Los Derechos De LosVotantes De Minorías En Riesgo
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Screen Shot 2013-03-02 at 10.36.10 AMNota del editor: La Corte Suprema escucha los argumentos orales en una demanda que podría derrocar la Sección 5 de la Ley de Derecho al Voto. El Centro Brennan para la Justicia de la NYU School of Law, una de las principales autoridades del país sobre temas de derechos de voto, recientemente convocó una teleconferencia con un panel de expertos para New America Media  para explorar lo que esto podría significar para los votantes minoritarios.

WASHINGTON, DC – Kilmichael, una pequeña ciudad en el norte de Misisipi, es conocido por los aficionados al blues como el lugar donde comenzó su historia de amor con la guitarra el artista de blues B.B. King. Para los defensores del derecho al voto, es un lugar que ayuda a poner de relieve la necesidad actual de la Sección 5 de la Ley de Derecho al Voto (VRA por sus siglas en inglés), que ahora enfrenta un desafío a su constitucionalidad en una demanda ante la Corte Suprema.

La Corte escuchará los argumentos orales sobre los méritos de Shelby County vs. Holder el 27 de febrero. Es muy probable que se de una decisión en junio antes del receso de verano de la corte.

“Cuando el censo de 2000 reveló que la ciudad se había convertido en mayoría afro americana por primera vez, el consejo de regidores compuesto por blancos respondió con simplemente tratando de cancelar todas las elecciones con el fin de evitar que los afro americanos fueran elegidos para el cargo”, explicó Dale Ho, abogado adjunto del grupo de participación política de NAACP LDF.

Misisipi era, y sigue siendo, objeto de la Sección 5, que requiere que ciertos estados y jurisdicciones presenten propuestos cambios a los procedimientos del voto al Departamento de Justicia de EE.UU. o a el Tribunal de Distrito Federal en el Distrito de Columbia. El proceso se llama autorización previa y determina si estos cambios violan los derechos constitucionales o previenen a los votantes de minorías de participar en una elección justa. Bajo la sección 5, el Departamento de Justicia ordenó una elección especial en Kilmichael, resultando en los primeros funcionarios electos afro americanos de la ciudad.

Ho citó el episodio Kilmichael durante una teleconferencia de New America Media sobre la demanda y el impacto negativo en los votantes minoritarios si la Corte Suprema dictamina en su favor. Convocado por el Centro Brennan para la Justicia de la NYU School of Law, entre las principales autoridades institucionales del país sobre los temas del derecho al voto, la reunión incluyó a Myrna Pérez, abogada principal del Centro Brennan para la Justicia; Glenn Magpantay, director del Programa de Democracia, Fondo Asiático-Americano para la Defensa Legal y Educación; y Nina Perales, vicepresidenta de litigios para el Fondo Mexicano Americano para la Defensa Legal y la Educación.

Pérez llama al VRA “entre las leyes de derechos civiles más importante jamás aplicadas”. Fue aprobada por el Congreso en 1965 y firmada por el presidente Lyndon Johnson como una protección más robusta para los votantes de minorías, en particular para los afro americanos en el Sur, donde han sido objetivos de los esfuerzos de supresión de votantes desde el final de la Guerra Civil.

Disposiciones de la VRA, incluyendo la Sección 5, han sido ampliadas varias veces desde su aprobación inicial, la más reciente en 2006, cuando el Congreso votó a favor de autorizarla de nuevo por otros 25 años. La votación fue de 98 para reautorización a 0 en el Senado, 393 a 30 en la Cámara. Fue promulgada como ley por el Presidente George Bush como lo había sido bajo un presidente republicano anterior, Ronald Reagan, en 1982.

En su demanda, Shelby County, Alabama, argumenta que el Congreso excedió sus límites constitucionales al votar para extender la VRA y la Sección 5 por otros 25 años. “Incluso si el Tribunal da peso a toda la evidencia en el expediente legislativo, como mucho demuestra injerencia dispersa y limitada con los derechos de la Decimoquinta Enmienda en algunas jurisdicciones cubiertas” – no suficientes para que la Corte “mantuviera un recurso tan intrusa como autorización previa”.

Estados comprendidos en la Sección 5 desde hace mucho tiempo se han irritado por el proceso de autorización previa porque consideran que es una violación de sus derechos de soberanía de la Décima enmienda. Si puede demostrar que la discriminación racial y violaciones de la Decimoquinta Enmienda son “dispersas y limitadas”, entonces la autorización previa debe ser anulada, como Shelby argumenta, y su soberanía restaurada.

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