los desechos en el agua de sus pozos, por el color y los olores”.

La organización de Muhammad, NCEJN, junto con la Alianza para la Preservación del Agua y la Asociación de Empoderamiento Rural para la Ayuda Comunitaria  (REACH, por su sigla en inglés), presentaron un reclamo ante la Agencia de Protección Ambiental. Naeema Muhammad explica: “Nos unimos y presentamos un reclamo bajo el amparo del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. El Título VI enuncia que las agencias gubernamentales no pueden realizar actividades comerciales que generen un impacto desproporcionado en las comunidades de bajos ingresos, sea intencional o no”.

El reclamo incluye hallazgos de la investigación de Steve Wing, profesor asociado de epidemiología de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Carolina del Norte. Wing fue entrevistado por Mark Devries, cineasta y activista por los derechos de los animales. Devries hizo las primeras tomas aéreas de las granjas porcinas industriales de Carolina del Norte, con sus extensas lagunas de desechos color marrón rojizo. Wing le dijo a Devries: “Creo que es correcto calificar de racismo ambiental o injusticia ambiental el hecho de que la gente de color, de bajos ingresos, cargue con el peso de estas prácticas”.

Además de la denuncia ante la Agencia de Protección Ambiental, los residentes afectados han presentado una serie de demandas donde alegan violaciones a los derechos de propiedad, ya que la gente se ve obligada a permanecer en el interior de sus casas para evitar el olor y la lluvia permanente de suciedad. El blanco de las demandas es la mayor granja industrial del estado, Murphy-Brown LLC, quien provee carne de cerdo a la gigante corporación alimenticia Smithfield Foods. Smithfield Foods, a su vez, es parte de WH Group, una empresa multinacional de alimentos de propiedad china, que cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong. Estas demandas no van contra granjas familiares, sino contra granjas muy contaminantes, de propiedad extranjera.

Will Hendrick, del plantel de abogados de la Alianza para la Preservación del Agua y director de la campaña “North Carolina Pure Farms, Pure Waters” (Granjas puras, aguas puras en Carolina del Norte) de esta organización, se explayó en Democracy Now!:

“No intentamos expulsar a esta industria de Carolina del Norte. La agricultura ha sido y seguirá siendo una parte importante de nuestra economía. No obstante, ninguna industria vale tanto como para soportar los impactos en la salud pública y el medio ambiente que hemos visto que tiene esta industria. Entonces, lo que intentamos aquí no es chuparle la sangre a esta industria, sino asegurarnos de que en sus operaciones se manejen los desechos de forma que no dañe a sus vecinos”.

Elsie Herring, residente de Wallace, Carolina del Norte, fue entrevistada por Devries. Ella declaró: “Aquí es donde rocían los desperdicios de animales. Esto está a unos dos metros y medio de la casa de mi madre”.

Devries le preguntó cómo era estar en medio de esa niebla. Herring respondió: “Parece como si estuviera lloviendo. No abrimos puertas ni ventanas, pero el olor entra igual. Te quita el aliento. Luego te dan náuseas y dolores de cabeza”.

Pese al gran impacto que tienen sobre tantos residentes, las granjas industriales tienen defensores leales entre los legisladores de Carolina del Norte; entre ellos, el representante estatal Jimmy Dixon. En una audiencia sobre la ley H.B. 467, Dixon, que ha recibido al menos 70.000 millones de dólares por parte de las corporaciones porcinas, expresó: “Estas declaraciones son, en el mejor de los casos, grandes exageraciones, y en el peor de los casos, mentiras. ¿Hay olor? Sí. Pero quisiera que cerraran los ojos e imaginen el olor del jamón, las salchichas, los huevos y el pollo frito”.

Algo huele mal en Carolina del Norte. El gobernador Roy Cooper no puede vetar el olor, pero sí puede vetar este dañino proyecto de ley.

Si logra su objetivo, este mes, el gobernador republicano de Arkansas, Asa Hutchinson, ejecutará a ocho hombres en once días. El 27 de febrero de este año, Hutchinson emitió las órdenes de ejecución de los reclusos, con jornadas de doble ejecución pautadas para el 17, 20, 24 y 27 de abril, porque el suministro estatal de midazolam, uno de los tres fármacos que se utiliza en el “cóctel” de ejecución, vencerá a fines de abril. Al momento de escribir esta columna, tres de las ocho ejecuciones fueron suspendidas temporalmente; las otras cinco tienen fecha programada en lo que sería una ráfaga de ejecuciones sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos.

Megan McCracken es abogada y forma parte de la Clínica Jurídica sobre Pena de Muerte de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, en Berkeley. En una entrevista para Democracy Now!, declaró: “El midazolam es un fármaco ansiolítico, una benzodiacepina. Como ansiolítico es potente y se usa en el pre-operatorio en las cirugías, pero no es un anestésico. Eso significa que no es el tipo de fármaco que se usa solo para que una persona despierta y consciente sea sometida a anestesia quirúrgica y sea mantenida en ese estado. Y eso es lo que se necesitaría para que la ejecución sea humana, en virtud de la Constitución. Este fármaco no es apropiado para ello. Tenemos una situación creada por el estado donde se apresura a utilizar un fármaco antes de su vencimiento, incluso cuando el mismo no es apropiado para el uso que se le quiere dar”. El midazolam es el primer fármaco del combo letal de Arkansas que se inyecta al condenado durante la ejecución.

Los fármacos utilizados en ejecuciones mediante inyección letal se están volviendo cada vez más difíciles de adquirir. Las farmacéuticas no quieren verse asociadas con la práctica de la pena de muerte, cada vez más impopular, y la Unión Europea ha prohibido la venta de fármacos para ejecución desde 2011, en parte por la sensibilidad asociada al Holocausto (sí, secretario de Prensa Sean Spicer; Adolf Hitler usó gas para matar a millones de personas).

Cada uno de los ocho hombres cuya ejecución programó para este mes el gobernador Hutchinson presenta circunstancias particulares, pero todos caen en las categorías comunes de los condenados a muerte en Estados Unidos: personas pobres, desproporcionadamente de color, mayormente hallados culpables de un crimen que involucraba una víctima blanca, e incapaces de implementar el tipo de defensa enérgica que los acusados más pudientes pueden presentar.

Damien Echols conoce muy bien el pabellón de los condenados a muerte de la cárcel de Arkansas: pasó más de 18 años en él. Echols era uno de los llamados “tres de West Memphis”, encarcelados por el asesinato de tres niños de 8 años en 1993. Se hicieron cuatro documentales sobre ese caso, que concitaron atención mundial y generaron un seguimiento más amplio del caso. Años más tarde, con la aparición de mejores pruebas de ADN, él y los otros dos acusados fueron liberados en 2011.

Echols declaró en Democracy Now!: “Son personas que conozco personalmente por haber convivido durante un largo tiempo. Son personas que tienen un coeficiente intelectual de 70. Algunos de ellos son mentalmente dementes. Se cree que un par de ellos son inocentes”. Una de las ejecuciones programadas es la de Don Davis.

Echols habló sobre este caso: “Mató a una mujer al invadir un hogar, durante un robo. Y decía que, desde que lo hizo, esto lo torturaba y lo torturaría todos los días por el resto de su vida. Lloraba al relatarlo. Decía que desearía poder ser tan malvado como lo consideraban las personas que querían matarlo, para no tener conciencia y ya no sentirse mal por ello. Cada noche, cuando regresaba a su celda, era lo único en lo que pensaba durante toda la noche. Este es un hombre que ha estado allí durante 25 años y ha tenido una increíble cantidad de tiempo para reflexionar sobre lo que hizo, y está sinceramente arrepentido”.

A pesar de sufrir varios ataques de ansiedad, Damien Echols regresó a Arkansas, el estado que casi lo mata, para participar en una manifestación en el Capitolio de Arkansas el Viernes Santo, acompañado por su amigo, el actor Johnny Depp.

Cerca del Capitolio, frente a la mansión del gobernador, media docena de personas portaba carteles contra la pena de muerte. Frente a ellos, un hombre afroestadounidense se acostó en una cama plegable, como si estuviera en la camilla de la cámara de la muerte a la espera de su ejecución. Ese hombre era el juez Wendell Griffen.

El juez Griffen, del estado de Arkansas, había emitido una orden de restricción temporal de las ejecuciones en respuesta a una petición presentada por la compañía McKesson Corp., que distribuye productos químicos. McKeeson afirma que el Departamento Correccional de Arkansas los embaucó para adquirir bromuro de vecuronio, uno de los fármacos letales del cóctel para ejecuciones del estado. McKesson solo vende bromuro de vecuronio para fines médicos autorizados, los cuales no incluyen ejecuciones. La orden de restricción del juez Griffen, junto con el inminente vencimiento de la demanda estatal de midazolam, podría detener efectivamente las ejecuciones en Arkansas de forma indefinida. Eso sucedería a pesar de que, en respuesta a su participación en la protesta contra la pena de muerte, la Corte Suprema de Arkansas destituyó a Griffen de su autoridad para supervisar todo caso de pena de muerte.

Mientras tanto, la Corte Suprema de Estados Unidos está considerando una apelación de los reclusos condenados a muerte de Arkansas. Por el momento, el objetivo del gobernador Asa Hutchinson de supervisar la ejecución de ocho hombres pende de un hilo.

Mientras la atención del mundo se centra en la violencia en Estados como Siria, Irak, Yemen y Corea del Norte, aquí, en Estados Unidos, se están sentando las bases de un Estado desenfrenadamente violento a nivel nacional. Donald Trump está cumpliendo al menos una de sus numerosas promesas de campaña: promover un poder policial sin restricciones. El elegido de Trump para ocuparse de llevar a cabo estos objetivos, el fiscal general Jeff Sessions, está conduciendo al Departamento de Justicia hacia un cambio radical de políticas. Sessions está abandonando las medidas de la era Obama para proteger los derechos civiles y electorales, amenaza con más deportaciones y está resucitando la fallida “guerra contra las drogas” de décadas pasadas.

Esta semana, Sessions dijo ante la Asociación Internacional de Jefes de Policía: “Lamentablemente, en los últimos años, las fuerzas de la ley en su conjunto se han visto injustamente calumniadas y culpadas por acciones inaceptables cometidas por unos pocos malos actores”.

Sherrilyn Ifill, presidenta y directora-consejera del Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por su sigla en inglés), dijo en una entrevista para Democracy Now!: “Lo que vemos con el fiscal general Jeff Sessions es un esfuerzo para regresarnos en el tiempo… Es una persona que quedó estancada en la década de 1980. En algunos casos, en la de 1950. Es una especie de visión retro de la aplicación de la ley y la policía, en la cual intenta aniquilar los últimos 30 años de progreso que hubo en este país, avances que ya se han hecho; particularmente en los últimos cuatro años, donde nos hemos centrado realmente en el tema de la reforma de las fuerzas policiales”.

Gran parte de las medidas recientes emanan de la temporada de agitación social en Ferguson, Missouri, en 2014. Allí, el 9 de agosto de ese año, un adolescente afroestadounidense desarmado, Michael Brown, fue asesinado a tiros por el agente de policía de Ferguson Darren Wilson, hecho que provocó meses de protestas. En marzo de 2016, la ciudad de Ferguson y el Departamento de Justicia, entonces al mando de la fiscal general Loretta Lynch, firmaron un decreto de consentimiento “con el reconocimiento compartido de que la capacidad de un departamento de policía para proteger a la comunidad a la que sirve es tan fuerte como la relación que tenga con esa comunidad”.

Poco después, agrupaciones de derecha como The Heritage Foundation comenzaron a hablar del “efecto Ferguson”, alegando que los decretos de consentimiento o cualquier otro tipo de supervisión judicial o civil de la policía en realidad incrementan los delitos por atarles las manos a las fuerzas del orden. Este argumento, de hecho, no tiene ningún fundamento. No obstante, al igual que muchas de las políticas que impulsa el gobierno de Trump, ahora parece estar guiando la política oficial.

Tras la muerte de otro joven afroestadounidense, Freddie Grey, que sufrió graves lesiones en la médula espinal mientras se encontraba bajo custodia policial en abril de 2015, se produjo un nuevo estallido de disturbios y protestas que condujeron a otro decreto de consentimiento. Sessions intentó retrasar la implementación de ese acuerdo, pero la semana pasada un juez federal rechazó la moción. En un memorándum del 31 de marzo, Sessions instruyó al Departamento de Justicia que revisara todos los “decretos de consentimiento existentes o contemplados”, lo que señala su intención de socavar los más de cien acuerdos de monitoreo de las fuerzas policiales alcanzados durante el gobierno de Obama.

Nuevamente, Sherrilyn Fill, presidenta del Fondo de Defensa Legal de la NAACP, expresó: “El estatuto que regula estas investigaciones y decretos de consentimiento… el Estatuto sobre Conducta Indebida de las Fuerzas de Seguridad, 42 U.S.C. 14141 fue promulgado como parte del proyecto de Ley penal de 1994 como resultado de la golpiza propinada por un grupo de policías a Rodney King y la absolución de esos oficiales en el primer juicio. Ese estatuto autoriza al fiscal general a investigar el comportamiento policial inconstitucional y llegar a este tipo de acuerdos de consentimiento. Si tenemos en cuenta que [Sessions] es el fiscal general y, como tal, encargado del cumplimiento de la ley y el orden, esta es una ley que está dispuesto a ignorar por completo”.

Se puede decir que Norm Stamper sabe algunas cosas sobre la policía. Oficial veterano de 34 años de servicio, el ex jefe de policía de Seattle es autor del libro “To Protect and Serve: How to Fix America’s Police” (Proteger y servir: Cómo arreglar la policía de Estados Unidos). El Departamento de Policía de Seattle se encuentra bajo un decreto de consentimiento, y Stamper afirma que ha hecho maravillas para mejorar la situación: “Ha habido una reducción del 60% en el uso de la fuerza por parte de los oficiales de policía de Seattle. Hubo una disminución drástica en el uso de armas de fuego, pistolas Taser y garrotes”.

Pero este es el giro inesperado: “Los propios agentes de policía, a través del presidente del Sindicato de Oficiales de Policía, están diciendo: ‘Estamos agradecidos de estar en esta etapa de nuestro progreso’. La tasa delictiva ha seguido bajando. Las lesiones de los oficiales se mantienen en el mismo nivel o han bajado. Así que no hubo ningún supuesto efecto Ferguson o disminución del poder de control de la policía”. Acerca de Sessions, Stamper expresa: “Sessions sstá claramente en sintonía con su jefe, el presidente. Es claramente un defensor de la peor clase de práctica policial en este país”.

Sherrilyn Ifill, abogada de derechos civiles desde hace muchos años, resume: “Esto es lo que pienso que va a desencadenar el fiscal general Jeff Sessions en este país si no estamos atentos y vigilantes. Si no ofrecemos verdadera resistencia”.

El 4 de abril de 1967, un año antes del día de su asesinato, el Dr. Martin Luther King Jr. pronunció uno de los discursos más poderosos y polémicos de su vida: “Más allá de Vietnam: el momento de romper el silencio”. El legendario orador y referente social, además de joven ganador del Premio Nobel de la Paz, expuso una fuerte condena a la guerra estadounidense en Vietnam y alentó la colaboración entre el movimiento por los derechos civiles y el movimiento contra la guerra. Cincuenta años después, cuando el gobierno de Trump intenta aumentar drásticamente el presupuesto del Pentágono en 54.000 millones de dólares y recortar programas sociales y el presupuesto del Departamento de Estado, fundamental en cuanto a lograr soluciones diplomáticas para los conflictos, resulta escalofriante ver que el discurso de King “Más allá de Vietnam” sigue teniendo tanta vigencia.

Más de 3.000 personas se habían congregado en ese día primaveral en la Iglesia Riverside de Nueva York. En su discurso, King calificó a Estados Unidos como “el mayor generador de violencia que existe hoy en el mundo” y luego advirtió: “Por el bien de esos muchachos, por el bien de este gobierno, por el bien de los cientos de miles que padecen nuestra violencia, no puedo permanecer en silencio”.

King continuó, haciendo referencia a los “tres gigantes” contra los que había que luchar: “Los tres gigantes del racismo, del materialismo extremo y del militarismo”.

King hizo un racconto de cómo se intensificó el papel de Estados Unidos en Vietnam y luego vinculó los gastos bélicos a la pobreza local: “Hace unos años, hubo un momento brillante en esta lucha. Parecía como si hubiera una verdadera promesa de esperanza para los pobres –tanto negros como blancos– mediante el programa contra la pobreza. Luego vino la escalada de Vietnam y este programa fue desmantelado, como si fuera un juguete político ocioso de una sociedad enloquecida por la guerra. Y yo sabía que Estados Unidos nunca invertiría los fondos ni las energías necesarias en la rehabilitación de sus pobres mientras aventuras como Vietnam siguieran atrayendo hombres, capacidades y dinero, como una especie de vórtice demoníaco y destructivo. Así que me vi cada vez más obligado a ver la guerra como enemiga de los pobres y a atacarla como tal”.

La reacción de los medios hegemónicos contra el discurso del Dr. King fue inmediata. La revista Life acusó a King de “traicionar la causa por la que tanto había trabajado”, agregando que “gran parte de su discurso era una calumnia demagógica que sonaba como un guión de Radio Hanoi”. El periódico The Washington Post expresó en su editorial: “El Dr. King les ha causado una grave herida a sus aliados naturales… ha disminuido su utilidad para su causa, su país y su pueblo”.

Pero King no cedió en sus esfuerzos y continuó con lo que ahora llamamos “organización intersectorial”. Cuando fue asesinado, un año después de ese discurso, se encontraba en Memphis apoyando a los recolectores de basura que estaban en huelga en demanda de su reconocimiento sindical. El 3 de abril de 1968, en Memphis, el Dr. King dio su último discurso, al que llamó “He estado en la cima de la montaña”. Aunque convivía con amenazas de muerte y acoso constante por parte del FBI, expresó: “Como todo el mundo, a mí me gustaría vivir mucho tiempo. La longevidad es importante, pero eso es algo que ahora no me preocupa”.

Menos de un día después, el Dr. King fue asesinado. Tras conocerse la noticia de su asesinato estallaron disturbios en las principales ciudades de mayoría afroestadounidense del interior del país y la historia de Estados Unidos cambió para siempre.

El reverendo Dr. William Barber, principal referente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por su sigla en inglés) de Carolina del Norte, catalogó el discurso de King “Más allá de Vietnam” como un “sermón profético”. Barber traslada la estrategia discursiva de King al siglo XXI. En una entrevista para Democracy Now!, expresó: “¿Dónde estamos realmente en relación con el racismo, cuando vemos que 22 estados del país han aprobado sistemáticamente leyes de supresión de votantes basadas en discriminación racial y tenemos menor protección del derecho al voto que en 1965 con el desmantelamiento de la Ley de Derecho al Voto? ¿Dónde estamos si apenas usamos la palabra “pobre” en nuestro debate público y político? ¿Dónde estamos, cuando hace unas semanas un ejército fuera de control mató a 200 ciudadanos inocentes en Irak, mientras unos 400.000 ciudadanos fueron asesinados a lo largo de toda la guerra de Irak, una guerra en la cual nunca deberíamos habernos metido? ¿Dónde estamos, cuando estamos hablando de ampliar un presupuesto militar ya hinchado y gastar unos 54.000 millones de dólares en la guerra, cuando si usáramos ese mismo dinero en una guerra moderna contra la pobreza y medidas modernas para la salud y la educación, podríamos hacer mucho más?”.

Si Fox News se saltara solo un episodio del programa presentado por Bill O’Reilly, acusado de cometer acoso sexual, y emitiera en su lugar el discurso “Más allá de Vietnam”, o si CNN o MSNBC transmitiera el discurso en su totalidad, existe la posibilidad de que el presidente Donald Trump, un voraz consumidor de noticias por cable, pudiera verlo. Tal vez entonces podría pensar dos veces antes de incrementar la guerra en Irak y Yemen, o de provocar otra contra Corea del Norte. Mientras el mundo se horroriza por el último ataque de gas tóxico en Siria, probablemente lanzado por el régimen de Assad contra sus propios ciudadanos, Trump podría considerar liderar al mundo, ahora unido momentáneamente por la indignación, hacia una respuesta global y diplomática que pueda conducir a una solución política en esa región.

Con un líder poderoso que se comprometiera con la paz, Estados Unidos podría lograrlo. Lo más probable, sin embargo, es que reste mucho trabajo por hacer para aquellos en quienes el Dr. Martin Luther King depositó mayor esperanza: el pueblo, organizado desde las bases para luchar por la paz.

A menos que estés leyendo esta columna en un viejo y querido diario de papel, es probable que tu proveedor de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés) sepa lo que estás haciendo. Los ISP son la rampa de acceso a Internet; es a través de ellos que todos accedemos a navegar por la web. Establecen el precio y la velocidad de tu conexión, pero no tenían autorización legal para compartir o vender detalles sobre tu uso personal de Internet sin tu permiso… hasta ahora. Gracias a una resolución aprobada en el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos por estrecho margen, las protecciones de privacidad en Internet que habían sido implementadas por el gobierno de Obama serán eliminadas por completo.

Empresas como AT&T, Comcast y Verizon ahora pueden curiosear en la información personal de cualquier persona que se conecte a Internet en Estados Unidos, su historial de navegación, dónde y cuándo accede a Internet y qué hace cuando está conectado, y venderle esa información privada a quien esté dispuesto a pagar por ella. Se espera que el presidente Donald Trump, obsesionado con la invasión imaginaria a su propia privacidad (como indican los tuits en los que afirmó que el presidente Barack Obama había intervenido sus teléfonos durante la campaña presidencial), apruebe este proyecto de ley y despoje a cientos de millones de estadounidenses de su privacidad.

Laura Moy, subdirectora del Centro sobre Privacidad y Tecnología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, expresó en una entrevista para Democracy Now!: “Los estadounidenses pagan por el servicio [de Internet]. No esperan que esa información se comparta o se utilice con otros propósitos, ni que se venda sin su permiso.

Moy continuó: “Sin duda, los estadounidenses necesitan conectarse a Internet en la era moderna actual. Se necesita acceder a Internet para buscar trabajo. Se necesita acceder a Internet para completar la educación. Se necesita acceder a Internet a menudo para comunicarse con el proveedor de salud o realizar transacciones bancarias”.

Todas estas comunicaciones y todo este este uso de Internet pueden realizarse desde la privacidad del hogar. Pero no pensemos que seguirá siendo un uso privado. La empresa proveedora de Internet puede recopilar todas tus búsquedas, intereses, qué películas miras en Internet, tu edad, peso, número de Seguro Social, estado de salud, problemas financieros. Si buscas un abogado para quiebra o un tratamiento para adicciones en Internet, tu proveedor del servicio de Internet puede agregarlo a tu perfil.

Laura Moy concluyó: “Queremos que la gente use Internet y lo vea como un espacio seguro para comunicarse con otras personas, expresar sus puntos de vista políticos, desempeñar sus actividades cotidianas importantes, y que lo haga sin temor de que la información que comparte con su proveedor de servicio de Internet se utilice para perjudicarla de algún modo”.

Bueno, eso sería lo deseable. Las normas de privacidad en Internet que se prevé eliminar ocupan 219 páginas, en las que se trabajó desde la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por su sigla en inglés) durante más de un año, con el apoyo de más de 275.000 comentarios de ciudadanos y grupos de defensa y promoción de la privacidad en Internet. Fueron publicadas en el Registro Federal el pasado mes de diciembre. La iniciativa de eliminarlas fue impulsada por Marsha Blackburn, congresista republicana de Tennessee, que preside el subcomité del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, que supervisa las actividades de la FCC. Como informó el portal de noticias Vocativ, durante sus 14 años en el Congreso, Blackburn ha recibido al menos 693.000 dólares en contribuciones de campaña por parte de empresas del sector y particulares de AT&T, Comcast, Verizon y otros miembros de la industria que se beneficiarían de este cambio normativo.

El socio de Blackburn en la avanzada para derogar las normas de privacidad en Internet es el nuevo comisionado de la FCC, Ajit Pai, que solía ocupar el cargo de asesor general asociado de Verizon. Pai fue uno de los dos republicanos designados para ocupar uno de los cinco cargos directivos de la FCC durante el segundo mandato de Obama, y fue ascendido a presidente de la FCC por el presidente Donald Trump. Según Los Angeles Times, Pai pronunció un discurso en diciembre del año pasado donde prometió “erradicar” otra victoria progresista, la neutralidad de Internet. Inmediatamente después de que la Cámara de Representantes votara a favor de revocar las normas de privacidad, Free Press, organzación que aboga por la democratización de los medios de comunicación, publicó en un comunicado: “La lucha contra la privacidad en la banda ancha es el primer ataque del gobierno de Trump hacia el Internet abierto. Y ahora que tiene una victoria en sus manos, buscará obtener la siguiente”.

Es completamente chocante que Donald Trump, en medio de sus acusaciones de que su propia intimidad había sido invadida por escuchas telefónicas ilegales, vaya a convertir en ley el permiso para invadir, vender, comerciar y monetizar los detalles más íntimos y privados de cada estadounidense conectado a Internet. Esta ley constituye el hackeo por excelencia: permitirles a las empresas tomar toda nuestra información y venderla con fines de lucro.

En el Estados Unidos gobernado por Donald Trump, la información privada no es robada por hackers en la oscuridad de la noche. Se toma con autorización del gobierno. A menos que la gente se organice para luchar en contra de esta situación, las promesas de un Internet abierto desaparecerán.

Las audiencias de confirmación del candidato de Donald Trump para la Corte Suprema, Neil Gorsuch, que está llevando adelante el Senado, quedaron en buena medida opacadas por las polémicas que se han sucedido en estos días, como los intentos del Partido Republicano por derogar la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio y las revelaciones de que el FBI estaría investigando posibles conexiones entre la campaña de Trump y el gobierno de Rusia. A eso debemos agregarle la decisión sin precedentes de la mayoría republicana el año pasado de negarse a llevar a cabo las audiencias de confirmación de Merrick Garland, el magistrado constitucionalmente nominado por Barack Obama para reemplazar al juez de la Corte Suprema Antonin Scalia tras su fallecimiento en febrero de 2016. La magnitud de una nominación para la Corte Suprema no se debe subestimar; conlleva un compromiso vitalicio con la justicia, de consecuencias trascendentales, en ocasiones de vida o muerte. Nadie lo entiende mejor que Alphonse Maddin.

En una noche helada de enero de 2009, Alphonse Maddin conducía un camión, contratado por la empresa TransAm Trucking de Kansas. La semana pasada, Maddin relató ante la prensa su dura experiencia:

“Estaba transportando un cargamento de carne por el estado de Illinois. Después de una parada para resolver una confusión en cuanto al lugar para cargar combustible, los frenos del tráiler se congelaron. Me puse en contacto con mi empleador, que coordinó que una unidad de reparación fuera hasta mi ubicación”. Esperando en el frío helado, Maddin se quedó dormido.

El transportista afroestadounidense continuó: “Me desperté tres horas más tarde y descubrí que no podía sentir mis pies, la piel me ardía y se estaba cuarteando, tenía dificultades para hablar y para respirar. La temperatura de esa noche era de unos 32 grados Celsius bajo cero. Tras informarle mi estado físico a mi empleador, me respondió simplemente que esperara allí. Mientras estaba allí sufriendo el frío físicamente, comencé a pensar que iba a morir. Mi estado físico empeoraba rápidamente. Decidí intentar desprender el tráiler del camión y conducir hasta un lugar seguro”. Madden hizo exactamente eso, y por tomar esa medida para salvar su vida resultó despedido.

Maddin presentó una demanda y el Departamento de Trabajo ordenó que fuera reincorporado a la empresa, con pago retroactivo. TransAm Trucking apeló y el caso fue analizado por el Tribunal Federal de Apelaciones del 10º Circuito. Entre los tres jueces del caso se encontraba Neil Gorsuch. El abogado laboral que representó a Maddin, Robert Fetter, recordó:

“Había cinco o seis casos para presentar en el tribunal esa mañana y nosotros éramos los últimos. El juez Gorsuch se mostraba neutral, incluso amable, a medida que se presentaban los casos. Cuando le llegó el turno al nuestro, se volvió notoriamente hostil. No fue campechano ni simpaticón”, dijo Fetter, comparando al Gorsuch de ese momento con el comportamiento del candidato en las audiencias de esta semana. Fetter remató: “Era como el día y la noche”.

Maddin resumió el calvario y la batalla legal que tuvo que afrontar con estas palabras: “Inicié una demanda por mi despido de TransAm Trucking y lo gané. Fue una batalla de siete años. Siete jueces diferentes atendieron mi caso. Uno de esos jueces falló en mi contra. Ese juez es Neil Gorsuch”.

Como indicó Fetter, “a la comunidad empresarial le encantó el fallo”. ¿Cuál es la importancia de esto? En mayo de 2016, cuando Donald Trump era precandidato a presidente dio a conocer una lista de posibles candidatos para la Corte Suprema; Gorsuch no se encontraba en ella. El fallo de Gorsuch contra Maddin se produjo poco después, el 8 de agosto, y exaltaba en sus argumentos lo que Fetter llamó el “derecho legal a quedarse en el camión y morir congelado” de Maddin. A fines de septiembre, Trump, ya candidato republicano, publicó una segunda lista de nominados para la Corte Suprema que sí incluía a Gorsuch.

Elliot Mincberg, asesor principal de la organización People for the American Way, dijo en una entrevista para Democracy Now!: “[Gorsuch] hizo lo que hace en tantos casos, ponerse del lado de las corporaciones”.

Durante las audiencias de confirmación, el senador Al Franken, demócrata de Minnesota, cuestionó al juez Gorsuch: “Creo que todos aquí hubieran hecho exactamente lo que hizo [Alphonse Maddin]. Es ridículo afirmar que la empresa tiene derecho a despedirlo porque tomó una decisión para no morir congelado o causarle la muerte a otras personas al manejar un vehículo inseguro. Es ridículo”. Franken, que es un ex comediante, agregó: “Mi carrera estuvo basada en identificar el absurdo y sé cuándo estoy frente a él. Y eso me hace cuestionar su criterio”.

Neil Gorsuch se destaca, es cierto. Siete jueces atendieron el caso de Maddin. Seis de ellos apoyaron al transportista congelado. Las decisiones de la Corte Suprema no son teóricas; pueden tener un impacto en el mundo real, de vida o muerte. Reflejan nuestros valores colectivos. Neil Gorsuch emitió un voto frío y solitario en contra de un trabajador que luchaba por su vida. Eso debería tener mucho peso para los senadores que se encuentran considerando la designación de Gorsuch para ocupar un cargo vitalicio en el principal tribunal del país.

El mundo se enfrenta a la catástrofe humanitaria más grave desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Veinte millones de personas corren riesgo de morir de hambre en Yemen, Somalia, Nigeria y Sudán del Sur. La respuesta del presidente Donald Trump ante esta situación ha sido cerrarles la puerta en la cara a los refugiados y recortar los fondos de asistencia humanitaria, al tiempo que propone una importante ampliación de fondos para el ejército estadounidense.

António Guterres, nuevo secretario general de Naciones Unidas, dijo recientemente: “Millones de personas apenas logran sobrevivir entre la desnutrición y la muerte, vulnerables a enfermedades y epidemias, obligados a matar a sus animales para comer y consumir los granos almacenados para la siembre del año que viene”. Guterres continuó: “Estas cuatro crisis son muy diferentes, pero tienen una cosa en común. Todas son evitables. Todas provienen de diferentes conflictos, para los cuales se necesita que hagamos mucho más en cuanto a prevención y resolución”.

Mientras Naciones Unidas se apresura a recaudar los 5.600 millones de dólares necesarios para evitar el peor impacto de estas crisis, el gobierno de Trump recorta los fondos del Departamento de Estado de Estados Unidos y, según el borrador de una orden ejecutiva obtenido por el periódico The New York Times, también los de Naciones Unidas. La orden, tal como está redactada (aunque todavía no fue firmada ni emitida oficialmente) indica “al menos un 40% de reducción general” de las contribuciones voluntarias de Estados Unidos a programas de la ONU como el Programa Mundial de Alimentos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y Unicef. “Francamente, esta es una actitud infantil que no es digna de la única superpotencia del mundo”, escribió Stewart M. Patrick, un ex funcionario del Departamento de Estado durante el gobierno de George W. Bush, que ahora integra el Consejo de Relaciones Exteriores.

Esta actitud, que podría calificarse de infantil, tiene un impacto letal en la población infantil real. Siete millones de personas en Yemen corren peligro de inanición, de las cuales 2,2 millones son niños. Cerca de medio millón de esos niños están “grave y agudamente desnutridos”, lo que implica que ya han sufrido daños de desarrollo, posiblemente de por vida, debido al hambre.

El director de la sede estadounidense del Consejo Noruego para Refugiados, Joel Charny, dijo en una entrevista para Democracy Now!: “Si la guerra continúa, mucha gente morirá de hambre. No creo que haya ninguna duda al respecto. Tenemos que hallar la forma de que la guerra termine”.

Para ello habría que empezar por ponerle fin a la entrega de armamento a Arabia Saudí, que bombardea Yemen sin piedad. En su lugar, el presidente Trump se reunió el martes en la Casa Blanca con el príncipe heredero de Arabia Saudí y ministro de Defensa, Mohammed bin Salman, donde presuntamente habrían hablado de reanudar la venta de proyectiles guiados de precisión a la dictadura saudí. Amnistía Internacional instó a Trump a bloquear las nuevas ventas de armas. La organización emitió una declaración, en la que escribió: “Armar a los gobiernos de Arabia Saudí y Bahréin representa el riesgo de ser cómplice de crímenes de guerra, y hacerlo mientras simultáneamente se prohíbe a las personas viajar a Estados Unidos desde Yemen sería aun más inadmisible”.

La guerra en Yemen es considerada mayormente como un conflicto de poder entre Arabia Saudí e Irán, donde Estados Unidos, bajo el gobierno de Obama y ahora con mayor intensidad bajo el de Trump, brinda armamento a los saudíes y apoya logísticamente su bombardeo a Yemen. “Cabe destacar que esto no comenzó el 20 de enero. Esta es una política llevada a cabo por Estados Unidos desde hace cierto tiempo”, dijo el funcionario humanitario Joel Charny en referencia a la asunción de mando de Trump y las políticas de Obama. A lo largo de sus dos mandatos, el presidente Obama le vendió armas a Arabia Saudí por un récord de 115.000 millones de dólares. Solo suspendió las ventas después de que un avión saudí atacara un funeral yemení con una serie de bombardeos sucesivos, que dejaron un saldo de 140 muertos y 500 heridos.

Millones de personas más se enfrentan al hambre y a una dolorosa muerte por inanición en Somalia, Sudán del Sur y Nigeria. Según Charny, en Sudán del Sur, pese a las ganancias por el petróleo y su tierra fértil, “los conflictos políticos no resueltos al interior de la clase gobernante de Sudán del Sur, que se remontan a la década de 1990 y quedaron disimulados durante la lucha por la independencia, ahora comenzaron a resurgir” y han conducido al país a la hambruna. En el noreste de Nigeria, el conflicto armado entre el grupo Boko Haram y el gobierno hace que la entrega de ayuda humanitaria sea muy peligrosa. Respecto a Somalia, donde la hambruna amenaza a poblaciones que pueden ser alcanzables por el debilitado gobierno central y las agencias de ayuda humanitaria, Charny expresó comentarios más optimistas: “Si podemos movilizar rápidamente alimentos y dinero en efectivo, podremos superar la situación en Somalia… si nos ponemos en marcha”.

Evitar la situación de hambruna en estos cuatro países es posible. El presidente Trump debería financiar totalmente los envíos de alimentos –no los envíos de armas– y liderar la tan necesaria diplomacia para evitar la inmensa catástrofe de 20 millones de muertes terribles a causa del hambre. Eso es lo que haría grande a Estados Unidos.

El mundo se enfrenta a la catástrofe humanitaria más grave desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Veinte millones de personas corren riesgo de morir de hambre en Yemen, Somalia, Nigeria y Sudán del Sur. La respuesta del presidente Donald Trump ante esta situación ha sido cerrarles la puerta en la cara a los refugiados y recortar los fondos de asistencia humanitaria, al tiempo que propone una importante ampliación de fondos para el ejército estadounidense.

António Guterres, nuevo secretario general de Naciones Unidas, dijo recientemente: “Millones de personas apenas logran sobrevivir entre la desnutrición y la muerte, vulnerables a enfermedades y epidemias, obligados a matar a sus animales para comer y consumir los granos almacenados para la siembre del año que viene”. Guterres continuó: “Estas cuatro crisis son muy diferentes, pero tienen una cosa en común. Todas son evitables. Todas provienen de diferentes conflictos, para los cuales se necesita que hagamos mucho más en cuanto a prevención y resolución”.

Mientras Naciones Unidas se apresura a recaudar los 5.600 millones de dólares necesarios para evitar el peor impacto de estas crisis, el gobierno de Trump recorta los fondos del Departamento de Estado de Estados Unidos y, según el borrador de una orden ejecutiva obtenido por el periódico The New York Times, también los de Naciones Unidas. La orden, tal como está redactada (aunque todavía no fue firmada ni emitida oficialmente) indica “al menos un 40% de reducción general” de las contribuciones voluntarias de Estados Unidos a programas de la ONU como el Programa Mundial de Alimentos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y Unicef. “Francamente, esta es una actitud infantil que no es digna de la única superpotencia del mundo”, escribió Stewart M. Patrick, un ex funcionario del Departamento de Estado durante el gobierno de George W. Bush, que ahora integra el Consejo de Relaciones Exteriores.

Esta actitud, que podría calificarse de infantil, tiene un impacto letal en la población infantil real. Siete millones de personas en Yemen corren peligro de inanición, de las cuales 2,2 millones son niños. Cerca de medio millón de esos niños están “grave y agudamente desnutridos”, lo que implica que ya han sufrido daños de desarrollo, posiblemente de por vida, debido al hambre.

El director de la sede estadounidense del Consejo Noruego para Refugiados, Joel Charny, dijo en una entrevista para Democracy Now!: “Si la guerra continúa, mucha gente morirá de hambre. No creo que haya ninguna duda al respecto. Tenemos que hallar la forma de que la guerra termine”.

Para ello habría que empezar por ponerle fin a la entrega de armamento a Arabia Saudí, que bombardea Yemen sin piedad. En su lugar, el presidente Trump se reunió el martes en la Casa Blanca con el príncipe heredero de Arabia Saudí y ministro de Defensa, Mohammed bin Salman, donde presuntamente habrían hablado de reanudar la venta de proyectiles guiados de precisión a la dictadura saudí. Amnistía Internacional instó a Trump a bloquear las nuevas ventas de armas. La organización emitió una declaración, en la que escribió: “Armar a los gobiernos de Arabia Saudí y Bahréin representa el riesgo de ser cómplice de crímenes de guerra, y hacerlo mientras simultáneamente se prohíbe a las personas viajar a Estados Unidos desde Yemen sería aun más inadmisible”.

La guerra en Yemen es considerada mayormente como un conflicto de poder entre Arabia Saudí e Irán, donde Estados Unidos, bajo el gobierno de Obama y ahora con mayor intensidad bajo el de Trump, brinda armamento a los saudíes y apoya logísticamente su bombardeo a Yemen. “Cabe destacar que esto no comenzó el 20 de enero. Esta es una política llevada a cabo por Estados Unidos desde hace cierto tiempo”, dijo el funcionario humanitario Joel Charny en referencia a la asunción de mando de Trump y las políticas de Obama. A lo largo de sus dos mandatos, el presidente Obama le vendió armas a Arabia Saudí por un récord de 115.000 millones de dólares. Solo suspendió las ventas después de que un avión saudí atacara un funeral yemení con una serie de bombardeos sucesivos, que dejaron un saldo de 140 muertos y 500 heridos.

Millones de personas más se enfrentan al hambre y a una dolorosa muerte por inanición en Somalia, Sudán del Sur y Nigeria. Según Charny, en Sudán del Sur, pese a las ganancias por el petróleo y su tierra fértil, “los conflictos políticos no resueltos al interior de la clase gobernante de Sudán del Sur, que se remontan a la década de 1990 y quedaron disimulados durante la lucha por la independencia, ahora comenzaron a resurgir” y han conducido al país a la hambruna. En el noreste de Nigeria, el conflicto armado entre el grupo Boko Haram y el gobierno hace que la entrega de ayuda humanitaria sea muy peligrosa. Respecto a Somalia, donde la hambruna amenaza a poblaciones que pueden ser alcanzables por el debilitado gobierno central y las agencias de ayuda humanitaria, Charny expresó comentarios más optimistas: “Si podemos movilizar rápidamente alimentos y dinero en efectivo, podremos superar la situación en Somalia… si nos ponemos en marcha”.

Evitar la situación de hambruna en estos cuatro países es posible. El presidente Trump debería financiar totalmente los envíos de alimentos –no los envíos de armas– y liderar la tan necesaria diplomacia para evitar la inmensa catástrofe de 20 millones de muertes terribles a causa del hambre. Eso es lo que haría grande a Estados Unidos.

El martes, la Estatua de la Libertad quedó casi completamente a oscuras, un día después de que el presidente Donald Trump firmara su nueva orden ejecutiva contra el ingreso a Estados Unidos de refugiados y ciudadanos de seis países de mayoría musulmana, un decreto conocido como “Prohibición contra musulmanes 2.0”. El apagón pareció también un presagio de lo que ocurriría al día siguiente, el Día Internacional de la Mujer, que este año contó con la organización de la huelga “Un día sin mujeres”. La dama de la Libertad, que durante más de 130 años ha proclamado al mundo “Dadme vuestros seres pobres y cansados / Dadme esas masas ansiosas de ser libres”, desapareció, al menos por unas horas, del horizonte de la ciudad de Nueva York.

El Día Internacional de la Mujer se conmemora el 8 de marzo desde hace más de un siglo, pero el día de acción mundial de este año tuvo un valor agregado de urgencia. Un hombre que fue filmado mientras alardeaba de cometer acoso sexual terminó siendo el actual presidente de Estados Unidos.

En una grabación del programa “Access Hollywood” de 2005 que se hizo pública el pasado mes de octubre, Trump le dice a Billy Bush, ex presentador de la cadena NBC: “Ni siquiera espero. Y cuando eres una estrella, ellas te dejan hacerlo… Puedes hacer cualquier cosa. Agarrarlas por el chocho.” Billy Bush perdió su trabajo a causa del escándalo, pero Trump fue electo presidente pocas semanas después.

Al otro día de la asunción de mando de Trump, más de cuatro millones de personas participaron en manifestaciones en todo Estados Unidos, en lo que quizá sea la mayor protesta política en la historia estadounidense. La Marcha de las Mujeres en Washington, por ejemplo, congregó una cantidad de gente tres veces mayor que la multitud que asistió a la ceremonia de asunción de Trump el día anterior, lo que claramente enfureció al presidente.

Dos días después, Trump firmó una orden ejecutiva que impuso una “ley mordaza mundial” que prohíbe a Estados Unidos financiar a cualquier organización de salud que realice abortos o que incluso lo mencione como opción. Trump también está presionando a los legisladores para que aprueben el proyecto de ley republicano que tiene como objetivo derogar la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio, conocida como Obamacare. La ley dejaría sin fondos a la organización Planned Parenthood, que brinda anualmente una amplia gama de servicios de salud a más de dos millones y medio de mujeres estadounidenses. Solo el 3% de sus servicios están vinculados al aborto, y los fondos federales no financian los abortos.

Con manifestaciones en más de 50 países, la huelga de mujeres de este año es la más importante en la historia reciente. El sitio web de la organización señala: “El 8 de marzo será el comienzo de un nuevo movimiento feminista internacional que organice la resistencia no solamente contra Trump y sus políticas misóginas, sino contra las condiciones que dieron lugar a Trump; concretamente, décadas de desigualdad económica, violencia racial y sexual, y guerras imperiales en el exterior”.

Esta misma semana, un documento filtrado reveló que el Departamento de Seguridad Nacional está considerando una propuesta para separar a las madres refugiadas de sus hijos en caso de que sean capturados al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

En un video realizado para dar difusión a la acción mundial del 8M, distintas personas declaran sus motivos para participar:

“Voy a hacer huelga el 8 de marzo porque creo que las mujeres deben tener libertad para tomar decisiones sobre sus propios cuerpos… Voy a hacer huelga el 8 de marzo… por la igualdad salarial y de oportunidades… porque el trabajo de las mujeres hace posible el resto de los trabajos… y porque ya es hora que comencemos a valorar el trabajo de la mujer. Voy a hacer huelga el 8 de marzo… porque quiero sentirme libre cuando salgo, no valiente… porque las mujeres importan”.

Al despuntar el alba en Washington DC, en el Día Internacional de la Mujer, Donald Trump tuiteó: “Tengo un enorme respeto hacia las mujeres y los numerosos papeles que desempeñan, que son vitales para la estructura de nuestra sociedad y nuestra economía”. Esto proviene de un hombre que ha sido acusado de asalto y acoso sexual por al menos 15 mujeres, la mitad de ellas durante su reciente campaña electoral.

Las mujeres del mundo, junto con los hombres que apoyan su lucha, juzgan a Trump por sus acciones, no por sus palabras. Están comprometidas, están enfurecidas y se están organizando para abordar cada tema. Entre los carteles de las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer había uno que decía: “Nada de mordaza, nada de prohibición, nada de muro”. Otro decía: “El lugar de la mujer es la revolución”. Todos los días, Trump afecta los pilares de los logros progresistas por los que tantas personas han luchado, han sido encarceladas e incluso han muerto a lo largo de más de un siglo. Pero la resistencia está creciendo y brinda esperanzas en esta era de oscuridad.

El primer discurso del presidente Donald Trump ante el Congreso fue calificado por muchos analistas de “presidencial” más que nada porque no se alejó demasiado de lo que tenía preparado en el teleprompter. Pese a la pompa y ceremonia de la sesión conjunta del Congreso, Trump pronunció un discurso de 5.000 palabras repleto de imprecisiones y falsedades. Si bien esta ocasión fue promocionada como su oportunidad para unificar al país, en lugar de eso exhibió una serie de prescripciones políticas divisorias que solo sirven para conformar a sus seguidores: “Queremos que todos los estadounidenses tengan éxito; pero eso no puede suceder en un ambiente de caos sin ley. Debemos restaurar la integridad y el imperio de la ley en nuestras fronteras. Por ese motivo, pronto comenzaremos la construcción de un gran muro a lo largo de nuestra frontera sureña. Finalmente, para mantener seguro Estados Unidos debemos darles a los hombres y mujeres del Ejército estadounidense las herramientas que necesiten para evitar la guerra y, si fuera necesario, luchar y ganar. Voy a presentar un presupuesto ante el Congreso que reconstruya el Ejército, elimine los recortes en Defensa y solicite uno de los mayores aumentos en el gasto de Defensa Nacional en la historia estadounidense”.

Entre los invitados a la Asamblea Legislativa, sentada en su silla de ruedas en una de las galerías, se encontraba la excepcional joven afroestadounidense de 26 años de edad Ola Ojewumi. Ola afirma que hoy está viva gracias a la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio (ACA, por su sigla en inglés), también conocida como Obamacare. Trump habló en su discurso sobre lo que él llama el “fracaso desastroso de Obamacare”: “Esta noche también le pido a este Congreso que derogue y reemplace la ley Obamacare con reformas que amplíen la posibilidad de elección, aumenten el acceso, reduzcan los costos y, al mismo tiempo, brinden mejor atención de la salud. Obligar a cada estadounidense a adquirir un seguro de salud aprobado por el gobierno nunca fue la solución correcta para nuestro país. Obamacare está fracasando y debemos actuar de forma decisiva para proteger a todos los estadounidenses. Tomar estas medidas no es una opción, es necesario. Por eso les pido a todos los demócratas y republicanos del Congreso que trabajen con nosotros para salvar a los estadounidenses de este fracaso desastroso que es Obamacare”.

Sin embargo, esta ley posibilitó que más de 20 millones de personas pudieran adquirir un seguro de salud. Ola Ojewumi contó en una entrevista con Democracy Now!: “Fue aterrador escuchar sus comentarios sobre la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo precio. Me afectó personalmente. Soy sobreviviente de un trasplante de corazón y riñón. Y pude obtener seguro médico y cobertura del seguro de salud de mis padres hasta mis 26 años”. Ola recibió los trasplantes a los 11 años de edad, y la compañía aseguradora de sus padres intentó retirarla del plan familiar varias veces. Como consecuencia de los trasplantes debe tomar fármacos inmunosupresores de por vida. Tras haber derrotado un linfoma post trasplante, también es sobreviviente de cáncer.

A pesar de todo lo que ha tenido que superar en su vida personal, su objetivo principal es ayudar a los demás: “Reúno fuerzas gracias a mi comunidad y viendo los problemas en el mundo. Supe que debía dedicarme a la justicia social cuando, en los últimos meses, veía las noticias y literalmente se me caían las lágrimas por el camino que está tomando Estados Unidos, y su regresión”. En la universidad, Ola fundó el Proyecto ASCEND con un cheque de 500 dólares por reembolso de matrícula. La misión del grupo es “crear oportunidades de educación superior para jóvenes marginados y desfavorecidos en todo el mundo”.

Varias de las congresistas demócratas asistieron vestidas de blanco al discurso de Trump, en referencia al estilo de vestir de las sufragistas estadounidenses de un siglo atrás. “Tenía mi chaqueta blanca y un vestido rojo. Me sentí orgullosa de ver a las mujeres defender lo correcto. Es realmente notable cuánto poder tenemos como mujeres cuando entendemos que nuestras voces serán escuchadas, incluso si no somos la mayoría. Estoy orgullosa de las mujeres del Capitolio que defienden nuestros derechos y que defienden a [la organización] Planned Parenthood. Les dan voz a las poblaciones sin voz, como a las mujeres de color y a las mujeres con discapacidades”.

Ola ha colaborado como voluntaria para Planned Parenthood, donde entregó preservativos en el desfile anual del orgullo gay en Washington DC: “El trabajo que hizo Planned Parenthood para que se aprobara la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio y para que la ACA contara con una opción gratuita de anticoncepción permitió a las mujeres con discapacidades como yo recibir anticoncepción gratuita”. Ola prosiguió: “Las mujeres con discapacidades no estamos incluidas en la discusión. Tenemos las tasas más altas de agresión sexual. Y tenemos más probabilidades de ser violadas o agredidas sexualmente que las mujeres sanas. Por lo tanto, Planned Parenthood les dio voz a mujeres como yo y me enseñó cómo manifestarme y defender a mi grupo”.

Ola también criticó a la secretaria de Educación Betsy DeVos, quien dijo durante sus audiencias de confirmación que la implementación de la Ley Federal de Educación de Personas con Discapacidades debería dejarse a voluntad de cada estado, dando posibilidad a que los estados puedan discriminar a los estudiantes con discapacidades. Ola dijo en la entrevista: “Sus declaraciones mostraron un gran desconocimiento sobre la igualdad de acceso a la educación”.

Ola Ojewumi ha pasado por muchas cosas, pero claramente tiene mucho más por hacer: “Mi mensaje a los jóvenes activistas es este: sigan defendiendo sus causas. Inspírense en lo que ven. No cambien de canal. No ignoren lo que está pasando en el mundo. Estén atentos a lo que les hace enojar para poder seguir enfocados y luchando en las trincheras, porque el cambio no se hace simplemente desde el Capitolio. Se hace con sus voces y con su lucha. Así que sigan yendo a las asambleas municipales y hablen de la Ley de Cuidado de la Salud a Bajo Precio y por qué la necesitamos. Sigan hablando del antisemitismo, el racismo, la islamofobia, todo eso. Y asegúrense de ser inclusivos en sus reclamos y en sus movimientos. El 50% de las víctimas de brutalidad policial son personas con discapacidades. Nuestros derechos e imágenes no están al frente, ya sea que se trate del tema de la agresión sexual, como en el movimiento contra la violación en los campus o, ya saben, Black Lives Matter. Ellos han hecho un trabajo influyente pero necesitamos representación, porque las personas con discapacidades, las personas en sillas de ruedas, nuestros derechos también importan. Y tenemos que ser incluidos en la discusión. Por lo tanto, asegúrense de que sus movimientos sean inclusivos de todos, de cada sector. Realmente podemos cambiar el mundo juntos”.

La senadora Elizabeth Warren fue interrumpida esta semana en la sala del Senado de EE.UU. mientras leía una carta escrita por Coretta Scott King en 1986 contra la confirmación del entonces fiscal federal de Alabama, Jefferson Beauregard Sessions III, para un cargo de juez federal de distrito. En aquella ocasión, se tomó una decisión inusual: la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado no confirmó a Sessions. Ahora, mientras el Senado debatía una nueva confirmación del senador Sessions para el cargo de fiscal general de Estados Unidos, el líder de la mayoría del Senado, el republicano de Kentucky Mitch McConnell, hizo callar a Warren poco después de que leyera las palabras de Coretta Scott King, invocando una norma desconocida del Senado que impide impugnar a los colegas. Le ordenaron a Warren que tomara asiento y le prohibieron seguir hablando en el debate sobre Sessions.

En 1986 Coretta Scott King le había enviado esta carta al presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, el feroz segregacionista Strom Thurmond, y le pidió que incluyera la carta en el registro formal de la audiencia, pero Thurmond no lo hizo. La carta de 10 páginas estuvo prácticamente desaparecida hasta el mes pasado, cuando el periódico Washington Post obtuvo una copia y la publicó.

Coretta Scott King escribió en su testimonio: “La ironía de la candidatura es que si se confirma, se le estará dando a Sessions un puesto vitalicio para que haga con una fiscalía federal lo que los sheriffs hacían hace veinte años con palos y picanas”, y agregó: “Creo que su confirmación tendría un efecto devastador no solo en el sistema judicial de Alabama, sino también en los avances que hemos logrado para hacer realidad el sueño de mi esposo”. Además, King se explayó sobre los antecedentes de Sessions como fiscal federal de Alabama, donde inició juicio de forma agresiva a los activistas a favor del derecho de los ciudadanos afroestadounidenses al voto, bajo acusación de fraude electoral. En el caso, conocido como Los tres de Marion, se acusaba a Albert Turner, asistente de Martin Luther King Jr., la esposa de Turner, Evelyn, y Spencer Hogue, miembros de la Liga Cívica del condado de Perry, en la zona rural de Alabama. Sessions les inició juicio alegando que habían falsificado las papeletas de voto de ciudadanos afroestadounidenses ancianos.

Los tres de Marion se enfrentaban a más de cien años de cárcel si los condenaban. Sessions fue acusado de seleccionar casos de los condados del “cinturón negro” de Alabama, como el condado de Perry, donde una creciente cantidad de votantes afroestadounidenses empadronados amenazaba con eliminar el antiguo control político de los blancos. Finalmente, un juez federal rechazó la mayor parte de los cargos y un jurado absolvió a los tres acusados de los cargos restantes.

Coretta Scott King agregaba en su testimonio de 1986: “Los líderes de derechos civiles, como mi esposo y Albert Turner, han luchado larga y duramente para lograr el acceso libre y sin restricciones a las urnas. El señor Sessions ha utilizado el gran poder de su oficina para refrenar el libre ejercicio electoral de los ciudadanos negros en el distrito donde ahora pretende desempeñarse como juez federal”.

Por leer las palabras de King, Elizabeth Warren fue acusada de atribuir a Sessions una “conducta o motivo indigno o impropio de un senador”. Después de que el líder de la mayoría del Senado McConnell la obligara a dejar de hablar, Elizabeth Warren respondió desde su banca en la sala: “Me sorprende que las palabras de Coretta Scott King no sean adecuadas para un debate en el Senado de Estados Unidos […] Pido permiso al Senado para continuar con mis comentarios”. Después de rechazar su petición, le ordenaron que se retirara. Warren salió inmediatamente y, justo frente a las puertas de la cámara del Senado, leyó la carta completa de King y transmitió la lectura a través de Facebook Live. Después de estar 20 horas en Internet, el video de 15 minutos tuvo aproximadamente diez millones de visitas.

McConnell, desde la sala del Senado, dijo en relación a su decisión de silenciar a Warren: “Se le advirtió. Se le dio una explicación. No obstante, ella persistió”. Sus palabras desataron una tormenta en las redes sociales, donde muchos expresaron su solidaridad hacia Warren con la etiqueta “#ShePersisted” (Ella persistió). Mientras tanto, en la sala del Senado varios de los colegas hombres de Warren leyeron la carta de King en voz alta. McConnell no le llamó la atención a ninguno de ellos, ni tampoco invocó la misma regla del Senado para impedirle hablar a su colega republicano Ted Cruz en el año 2015, cuando este acusó al propio McConnell de mentiroso.

El miércoles por la noche, el Senado confirmó a Jeff Sessions como el 84º fiscal general de Estados Unidos, a pesar de que recibió más votos negativos —47— que cualquier otro fiscal general en la historia de este país.

La que también hizo historia fue una mujer, la senadora Elizabeth Warren, que dio vida a las palabras de otra mujer de relevancia histórica, Coretta Scott King. Sus palabras informarán e inspirarán la resistencia a Sessions en momentos en que este asume uno de los cargos más influyentes del gobierno de Trump.

Los vaivenes de la historia estadounidense están quedando completamente expuestos a medida que se lleva a cabo el traspaso de mando del gobierno del presidente Barack Obama al del presidente electo entrante, Donald Trump. El primer presidente afroestadounidense de la historia está a punto de entregar las riendas del poder al mismísimo hombre que encabezó la campaña racista que puso en duda el lugar de nacimiento del propio Obama para deslegitimar su presidencia. Mientras Trump sigue sacudiendo al mundo con sus tuits trasnochados, la seguidilla de audiencias de confirmación del Senado expuso la retórica vacía de la promesa de Trump de “drenar el pantano”. Entre los nombramientos al gabinete que han sido polémicos y divisorios se encuentra su elección para el cargo de fiscal general: Jeff Sessions, el senador junior de Alabama.

El presidente Obama pronunció su discurso de despedida el martes por la noche: “La raza sigue siendo una fuerza potente y a menudo divisoria en nuestra sociedad. Para los estadounidenses blancos, implica reconocer que los efectos de la esclavitud y de Jim Crow no desaparecieron repentinamente en la década de 1960”.

Jefferson Beauregard Sessions III lleva el apellido de su padre y de su abuelo, pero su primer y segundo nombre están impregnados de la Confederación, la asociación de estados esclavistas del sur estadounidense que en 1861 se separaron de la Unión. Su primer nombre hace referencia a Jefferson Davis, presidente de la Confederación. El segundo a P.G.T. Beauregard, el general confederado que, tras renunciar a su puesto en el Ejército de Estados Unidos en West Point, supervisó el bombardeo de Fort Sumter en 1861 que dio comienzo a la Guerra Civil de Estados Unidos. No sería justo hacerle rendir cuentas a Sessions por sus homónimos, estos héroes de la Confederación fallecidos tiempo atrás. Pero las audiencias de confirmación del Senado son un foro apropiado para responsabilizar a los nominados por sus propias palabras y acciones.

La amplia e intensa oposición a Jeff Sessions se remonta a décadas atrás. En 1981, Sessions fue nombrado fiscal federal en Alabama, donde procesó a legendarios activistas por el derecho al voto, quienes finalmente fueron absueltos. Posteriormente, en 1986, el presidente Ronald Reagan lo nombró para ocupar un cargo de juez federal. En la audiencia de confirmación del Comité Judicial del Senado con motivo de evaluar su nombramiento, el difunto senador Ted Kennedy, del distrito de Massachusetts, dijo: “El señor Sessions representa el retroceso a una era vergonzosa, la cual sé que tanto los ciudadanos afroestadounidenses como los blancos pensaban que había quedado en el pasado. Es inconcebible para mí que una persona que tiene estas actitudes esté calificada para ser fiscal federal, y mucho menos para ser juez federal de Estados Unidos”. Hasta el momento, Sessions es una de las pocas personas a las que el Comité Judicial del Senado les rechazó el nombramiento de magistrado federal en los últimos 50 años.

Más adelante, Sessions utilizó las palabras de condena del senador Kennedy como ayuda para ganar el cargo de fiscal general de Alabama en las elecciones de 1994. En solo dos años de ocupar el cargo, defendió agresivamente la ejecución de más de 40 reclusos condenados en Alabama, según el periódico The New York Times, “en juicios donde abundaban los casos de conducta indebida de la fiscalía, discriminación racial y ejercicio de la defensa sumamente inadecuado”.

Como senador estadounidense, Sessions votó en contra de la reautorización de la Ley sobre la violencia contra las mujeres y se opone a la reforma migratoria integral, al matrimonio igualitario y a la protección contra crímenes de odio para las víctimas LGTB. También es un feroz crítico de la Ley de derechos electorales de 1965.

En el segundo día de las actuales audiencias de confirmación de Sessions, los miembros del Bloque Afroestadounidense del Congreso colmaron la sala de audiencias. Por primera vez en la historia del Senado, un senador en ejercicio testificó contra la confirmación de otro senador en ejercicio. El senador Cory Booker, del distrito de Nueva Jersey, enuncio: “El senador Sessions no ha demostrado su compromiso con un requisito central del trabajo: perseguir firmemente el mandato del Congreso de defender los derechos civiles, la igualdad de derechos y la justicia para todos”.

John Lewis, icónico activista por los derechos civiles y miembro del Congreso, habló con elocuencia de su juventud en Alabama: “Nací en la Alabama rural, no muy lejos de donde creció el senador Sessions. No había manera de escapar o de negarse al poder absoluto de la discriminación y el odio racial que nos rodeaba. Vi los carteles que decían ‘Hombres blancos’, ‘Hombres de color’, ‘Mujeres blancas’, ‘Mujeres de color’… He probado los frutos amargos de la segregación y la discriminación racial”.

Lewis habló en la Marcha sobre Washington de 1963 y fue uno de los organizadores de la marcha de Selma a Montgomery de 1965 que tenía el fin de animar a los afrosestadounideses a que se registren para votar. Junto con otros manifestantes fue golpeado brutalmente por la Policía Estatal de Alabama en lo que se conoció como “Domingo Sangriento”, el 7 de marzo de 1965. Lewis representa la historia viva de la lucha por la igualdad racial y económica. Sus palabras tienen peso.

“No importa lo mucho que sonría el senador Sessions o cuán amistoso sea, o si habla con ustedes. Necesitamos a alguien que salga a defender a las personas que necesitan ayuda, a las personas que están siendo discriminadas. Y no importa si son afroestadounidenses, blancas, latinas, asiáticas o indígenas, si son heterosexuales o gay, musulmanas, cristianas o judías. Todos vivimos en la misma casa, la casa estadounidense. Necesitamos que el cargo de fiscal general sea ocupado por alguien que nos represente a todos, no solo a algunos de nosotros”.

El senador Sessions se ha mantenido constante a lo largo de su trayectoria. El Comité Judicial del Senado debería ser constante del mismo modo y rechazar la nominación de Sessions para el cargo de fiscal general, tal como le rechazaron el cargo de magistrado 30 años atrás.

Dentro de unos días, Donald Trump asumirá la presidencia de Estados Unidos. Su gobierno contará con el respaldo de ambas cámaras del Congreso, ambas controladas por el Partido Republicano. Ya se están preparando una serie de decretos y legislación regresiva para asegurarse de que los primeros 100 días de Trump en el gobierno logren borrar de un plumazo lo conseguido durante la presidencia de Obama. Trump fue una de las principales voces del movimiento que, mediante una campaña racista, intentó socavar la legitimidad de Barack Obama, acusándolo de no ser ciudadano estadounidense, sino de haber nacido en Kenia. Ahora Trump pretende socavar el legado de Obama desde la presidencia. Pero Barack Obama seguirá siendo el Presidente de Estados Unidos hasta el 20 de enero. Hasta el último día de su mandato conserva las amplias facultades ejecutivas que le otorga el cargo. Por ese motivo, un creciente movimiento popular está instando a Obama a que utilice la clemencia ejecutiva y el indulto para proteger a los millones de inmigrantes indocumentados del país de ser deportados en forma masiva, como prometió una y otra vez Trump en la campaña presidencial.

Por si acaso alguien piensa que la promesa de deportación de Trump es pura bravuconería, la agencia de noticias Reuters informó el martes acerca de un memorando interno del Departamento de Seguridad Nacional que resumía una reunión de diciembre entre el equipo de transición de Trump y el organismo. Según Reuters, el equipo de transición de Trump solicitó detalles sobre la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México, sobre la capacidad de incrementar la detención de inmigrantes y la posibilidad de restaurar la vigilancia aérea agresiva en la frontera sur de Estados Unidos (que el Gobierno de Obama disminuyó). Además, el equipo de Trump también consultó si algún funcionario del Departamento de Seguridad Nacional había “alterado la información biográfica de algunos inmigrantes por temor a que se violaran sus libertades civiles”, lo cual resulta aterrador.

Esta última pregunta revela la posible preocupación del equipo de transición de Trump de que empleados federales podrían estar eliminando de las bases de datos del gobierno información de identidad de los más de 740.000 jóvenes que se registraron en el Departamento en virtud del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), iniciado en junio de 2012. El 5 de diciembre, un grupo de 106 congresistas escribieron al Presidente Obama para instarlo a que proteja esa información: “Muchos defensores de los derechos de los inmigrantes, líderes comunitarios y funcionarios públicos han promovido el programa DACA para los Soñadores sobre la base de la premisa de que la información que proporcionarían al Departamento de Seguridad Nacional no sería utilizada en el futuro para deportarlos. No podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que el Gobierno de Trump traicione la confianza que estos jóvenes estadounidenses depositaron en nosotros y en el gobierno”, decía la carta. Además del nombre, fecha de nacimiento, huellas dactilares y otros datos biométricos, el Departamento de Seguridad Nacional también registra el domicilio de estas personas, lo que podría poner en peligro a otros miembros de la familia que carecen de documentación legal en Estados Unidos. El representante de Arizona Raúl Grijalva, que copreside el comité progresista del Congreso, habló con Democracy Now! al respecto: “Les pedimos a estos jóvenes que se presentaran de manera voluntaria y les garantizamos que protegeríamos su información y, lo que es más importante, la de sus padres y familiares en Estados Unidos ya sea que estén indocumentados o no”.

El Gobierno de Obama ya ha adoptado una medida similar tras la elección de Trump al poner fin formalmente al programa conocido como Sistema de Seguridad Nacional de Registros de Entradas y Salidas (NSEER, por sus siglas en inglés), creado en 2002 como parte de la “Guerra contra el terrorismo”. El programa estaba dirigido a personas provenientes de determinados países de población mayoritariamente musulmana y fue eliminado por Obama para evitar que sea utilizado como parte de un registro de musulmanes. A nivel local, ciudades como Nueva York también se están preparando para resistir las posibles políticas de Trump. El alcalde Bill de Blasio prometió proteger la información de más de 850.000 inmigrantes que tienen documentos de identidad municipales de la ciudad de Nueva York. Muchas ciudades se están convirtiendo en refugios de protección de los inmigrantes o están reafirmando su condición como tales, en respuesta a la amenaza de Trump de realizar deportaciones masivas.

Una serie de miembros del Congreso, junto con grupos como la Coalición Hispana de Nueva York y la Dream Action Coalition están solicitando al Presidente Obama que no solo proteja los datos registrados en las bases del DACA. Quieren que vaya más allá y conceda una amnistía a todas las personas que se registraron en el programa DACA. El reconocido lingüista y disidente político Noam Chomsky ha llevado esta idea más lejos. En un video publicado en Internet en apoyo a la campaña, dijo: “[Obama] debería proceder a lo que, de hecho, es una necesidad urgente: otorgar un perdón general a los 11 millones de personas que viven y trabajan aquí, ciudadanos productivos en todo sentido excepto en los papeles, que se ven amenazados con ser deportados por el gobierno entrante. Esta sería una terrible tragedia humanitaria y un atropello moral que puede evitarse mediante una amnistía general a las infracciones de inmigración, que el Presidente podría emitir. Y juntos deberíamos exigirle que adopte las medidas necesarias lo antes posible”.

“El poder del perdón presidencial es uno de los poderes con menos limitaciones otorgados al Presidente en la Constitución”, escribió James Pfiffner en 2007 para la fundación conservadora Heritage Foundation. Los presidentes Abraham Lincoln y Andrew Johnson otorgaron amnistía a rebeldes confederados. El Presidente Gerald Ford y el Presidente Jimmy Carter dieron amnistía a más de 200.000 estadounidenses acusados de resistir el alistamiento durante la Guerra de Vietnam (Donald Trump no necesitó pedir la amnistía, ya que obtuvo cuatro aplazamientos por asistir a la Universidad y uno por un supuesto espolón óseo). Cuarenta años después de Carter, el Presidente Obama puede utilizar su inmenso poder de perdón presidencial para apaciguar la guerra contra los inmigrantes que, de otro modo, bajo el Gobierno de Trump, corre peligro de ser cada vez peor.