Por: Amy Payne 

Para comprender lo que va a pasar hoy en la Corte Suprema, tenemos que retroceder en el tiempo.

Era el año 1965. Cientos de personas se reunían en Selma, Alabama, para marchar en favor del derecho a votar de los americanos negros, pues algunos estados, especialmente en el sur, habían establecido obstáculos para el ejercicio del voto, tales como cobrar dinero a los posibles votantes o hacerles pasar un examen.

Los participantes en la marcha fueron golpeados con porras por la policía y se les lanzó gases lacrimógenos, en lo que se convertiría en un escándalo histórico. Pero sólo pocos meses más tarde, el presidente Lyndon B. Johnson firmaba la Ley de Derecho de Voto, que ilegaliza el que los municipios lleven a cabo cualquier tipo de práctica electoral discriminatoria.

Johnson comentó 

aquel día: 

A millones de americanos se les niega el derecho a votar a causa de su color. Esta ley les garantizará el derecho a votar. La discriminación es algo que ningún americano, de corazón, puede justificar. El derecho es algo que ningún americano, fiel a nuestros principios, puede denegar.

El Congreso se aseguró de que los estados no pudieran sortear la nueva ley inventándose más cambios en las reglas electorales locales. Para aquellas zonas que históricamente habían discriminado a las personas, la ley requería que antes de realizar cambios en sus prácticas electorales los verificasen con los responsables federales. Esta parte de la ley se denomina Sección 5.

Se suponía que la Sección 5 iba a ser temporal. Se suponía que acompañaría a los estados en la transición hacia la nueva ley y que garantizaría que todos las implementaban correctamente. Como expresó el presidente Johnson en aquellos momentos, “si algún condado de cualquier rincón de esta nación no desea la intervención federal, sólo tiene que abrir sus colegios electorales a todos sus habitantes”.

El problema es que la intervención federal ha continuado hasta ahora. Y eso es lo que hoy va a considerar la Corte Suprema: la anticuada Sección 5, no la totalidad de la Ley de Derecho al Voto.

La Ley de Derecho al Voto proporciona una “protección amplia y poderosa frente a la discriminación”, explica el analista de la Fundación Heritage Hans von Spakovsky, antiguo miembro del Consejo del procurador general adjunto para Derechos Civiles. Con independencia de la opinión de la Corte Suprema respecto a la Sección 5, la Ley de Derecho al Voto seguirá en vigor para proteger a todos los americanos frente a cualquier discriminación como votantes.

Sin embargo, hace décadas que la Sección 5 carece de finalidad, aunque el gobierno federal continúa obligando a algunas jurisdicciones electorales a que justifiquen todos los cambios que se producen en sus reglamentos locales. Von Spakovsky señala que:

[La Sección 5] en efecto presume que todas las medidas relacionas con el voto tomadas por ciertos estados y jurisdicciones son discriminatorias y, por tanto, requiere que obtengan una aprobación previa de parte del gobierno federal para unas medidas que de otro modo serían ordinarias y rutinarias, tales como trasladar un colegio electoral de una escuela que está siendo reformada a otra al otro extremo de la calle o diseñar nuevos planes de redistribución de los distritos electorales. Se trata de una importante e inusual imposición sobre la soberanía estatal.

Lo que originalmente estaba pensado para salvaguardar la libertad individual se ha convertido en un medio para que los responsables federales ataquen la libertad de los estados. Para el Departamento de Justicia y muchos activistas, la Sección 5 existe simplemente para coaccionar a las autoridades locales.

Von Spakovsky comenta que si se derogase la Sección 5, “El único cambio consistiría en poner freno a los abusos de los burócratas federales y controlar el poder y la influencia de los grupos activistas progresistas que confían en la Sección 5 para imponer sus agendas”.

La Corte Suprema oyó recientemente los alegatos del caso del condado de Shelby (AL) contra Holder, el pleito que está planteando la constitucionalidad de la Sección 5. El caso no amenazare el derecho a votar de nadie, sino que aborda una disposición anticuada que ya no es necesaria y que, de hecho, se ha convertido en una injustificada intrusión federal en las prácticas locales.