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amyEl periodismo no es un delito. Este es el lema central de la campaña por la liberación de los cuatro periodistas de la cadena Al-Jazeera que se encuentran encarcelados en Egipto. Tres de ellos, Peter Greste, Mohamed Fahmy y Baher Mohamed, acaban de cumplir cien días de reclusión. El cuarto, Abdullah al-Shami, se encuentra recluido desde hace más de seis meses. Se los acusa de “difundir mentiras que atentan contra la seguridad del Estado e integrar una organización terrorista”. Naturalmente, lo único que hacían era cumplir con su trabajo.

Anja Niedringhaus también estaba haciendo su trabajo como fotógrafa para la agencia de noticias Associated Press (AP) cuando fue asesinada la semana pasada en Khost, Afganistán. Cubría los preparativos para las elecciones nacionales en Afganistán y estaba sentada en su auto con la reportera de AP Kathy Gannon, cuando un agente de policía afgano abrió fuego, le causó la muerte a Niedringhaus y le provocó heridas a Gannon.

El trabajo de Niedringhaus captó la brutalidad de la guerra y la esperanza de la humanidad. Comenzó su carrera de adolescente, tomando fotografías de la caída del Muro de Berlín en su Alemania natal. Después trabajó para la agencia European Pressphoto Agency, desde donde dio cobertura a la Guerra de los Balcanes, la repercusión de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York y más tarde, la invasión y ocupación de Afganistán. En 2002, empezó a trabajar para AP, donde realizó coberturas sobre los conflictos en Irak, Afganistán y Pakistán, así como de importantes eventos deportivos internacionales como la Copa Mundial de Fútbol y Wimbledon. Al recorrer las imágenes que nos dejó, uno queda impactado por la valentía, el talento y la habilidad para captar y transmitir un instante de tiempo, cargado con todo el peso de la historia.

Anja Niedringhaus es una de los muchos periodistas asesinados en el desempeño de un servicio público esencial: el periodismo.

La periodista rusa Anna Politkovskaya escribió en el año 2003: “¿Vale la pena morir por el periodismo?” Informaba acerca del intento de asesinato de un colega del periódico independiente Novaya Gazeta. Politkovskaya redactó:“Si el precio de la verdad es tan alto, tal vez simplemente deberíamos detenernos y encontrar una profesión con menos riesgo de pasar por situaciones ‘muy desagradables’. ¿Qué tanto le importaría a la sociedad, para quien hacemos este trabajo?” Politkovskaya respondió a su pregunta retórica con hechos. Continuó informando sobre el poder en Rusia, especialmente hechos en relación con la presidencia de Vladimir Putin. Fue asesinada tres años después, el 7 de octubre de 2006. Su asesinato tuvo el sello de un asesinato por encargo, al igual que lo han tenido los asesinatos de otros periodistas en Rusia.

Ni la muerte ni la prisión deberían ser el castigo por informar. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) elabora estadísticas y organiza campañas para defender a periodistas amenazados, liberar a quienes se encuentran en prisión y exigir justicia para los periodistas asesinados. Brinda asistencia directa a periodistas que enfrentan amenazas inminentes, lo que incluye asistencia médica y jurídica, así como el traslado a zonas seguras. Según informa el CPJ, desde 1992 han sido asesinados en el mundo 1.054 periodistas.

Esta semana se conmemora además el aniversario de las violentas muertes de dos periodistas en Irak, José Couso, del canal de televisión español Telecinco, y Taras Protsyuk, camarógrafo ucraniano que trabajaba para Reuters. El 8 de abril de 2003, estaban filmando la invasión de Estados Unidos a Bagdad desde los balcones del Palestine Hotel, conocido por ser el lugar en el que se hospedaban los corresponsales de prensa de todo el mundo. Un tanque de guerra de Estados Unidos disparó contra el hotel, asesinando a los dos periodistas y causando heridas a otros. Cuando el presidente español de ese entonces, José Maria Aznar, que apoyaba la invasión, habló a la prensa española en el Parlamento, los periodistas bajaron las cámaras, apagaron los micrófonos y le dieron la espalda en señal de protesta por la muerte de su compañero. Tiempo después, manifestantes obstruyeron la intersección de calles en la que se encuentra la embajada estadounidense en Madrid al grito de “¡Asesinos! ¡Asesinos!” Se sabe quiénes eran los miembros del Ejército de Estados Unidos que operaban el tanque que mató a Couso y a Protsyuk, pero Estados Unidos no cooperó con los intentos de procesarlos que se hicieron en España. Esta semana, como cada año en el aniversario de la muerte de Couso, su familia y simpatizantes se manifestaron ante la embajada de Estados Unidos.

En 2011, Anja Niedringhaus escribió en el periódico New York Times: “No creo que los conflictos hayan cambiado desde los ataques del 11 de septiembre de 2001 más allá de que se han vuelto más frecuentes y prolongados, pero la esencia del conflicto es la misma, hay dos partes que pelean por territorio, poder o ideologías. Y en el medio está la población que sufre”. Los periodistas están allí para dar cuenta de ese sufrimiento. Disparar al mensajero es un crimen de guerra.

 

La mayoría de las personas están convencidas de que el ser humano está cambiando el clima para peor. Cada vez hay más pruebas que demuestran el nefasto futuro que nos estamos forjando a nosotros mismos y al planeta. Tendremos que soportar una mayor ocurrencia de eventos climáticos extremos, como huracanes y grandes sequías, la extinción de muchas especies y el grave problema de la escasez de alimentos a nivel mundial. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) acaba de publicar su último informe después de una reunión de cinco días celebrada la semana pasada en Yokohama, Japón. El Panel, que está integrado por más de 1.800 científicos de todo el mundo, recopila, analiza y sintetiza los datos científicos más sólidos y relevantes sobre el clima y otros asuntos relacionados. El pronóstico no es alentador.

En la conferencia de prensa en la que se anunció el lanzamiento del informe, el presidente del IPCC, Rajendra Pachauri, advirtió: “En la medida en que el mundo no adopte medidas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático continúe aumentando, la estabilidad social de los sistemas de vida humanos corre grave peligro”. Pachauri habla con la disciplina de un científico y la cautela de un diplomático. Sin embargo, el último informe es claro: “El cambio climático puede aumentar indirectamente el riesgo de conflictos violentos como guerras civiles y violencia entre comunidades”. El informe también subraya que el abastecimiento mundial de alimentos, que ya es escaso, sufrirá las consecuencias del cambio climático y que los sectores más vulnerables de la población mundial serán los primeros en padecer hambre. Pero el problema no se termina ahí.

El IPCC publicó su informe anterior, más amplio, en 2007. Desde entonces, se duplicaron los hallazgos científicos que demuestran que es un hecho irrefutable que el cambio climático es provocado por el ser humano. Sin embargo, aún existen poderosos negadores del cambio climático, financiados por la industria de los combustibles fósiles. Oxfam, una organización no gubernamental que lucha contra el hambre a nivel mundial, cuestiona a los negadores en un informe publicado la semana pasada, denominado “Hambre y calentamiento global: cómo impedir que el cambio climático haga fracasar la lucha contra el hambre. Tim Gore, de Oxfam, afirma que “los poderosos intereses económicos que actualmente están lucrando con este modelo económico tan dependiente del carbono, empresas como Exxon, son los que tienen más que perder con la transición hacia un modelo económico alternativo, justo y de bajas emisiones de carbono”. Impertérrito, ExxonMobil publicó su propio informe esta semana, tras el informe delIPCC, en el que afirma que es “muy improbable” que las políticas para combatir el cambio climático impidan que la empresa continúe produciendo y vendiendo combustibles fósiles en el corto plazo.

Las empresas productoras de combustibles fósiles como ExxonMobil ejercen una gran influencia en las políticas diseñadas para combatir el cambio climático, en particular en Estados Unidos. Esta semana, la Cámara de Representantes estadounidense aprobó una medida que obligaría a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y a otros órganos relacionados a no hacer caso del cambio climático y centrarse, en cambio, en pronosticar un clima severo, pero sin mencionar las causas probables. Mientras tanto, a nivel estatal, el Senado de Tennessee aprobó un proyecto de ley que prohibe la inversión en determinadas formas de transporte público. Según el grupo ThinkProgress, la medida recibió importante financiamiento de los barones del petróleo Charles y David Koch. La influencia política de personas como los hermanos Koch probablemente se vuelva más directa tras el reciente fallo de la Corte Suprema en el caso McCutcheon contra la Comisión Federal Electoral que elimina el tope establecido de donaciones personales que pueden recibir los candidatos políticos.

Uno de los autores del informe del IPCC, el climatólogo bengalí Saleemul Huq, lo explicó de la siguiente manera en el programa Democracy Now!: “Las empresas de combustibles fósiles son las que abastecen de droga al resto del mundo, que es adicto y dependiente de los combustibles fósiles. Sin duda, vamos a tener que poner fin a nuestra adicción a los combustibles fósiles. Vamos a tener que dejar de depender de ellos si queremos una verdadera transición y evitar el tipo de aumento de la temperatura que mencionó, de hasta 4 grados Celsius. La única respuesta es abandonar el uso de los combustibles fósiles”.

Ese es el punto central de la crisis: los países que son los mayores contaminadores están obstruyendo un acuerdo vinculante a nivel mundial para combatir el cambio climático. En las negociaciones sobre cambio climático de las Naciones Unidas se pusieron de acuerdo con el resto del mundo, en principio, en limitar las emisiones de gases de efecto invernadero a niveles que permitirían un aumento de la temperatura del planeta de tan solo dos grados Celsius. Sin embargo, los científicos afirman que esa meta se está volviendo cada vez más difícil de alcanzar y que afrontamos un aumento de la temperatura de 4 grados Celsius.

El catedrático de la Universidad de Princeton Michael Oppenheimer, otro de los autores del informe del IPCC, me dijo: “No se trata solamente de un problema para el resto del mundo…Tomemos, por ejemplo, el Huracán Sandy. Recordemos lo difícil que fue hacer frente a la tormenta. Así son las tormentas de hoy en día. Pensemos en lo que sucederá en los próximos 10, 20 o 30 años cuando aumente el nivel del mar y las tormentas, en la mayoría de los casos, sean más intensas”.

“Estados Unidos es adicto al petróleo”, afirmó el ex Presidente George W. Bush, un petrolero frustrado, durante el discurso sobre el Estado de la Unión en 2006. La clase política estadounidense está nadando en el dinero proveniente de los combustibles fósiles, que está ahogando la democracia. El cambio provendrá de las organizaciones de base, de los movimientos sociales, como el movimiento estudiantil que está presionando a los fondos de las universidades para que retiren sus inversiones de las empresas de combustibles fósiles, de las luchas comunitarias locales contra la fracturación hidráulica y de la creciente campaña de acción directa no violenta para impedir la construcción del oleoducto Keystone XL.

amy“Mi administración se compromete a crear un nivel de transparencia del Gobierno sin precedentes”, escribió el Presidente Barack Obama el 29 de enero de 2009, apenas días después de haber asumido la presidencia. Y agregó: “La transparencia fortalecerá nuestra democracia y promoverá la eficiencia y la eficacia del Gobierno”. Hoy, tras seis años de mandato, la “nueva era de transparencia del Gobierno” parece otra gran promesa cínicamente incumplida.

Durante el “Sunshine Week”, el evento que la industria de los medios de comunicación celebra cada año para educar a la población sobre la importancia de la transparencia del Gobierno, Associated Press informó que “el año pasado, más que nunca antes en la historia, el Gobierno censuró partes de expedientes gubernamentales o directamente denegó el acceso a ellos al público en virtud de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA, por sus siglas en inglés)”. El informe de AP agrega: “El año pasado fue el peor desde que Barack Obama asumió la presidencia en lo que respecta a los esfuerzos del Gobierno de ser más transparente con respecto a sus actividades”.

La noticia no tomó por sorpresa a Ryan Shapiro, un estudiante de posgrado del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) que acaba de entablar una demanda a nivel federal contra el FBI, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) para intentar obtener registros públicos sobre el papel desempeñado por Estados Unidos en el arresto de Nelson Mandela en 1962, que lo harían pasar los siguientes 27 años en prisión. Cuando sus solicitudes de información sobre Mandela, en virtud de la Ley de Libertad de Información, fueron denegadas, Ryan Shapiro decidió entablar una demanda. “Quiero encontrar estos expedientes, en primer lugar, porque me interesa saber por qué la comunidad de inteligencia de Estados Unidos consideraba a Mandela una amenaza a la seguridad estadounidense y qué papel desempeñó la comunidad de inteligencia de Estados Unidos en el boicot a la lucha de Mandela por la justicia racial y la democracia en Sudáfrica”.

Cuando Shapiro presentó su pedido de información a laNSA para obtener detalles del arresto de Mandela hace más de 50 años, la agencia le respondió: “Con respecto a su solicitud de información de inteligencia sobre Nelson Mandela, hemos determinado que la existencia o inexistencia de los materiales que solicita es actualmente un asunto clasificado”. ¿Medio siglo más tarde?

Shapiro también quiere obtener información sobre la inclusión de Mandela en la lista de sospechosos de terrorismo de Estados Unidos hasta 2008, muchos años después de que fuera el primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente y varios años después de haber obtenido no solamente el Premio Nobel de la Paz, sino también la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos y la Medalla Presidencial de la Libertad, condecoración otorgada por el presidente de Estados Unidos.

Le pregunté a Shapiro por qué quería obtener los documentos. “La respuesta está relacionada con una concepción muy estrecha de la seguridad nacional, esta concepción miope que antepone las alianzas militares y el lucro empresarial a los derechos humanos y las libertades civiles”.

Por su trayectoria, Shapiro tiene un interés personal en el hecho de que el Gobierno califique a los activistas de “terroristas”. En 2002, participó en un acto de desobediencia civil cuando se infiltró en una granja donde se crían patos para la producción de foie gras: “Los animales están encerrados en jaulas tan pequeñas que no pueden estar de pie, ni moverse ni extender las alas, estas condiciones horrorosas son la regla general en los criaderos industriales. Rescaté o robé abiertamente a los animales de la granja industrial y realicé un documental al respecto. Lo hice como un acto de desobediencia civil, pero es un delito, por el que tuve que cumplir 40 horas de servicio comunitario”. Desde entonces, buena parte de los estados del país han ido aprobando las denominadas leyes ‘Ag-Gag’ que equiparan este tipo de activismo por los derechos de los animales con actos de terrorismo y pueden implicar penas de prisión severas.

Shapiro afirma que la tesis en la que está trabajando, titulada: “Cuerpos en Guerra: animales, la libertad científica y la seguridad nacional en Estados Unidos”, investiga “el uso de la retórica y el aparato de seguridad nacional para marginar a los activistas que protegen los derechos de los animales, desde el siglo XIX hasta la actualidad ”. Para encontrar la respuesta a su investigación, Shapiro necesita acceder a una gran cantidad de documentos públicos. Ha presentado 700 solicitudes ante el FBI, en virtud de la Ley de Libertad de Información, y está en busca de 350.000 documentos clasificados, lo que le ha ganado el mote del solicitante “más prolífico” del Departamento de Justicia. Por su parte, El FBI calificó parte de su tesis como una amenaza a la seguridad nacional.

En 2008, cuando Barack Obama estaba en plena campaña electoral, era a menudo presentado como catedrático de derecho constitucional. Como tal, suponemos que estudió las obras de uno de los autores de la Constitución, James Madison, el cuarto Presidente de Estados Unidos, considerado el “Padre de la Declaración de Derechos”. Madison escribió en 1822: “Un gobierno popular, sin información popular ni los medios para obtenerla, no es sino el prólogo de una farsa o una tragedia, o quizá de ambas”. Tras las revelaciones de Edward Snowden acerca del amplio espionaje y vigilancia de la NSA y los pésimos antecedentes de falta de transparencia del Gobierno, el Presidente Obama ya ha sobrepasado trágicamente la farsa.

amyHan pasado tres años desde el terremoto y el tsunami que provocaron el desastre nuclear de la planta de energía nuclear Fukushima Daiichi en Japón. El número de víctimas mortales inmediatas del tsunami superó las 15.000 y alrededor de 3.000 personas permanecen desaparecidas. Sin embargo, el número de muertos sigue aumentando, tanto en Japón como en otros países. Los efectos del desastre nuclear de Fukushima en la salud y el medio ambiente son graves y se ven agravados a diario a medida que la planta nuclear, de la empresa Tokio Electric Power Company (TEPCO), continúa liberando contaminación radiactiva.

Como parte de una iniciativa poco común, más de cien marineros e infantes de marina estadounidenses presentaron una demanda colectiva en la que acusan aTEPCO de mentir acerca de la gravedad del desastre, cuando ellos corrieron al lugar de los hechos para brindar ayuda humanitaria. Iban a bordo del portaaviones USSRonald Reagan, que funciona a energía nuclear, y de otros buques que viajaron con el Reagan y que participaron en la respuesta humanitaria al desastre denominada “Operación Tomodachi”, que en japonés significa “Operación amistad”.

El teniente Steve Simmons es uno de los demandantes. Antes de Fukushima, Simmons tenía una salud de hierro. Ocho meses más tarde, comenzó a padecer problemas de salud inexplicables. Dijo en una entrevista en el programa “Democracy Now!”: “[Mientras conducía hacia el trabajo] perdí el conocimiento en una curva. Después de eso, comencé a tener síntomas de lo que pensé que era una gripe y me comenzó a subir la fiebre persistentemente. Bajé rápidamente entre 9 y 11 kg. y comencé a tener sudores nocturnos y dificultades para dormir y había ido varias veces al médico para que me hicieran análisis y otros estudios para determinar lo que estaba sucediendo. Y de enero a marzo de 2012 estuve internado tres veces. La primera vez, no pudieron detectar nada. Lo único que supuestamente encontraron fue una sinusitis y descartaron la posibilidad de que estuviera vinculada con la radiación. De hecho, el médico practicante me dijo que si fuera provocado por la radiación, debería haber manifestado síntomas mucho antes. Tres días más tarde, después de que me dieron el alta, volví al hospital porque mis nódulos linfáticos comenzaron a hincharse y no me bajaba la fiebre, tenía 39° C”. En abril de 2012, mientras se encontraba internado, sus piernas quedaron inmóviles. Desde entonces, está en silla de ruedas y podrá solicitar la baja por “motivos médicos” en abril.

Este es el segundo intento de los marineros y los infantes de marina de presentar una demanda contra TEPCO. El primer juicio, en el que había ocho demandantes, fue desestimado por motivos técnicos basados en la falta de jurisdicción del tribunal. Charles Bonner, el principal abogado defensor de los marines, afirmó: “En junio de 2013, 51 marineros e infantes de marina nos habían contactado porque padecían diversas enfermedades. [Algunas de las enfermedades] incluían cáncer de tiroides, cáncer testicular, cáncer cerebral, problemas uterinos inusuales, sangrado uterino excesivo, todo tipo de problemas ginecológicos, problemas que no son habituales en personas de 20, 22, 23, o incluso 35 años de edad, como el Teniente Simmons, que tiene esa edad. Por lo que ahora presentamos una demanda colectiva en nombre de alrededor de cien infantes de marina y todos los días recibimos llamadas de marines que padecen problemas diversos”. Había al menos 5.500 personas a bordo del USSReagan cuando navegó hacia las costas de Japón.

Cabría preguntarse por qué el grupo no demanda también a su empleador, la Armada de Estados Unidos. Acerca de esta decisión, el abogado Charles Bonner sostuvo: “La parte responsable del daño a estos jóvenes marines es la empresa Tokyo Electric Power Company, la cuatra empresa de electricidad más grande del mundo. La Tokyo Electric Power Company no le dijo ni a la población ni a la Armada que se había producido un grave accidente nuclear. Los núcleos de tres de los reactores se fusionaron tras el terremoto y el tsunami. No tenían generadores, no tenían un soporte de electricidad. No había ningún tipo de abastecimiento auxiliar de agua para enfriar los reactores”.

Entrevisté a Naoto Kan en su oficina en Tokio en enero de este año. Kan era el Primer Ministro de Japón en el momento del accidente. Instaló de inmediato un centro de control para manejar la crisis nuclear. Una de las personas que asistía al equipo de manejo de la crisis era un importante ejecutivo de TEPCO. Kan me dijo “Por lo que me estaban informando desde la sede de TEPCO y, en particular, el Sr. Takeguro, que era el vicepresidente de la empresa, no estaban proporcionando información precisa sobre la situación real en el lugar”. Frustrado ante el bloqueo de información, Kan viajó a la planta para hablar de la situación con los trabajadores que estaban allí. El ex primer ministro, que antes era un firme defensor de la energía nuclear, ahora promueve que se deje de utilizar en Japón.

El desastre nuclear de Fukushima, cuyas consecuencias aún persisten, debería servir de advertencia al mundo. En lugar de aprender de la sabiduría de Naoto Kan, el Presidente Barack Obama está comprometiendo fondos públicos para construir nuevas plantas nucleares en Estados Unidos por primera vez en más de treinta años. Tras lo ocurrido en Fukushima, la Comisión Reguladora Nuclear del Gobierno de Obama evitó hablar de ciertos temas con el fin de disminuir la creciente preocupación pública con respecto a la seguridad de las plantas de energía nuclear en Estados Unidos. NBC News tuvo acceso a correos electrónicos internos de la Comisión en los que se instruía al personal a que desestimara los riesgos a la seguridad, a pesar de que las plantas nucleares de Estados Unidos no son seguras. Los infantes de marina de la Operación Tomodachi se merecen ser oídos por la justicia y la población estadounidense merece una evaluación honesta de los graves riesgos de la energía nuclear.

amy“Lo que no me deja dormir por la noche es la posibilidad de que haya otro atentado contra Estados Unidos”, afirmó la Senadora Dianne Feinstein el mes pasado en lo que en ese momento era su defensa habitual del amplio programa de espionaje a nivel mundial de la Agencia de Seguridad Nacional y de otras agencias de inteligencia de Estados Unidos. Todo eso cambió ahora que piensa que la CIAespió y les mintió a miembros de la comisión que preside, la poderosa Comisión Selecta de Inteligencia del Senado. La comisión se creó después de que el escándalo de Watergate provocara la caída del Gobierno de Nixon. La Comisión de Control de las Actividades de los Servicios de Inteligencia, presidida en aquel entonces por el senador demócrata de Idaho Frank Church, realizó una investigación exhaustiva de los abusos cometidos por las agencias de inteligencia de Estados Unidos, con respecto a todas sus actividades, desde el espionaje de manifestantes opositores a la guerra, hasta el asesinato de líderes extranjeros. Así comenzó la era moderna de la supervisión de las actividades de inteligencia de Estados Unidos por parte del Congreso y el Poder judicial.

La pelea pública entre la defensora de la CIA, Feinstein, y la propia agencia ocurrida esta semana podría alterar brevemente el statu quo, pero se reconciliarán. Lamentablemente, esta pelea no permite ver un problema más grave: la historia jamás contada de la política secreta del gobierno de Estados Unidos de tortura y entrega de prisioneros (el modo eufemístico de la Casa Blanca de denominar el secuestro).

El conflicto está relacionado con el descomunal informe clasificado de la Comisión de Inteligencia acerca de este tristemente célebre programa del Gobierno de Estados Unidos. Feinstein y otros senadores procuraron que se desclasificara el documento de 6.300 páginas. Ahora nos enteramos a través de información de la prensa y por un discurso pronunciado esta semana por Feinstein en el Senado que miembros de la Comisión de Inteligencia obtuvieron acceso a documentos de la CIA en un establecimiento secreto de alta seguridad de la CIA, en algún lugar fuera de la sede de la agencia. Feinstein describió lo sucedido: “La CIA comenzó a enviar documentos en formato electrónico a los miembros de la Comisión en un establecimiento alquilado por la CIA a mediados de 2009. El número de páginas llegó a ser rápidamente de miles, decenas de miles, cientos de miles, y luego millones. Los documentos facilitados no tenían índice ni una estructura organizativa. Era una verdadera pila de documentos que los miembros de nuestra comisión tuvieron que examinar y tratar de interpretar”.

Aún no sabemos si estaba entre esas millones de páginas o fue proporcionado a los miembros de la Comisión de Inteligencia a través de un informante de la CIA, pero encontramos un documento denominado “Examen Interno Panetta”, claramente denominado así por León Panetta, el entonces director de la CIA. Feinstein dijo en su discurso ante el Senado: “Creemos que estos documentos los escribió personal de la CIA para resumir y analizar los materiales que proporcionó al comité para su examen. Los documentos del Examen Panetta no eran más confidenciales que otra información que recibimos para nuestra investigación. De hecho, los documentos parecían estar basados en la misma información que ya había sido proporcionada al comité. Lo que era singular e interesante acerca de los documentos internos no era que estuvieran clasificados, sino su análisis y reconocimiento de las irregularidades graves cometidas por la CIA”. El “Examen Interno Panetta” se contradice específicamente con la propia declaración por escrito que la CIA envió al Comité de Inteligencia. Sí, pescaron a la CIA mintiendo.

Pero la cosa no termina allí. Mike German, profesor adjunto del Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, que durante 15 años fue agente del FBIespecialista en la lucha contra el terrorismo a nivel nacional, dijo en Democracy Now!: “Es una situación realmente fuera de lo común. Se supone que la tarea del Senado es vigilar a la CIA, no permitir a la CIA determinar las condiciones de la supervisión de su propio trabajo”. Feinstein informó que cientos de los documentos proporcionados inicialmente más tarde fueron eliminados de los archivos por la CIA. Por si fuera poco, resulta que la CIA presentó acusaciones penales contra los miembros de la Comisión, aparentemente, por haber robado el informe Panetta.

Ray McGovern es un ex analista de alto nivel de la CIA que criticó públicamente la información de inteligencia utilizada para justificar la invasión de Irak. McGovern me dijo: “Esto nos remite a la cuestión fundamental de la supervisión de la comunidad de inteligencia. En la década de 1970, la Comisión de Control de las Actividades de los Servicios de Inteligencia investigaba los abusos de todo tipo, como las escuchas telefónicas ilegales y los asesinatos, y se admitía que la supervisión del Congreso era necesaria. Eso significaba supervisión del Congreso, no que el Congreso hiciera la vista gorda, que es lo que ha ocurrido en los últimos años. Y si adelantamos el tiempo hasta el 11 de septiembre, la gente siempre dice ‘después del 11 de septiembre, todo cambió’. Y es cierto que cambió. En la noche del 11 de septiembre, el Presidente dijo: ‘No me interesa lo que digan los abogados internacionales. Vamos a reventarlos’. ¿Qué fue lo que hicieron a continuación? Bueno, tomaron prisioneros en Afganistán y la primera persona torturada fue John Walker Lindh, un ciudadano estadounidense”.

La tortura era una práctica extendida y sanguinaria, practicada en los centros de detención secretos de todo el mundo. Esto es lo que se pierde de vista en la lucha por el poder en Washington D.C. entre la Senadora Feinstein y laCIA. Muchas vidas han sido destruidas, algunas personas han muerto violentamente en custodia de Estados Unidos de manos de sus captores. En el sombrío gulag estadounidense en Bahía de Guantánamo hay prisioneros en huelga de hambre que no han sido acusados de cometer ningún delito, muchos de los cuales tienen orden de liberación hace más de diez años. Los detenidos en huelga de hambre son alimentados por la fuerza y sometidos a técnicas de tortura de la época de la inquisición.

Esperemos que a Feinstein le dure la indignación y que la supervisión de la Comisión de Inteligencia del Senado de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que tienen cada vez más poder, realmente tome nuevo impulso. El informante de la NSA Edward Snowden opinó desde su asilo político en Rusia: “Somos testigos de otro ‘efecto Merkel’, donde a un funcionario público no le interesa que los espías violen los derechos de millones de ciudadanos comunes y corrientes, sino que, de pronto, resulta escandaloso que un político se entere de que lo mismo le sucede a él”.

amyMarshall “Eddie” Conway fue liberado de prisión esta semana, apenas un mes antes de cumplir 44 años de reclusión. Conway fue declarado culpable del homicidio de un oficial de policía de Baltimore ocurrido en abril de 1970. Conway siempre sostuvo su inocencia. En el momento de su detención y juicio era un destacado miembro de la seccional de Baltimore del Partido de las Panteras Negras, la organización por la defensa de los derechos de la población negra, foco principal del programa ilegal de “contrainteligencia” del FBI llamado COINTELPRO. El FBI, al mando de J. Edgar Hoover, vigiló y se infiltró en varios comités regionales de las Panteras Negras en todo el territorio de Estados Unidos, obstaculizando las actividades de organización del partido, a menudo mediante la violencia.

La fiscalía alegó que Conway estaba detrás del asesinato a balazos del oficial de policía de Baltimore Donald Sager. La acusación se basó en el testimonio de un oficial de policía y de un recluso que oficiaba de informante, que afirmó que Conway reconoció la autoría del crimen cuando eran compañeros de celda. Marvin “Doc” Cheatham, ex presidente de la Asociación Estadounidense para el Progreso de la Gente de Color en Baltimore (NAACP, por sus siglas en inglés) y que durante años defendió la inocencia de Conway, le dijo al periódico The Baltimore Sun: “Esto ocurrió en la época de apogeo del programaCOINTELPRO. …No tenían ningún testigo que lo hubiese visto allí. No tenían huellas dactilares ni pruebas. Básicamente, lo procesaron sobre la base de lo que ahora llamamos un informante”. El movimiento mundial para exigir la liberación de Conway se hizo cada vez más numeroso. En 2001, el Concejo Municipal de Baltimore aprobó una resolución para solicitar al Gobernador de Maryland que le otorgara el indulto.

La detención de Conway ocurrió un año antes de que un grupo de activistas contra la guerra ingresara ilegalmente a la oficina del FBI en Media, Pensilvania y se llevara miles de páginas de documentos clasificados del FBI, que entregaron a la prensa. Fue entonces que se escuchó hablar por primera vez del “CONITELPRO”.

Uno de los abogados de Conway, Bob Boyle, que fue su defensor durante más de 20 años, explicó: “El juicio del Sr. Conway se realizó en enero de 1971. La irrupción en las oficinas del FBI en Media, Pensilvania, que dio lugar a las revelaciones sobre el programa COINTELPRO, ocurrió recién en abril de 1971. De modo que Eddie fue a juicio en un momento en que el COINTELPRO aún estaba funcionando y el jurado desconocía la existencia de esta campaña para neutralizar a los dirigentes y a la organización del partido de las Panteras Negras”.

La seccional Baltimore de las Panteras Negras se creó en este contexto. Conway había ido a Alemania como miembro del Ejército de Estados Unidos y estaba listo para ser enviado a Vietnam. Entonces, en el verano de 1967, vio una fotografía de una serie de disturbios ocurridos en Newark, Nueva Jersey. Conway me contó: “Colocaron vehículos blindados en medio de la comunidad negra y apuntaron metralletas de calibre .50 contra alrededor de 25 o 30 mujeres negras que estaban reunidas en una esquina. Y mientras leía la noticia estando en Europa, pensé que necesitábamos cambiar algunas cosas en Estados Unidos. Estados Unidos necesitaba algún tipo de reforma. No puede ser que haya vehículos militares frente a una intersección y no puede ser que se apunte a mujeres afrodescendientes dentro de una comunidad negra con metralletas calibre .50. Algo estaba muy mal en esa imagen y pensé que podía regresar y ayudar a reunir esfuerzos para cambiar esa situación”.

Marshall Conway se hizo miembro de la NAACP y del Congreso de Igualdad Racial (CORE, por sus siglas en inglés). Conway continuó: “Estudié las diferentes organizaciones y sentí que las Panteras Negras representaban al menos un intento serio de comenzar a alimentar a los niños, de comenzar a educar a la población, de comenzar a organizar la atención de la salud y ese tipo de cosas. De modo que me sumé y comencé a trabajar con ellos”.

Lo que Conway desconocía era que la oficina regional de las Panteras Negras en Baltimore había sido creada por un infiltrado de la policía. Conway comenzó a sospechar de uno de los dirigentes locales de las Panteras Negras. Me dijo: “Había un jefe de defensa llamado Warren Hart que trabajaba para la Agencia de Seguridad Nacional. Él fue quien creó el Partido de las Panteras Negras allí, y yo desempeñé un papel fundamental en la larga investigación que nos condujo a denunciarlo públicamente. Luego de esto, Hart huyó del país y se dirigió a Canadá. Se infiltró en el partido de Stokely Carmichael, denominado ‘All African People’s Revolutionary Party’ y fue denunciado tras haber participado en algún tipo de trampa montada por el FBI. Fue al Caribe, creo que a las Bahamas, donde debilitó a algunos de los movimientos políticos y provocó una que otra muerte. Y no estoy del todo seguro de que no haya causado algunas muertes en el Partido de las Panteras Negras en Maryland”. Poco tiempo después de haber denunciado al agente encubierto, Marshall Conway fue arrestado por los cargos por los que finalmente estuvo preso durante casi 44 años.

Su vida en la cárcel fue ejemplar. Conway la describe de manera muy emotiva en su biografía: “Marshall Law”. En la entrevista que le hicimos en Democracy Now!, dijo acerca de las cárceles de Maryland: “Había una gran cantidad de gente joven y de jóvenes en la prisión y como no había nada constructivo para hacer, había mucha violencia. De modo que primero intenté cambiar el problema de la violencia y, luego, encontrar cosas que pudieran ayudar a mejorar la vida de los prisioneros”. Conway cofundó el proyecto “Amigo de un amigo” (Friend of a friend), un programa de orientadores afiliado al “American Friends Service Committee” para ayudar a los prisioneros más jóvenes y vulnerables a adaptarse y a sobrellevar mejor el brutal sistema carcelario.

Marshall Eddie Conway cumplirá 68 años en abril. Tras haber pasado 44 años en prisión, podría pensarse que jamás querría volver a pisar una cárcel, pero Eddie Conway no es así. Sobre su futuro, dice: “Voy a seguir trabajando con la organización Amigo de un amigo. Creo que hemos salvado muchas vidas y creo que aún podemos salvar muchas más. Estoy muy orgulloso de los jóvenes que han podido salir. Son jóvenes que hace 3 o 4 años hubieran atemorizado a la comunidad. Ahora están alimentando a los niños. Ahora están regalando vestimenta a las personas de la comunidad. Ahora están examinando leyes para ayudar a lograr una reforma de las cárceles. De modo que seguiré trabajando con el programa Amigo de un Amigo en el sistema carcelario y fuera de él, e intentaré ver si podemos ampliarlo a todo el país para ayudar a salvar las vidas que se pierden”.

 

amyEsta semana, el mundo perdió a un activista visionario: Chokwe Lumumba, el flamante alcalde de Jackson, Mississippi. Lumumba murió sorpresivamente a los 66 años de edad de un aparente ataque cardíaco. En junio de 2013 ganó las elecciones de la alcaldía de la capital del estado de Mississippi, Jackson, una ciudad con una historia marcada por el racismo y la violencia. Fue un gran defensor de los derechos humanos, un abogado radical y de vanguardia, un orgulloso partidario del nacionalismo negro y un funcionario público abnegado. Mientras sus amigos, familiares y aliados están de luto, hay muchas cosas de su vida que celebrar.

En primer lugar, remontémonos en el tiempo para recordar la historia de Jackson, Mississippi. Como señaló mi compañero y co-presentador de Democracy Now! Juan González cuando entrevistamos a Lumumba el día después de que resultara electo: “No sé cuánta gente del país comprende el simbolismo de Jackson, Mississippi como centro del racismo y de la opresión racial durante siglos, empezando por el nombre de la ciudad. Los colonos blancos bautizaron a la ciudad con el nombre de Andrew Jackson cuando, en 1820, Jackson logró presionar a los indígenas choctaw para que entregaran 5 millones de hectáreas de tierra y se mudaran a Oklahoma, como parte del Tratado de Doak’s Stand. Por ese motivo los colonos blancos dieron a la ciudad el nombre de Jackson, debido a la limpieza étnica que realizó”.

Fue precisamente en Jackson, Mississippi, donde el 12 de junio de 1963 asesinaron a Medgar Evers, el primer secretario de campo de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) en en ese estado. La ciudad queda a apenas 130 km. de distancia de Filadelfia, Mississippi, donde fueron asesinados los activistas del movimiento “Freedom Summer” Andrew Goodman, James Chaney y Michael Schwerner, y a 150 km. de Money, Mississippi, donde Emmett Till, de 14 años de edad, fue secuestrado, torturado y asesinado en 1955 por, presuntamente, haberle silbado a una mujer blanca. El hecho de que Jackson, Mississippi sea el centro político, económico e histórico de tanta violencia y odio racial explica la importancia de la victoria de Lumumba en las elecciones a la alcaldía.

Chokwe Lumumba me dijo en junio: “Atribuyo la victoria que logramos la semana pasada a la gente, a la gente de Jackson, que estuvo más que dispuesta a asumir un liderazgo con miras al futuro y se mostró preparada para llevar a Jackson a otro nivel de desarrollo, lista para defender la idea de que todo gobierno debería hacer lo posible por proteger los derechos humanos de las personas de su jurisdicción”. Lumumba estaba comprometido con la causa de los derechos humanos y había comenzado a elaborar un programa progresista para la ciudad. Su lema era: “Una ciudad, un objetivo, un destino”.

Chokwe Lumumba nació como Edwin Finley Taliaferro, en Detroit. Sus padres fomentaron que desde pequeño participara en el activismo por los derechos civiles. Vale la pena recordar la explicación que Lumumba dio al periódico Jackson Free Press acerca sobre su cambio de nombre. Sostuvo: “Elegí el nombre Chokwe porque en la clase de historia de África aprendí que la tribu Chokwe, que es una tribu que aún existe, fue una de las últimas tribus que logró resistirse al comercio de esclavos en el noreste de Angola. El segundo nombre, Lumumba, es el nombre de un gran líder africano que comenzó a liderar a África hacia la descolonización, hacia la independencia. Era del Congo. Lumumba significa ‘talentoso’. De modo que, literalmente, mi nombre significa ‘cazador talentoso’”, explicó Lumumba.

Lumumba se recibió de abogado y representó a personas como a la activista Assata Shakur y al artista de rap Tupac Shakur. Logró que el gobernador revocara la sentencia a cadena perpetua de dos hermanas, Gladys y Jamie Scott, que fueron a prisión por haber robado once dólares. Ambas fueron liberadas después de haber pasado 16 años en prisión. En 2009, presentó su candidatura y obtuvo un escaño en el Ayuntamiento de Jackson. Cuatro años más tarde se convirtió en alcalde. Tenía un programa ambicioso y contaba con mucho apoyo popular. Apenas el mes pasado, el 14 de enero, los votantes de Jackson aprobaron un aumento del 1% del impuesto a las ventas locales, junto con un aumento de las tarifas del servicio de agua y saneamiento. De ese modo, Lumumba tenía previsto recaudar 700 millones de dólares para mejorar la infraestructura de la ciudad y utilizar ese dinero para conseguir más financiamiento a través de la emisión de bonos. Me dijo: “Somos una población que actualmente necesita mucho desarrollo. El desarrollo es una de las vías y uno de los caminos hacia el logro y el reconocimiento de los derechos humanos, especialmente de nuestros derechos económicos”.

La repentina muerte de Chokwe Lumumba fue un golpe para su comunidad. Un aliado cercano de Lumumba, Bill Chandler, director ejecutivo de la Alianza por los Derechos de los Inmigrantes de Mississippi, me dijo: “La pérdida de Chokwe Lumumba nos tomó a todos por sorpresa. Es muy difícil de aceptar. Extendemos nuestras condolencias y nuestras plegarias a su familia, que es muy cercana a nuestra comunidad. Esperamos seguir adelante con sus planes para la ciudad de Jackson”. El nuevo impuesto a las ventas, aprobado por la población, entrará en vigor el 1º de marzo. El primer fin de semana de mayo tendrá lugar ‘Jackson Rising’, un encuentro que Lumumba ayudó a organizar y que promueve un modelo económico alternativo, como la propiedad cooperativa de las empresas. La visión pionera de Chokwe Lumumba continúa siendo una inspiración.

amyComcast anunció que tiene la intención de fusionarse con Time Warner Cable, uniendo así a los dos mayores proveedores de cable y banda ancha de Estados Unidos. La fusión debe contar con la aprobación del Departamento de Justicia y de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés). Dado el poderío financiero y político de Comcast, y el pobre desempeño del gobierno de Obama a la hora de proteger el interés público, es momento de defender nuestros derechos y organizarnos.

Michael Copps, ex funcionario de la Comisión Federal de Comunicaciones, me dijo pocos días después del anuncio de la fusión: “Se trata de un acuerdo de tan amplio alcance que debería descartarse apenas ingrese para su aprobación al Departamento de Justicia y a la Comisión Federal de Comunicaciones”. Copps fue comisionado de laFCC entre los años 2001 y 2011, uno de los períodos más largos de permanencia en el cargo en la historia del organismo. En la actualidad, dirige la Iniciativa por una Reforma de los Medios de Comunicación y la Democracia impulsada por la organización Common Cause. “Esta fusión significaría tener el equipo completo: banda ancha, emisión, contenido, distribución. Sería controlar el medio y el mensaje, las telecomunicaciones y también los medios. Significaría simplemente conferir un grado de control sobre nuestra infraestructura de noticias e información al cual ninguna compañía debería tener derecho de acceder. Y todo esto tiene lugar en un mercado en el que los precios al consumidor se incrementan cada vez más a la vez que la competencia se reduce cada vez más”. En el año 2011, cuando Comcast procuraba que los organismos de contralor aprobaran su propuesta de adquisición de NBCUniversal (NBCU), Copps fue el único de los cinco comisionados de la FCC que votó en contra.

Pero Michael Copps no es el único ex comisionado de laFCC con una opinión formada acerca de esta fusión. Meredith Attwell Baker se desempeñó en el cargo por un breve período comprendido entre 2009 y 2011. El Presidente Barack Obama la designó para mantener el equilibrio partidario que existe tradicionalmente en la FCC. Baker, que es republicana, fue ferviente partidaria de la fusión entre Comcast y NBCU. Sin embargo, sorprendió bastante cuando repentinamente renunció a su cargo como comisionada de la FCC y, adivinen qué, se fue a trabajar a Comcast como vicepresidenta principal para asuntos gubernamentales de la NBC Universal, sólo cuatro meses después de haber votado a favor de aprobar la fusión.

En lo que respecta a los reguladores, el sitio web de noticias Republic Report reveló que el responsable de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia, William Baer, fue representante legal de NBC durante la fusión con Comcast, y que Maureen Ohlhausen, comisionada de la Comisión Federal de Comercio, prestó asesoría legal a Comcast antes de integrar dicha comisión. Si usted se pregunta qué piensa el Presidente Obama de todo esto, eche un vistazo a quién designó como nuevo director de la FCC: a Tom Wheeler, que durante años fue uno de los principales integrantes de grupos de presión tanto de la industria del cable como de la comunicación inalámbrica.

Free Press, una organización líder en políticas de los medios de comunicación en Estados Unidos, emitió un comunicado tras el anuncio de la propuesta de fusión. Craig Aaron, presidente de la organización, expresó: “Nadie se despertó esta mañana soñando que su compañía de cable fuera más grande o tuviera más control sobre lo que uno puede mirar o descargar. Pero eso, además de una factura más elevada, es la realidad a la que se enfrentarán mañana, a menos que el Departamento de Justicia y laFCC hagan su trabajo e impidan esta fusión”. Free Press espera que millones de personas expresen a la FCC y al Departamento de Justicia su desacuerdo con respecto a la fusión Comcast/Time Warner.

En el Congreso, uno de los más fervientes opositores a la fusión es alguien que verdaderamente conoce un poco acerca de la industria de la televisión, el Senador de Minnesota Al Franken. Franken se dio a conocer a nivel nacional cuando trabajó como comediante y escritor en las primeras temporadas del programa “Saturday Night Live”, de la cadena NBC. Es claro que la posibilidad de una Comcast más grande no le hace mucha gracia. “Me preocupan las facturas de cable de los consumidores. Se trata del principal proveedor de cable del país, Comcast, que adquiere al segundo principal proveedor, Time Warner. La competencia que hay en el sector tal cual está no es suficiente y me preocupa lo que esto puede provocar en las facturas de cable de los consumidores. ¿Van a recibir un servicio peor del que ya reciben? ¿Van a tener menos opciones? Ayer envié una carta a los reguladores federales para que consideren estos temas y les expresé mis serias preocupaciones”. En una carta dirigida a la FCC, al Departamento de Justicia y a la Comisión Federal de Comercio, Franken escribió “Las tarifas del cable se han incrementado significativamente durante los últimos veinte años y mis electores expresan su frustración con respecto a las facturas de cable inaceptablemente altas que reciben cada mes. Muchos consumidores cambiarían de proveedor de cable si tan sólo tuvieran una alternativa viable para hacerlo”.

Este intento de fusión coincide con una nueva batalla por la llamada neutralidad en la red, las normas básicas que regulan el funcionamiento de Internet, especialmente en lo que respecta a si los proveedores de servicios de Internet como Comcast y Time Warner, AT&T y Verizon deberían poder o no favorecer a algunos sitios web en detrimento de otros. ¿Tendrían que existir normas que permitieran a la gente acceder al sitio web de una pequeña organización de derechos humanos de Rusia o de un grupo de activistas de Occupy en Nueva York de igual manera que a los sitios web de, por ejemplo, Wal-Mart o la Asociación Nacional del Rifle? Entre los activistas a favor de una Internet libre aumenta el temor de que el sistema regulatorio de Estados Unidos, comprometido con los grupos de presión y las empresas donantes, renuncie a la defensa de la neutralidad en la red y genere lo que Michael Copps llama “la cableización de Internet”.

El pueblo se ha opuesto en el pasado a otras fusiones monstruosas y las ha impedido. También se ha enfrentado a los intentos de las grandes empresas de sofocar el derecho fundamental a una Internet libre. La libertad de expresión, la libertad de conexión y de comunicación son la sangre que corre por las venas de la democracia. La lucha por conservar y expandir la diversidad y la vitalidad de nuestros medios de comunicación no puede ser abandonada, ni dejada en manos de reguladores comprados o de grupos de presión del sector empresarial.

Publication1“Llegué al punto de estar parado frente a las vías del ferrocarril en el sur de Florida, esperando que pasara el tren para tirarme debajo de él y acabar con mi vida”, me dijo Desmond Meade, al contarme cómo era su vida hace nueve años. No tenía donde vivir, estaba desempleado, recién salía de la cárcel y era adicto a las drogas y el alcohol. El tren nunca pasó. Cruzó las vías y se inscribió en un programa de rehabilitación para adictos. Más adelante fue a la Universidad y hoy le faltan apenas unos meses para recibirse de abogado.

Sin embargo, Meade no podrá ejercer el derecho en el estado de Florida. En ese estado, las personas que estuvieron en la cárcel no pueden ser miembros del Colegio de Abogados. Ese es solo uno de los derechos del que lo han privado en forma permanente las leyes draconianas de Florida. En una democracia, si deseamos modificar una ley, votamos a los legisladores para que representen nuestros intereses. Sin embargo, Meade, por ser un ex recluso de Florida, también perdió el derecho al voto por el resto de su vida.

La ley se denomina “privación del derecho de voto por haber cometido un delito” y tiene carácter permanente en once estados de Estados Unidos: Alabama, Arizona, Florida, Iowa, Kentucky, Mississippi, Nebraska, Nevada, Tennessee, Virginia y Wyoming. La restricción es aplicada en todo Estados Unidos en diferente medida y con diferentes características. En trece estados y en el Distrito de Columbia una persona que ha estado presa recupera sus derechos al ser liberada. En otros estados, es preciso haber cumplido libertad condicional o libertad bajo palabra. En Maine y Vermont, los presos conservan el derecho de voto, incluso durante su encarcelamiento.

El Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder, habló sobre el tema esta semana en un simposio de derecho celebrado en la Universidad de Georgetown:

“En la actualidad, en todo el país, alrededor de 5,8 millones de estadounidenses, 5,8 millones de compatriotas, tienen prohibido votar debido a que han cumplido o están cumpliendo una condena. Esta cifra supera la población total de 31 estados de Estados Unidos”. Esto significa que a alrededor de 6 millones de estadounidenses se les niega el derecho al voto. Debido a las desigualdades raciales de nuestro sistema penal, esta medida niega el derecho al voto a hombres afroestadounidenses y a los de origen latino en forma desproporcionada con respecto al resto de la población. Holder añadió: “El alcance actual de estas políticas no solo es demasiado grande como para no verlo, sino que además es demasiado injusto como para tolerarlo”.

La conferencia de la Universidad de Georgetown fue co-patrocinada por The Leadership Conference, una coalición de grupos que defienden los derechos civiles y jurídicos y organizaciones de derechos humanos. En septiembre de 2013, el grupo publicó un informe titulado “Democracia Encarcelada”. En el informe, el grupo escribe: “El índice de privación de derecho al voto en Florida es el más elevado y el más desigual de todo Estados Unidos desde el punto de vista racial”. No es casualidad que en este estado, en el que la contienda electoral entre demócratas y republicanos suele ser muy reñida, vivan más de un millón de los 6 millones de personas que han perdido el derecho al voto en el país.

El ex gobernador de Florida Charlie Crist flexibilizó las leyes y solicitó el restablecimiento automático de todos los derechos. Sin embargo, en 2011, su sucesor, el gobernador republicano Rick Scott, impuso un período de espera de al menos cinco años para realizar una solicitud de restablecimiento de derechos ante el Consejo de Clemencia. Meade nos contó en el programa de noticias Democracy Now!: “Incluso después de haber presentado la solicitud el proceso lleva más de seis años. De modo que, en realidad, las personas deben esperar entre once y trece años tan solo para ver si tienen la posibilidad, la oportunidad, de que les devuelvan sus derechos”. Crist se cambió de partido para candidatearse como gobernador por el Partido Demócrata, como rival de Scott.

La profesora de derecho Michelle Alexander inicia su revolucionario libro “The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness” (El encarcelamiento masivo en la era del daltonismo) con la historia de Jarvious Cotton. Alexander escribe: “El tatarabuelo de Cotton no podía votar porque era un esclavo. Su bisabuelo fue asesinado a golpes por el Ku Klux Klan por intentar votar. …Su padre no pudo votar por el impuesto al sufragio y la prueba de alfabetización. Hoy en día, Jarvious Cotton no puede votar porque, al igual que muchos hombres negros en Estados Unidos, ha sido estigmatizado como delincuente y está en libertad bajo palabra”.

A nivel nacional, se están proponiendo proyectos de ley que garantizarían el derecho al voto a ex convictos, que cuentan con apoyo tanto de representantes demócratas como republicanos. El Senador republicano Rand Paul, de Kentucky, habló en la conferencia de la Universidad de Georgetown después de Holder. En su discurso defendió el pleno derecho al voto. Sin embargo, continúa siendo un asunto sobre el que los estados ejercen un fuerte control.

Desmond Meade decidió no quedarse de brazos cruzados, esperando que le devuelvan sus derechos. Se está organizando. Actualmente es presidente de la Coalición de Florida por el Restablecimiento de los Derechos, que abarca a alrededor de 70 grupos que presionan por una reforma de las leyes estatales de privación del derecho de voto:

“Se trata de una cuestión de humanidad. Es un asunto que concierne a todos los estadounidenses, independientemente de si son demócratas o republicanos. Se trata de la decencia de permitir a un individuo o de ayudar a un individuo a reinsertarse en la comunidad para que pueda convertirse en un ciudadano productivo y disfrutar la vida”.

Deberíamos estar todos agradecidos de que, por cosas del destino, el tren que Desmond Meade estaba esperando aquel fatídico día nunca pasó.

Publication1Los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi ponen de relieve toda una serie de abusos que se han vuelto moneda corriente en Rusia bajo el régimen de Vladimir Putin. Su característica más saliente ha sido su intensa, e incluso violenta, homofobia apoyada tácitamente por el gobierno mediante la reciente aprobación de la ley contra la “propaganda homosexual”. Mientras Sochi sirve para arrojar luz sobre las violaciones a los derechos humanos en Rusia, también sirve para denunciar la corrupción y los abusos generalizados que rodean al Comité Olímpico Internacional (COI).

Fui víctima de la corrupción que rodea a los Juegos Olímpicos cuando intenté ingresar a Canadá en noviembre de 2009 para dar una charla en la Biblioteca Pública de Vancouver. Iba en el coche junto a dos compañeros de trabajo, cuando los guardias de la frontera canadiense nos obligaron a salir del automóvil. Un grupo de guardias me interrogó exhaustivamente, mientras los demás se encargaban de desvalijar el auto. Querían saber de qué temas hablaría en la conferencia. Les dije que hablaría de la importancia de los medios alternativos, de la guerra del gobierno de Obama en Afganistán, de su intento por hacer fracasar las negociaciones sobre cambio climático de laONU, entre otros temas.

“¿Tiene pensado hablar de los próximos Juegos Olímpicos de invierno en Vancouver?”, me preguntaron. No se me había ocurrido, al menos no hasta el momento del interrogatorio. La noticia sobre mi detención circuló en los medios de todo Canadá. Para poder ser sede de los Juegos Olímpicos, las ciudades deben cumplir las estrictas normas del COI y los gobiernos deben proporcionar grandes subsidios públicos, fundamentalmente para la construcción de estadios deportivos y de otros proyectos que los ciudadanos pagan, pero que, a menudo, no desean que se construyan. Para forzar este despilfarro de dinero en la población, el COI y los gobiernos reprimen a quienes se oponen.

En Rusia, bajo el régimen cada vez más totalitario de Putin, la represión es aún mayor, al igual que el saqueo de las arcas públicas. Las estimaciones más conservadoras sitúan el costo de los Juegos de Sochi en 51.000 millones de dólares, más de cuatro veces el costo estimado y, sorprendentemente, más del costo de todos los Juegos Olímpicos de invierno tomados en su conjunto, según informó el periódico holandés NRC Handelsblad. El periodista deportivo y activista político Dave Zirin me dijo: “La construcción de una carretera desde la Villa Olímpica hasta la cima de la montaña, donde se encuentra el centro de esquí, costará 8.700 millones de dólares. No solo supera el costo total de los Juegos de Vancouver, sino que con ese dinero podrían haber pavimentado la carretera con caviar de beluga y aún así hubiera costado menos”. Zirin informó que al menos 25 trabajadores murieron en la carrera desenfrenada por terminar la construcción en Sochi. Mientras que los trabajadores sufren las consecuencias, Zirin afirma que los beneficiarios de las dádivas son “una combinación del Estado ruso y la plutocracia que existe en el país”.

Además de beneficiar a Putin y a los plutócratas, los Juegos Olímpicos representan una gran oportunidad de marketing para las empresas transnacionales. El Comité Olímpico de Estados Unidos (USOC, por sus siglas en inglés) se jacta de tener entre sus patrocinadores a empresas como Dow Chemical, General Electric (GE), McDonald’s, Budweiser y BP. Samantha Retrosi fue seleccionada a los 11 años de edad durante la campaña de reclutamiento de atletas denominada “Verizon-USA Luge Slider Search” y compitió con el equipo olímpico de ‘luge’ (trineo) de Estados Unidos en los Juegos de Invierno de Torino, Italia, en 2006. Retrosi nos contó su experiencia en el programa “Democracy Now”: “El patrocinio de las empresas es una necesidad fundamental. No hay apoyo del Gobierno para el trineo ni para ningún otro deporte olímpico. Básicamente, el sistema está totalmente privatizado. El presupuesto de la Asociación de Trineo de Estados Unidos y de muchos otros organismos nacionales está completamente subvencionado por empresas patrocinadoras. Cuando esos son los únicos medios para funcionar, todo el presupuesto operativo se basa en el auspicio de las empresas. Como atleta de la delegación de Estados Unidos cada año tuve que firmar un contrato con la Asociación de Trineo de Estados Unidos que estipulaba lo que podía decir y lo que no, cómo utilizaba mi tiempo de exposición en los medios. Básicamente, me estaban entrenando para ser la portavoz de Verizon”. Si bien Verizon ya no patrocina al equipo de trineo de Estados Unidos, la dependencia del auspicio de las empresas continúa existiendo.

Con respecto al tema de los derechos de los homosexuales, el Presidente Obama ha expresado su rechazo a la postura de Putin al tomar la decisión de no asistir a los Juegos y, en su lugar, enviar a varios atletas homosexuales como parte de la delegación oficial de Estados Unidos. La famosa tenista Billie Jean King fue invitada, pero no podrá asistir debido a que su madre está enferma. Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de manifestarse en los juegos de Sochi, King le dijo a CBS: “No permiten que [los atletas] se manifiesten ni que protesten. Si lo hacen, les pueden retirar las medallas y enviarlos de regreso a su país de origen. De todos modos, creo que algunos atletas probablemente expresen su opinión. …Yo haría algo”.

En Rusia, decir lo que se piensa puede tener graves consecuencias. El grupo activista de punk rock Pussy Riot realizó una actuación musical en contra de Putin en Moscú y, como consecuencia, dos de sus integrantes fueron enviadas a prisión durante 21 meses. Acaban de ser liberadas y están de visita en Estados Unidos, invitadas por Amnistía Internacional. Una de las integrantes de la banda, Maria Alyokhina, me dijo en su primera conferencia de prensa en Estados Unidos: “Nos gustaría que los estadounidenses realmente miraran a Rusia y vieran a Rusia más allá de las imágenes de los objetos y edificios olímpicos. …Lo único que vincula a esos objetos con el país es el dinero de los contribuyentes, que ha sido robado”. Le pregunté a Nadia Tolokonnikova, la otra integrante de Pussy Riot que acaba de ser liberada de prisión y está de visita en nueva York, qué le diría al Presidente Putin. A lo que respondió: “A Vladimir Putin le diría: ¿no está cansado de todo esto?”

Las integrantes de la banda Pussy Riot están asumiendo una postura valiente de oposición a Putin. Pero también están asumiendo una postura valiente al venir a Estados Unidos y planificar una visita a al menos una cárcel del país. Después regresarán a Rusia. Como dijo Dave Zirin: “Si viviéramos en un mundo normal, Pussy Riot estaría tocando en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Sochi”.

 

Publication1La vida de Pete Seeger, al igual que el arco del universo moral que célebremente invocó el Dr. Martin Luther King Jr., se inclina hacia la justicia. Seeger murió esta semana a los 94 años. Durante gran parte del siglo pasado le cantó verdades a quienes estaban en el poder, a través de su épica lucha por la justicia social, los derechos civiles, los trabajadores, el medio ambiente y la paz. Sus canciones, sus sabias palabras y su legado resonarán durante muchas generaciones.

Los padres de Pete eran músicos. Sus viajes por Estados Unidos permitieron a sus hijos conocer la música del ambiente rural estadounidense. A los 19 años, Pete trabajaba para el aclamado cantante de música folk Alan Lomax grabando y catalogando canciones de música folk para la Biblioteca del Congreso. Allí conoció a Woody Guthrie, el legendario trovador de la clase obrera de la época de la Gran Depresión, que era un poco mayor que él. Seeger viajó con Guthrie, aprendió a subirse a los vagones de los trenes de carga y decidió combinar su pasión por la búsqueda de la justicia con su talento musical. Él, Woody y otros músicos formaron el grupo Almanac Singers en 1940. Vivían en forma comunitaria en el barrio Greenwich Village, en Nueva York, y trataban de vivir de la música. Poco después comenzó la Segunda Guerra Mundial.

Pete fue reclutado por el Ejército. Cuando, en 2004, le pregunté acerca del servicio militar, recordó: “Al principio quería ser mecánico de la Fuerza Aérea. Me parecía interesante, pero la inteligencia militar empezó a interesarse en mi actividad política. Mientras mi unidad perseguía la gloria y la muerte, yo me quedé allí en Keesler Field, Mississippi, recogiendo colillas de cigarillos durante seis meses. Finalmente, me lo dijeron: me habían estado investigando y abriendo mi correo”. Más tarde, Seeger fue trasladado a Saipan, en el Pacífico, donde organizaba el entretenimiento para los soldados convalecientes en el hospital militar. Durante un período de licencia en la Ciudad de Nueva York, Pete le propuso matrimonio a su novia, Toshi Ohta. Toshi murió el año pasado a los 91 años, apenas meses antes de su 70 aniversario de casados.

Después de la guerra, Pete formó un grupo denominado “The Weavers”, junto a otros tres músicos. Se convirtieron en un éxito de escala nacional. En aquel entonces, la caza de brujas del senador Joseph McCarthy contra los sospechosos de ser comunistas proscribió la música de “The Weavers” en la radio. Seeger tuvo que declarar ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes el 18 de agosto de 1955. Asumió la postura de ser fiel a sus principios, al reprender en tono amable a quienes lo interrogaron: “No responderé a ninguna pregunta vinculada con mi asociación, mis creencias filosóficas y religiosas, mis creencias políticas, a quién voté en las elecciones, ni sobre ningún asunto de mi vida privada. Creo que es inadecuado formular esas preguntas a cualquier estadounidense, especialmente con esta compulsión”.

Pete Seeger fue acusado de desacato al Congreso, hallado culpable en un juicio y condenado a un año de prisión. Si bien su condena fue posteriormente revocada, en el documental “Pete Seeger: The Power of Song”, su biógrafo David King Dunaway describe el permanente acoso que Seeger sufrió por parte del FBI:

“El FBI persiguió a Pete Seeger al punto en que no podía conseguir trabajo, solo podía cantar a los niños, porque nunca pensaron que sería un problema que Pete Seeger le cantara a niños de 6 años. No tenían idea. De eso surgió, no un movimiento subversivo, sino un renacimiento de la música folk estadounidense, por el que debemos agradecer al FBI”.

En 1957, Pete Seeger conoció a otra persona que era víctima de la vigilancia y la intimidación del FBI: el Dr. Martin Luther King Jr. Se conocieron en el instituto Highlander Folk School de Tennessee y, tras ese primer encuentro, Seeger ayudó a King y a otros activistas por los derechos civiles a incluir la música en sus tácticas de organización de base. Fue allí donde Seeger cantó por primera vez ante King la canción que se convertiría en el himno del movimiento por los derechos civiles: “We shall overcome” (Venceremos).

Al igual que King, Seeger se convirtió en un fuerte crítico de la Guerra de Vietnam. Finalmente, en 1967 lo retiraron de la lista negra (en la que había sido incluido en la época de McCarthy) gracias a su aparición en el exitoso programa de televisión “The Smothers Brothers Comedy Hour”, de la cadena CBS. Sin embargo, una de sus canciones, “Waist Deep in the Big Muddy”, fue censurada por CBS. La canción describía en forma alegórica la Guerra de Vietnam como un atolladero y describía al Presidente Lyndon B. Johnson como “un gran tonto” que “dice que hay que continuar”. Su interpretación de la canción finalmente fue transmitida en el programa, meses más tarde, después de una avalancha de protestas contra la cadena televisiva.

Pete Seeger siguió cantando a favor de la paz, el desarme nuclear y, fundamentalmente, a favor del medio ambiente. Fundó la organización sin fines de lucro Hudson River Sloop Clearwater. Junto a otras personas, construyó un velero, llamado “Clearwater”, que utilizaron para educar y promover la limpieza del río Hudson, a donde tenía vista su casa. Cuando lo entrevisté en agosto del año pasado, le pedí que cantara “We Shall Overcome”, lo hizo, y me contó: “Sí, es algo que es preciso recordar a la raza humana. No se rindan. Venceremos. Venceremos, algún día…”

En 1955, en la audiencia ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses, le preguntaron qué hizo al regresar de la guerra. A lo que respondió: “Seguí cantando y espero hacerlo siempre”. Y así fue, y con sus canciones nos cambió a todos.

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

 

Publication1PARK CITY, Utah— A un año del suicidio de Aaron Swartz —el activista por la libre circulación de la información en Internet— cuando tenía apenas 26 años, el Festival de Sundance acaba de estrenar una película acerca de la vida de ese maravilloso joven. La película, titulada “The Internet’s Own Boy: The Story of Aaron Swartz” (El hijo de Internet: la historia de Aaron Swartz) dirigida por Brian Knappenberger, trata sobre la tristemente breve vida de Aaron. Aaron se suicidó cuando estaba bajo la fuerte presión de decididos e inflexibles fiscales federales que lo detuvieron en la calle, cerca del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), y lo acusaron de delitos informáticos.
A los 14 años, Aaron participó en el desarrollo del formatoRSS, que cambió el modo de obtener contenidos en Internet. Cofundó Reddit, uno de los sitios web más populares. El año anterior a su muerte, ayudó a obstruir la aprobación en el Congreso de la Ley para combatir la piratería en Internet, conocida como SOPA, que le hubiese otorgado a las empresas un gran poder de censura en Internet. Ahora comienza otra batalla por la libre circulación de información en Internet, que deberá librarse sin Aaron.
Una coalición de activistas, técnicos y expertos en políticas de Internet se congregarán el 11 de febrero para participar en una protesta conocida con el nombre The Day We Fight Back, que significa ‘El día que nos resistimos’. Como afirman en su sitio web, al reflexionar acerca de la victoria contra la ley SOPA, “Hoy afrontamos una amenaza diferente que socava Internet y la idea de que todos vivimos en una sociedad verdaderamente libre: la vigilancia generalizada. Si Aaron estuviera vivo, estaría al frente de la lucha contra un mundo en el que los Gobiernos vigilan, recopilan y analizan todas nuestras acciones digitales”. Antes de que Edward Snowden hiciera que la “NSA” y la “vigilancia generalizada” se volvieran términos corrientes, Aaron ya hablaba en contra de los programas de recopilación masiva de datos usados por la Agencia de Seguridad Nacional. Su hermano, Noah Swartz, me dijo: “Creo que el mensaje de Aaron a todos nosotros es que podemos hacer algo al respecto. Podemos tener un impacto real y si queremos lograr cambios en el mundo, debemos participar y no sentirnos impotentes ni inútiles”.
La causa judicial que abrumaba a Aaron fue presentada por el Fiscal Federal Adjunto Stephen Heymann y la Fiscal Federal Carmen Ortiz. Cuando Aaron era investigador en la Universidad de Harvard, se dirigía al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), que queda muy cerca. Allí, el público en general tiene acceso a la red informática y recursos de dicha institución, como una base de datos de artículos académicos de investigación digitalizados, cuyo mantenimiento estaba a cargo de la empresa sin fines de lucro JSTOR. Aaron diseñó un programa informático que permitía que una computadora portátil descargara artículos en forma automática, y se dispuso a descargar millones de ellos. JSTOR advirtió esto y contactó al MIT, que se puso en contacto con la policía.
La Ley contra el fraude y el abuso informáticos fue promulgada en 1986 para enjuiciar a personas que participan en fraudes con tarjetas de crédito o amenazan la seguridad nacional. Como Aaron, al igual que cualquier ciudadano, tenía permiso para utilizar la red del MIT, no estaba cometiendo un fraude. Aaron consideraba que los artículos académicos representaban bienes culturales que debían compartirse. JSTOR decidió no presentar cargos en su contra, pero los fiscales federales siguieron con la causa, de todas maneras.
El padre de Aaron, Bob Swartz (que, irónicamente, es consultor del Laboratorio de Medios del MIT) sostiene que lo que sucedió a continuación fue “una venganza, en muchos sentidos. Casi un enjuiciamiento sádico”. El abogado defensor de Aaron, Elliott Peters, me dijo: “Aaron no era un ladrón. Es cierto que descargó más material deJSTOR del que se esperaba, pero no fue para robar nada”. Aaron se negó a aceptar un acuerdo de reducción de la pena, que lo habría convertido en un delincuente. Podía haber sido condenado a 35 años de prisión y al pago de una multa de un millón de dólares.
Bob Swartz está indignado con el MIT, que, según afirmó: “Cooperaron con el fiscal. Proporcionaron pruebas al fiscal sin presentar una notificación ni una orden judicial. Violaron varias leyes. También se negaron a colaborar con nosotros, a brindarnos pruebas y tuvimos muchas dificultades para lograr que nos respondieran”. Peters sostiene que la Fiscalía incurrió en mala conducta porque Heymann retuvo pruebas exculpatorias, entre otras cosas. Incluso al día de hoy, un año después de la muerte de Aaron, Peters y la familia Swartz están tratando de que los fiscales federales les entreguen toda la documentación. Además, están trabajando con la legisladora demócrata de California Zoe Lofgren, para aprobar la “Ley Aaron”, que eliminaría de la Ley de Fraude y Abuso Informáticos el lenguaje amplio que les permite a los fiscales acusar a cualquier persona que haya cometido un delito informático menor como si fuera un delito grave.
Mientras tanto, el hermano de Aaron, Noah, está organizando la protesta The Day We Fight Back contra la vigilancia masiva, que se realizará el próximo 11 de febrero. En un discurso pronunciado tras haber impedido la aprobación de la ley SOPA, Aaron Swartz habló acerca de la naturaleza verdaderamente popular y mundial de las protestas. Finalizó su discurso con un llamamiento a la acción: “Si dejamos que nos convenzan de que realmente no logramos nada, si comenzamos a creer que son otros los responsables de hacer esto, la próxima vez es probable que ganen. No lo permitamos”.

amyEsta semana, surgió nueva información acerca del robo y la filtración a la prensa de documentos clasificados del Gobierno de Estados Unidos que revelaron un amplio programa de vigilancia ultra secreto del Gobierno. No, la noticia no está relacionada con Edward Snowden y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), sino con un grupo de activistas opositores a la guerra de Vietnam que cometieron uno de los robos más audaces de secretos del Gobierno en la historia de Estados Unidos, lograron evitar ser capturados y permanecieron en el anonimato durante cuarenta años. Entre ellos había dos profesores universitarios, una maestra de guardería y un taxista.
El grupo de siete hombres y una mujer, que se oponía enérgicamente a la Guerra de Vietnam, estaba seguro de que el FBI, bajo el mando de J. Edgar Hoover, estaba espiando a ciudadanos y reprimiendo activamente a los opositores. Para demostrarlo, irrumpieron en la oficina de campo del FBI en el barrio Media de Filadelfia, Pensilvania, el 8 de marzo de 1971 y robaron todos los archivos que había allí. Lo que encontraron, y enviaron por correo a la prensa, dejó al descubierto el programa de contrainteligencia del FBI, denominado COINTELPRO. El programa de espionaje consistía en una práctica de alcance mundial, clandestina e inconstitucional, de vigilancia, infiltración e intimidación de grupos de oposición que participaban en los movimientos de protesta y abogaban por el cambio social. El valiente robo no violento de este grupo de ladrones-activistas sacudió por completo al FBI, laCIA y a otras agencias de inteligencia. Su acto motivó investigaciones por parte del Congreso, un mayor control y la aprobación de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. Estos ladrones-activistas, la mayoría de los cuales recién ha salido a la luz pública esta semana, tras revelar sus identidades por primera vez, no solo tienen una historia fantástica que contar acerca del pasado, sino que además su historia proporciona una perspectiva crítica e informada acerca de Snowden, la NSA y el espionaje del Gobierno en la actualidad.
John Raines me dijo: “Decidimos que era hora de llamar la atención pública acerca de la vigilancia y la intimidación del Gobierno y el derecho de los ciudadanos a oponerse abiertamente. Creo que el combustible de la democracia es el derecho a oponerse, a disentir, debido a que donde hay poder y privilegios, el poder y los privilegios procuran eliminar del discurso público, en la medida de lo posible, todo lo que quieren. Eso hace que el derecho de los ciudadanos a disentir sea la última línea en la defensa de la libertad”. Raines era profesor de religión en la Universidad de Temple cuando él, su esposa, Bonnie, y los otros miembros del grupo que irrumpió en la oficina del FBIformaron lo que denominaron “Comisión de Ciudadanos para Investigar al FBI”. Como John y Bonnie Raines tenían tres hijos menores de diez años al momento del robo, les pregunté cómo fue que decidieron participar en una acto que les podría haber significado pasar años en prisión. John Raines respondió: “Como sociedad, a menudo pedimos a madres y padres que asuman actividades sumamente peligrosas como parte de su trabajo. Se lo pedimos a todos los policías, se lo pedimos a todas las personas que trabajan en el departamento de bomberos. Se lo pedimos a las madres y los padres que, como miembros del Ejército y de la Armada, son enviados a otros países para defender nuestras libertades. Le pedimos con frecuencia a la gente que realice trabajos que ponen en riesgo a sus familias. Ahora estamos de nuevo analizando al año 1971, cuando nadie en Washington iba a hacer lo necesario para revelar lo que J. Edgar Hoover estaba haciendo en el FBI. Éramos la última línea de la defensa. De modo que, como ciudadanos, tomamos la iniciativa e hicimos lo que debíamos hacer porque nadie en Washington lo iba a hacer”.
Bajo la dirección de Bill Davidon, un profesor de física de la Universidad de Haverford, el grupo se reunió y planificó meticulosamente la acción. La mayoría de las reuniones se llevaron a cabo en el ático de John y Bonnie Raines. Bonnie se hizo pasar por una estudiante universitaria que estaba escribiendo un trabajo acerca de las oportunidades laborales para las mujeres en el FBI, y logró echar un vistazo por dentro a la oficina de campo de Media. Keith Forsyth, el taxista, realizó un curso de cerrajería por correspondencia y fabricó sus propias herramientas para no levantar sospechas de las autoridades. Eligieron la noche del 8 de marzo de 1971 porque la atención internacional estaba puesta en la pelea de boxeo de peso pesado entre Mohamed Ali y Joe Frazier. Keith Forsyth dijo por qué esto fue importante: “Hicimos muchas cosas para tratar de evitar que nos atraparan y esta fue una de ellas. Quien lo haya sugerido, no tengo idea de quién fue, pensó que funcionaría como distracción, no solo para la policía, sino para el público en general”.
Entraron a la oficina, robaron los archivos y se los llevaron a una granja a una hora de Filadelfia. Revisaron los documentos y quedaron estupefactos por lo que leyeron. Un memorando detallaba las conclusiones de una conferencia del FBI sobre la Nueva Izquierda que pronosticaba que si el FBI aumentaba los interrogatorios de activistas, eso “incrementaría la paranoia endémica en esos círculos y serviría para enviar el mensaje de que hay un agente del FBI detrás de cada buzón”. Esto encontró eco en una periodista que recibió los documentos filtrados, Betty Medsger, del Washington Post. El fiscal general durante el Gobierno del Presidente Richard Nixon, John Mitchell, intentó que el Post censurara los artículos de Medsger.
Betty Medsger me contó: “Debo señalar dos cosas: primero, que fue la primera vez que un periodista recibía documentos secretos del Gobierno de una fuente externa que los había robado. De modo que eso planteó una serie de consideraciones con respecto a qué hacer con los documentos. Pero fue una decisión muy difícil para Katharine Graham, la editora responsable del Washington Post, que, hasta ese momento, nunca se había encontrado con algo similar, porque fue la primera vez que se vio enfrentada a un pedido del Gobierno de Nixon de no publicar un artículo. Y ella no quería publicarlo. Y el asesor interno y los abogados tampoco querían publicarlo, pero dos directores del diario se dieron cuenta desde un comienzo de que era un tema muy importante y lo promovieron. Se trata de Ben Bradlee y Ben Bagdikian. Mientras tanto, yo estaba allí, escribiendo inocentemente mi artículo, una simple periodista de Filadelfia, y no supe hasta las seis de la tarde que estaban considerando no publicarlo”. El periódico se imprimió y se hizo historia. En aquel entonces, Medsger desconocía la identidad de los activistas. Esta semana publicó un libro titulado The Burglary: The Discovery of J. Edgar Hoover’s Secret FBI (El robo: el descubrimiento del FBI secreto de J.Edgar Hoover), en el que menciona el nombre de la mayoría de los activistas-ladrones, con su consentimiento. También se produjo un documental sobre el caso, titulado “1971”, que se estrenará próximamente.
En respuesta a las revelaciones del libro, el portavoz delFBI, Michael Kortan, sostuvo: “Varios acontecimientos de esa época, entre ellos el robo, contribuyeron a que se cambiara el modo en que el FBI identificaba y trataba las amenazas a la seguridad nacional, lo que dio pie a la reforma de las políticas y prácticas de inteligencia del FBI, entre ellas, la creación de directrices de investigación por parte del Departamento de Justicia”.
Si aplicáramos el criterio de Michael Kortan sobre el robo de documentos de 1971 a las revelaciones de Edward Snowden acerca de la NSA, el Presidente Barack Obama debería abandonar los cargos en su contra y recibirlo de regreso en Estados Unidos, con un agradecimiento. Esperemos que Snowden no tenga que esperar 43 años.

amy¿De verdad deseamos comenzar el nuevo año retirando el seguro por desempleo a más de un millón de estadounidenses que perdieron su trabajo? El acuerdo presupuestario aprobado por ambos partidos en el Congreso y promulgado por el Presidente Barack Obama en la última semana del año protege el gasto militar pero promete empujar a quienes se encuentran en la situación más desesperada de nuestra economía a pasar aún por más dificultades financieras, obligando así a cientos de miles de familias a vivir por debajo de la línea de pobreza. La actual tasa de desempleo prolongado en Estados Unidos es la más alta que se haya registrado desde la Segunda Guerra Mundial, mientras que el porcentaje de personas que perciben prestaciones por desempleo se encuentra en su punto más bajo en la historia. Al mismo tiempo, los banqueros de Wall Street no paran de descorchar botellas, para celebrar un año excepcional para la bolsa de valores. Mientras que los agentes de bolsa esperan sus gratificaciones de fin de año, muchos desempleados más irán a hacer fila para recibir asistencia social.

“Se trata, para nuestra economía, de una decisión equivocada en el momento equivocado”. Estas son palabras de Imara Jones, que trabajó para la Casa Blanca en el área de comercio internacional durante el gobierno de Clinton y actualmente escribe sobre justicia económica para el sitio Colorlines.com. “El seguro de desempleo es en realidad un estímulo para la economía, a la que, de hecho, le aporta mucho. Por cada dólar que se entrega a alguien por seguro de desempleo se genera un dólar y sesenta centavos en actividad económica”. La gente que vive económicamente al límite gasta lo que tiene para sobrevivir, pero quienes se encuentran en los estratos más altos de la sociedad, el 1% de más arriba, puede tomar sus ganancias y guardarlas o ponerlas en una cuenta en el exterior.

Históricamente, el programa de seguro de desempleo otorgaba a los trabajadores que pierden su empleo por motivos ajenos a su responsabilidad 26 semanas de pago en reemplazo del salario. La extensión de los beneficios promulgada por el Presidente George W. Bush prolongó el período de tiempo a 99 semanas. En promedio, los subsidios ascienden a sólo 300 dólares por semana. Según el periódico The Washington Post, la búsqueda de empleo lleva en promedio unas 35 semanas, por lo que las 26 semanas que se otorgan en la actualidad generarán una carga adicional de stress a familias que se encuentran ya en dificultades.
El Congreso podría renovar la extensión del subsidio por desempleo. El Senador demócrata de Rhode Island Jack Reed y el Senador republicano de Nevada Dean Heller presentaron un proyecto de ley por el que se mantendría la extensión de las prestaciones durante tres meses más. En un comunicado de prensa, Heller expresó: “Brindar una red de seguridad a quienes lo necesitan es una de las funciones más importantes del gobierno federal. La tasa de desempleo de Nevada se mantiene entre las más altas del país, por lo que muchas personas y muchas familias de mi estado no saben cómo van a hacer ahora para satisfacer sus necesidades básicas”.

A pesar de que esta propuesta proviene de legisladores de los dos principales partidos, se espera que los republicanos la bloqueen cuando se someta a votación de procedimiento alrededor del 6 de enero, salvo que se logre convencer a otros cinco senadores republicanos de que la apoyen. Aunque el proyecto fuera aprobado por el Senado, debería luego enfrentarse a la Cámara de Representantes, la cual se encuentra bajo control de los republicanos, que en general se muestran hostiles a este tipo de extensión.

En el otro extremo de la economía, se espera que una reunión de fin de año de la bolsa de valores defina las inmensas gratificaciones que se prepara a entregar Wall Street a sus ejecutivos. Según trascendió, las compañías más grandes de Wall Street destinaron más de 91.000 millones de dólares a los pagos extras de fin de año. En respuesta, un grupo activista llamado The Other 98% (El otro 98 %) lanzó una petición en la que llama a los empleados del Chase Bank, el Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of America a donar sus gratificaciones de fin de año a los diez millones de estadounidenses desplazados por la crisis inmobiliaria.

Alexis Goldstein trabajó durante años en Wall Street y actualmente es la directora de comunicaciones del grupo The Other 98% (El otro 98 %). Durante un programa de Democracy Now! nos dijo: “Proponemos que se destinen 60.000 millones de dólares del dinero de Wall Street para financiar por dos años algo llamado Fondo Fiduciario Nacional de Vivienda. Se trata de un programa que fue creado por George Bush en el año 2008. Es un programa que, de obtener una financiación de 30.000 millones de dólares por diez años, podría poner fin a la situación de calle en Estados Unidos”. Goldstein señala que las gratificaciones se financian básicamente con fondos públicos, dado que los bancos de Wall Street obtienen fondos de la Reserva Federal a tasas de interés muy bajas. Según dijo además, estos bancos pueden permitirse otorgar gratificaciones gigantescas porque, en sus palabras, “continúan cometiendo delitos muy rentables. Este año se llegó a un acuerdo millonario con JP Morgan. Fue un acuerdo por 13.000 millones de dólares, a consecuencia de hipotecas fraudulentas que vendieron durante la crisis inmobiliaria, hipotecas muy sospechosas presentadas de manera engañosa. Los inversores perdieron 26.000 millones de dólares en eso. Por lo que 13.000 millones suena como un gran acuerdo, pero en realidad es sólo una parte del dinero que perdió esa gente”. Goldstein mencionó también un acuerdo de 300 millones de dólares por manipulación de tarifas de electricidad en California.

El problema de la desigualdad ingresó al debate nacional gracias al activismo del movimiento Occupy Wall Street. Su fría realidad económica comenzó a azotar esta semana a más hogares estadounidenses tras el vencimiento de las prestaciones por desempleo. El Congreso puede y debería renovarlas. Que lo haga depende de que haya gente que haga oír su voz.

amyHace dos semanas, muchas personas murieron en un nuevo ataque violento. Esta vez, no se trató de la acción de un hombre armado ni de un estudiante que realizó un tiroteo en una escuela. Las víctimas fueron un grupo de familias que se dirigían a una boda en la localidad de Radda. Radda no está en Colorado ni en Connecticut, sino en Yemen. El arma utilizada no fue una pistola semiautomática de fácil obtención, sino misiles lanzados por un avión no tripulado de Estados Unidos. Diecisiete personas, en su mayoría civiles, murieron en el ataque, perpetrado el jueves 12 de diciembre. La Oficina de Periodismo de Investigación (BIJ, por sus siglas en inglés), una organización con sede en Londres que rastrea los ataques estadounidenses con aviones no tripulados, recientemente publicó un informe sobre los seis meses posteriores al discurso más importante del Presidente Obama acerca de la guerra con aviones no tripulados, pronunciado en la Universidad Nacional de Defensa (NDU, por sus siglas en inglés) en el mes de mayo. En el discurso, Obama prometió que “antes de realizar un ataque, habrá casi absoluta certeza de que ningún civil morirá ni resultará herido, el mayor estándar que podemos fijar”. La Oficina de Periodismo de Investigación resumió en su informe: “A seis meses de que el Presidente Obama fijara los estándares estadounidenses para la utilización de aviones no tripulados armados, un análisis de nuestra Oficina demuestra que más personas murieron en ataques encubiertos con aviones no tripulados en Yemen y Pakistán en ese período que en los seis meses anteriores a que Obama pronunciara el discurso”. Cuesta comprender que en un país que aborrece los asesinatos masivos que ocurren con demasiada frecuencia en el seno de sus propias comunidades, el Gobierno mate sistemáticamente a tantas personas inocentes en el extranjero.
Una de las mayores dificultades para poder hacer una evaluación del programa de ataques con aviones no tripulados de Estados Unidos es el secretismo que lo rodea. Los funcionarios estadounidenses no suelen hablar del programa, mucho menos de ataques específicos, especialmente cuando mueren civiles. Como reconoció Obama en su discurso: “La mayoría de las críticas a los ataques con aviones no tripulados, tanto aquí como en el extranjero, se centran, naturalmente, en las denuncias acerca de las muertes civiles. Hay una gran brecha entre la evaluación de las muertes realizada por el Gobierno de Estados Unidos y la de los informes no gubernamentales. Sin embargo, es un hecho indiscutible que los ataques estadounidenses han provocado muertes civiles”. La BIJ calcula que el número de muertos en ataques estadounidenses con aviones no tripulados en los últimos doce años en Pakistán, Yemen y Somalia supera los 4.000.
Mientras los medios estadounidenses centran toda la atención en la posibilidad de que en los próximos años Amazon.com utilice pequeños aviones no tripulados para enviar los pedidos de Navidad, es importante reflexionar seriamente acerca de lo que estos robots aéreos están haciendo actualmente. El corresponsal de DemocracyNow! Jeremy Scahill ha denunciado las guerras encubiertas de Estados Unidos durante años. Lo hizo recientemente en su libro y documental denominado “Dirty Wars” (Guerras sucias). La película acaba de ser preseleccionada a un premio Oscar al mejor documental del año. Tras la nominación, Scahill nos dijo: “Esperamos que, a través del documental, las personas presten atención a estas historias, que los estadounidenses conozcan, por ejemplo, lo que les sucedió a los residentes de una localidad beduina en al-Majalah, Yemen, donde más de treinta mujeres y niños murieron en un ataque con un misil de crucero estadounidense que la Casa Blanca intentó encubrir. O que se enteren de las personas que mueren en ataques nocturnos en Afganistán o en ataques con aviones no tripulados en Yemen y Pakistán”.
En su discurso ante la Universidad Nacional de Defensa, el Presidente Obama afirmó: “Estados Unidos no realiza ataques para castigar a las personas. Actuamos contra los terroristas que significan una amenaza constante e inminente para el pueblo estadounidense, y cuando otros gobiernos no son capaces de enfrentar esa amenaza en forma eficaz”. Ni Obama ni sus colaboradores explicaron qué tipo de amenaza significaba para el pueblo estadounidense un grupo de vehículos que se dirigía a una boda. El Gobierno de Yemen cumplió con la costumbre local e indemnizó a las familias que fueron víctimas del ataque mediante la entrega de 101 rifles Kalashnikov y poco más de 100.000 dólares.
Los pueblos rurales de Yemen se encuentran atrapados en el medio de un violento conflicto, según expresa Human Rights Watch en un informe publicado en octubre titulado “Between a Drone and Al-Qaeda” (Entre los aviones no tripulados y al-Qaeda). Apenas un mes antes de que Obama pronunciara el discurso ante la Universidad Nacional de Defensa, Farea al-Muslimi, un elocuente joven yemení que asistió durante un año a la escuela secundaria en Estados Unidos, brindó su testimonio en una audiencia del Congreso. Seis días antes de que declarara, un ataque con avión no tripulado había impactado en su aldea, Wessab. Farea sostuvo: “Lo que sabían los pobladores de Wessab sobre Estados Unidos se basaba en mis anécdotas acerca de mis maravillosas experiencias aquí. Ahora, en cambio, cuando piensan en Estados Unidos, piensan en el terror que sienten por los aviones no tripulados que los sobrevuelan, prontos para disparar misiles en cualquier momento. Un avión no tripulado logró en un instante lo que militantes violentos nunca antes habían logrado. Ahora existe una profunda ira contra Estados Unidos en Wessab”. Finalizó su testimonio con la esperanza de que “cuando los estadounidenses sepan realmente cuánto dolor y sufrimiento han causado los ataques con aviones no tripulados estadounidenses (…) rechazarán este devastador programa de asesinatos selectivos”.
Los hechos de violencia sin sentido en Estados Unidos conforman una larga lista de nombres asociados al dolor y la pérdida: Columbine, Tucson, Aurora, Newtown, Littleton. Gracias al constante trabajo de activistas comprometidos, periodistas valientes y funcionarios responsables, quizá los estadounidenses también recuerden los nombres de Gardez, Radda, al-Majalah, Mogadiscio y de los otros tantos lugares donde los ataques con aviones no tripulados continúan ocurriendo bajo un manto de secretismo.

amyEl Presidente Barack Obama proclamó el 15 de diciembre el “Día de la Carta de Derechos”, y destacó que las diez primeras enmiendas a la Constitución de Estados Unidos son “la base de la libertad estadounidense, ya que garantizan nuestros derechos fundamentales, desde la libertad de expresión, de reunión y de practicar nuestra fe de la manera que elijamos, hasta las protecciones que garantizan la justicia en virtud de la ley”, afirmó. Al día siguiente, el Juez de Distrito de Estados Unidos Richard J. Leon calificó las políticas de vigilancia de Obama de “casi orwellianas” en un fallo que determinó que la recopilación masiva de metadatos de llamadas telefónicas de estadounidenses por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) probablemente sea inconstitucional. Como si eso no fuera suficiente, el propio grupo de trabajo nombrado por el Presidente para estudiar el tema, el Grupo de Revisión sobre Inteligencia y Tecnologías de Comunicaciones, entregó su informe, que fue publicado por la Casa Blanca esta semana y contiene 46 recomendaciones de cambios.

Uno de los asesores del panel, Sascha Meinrath, del Open Technology Institute, se mostró escéptico. Meinrath me dijo: “He expresado públicamente mi preocupación con respecto a la independencia de este grupo. Soy uno de los 47 expertos en tecnología que envió una carta al Presidente para decirle ‘un panel de revisión tecnológica debe estar integrado por personas con pericia tecnológica’. Lamentablemente, mi comentario no fue tenido en cuenta. También me preocupaba mucho que este panel de cinco miembros esté enteramente compuesto por personas que forman parte de la comunidad de inteligencia y funcionarios del gobierno. No creo que sea posible realizar una revisión realmente independiente de la vigilancia cuando hay tanta gente vinculada directamente a las instituciones que la llevan adelante. Y creo que esto es aún peor debido a que el panel de revisión funciona bajo la órbita de James Clapper, bajo la órbita de la misma institución que debería estar siendo supervisada en forma independiente”.

El ex subdirector de la CIA, Michael Morrell, preside el panel, que depende de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, dirigida por James Clapper. Es de público conocimiento que Clapper mintió en una audiencia del Senado sobre este tema. Cuando el senador demócrata de Oregon, Ron Wyden, le preguntó si la NSA recopiló los registros telefónicos de millones o de cientos de millones de estadounidenses, Clapper respondió: “No espiamos a nadie, salvo para fines legítimos de inteligencia extranjera y siempre trabajamos dentro del marco legal. Ahora, es verdad que en ocasiones hemos cometido errores, algunos graves, pero ellos se deben generalmente a errores humanos o problemas técnicos. Y cuando detectamos errores, los hemos informado y corregido”. Tras las filtraciones de Snowden, Clapper reconoció a NBC News que su respuesta fue la forma “menos mentirosa” de decir “no”.

El fallo del juez Leon está relacionado con tan solo uno de varios casos presentados después de las filtraciones realizadas por el ex contratista de la NSA Edward Snowden en el mes de junio, acerca del amplio sistema de vigilancia mundial que recopila los datos personales de millones de personas. Otra demanda iniciada en Nueva York por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) contra Clapper, pretende terminar en forma definitiva con la vigilancia masiva y que se eliminen todos los datos recopilados hasta el momento.

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Anthony Romero, director ejecutivo de la ACLU, dijo que Edward Snowden es un “patriota”, y destacó: “Al haber denunciado la actividad ilegal del Gobierno, que fue aprobada y mantenida en secreto durante años por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, Snowden asumió un enorme riesgo personal en favor del bien público. Él solo reabrió el debate mundial acerca del alcance y la naturaleza de la vigilancia del Gobierno en relación con nuestros derechos fundamentales como individuos”.

El secretario de prensa de Obama, Jay Carney, reiteró esta semana la postura inflexible de la Casa Blanca con respecto a la acusación contra Snowden: “No ha habido un cambio de postura. Ha sido acusado de filtrar información clasificada. Afronta cargos de haber cometido delitos aquí. Debería ser enviado de regreso a Estados Unidos, donde será sometido al debido proceso, con las protecciones correspondientes en virtud de nuestro sistema de justicia, de las que esperamos que haga uso. Y obviamente estamos presionando a Rusia y a otros países con respecto a este tema”.

Tras medio año de vivir en Rusia, donde se le otorgó asilo temporal por un año, Edward Snowden escribió una carta pública esta semana a la población de Brasil, con la esperanza de obtener asilo permanente allí. En la carta, Snowden escribió: “Hace seis meses salí de las sombras de la Agencia de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos para pararme delante de la cámara de un periodista…con los ojos abiertos, sabiendo que la decisión me costaría mi familia, mi hogar y pondría mi vida en peligro. Me motivó la creencia de que los ciudadanos del mundo merecen entender el sistema en el que viven”. Y añade: “Mi mayor temor era que nadie escuchara mi advertencia. Nunca estuve tan contento de haberme equivocado tanto”, afirmó.

El mundo sigue escuchando a Edward Snowden. Como también dice en la carta abierta: “La cultura de la vigilancia mundial indiscriminada, expuesta a debates públicos y a investigaciones reales en cada continente, se está desmoronando”. Una encuesta reciente sugiere que al menos un 55% de las personas consultadas considera que Snowden es una persona que reveló informaciones importantes. A pesar de las encuestas, la presentadora de noticias de CNN Brooke Baldwin preguntó acerca de la posibilidad de otorgarle amnistía a Snowden: “La última pregunta: si Edward Snowden regresara aquí, y mucha gente está en desacuerdo con eso, pero si regresara aquí y se le otorgara amnistía, ¿qué vendría a hacer aquí? Porque realmente mucha gente lo odia”.

Adoptada el 15 de diciembre de 1791, la Carta de Derechos incluye las primeras diez enmiendas a la Constitución. Al elogiarla y referirse a “nuestros derechos fundamentales”, el Presidente Obama no mencionó la Cuarta Enmienda, que dice:

“El derecho de los habitantes de que ellos, sus domicilios, documentos o efectos no se sometan a inspecciones e incautaciones arbitrarias será inviolable, y no se expedirán al efecto órdenes judiciales a menos que se basen en una causa probable o juramento y, en particular, que describan el lugar que deba ser inspeccionado y las personas o cosas objeto de detención o incautación”.

Quizá el Presidente Obama, que fue profesor de derecho constitucional, debería volver a leer esa enmienda.

amyEl fallecimiento de Nelson Mandela la semana pasada, a los 95 años de edad, generó conmemoraciones y reflexión en todo el mundo. Un grande de la historia de la humanidad ha muerto. Mandela es recordado, con justicia, por su impresionante capacidad de reconciliarse con sus opresores y por lo que ese perdón significó políticamente para la fundación de una nueva Sudáfrica. “Ha llegado el momento de construir. Al fin hemos logrado nuestra emancipación política. Prometemos liberar a todos los pueblos del yugo de la pobreza, la privación, el sufrimiento, el sexismo y otras formas de discriminación”, dijo Mandela en su discurso de asunción de mando en Pretoria, el 10 de mayo de 1994. En el mismo discurso prometió no retroceder: “Nunca jamás volverá a suceder que esta hermosa tierra experimente de nuevo la opresión de los unos sobre los otros. El sol nunca se pondrá sobre un logro humano tan noble. Que impere la libertad. ¡Dios bendiga a África!”. Mandela nos dejó, pero dejó a las futuras generaciones su profunda convicción en el poder de los movimientos sociales para lograr cambios.

En sus primeros años como miembro del Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés) Mandela se dedicó a organizar las campañas de no-cooperación del movimiento. Un ejemplo de ello es la Campaña de Desobediencia Civil de 1952, cuando lo fotografiaron quemando su libreta de identificación, el temible documento de identidad sin el cual la población negra de Sudáfrica no podía desplazarse dentro de su propio país. En 1960, tras la Masacre de Sharpeville, en la que las fuerzas policiales del Gobierno liderado por los blancos mataron a al menos 69 personas que se manifestaban contra la “ley de pases” y las libretas, el Gobierno proscribió al Congreso Nacional Africano. Mandela y otros activistas pasaron a la clandestinidad y formaron el brazo armado del ANC, al que denominaron Umkhonto we Sizwe, que significa “la lanza de la nación”.

El grupo realizó una campaña de sabotaje, mediante la utilización de bombas rudimentarias para romper e interferir en el funcionamiento de importantes piezas de la infraestructura de Sudáfrica, como vías de tren y centrales eléctricas. En 1962, Mandela fue identificado en un control policial disfrazado de chofer. El New York Times informó en 1990 que fue la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la que brindó los detalles a los servicios especiales sudafricanos acerca del paradero y la apariencia de Mandela. La nota decía además que la CIA gastó más dinero en vigilar al Congreso Nacional Africano que el propio régimen del apartheid. Mandela pasó los siguientes 27 años en prisión.

Durante el juicio por sabotaje, en el que fue acusado junto a otras nueve personas, conocido como “el Proceso de Rivonia”, Mandela habló en nombre de los acusados y defendió sus actos. “He luchado contra la dominación de los negros. He acariciado el ideal de una sociedad libre y democrática, en la que todas las personas vivan juntas en armonía, con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y que espero alcanzar. Pero, de ser necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir”. Para sorpresa de muchos, y probablemente gracias a la gran atención nacional e internacional puesta en el juicio, los activistas no fueron condenados a pena de muerte, sino a cadena perpetua en la tristemente célebre prisión de la isla Robben en Sudáfrica.

Fue entonces que se inició una fuerte campaña internacional para poner fin al apartheid. Una de las principales estrategias fueron las campañas para que las empresas que tenían negocios en Sudáfrica retiraran sus inversiones del país. En 1970, Caroline Hunter y Ken Williams, dos empleados afroestadounidenses de Polaroid en Cambridge, Massachusetts, se dieron cuenta de que la empresa estaba suministrando tecnología fotográfica al Gobierno sudafricano para la emisión de las odiadas libretas. Hunter y Williams organizaron un movimiento de trabajadores de Polaroid que obligó a la empresa a poner fin a sus relaciones con el gobierno de Sudáfrica.

Bajo la creciente presión, el régimen del apartheid comenzó a reprimir con mayor severidad a los sudafricanos negros. Las noticias de la violencia llegaron a todo el mundo, y ello motivó a los estudiantes universitarios a tomar medidas. Se creó un movimiento mundial para presionar a las juntas directivas de las universidades a que retiraran sus inversiones de Sudáfrica. En Washington D.C., Randall Robinson, el fundador de “TransAfrica”, comenzó un movimiento de protesta frente a la embajada de Sudáfrica. Robinson dijo en el programa de noticias Democracy Now!: “Tres de nosotros fuimos arrestados, seguidos de 5.000 estadounidenses que fueron arrestados por ir a protestar frente a la embajada en los años subsiguientes…Por supuesto que eso ayudó a impulsar en el Congreso la Ley General Contra el Apartheid, aprobada en 1986. Fue así que, finalmente, las inversiones estadounidenses en Sudáfrica comenzaron a caer”.

Robinson hacía referencia al proyecto de ley presentado por el congresista de California Ron Dellums, que fue aprobado con apoyo de ambos partidos. El Presidente Ronald Reagan vetó el proyecto de ley, pero, en señal de la determinación del país de luchar contra el apartheid, ambas cámaras del Congreso votaron para anular el veto de Reagan, e impusieron fuertes sanciones al régimen del apartheid en Pretoria. Robinson agregó: “Y, por supuesto, eso, junto con la presión dentro del país generó las condiciones

para que el gobierno sudafricano se decidiera a negociar y, en última instancia, a liberar a Mandela ”.

El Presidente Barack Obama habló en el funeral de Mandela celebrado en Soweto esta semana, y provocó una ola de críticas en Washington por haber estrechado la mano del Presidente cubano, Raúl Castro. Mandela era un gran amigo de Fidel Castro, que siempre apoyó al Congreso Nacional Africano. Estado Unidos, por su parte, retiró a Mandela de su “lista de terroristas” recién en 2008, 14 años después de que fue electo Presidente de Sudáfrica.

Nelson Mandela termina su autobiografía con la siguiente reflexión: “Cuando salí de la cárcel, esa era mi misión: liberar tanto al oprimido como al opresor. …La verdad es que aún no somos libres. Apenas hemos logrado la libertad de ser libres”.

amySe acercan las fiestas, la temporada de las compras navideñas y, lamentablemente, las grandes tiendas minoristas siguen pagando salarios de miseria a sus empleados. Mientras las tiendas ofrecen precios de liquidación, un ejército de trabajadores ganan el salario mínimo, o poco más del salario mínimo, y tienen dificultades para llegar a fin de mes, debido a la escasa remuneración y pocos beneficios que perciben. El secreto oculto que las grandes cadenas minoristas, como Wal-Mart, no quieren que se sepa es que muchos de sus empleados viven por debajo de la línea de pobreza y que, para subsistir, dependen de programas de ayuda estatal como los cupones de alimentación y el servicio de asistencia de salud Medicaid. Sin embargo, en estas fiestas, los empleados de tiendas como Wal-Mart o los restaurantes de comida rápida, que perciben bajos salarios, están luchando por sus derechos.
“Estas han sido las protestas más grandes que hemos visto contra Wal-Mart”, sostuvo Josh Eidelson, al referirse a las manifestaciones coordinadas en ‘Black Friday’ (el día posterior al Día de Acción de Gracias, cuando se inaugura la temporada de compras navideñas). “Hubo manifestaciones en 1.500 tiendas. Más de cien personas fueron arrestadas. Nuevamente Wal-Mart fue objeto de señalamientos públicos, en el que debería ser el día más feliz del año para la mayor tienda minorista del mundo”. Wal-Mart tiene 2,2 millones de empleados, 1,3 millones de ellos en Estados Unidos. La empresa registró alrededor de 120.000 millones de dólares de ganancias brutas en 2012. La tienda fue fundada por Sam Walton, patriarca de la familia Walton. Se estima que tan solo seis miembros de la familia amasaron, en su conjunto, una fortuna que ronda entre los 115.000 y los 144.000 millones de dólares. Estas seis personas tienen más riqueza que el 40% de la población estadounidense más pobre, tomada en su conjunto.
Josh Eidelson me dijo: “La mayor empresa empleadora de Estados Unidos, que es propiedad de la familia más rica del país, es una empresa en la que gran parte de sus empleados depende de los míseros programas de ayuda a los pobres de Estados Unidos. Esto dice mucho acerca de la situación de la economía y el empleo en el país”.
Los empleados de Wal-Mart se han organizado bajo el nombre ‘Nuestro Wal-Mart’, una iniciativa que fue apoyada por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Alimentación y el Comercio. Los trabajadores han tomado medidas valientes, al protestar contra la empresa y participar en huelgas cortas. Wal-Mart tomó represalias y despidió a muchos empleados que participaron en las protestas. Barbara Collins es una de las empleadas que fue despedida, tras haber trabajado en la tienda de Wal-Mart de Placerville, California durante ocho años.
Collins contó en el programa de noticias “Democracy Now!”: “Antes de que me despidieran, ganaba 12,05 dólares la hora, y estaba dentro de la categoría de empleada de tiempo completo, pero eso no significaba que siempre trabajara 40 horas a la semana. Algunas veces solo trabajaba ocho horas a la semana, o 16 horas a la semana. De modo que a los empleados que están en la categoría de ‘tiempo completo’, no necesariamente les dan horas para trabajar tiempo completo. Participé en la huelga de ‘Black Friday’ el año pasado y también participé en la huelga de dos semanas realizada en junio. En junio me despidieron”.
El 18 de noviembre, la Dirección Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés) determinó que las huelgas son acciones protegidas por la ley. Collins, quien habló con nosotros desde Bentonville, Arkansas, donde estaba protestando ante la sede mundial de Wal-Mart, nos dijo: “El fallo de la NLRB es sorprendente. Estamos muy contentos de que hallaran que estábamos diciendo la verdad, que [Wal-Mart] incumplió la ley y queremos que nos devuelvan nuestro trabajo”.
El grupo de investigación sobre políticas públicas “Demos” lanzó un informe denominado “A Higher Wage is Possible: How Walmart Can Invest in Its Workforce Without Costing Customers a Dime” (en español: “Un mejor salario es posible: cómo Walmart puede invertir en sus empleados sin que eso les cueste un centavo a sus clientes”). Demos analizó la creciente demanda de los empleados de Wal-Mart de un salario básico de 25.000 dólares al año para los trabajadores de tiempo completo. Catherine Ruetschlin, coautora del informe, sostuvo: “No es solo durante las fiestas que los empleados atraviesan dificultades. Cuando se gana un salario de miseria, siempre es difícil llevar alimentos al hogar. Tras hablar con los empleados de Wal-Mart una y otra vez, nos dimos cuenta de que sus salarios apenas les alcanzan para cubrir sus necesidades básicas y que, para llegar a fin de mes, tienen que sacrificar algo. Tienen que decidir si compran un medicamento o pagan la matrícula escolar, si compran alimentos o pagan la cuenta de electricidad. Los trabajadores como Barbara, que están allí afuera manifestándose, tuvieron la oportunidad de mostrarles la situación a los ciudadanos estadounidenses comunes y corrientes que compran todo el tiempo en las tiendas minoristas y quizá hayan visto que las protestas se han intensificado, pero no se sentían identificados con lo que eso realmente significaba”. El informe explica que “si Wal-Mart utilizara los 7.600 millones de dólares que gasta cada año en la recompra de sus propias existencias, esos fondos podrían utilizarse para darles a los empleados de Wal-Mart que tienen un salario bajo un aumento de 5,83 dólares la hora”, lo que satisface la meta salarial de los trabajadores.
Al mismo tiempo que se desarrolla la campaña por una mejora salarial para los trabajadores de Wal-Mart, existe una iniciativa para exigir mejores salarios en el sector de la comida rápida. Los trabajadores de los restaurantes de comida rápida han organizado protestas y huelgas en más de cien ciudades…y están ganando. En SeaTac, la municipalidad del estado de Washington donde se encuentra el aeropuerto Seattle-Tacoma, los votantes aprobaron una medida para aumentar el salario mínimo de los trabajadores a 15 dólares la hora. Al igual que sucede con los empleados de Wal-Mart, las grandes cadenas de comida rápida como McDonald’s y Yum Brands (que es propietaria de KFC, Taco Bell y Pizza Hut) sustentan parte de sus ganancias con el dinero de los contribuyentes. Mientras que sus empleados, que ganan salarios de miseria, dependen de los programas de asistencia pública como los cupones de alimentación y Medicaid, las empresas logran deducir impuestos de los grandes paquetes de beneficios que otorgan a los directores ejecutivos, como informó esta semana el Instituto de Estudios Políticos.
El salario mínimo nacional es de 7,25 dólares la hora, que equivale a un ingreso anual de 15.080 dólares para un trabajador de tiempo completo. Si el salario mínimo se hubiera ajustado de acuerdo a la inflación desde 1968, ascendería a 10,74 dólares la hora, una cantidad suficiente para hacer que una familia de tres miembros esté por encima de la línea de pobreza. Si los salarios hubieran registrado un crecimiento proporcional a la productividad de los empleados (ya que cada trabajador produce mucho más en una hora en la actualidad de lo que producía en las décadas anteriores), el salario mínimo sería de 18,72 dólares la hora. Y si el salario mínimo se hubiera disparado al mismo ritmo que los salarios del 1% que gana más, hoy en día sería de 28,34 dólares la hora. Estas cifras del Instituto de Política Económica explican por qué el Presidente Obama ha iniciado una campaña para que se aumente el salario mínimo.
El aumento del salario mínimo y el respeto de los derechos de los trabajadores de Wal-Mart, McDonald’s y las demás empresas multinacionales que dependen de subvenciones públicas para sus empleados no se lograrán mediante un decreto presidencial, sino que será el resultado del esfuerzo mancomunado de los trabajadores y sus aliados, tanto en las calles como en las urnas.